LA
SITUACION
La pesca incidental de
anchoveta juvenil (talla <12 cm) es un problema reconocido que amenaza la
renovación del recurso y la estabilidad del ecosistema pelágico. En los últimos
años se ha observado una alta
proporción de juveniles en las capturas industriales. Los impactos
ecológicos son graves: reducir la fracción juvenil compromete el reclutamiento
futuro de anchoveta y la cadena alimentaria.
Las causas directas incluyen prácticas pesqueras intensivas y artes
de pesca poco selectivas (por ejemplo, redes cuya malla mínima permite el
enmallamiento de peces pequeños). Entre las causas indirectas destacan factores
ambientales: las variaciones de temperatura y productividad del mar peruano
(fenómenos El Niño, La Niña, Onda Kelvin) desplazan a la anchoveta y concentran
a los ejemplares juveniles en áreas costeras.
Una explicación dice
que la dinámica de la anchoveta está fuertemente ligada a la variabilidad
oceánica y climática. Fenómenos como El
Niño-Oscilación del Sur (ENOS) alteran la temperatura superficial
y la productividad del mar de manera drástica. En fases cálidas de El Niño, la
columna de aguas frías y nutritivas se desplaza o atenúa, provocando que la
anchoveta (normalmente asociada a aguas frías costeras) se disperse o concentre
en remanentes cercanos a la costa. Estudios científicos muestran que, tras
episodios de El Niño en décadas pasadas (p.ej. entre 1975-84), la pesquería de
anchoveta colapsó por combinación de ENSO y sobrepesca.
Otra explicación podría encontrarse en
que la anchoveta no tuvo tiempo suficiente para crecer. La segunda temporada 2025
terminó el 31 de enero 2026 y la primera del 2026 empezó el 9 de abril. Solo se
le dio 2 meses y 9 días al recurso. Hay que analizar las razones de la prisa
por empezar la temporada, cuando pudo hacerse en mayo o junio. ¿Amenaza del
Niño? ¿Intención de evitar que muchos tripulantes y trabajadores voten el día
de las elecciones?
El problema de la pesca de
anchoveta juvenil en Perú es multifactorial. La evidencia indica una alta
incidencia de juveniles en las capturas recientes, resultado de la interacción
entre las prácticas de pesca y la variabilidad ambiental. Su control requiere
enfoques combinados: monitoreo y cierre adaptativo basados en ciencia, mayor
selectividad tecnológica y ajustes normativos para proteger la reproducción. De
no atenderse con rigor científico y consenso social, existe el riesgo de
comprometer la sostenibilidad de la anchoveta y el bienestar de la pesquería
peruana.
CONTEXTO
Y EVIDENCIA DEL PROBLEMA
Factor científico
Eliminar una alta fracción de
juveniles compromete la regeneración
del stock. Al capturar adultos sin dejar suficiente reclutamiento, se
reduce la biomasa futura disponible. Esto amenaza no solo a la pesquería misma,
sino a todo el ecosistema marino: la anchoveta es base alimentaria de aves
guaneras, mamíferos marinos, peces pelágicos y aves migratorias. Especialistas
han alertado que la pesca excesiva de juveniles puede conducir al “colapso” del
sistema trófico, ya que no solo se afecta a la anchoveta sino a las especies
dependientes.
La investigación científica de los recursos
pesqueros, del medio ambiente marino, de la biodiversidad, de la oceanografía;
así como, su información para la toma de decisiones sobre la pesca, la acuicultura
y la protección del medio marino es función del Instituto del Mar del Perú –
IMARPE, Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la
Producción.
Para dicho fin IMARPE cuenta con amplia experiencia, capital humano competente, infraestructura y recursos financieros para el cumplimiento de su misión. Es el ente investigador del sector con reconocido prestigio internacional. Debe proporcionar el conocimiento técnico necesario para la formulación de políticas, para la toma de decisiones y para la elaboración de planes y proyectos, los que deben tener como principal consideración el manejo sostenible de los recursos y la recuperación del medio ambiente marino y costero.
Es la única forma de desarrollar un método de gestión que permita armonizar los valores culturales, económicos y ambientales y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico de las zonas costeras.
Se supone que el ministro de turno basa sus decisiones en el informe científico hecho por la entidad científica, como es el IMARPE. Lo cual teóricamente es correcto, como también es cierto que IMARPE es una institución seria y de prestigio.
