La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

16 de noviembre de 2026

LA PESCA ARTESANAL, PRISIONERA DE LA BUROCRACIA PESQUERA

 

Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

Mientras aumentan las exigencias administrativas y de fiscalización, los problemas estructurales de los pescadores siguen sin solución


1. Planteamiento central

La normativa para la pesca artesanal en el Perú debe evaluarse no solamente por el número de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y disposiciones administrativas que ha producido el Ministerio de la Producción (PRODUCE) sino, fundamentalmente, por su capacidad para resolver los problemas públicos de quienes desarrollan esta actividad.

2. Marco normativo que debe ser evaluado

La evaluación debe partir de una distinción: no todas las normas tienen el mismo objeto ni resuelven los mismos problemas. Hay normas de ordenamiento pesquero, formalización, sanidad, fiscalización, seguridad marítima, comercialización y promoción productiva. El problema aparece cuando estas obligaciones no están articuladas y terminan convirtiéndose en una carga acumulativa para el pescador.

2.1. Principales normas de análisis

Hay dos normas, relativamente recientes, que merecen especial atención:

•   La Ley 31749 que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal y busca preservar estas actividades dentro de las cinco millas marítimas.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2179664-1

 • El D.S. 002-2025-PRODUCE que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca para incorporar los alcances de dicha ley.  

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/6516282-002-2025-produce

No basta con que estas normas reconozcan derechos. Es necesario determinar si su reglamentación permite ejercerlos efectivamente, sin generar conflictos interpretativos, exclusiones o nuevas dificultades administrativas.


3. Los problemas reales que la normativa no puede ignorar

La evaluación debe partir de los problemas económicos y operativos que determinan la vida cotidiana del pescador.

 

Problema estructural                                  Consecuencia para el pescador

Falta de infraestructura de desembarque     Pérdidas, deterioro del producto y mayores costos.

Ausencia de cadena de frío                       Menor calidad y menor precio de venta.

Dependencia de intermediarios                  Escaso poder de negociación.

Precios bajos en playa                              Reducción de la rentabilidad de la faena.

Dificultad para acceder al crédito                Imposibilidad de renovar equipos y embarcaciones.

Informalidad documental                          Dificultad para obtener permisos.

Falta de seguridad social                           Vulnerabilidad económica y familiar.

Inseguridad en el mar                              Riesgos para la vida y el patrimonio.

Escasa información científica                      Incertidumbre sobre  medidas de ordenamiento.

Limitada capacidad de organización             Dificultad para negociar precios y acceder a mercados.

La dependencia de compradores mayoristas, los bajos precios en playa, la carencia de infraestructura, la falta de acceso al crédito y las dificultades de comercialización, son problemas reales que deben ser abordados en forma prioritaria.

La pregunta es ¿por qué, después de tantos años de producción normativa, estos problemas siguen condicionando la actividad?


4. Calidad de las disposiciones de PRODUCE

La calidad de una norma no depende únicamente de su legalidad, sino también de la calidad del diagnóstico que la sustenta. Una autoridad puede tener atribuciones legales para dictar una disposición, pero eso no significa que necesariamente tenga el conocimiento operativo, económico, biológico y social suficiente para diseñarla correctamente.

5. La OCDE confirma varias deficiencias estructurales

Evidencia internacional relevante

El informe de la OCDE “Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú”, publicado en 2025, proporciona una base independiente particularmente útil:

https://www.oecd.org/es/publications/politicas-para-el-futuro-de-la-pesca-y-la-acuicultura-en-peru_712e7084-es/full-report/key-findings-and-recommendations_17712ce4.html?utm_source=chatgpt.com

Sus conclusiones identifican problemas que coinciden con los cuestionamientos planteados:

a. Informalidad y sobrecapacidad. La expansión de embarcaciones fuera del control gubernamental ha contribuido a la sobrecapitalización de determinadas pesquerías y a una competencia desleal frente a los pescadores formalizados.

b. Deficiencias de información científica. Aunque IMARPE realiza evaluaciones periódicas de 30 poblaciones que abarcan 28 especies, se identificaron 207 especies en desembarques marinos en los años examinados. Una parte considerable de los recursos explotados no dispone de seguimiento científico y medidas de ordenamiento equivalentes.

c. Debilidad institucional regional. Las autoridades regionales presentan limitaciones de personal especializado y recursos para aplicar adecuadamente las disposiciones.

d. Fiscalización insuficientemente disuasiva. La reducción y condonación de multas, junto con las limitaciones de control, debilitan la eficacia del sistema sancionador.

e. Necesidad de una formalización con beneficios concretos. La OCDE recomienda que la formalización se acompañe de acceso a apoyo gubernamental, capacitación y mejoras en seguridad a bordo, en lugar de limitarse a exigir requisitos administrativos.

Esta evidencia permite decir que el problema no es únicamente que falten normas, sino que existen deficiencias en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

6. La cuestión del conocimiento de las autoridades que elaboran las normas

No sería técnicamente correcto afirmar que los funcionarios de PRODUCE carecen de conocimientos sin examinar sus antecedentes profesionales y los expedientes que sustentan cada disposición. Sin embargo, sí es posible establecer criterios objetivos para determinar si una norma ha sido elaborada con suficiente conocimiento de la actividad pesquera.

Se propone examinar los siguientes aspectos:

Criterio                               Pregunta para evaluar a la autoridad

Experiencia pesquera       ¿Conoce directamente las operaciones de pesca artesanal?

Formación técnica            ¿Tiene conocimientos de tecnología pesquera y ordenamiento?

Conocimiento económico  ¿Comprende los costos, ingresos y rentabilidad de la actividad?

Conocimiento territorial     ¿Conoce las diferencias entre las caletas y regiones pesqueras?

Consulta sectorial             ¿Ha recogido opiniones de pescadores y organizaciones representativas?

Sustento normativo         ¿La exposición de motivos presenta estudios técnicos y económicos?

Evaluación posterior        ¿Ha medido los resultados de las normas que aprobó?

La falta de cualquiera de estos elementos no prueba automáticamente incompetencia profesional. Pero la ausencia sistemática de estudios, consultas y evaluaciones constituye una señal de debilidad en la calidad de la gestión pública.

Una norma pesquera no debería elaborarse exclusivamente desde una oficina administrativa. Debe sustentarse en el conocimiento de quienes investigan, regulan y, sobre todo, realizan la actividad pesquera.

 

7. Las disposiciones recientes sobre formalización y control

Hay dos asuntos que merecen