Factor socio económico
Factores socioeconómicos y regulatorios
relevantes son la alta demanda global
de harina y aceite de pescado (más del 98 % de la anchoveta se destina a
estos fines, principalmente para acuicultura y alimentación animal) y la
estructura de mercado que incentiva la captura, aun de ejemplares pequeños. La
normativa pesquera (tallas mínimas y cuotas) ha cambiado: tras el fin de la
medición punitiva del 10 % en 2016, hoy se reporta obligatoriamente la captura
juvenil mediante bitácoras electrónicas. Sin embargo, existe debate sobre el
cumplimiento y la presión de gremios empresariales para flexibilizar reglas.
Este modelo coloca la
sostenibilidad en tensión con los intereses productivos. Políticas de mercado,
como subsidios implícitos o poca penalización efectiva por capturar juveniles,
facilitan la sobreexplotación de tallas pequeñas.
Por otro lado, la pesca de
juveniles genera impactos económicos directos: aunque al convertirlos en
harina/aceite generan ingresos (de hecho los juveniles tienen valor comercial),
estas ganancias cortoplacistas arriesgan la sustentabilidad de empleos en el
largo plazo
Desde el punto de vista
económico, no explotar de forma óptima
a los juveniles resultaría contraproducente: la anchoveta de pequeño
tamaño no es apta para consumo directo y sólo tiene valor indirecto. Por ello,
la industria suele preferir capturarlos antes de que crezcan, si las
regulaciones se lo permiten. OjoPúblico destaca que no existen incentivos a
exportar solo adultos, pues la cadena productiva peruana transforma toda la
biomasa en harina. Así, la presión de mercado y la ausencia de sanciones efectivas
por captores de juveniles hacen de este un problema socioeconómico además de
biológico
Factor regulatorio
En el plano regulatorio, las
normas han oscilado: se creó inicialmente la restricción del 10 % de juveniles
(R.M. 209-2001) pero quedó inactiva al instaurarse el sistema de reporte
electrónico en 2016 (D.S. 024-2016). El Decreto Supremo 024-2016 permitió
“autodenunciar” la captura de juveniles, sin multa inmediata, con la finalidad
de mejorar los datos científicos. Sin embargo, análisis han demostrado que esta
amnistía legal llevó a la captura de millones de toneladas de juveniles: un
estudio de OjoPúblico/Oceana calcula que, entre 2016 y 2ª temporada 2023, se
han extraído al menos 3.31 millones de toneladas de juveniles.
MAS ALLA
DEL PROBLEMA AMBIENTAL Y CIENTIFICO
La primera causa del problema es que IMARPE carece de autonomía, en términos prácticos. Su presidente es designado por el Ministro de la Producción, lo que lo convierte en su subordinado.
¿Cómo evitar que los intereses y/o las presiones que recibe el ministro por parte del MEF, de los poderes fácticos y de la industria, no se trasladen al presidente del ente científico para que los informes sean favorables a los intereses del momento y no a los del país y de la sostenibilidad de los recursos?
¿Cómo podría la máxima autoridad que dirige al
ente científico negarse a cumplir una orden directa o sugerencia de su jefe (el
ministro), sin arriesgarse a ser despedido y reemplazado por otro que sea más
dócil y/o sumiso a las órdenes de su empleador?
¿Se puede afirmar fehacientemente que ni el ministro ni IMARPE reciben presiones? Estas pueden provenir de grupos de poder o de quienes han influido para su designación en el cargo.
La institución científica tiene que ser autónoma para que sus informes expresen lo que realmente han investigado sus científicos. En consecuencia el informe dirá lo que es: bien sea bueno o malo para pesca. La decisión política que tome el ministro será su responsabilidad exclusiva y personal. Si toma la decisión correcta, se sabrá públicamente, al igual que si toma la incorrecta. Las decisiones políticas se tomarán en base a la verdad de un informe científico expuesto públicamente sin temores.
IMARPE debe decir cuándo empieza, cuando termina una temporada y cuánto se puede pescar. Si al Ministro y a quienes lo han colocado en el cargo les gusta o no, es irrelevante, porque él tomará la decisión política que quiera; pero asumirá su responsabilidad ante el escrutinio público. Ningún científico deberá ser coaccionado a decir lo que no cree ni impedido de dar declaraciones públicas.
El IMARPE debería tener un régimen similar al del Banco Central de Reserva, que le dé la confianza a quien preside la entidad, de que no puede ser removido del cargo si dice lo que a algunos no le conviene.
La calidad científica de la Institución no puede ni debe ser menoscaba por la manipulación política.
La segunda causa del problema se revela en la respuesta, fría, cínica y expresiva que el Ministro dio a un medio de comunicación:
“Consultado por OjoPúblico sobre la denuncia, el Ministerio de la Producción señaló que esta “carece de tipicidad penal y fundamento jurídico”, porque las capturas se realizan con permisos vigentes, al amparo de las normas “que contempla legalmente la captura incidental de juveniles”.
“El incumplimiento de los porcentajes de tolerancia no constituye un delito, sino una infracción administrativa. Para ello, se aplican multas y sanciones”, respondió el ministerio ante un cuestionario que este medio dirigió al ministro César Quispe”.
https://ojo-publico.com/6273/anchoveta-crisis-casi-la-mitad-la-pesca-son-juveniles
Se puede entender que tiene la autoridad de hacerlo, y no va a pasar nada porque el sistema está diseñado para protegerlo aunque cause un daño al recurso.
Queda claro entonces, que ningún funcionario puede ser acusado penalmente por la captura de juveniles por cuanto no constituye delito. En consecuencia resulta inútil quejarse por ello. Mientras esto no cambie, todos los recursos pesqueros están en riesgo.
La tercera causa del problema es que la lógica de la empresa es maximizar las ganancias y reducir costos. Es la ley del libre mercado, es el modelo económico que tiene el país. En la misma línea, la lógica del Estado es asegurar el crecimiento del PBI en el marco del mismo modelo vigente.
En ese orden de cosas, no se está buscando el
punto de equilibrio, la media precisa para que las ganancias empresariales y
las consecuencias de la captura no se consigan a costa del deterioro del recurso.
El comunicado del Ministerio de la Producción revela esta tercera causa:
“Impacto económico de la temporada
La
apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta para consumo humano
indirecto (CHI) en la zona Norte-Centro generaría un valor agregado estimado de
S/ 769 millones, equivalente al 19.5 % del PBI del sector Pesca y una
contribución aproximada del 0.13 % a la economía nacional durante el año 2026.
En términos de empleo, la temporada demandará más de 47 mil puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo de toda la cadena productiva. Asimismo, en materia de comercio exterior, se proyecta una generación de aproximadamente USD 855 millones en divisas, lo que representa el 18.3 % del total de las exportaciones pesqueras estimadas para el año.
La actividad extractiva movilizará a más de 670 embarcaciones pesqueras con permiso vigente, cuyos desembarques se realizarán en diversos puertos del litoral, dinamizando la economía regional, el empleo y la actividad productiva en las zonas costeras”.
CONCLUSIONES
En esta primera temporada 2026, la captura de juveniles, como en todas las anteriores provocó el rechazo y el reclamo de muchos gremios de pescadores, llegando incluso a demandar al Ministro. Nada de lo cual consiguió algo.
El impacto económico pesa más en la autoridad regulatoria, que el impacto biológico. La persistencia en la captura de juveniles tiene protección legal, económica y política y de alguna manera científica. Lo que no la hace correcta ni debida, ni moralmente aceptable.
Esto no es correcto por el hecho de ser legal. Debe ser legal porque es correcto.
Es la razón por la cual la presencia de
juveniles no causa mella en los tomadores de decisiones de la pesca. Están convencidos
y seguros de su verdad y están respaldados por los poderes fácticos que los han
colocado en sus cargos. Contra esto no se puede ganar. Los protege la ley, el
poder fáctico y el sistema.
Nos hemos convertido en un Estado copado por intereses económicos a los que poco o nada les importa la sostenibilidad de los recursos en el corto mediano y largo plazo.
Frente a estas causas del problema, las autoridades de pesquería jamás escucharán las demandas de los pescadores, de los gremios, de las ONGs ni de nadie.
Todo es cuestión de dinero. La verdad es que el dinero que la exportación de harina de anchoveta inyecta a la economía peruana, contribuye al crecimiento del PBI y a las utilidades de la empresas productoras y exportadoras, es lo que decide cuánto y cuándo se de debe pescar y no la ciencia. Ojalá no decida también sobre el dónde pescar.
La ciudadanía debe saberlo y debe exigir que se priorice los intereses del país.
Economía mata ciencia.
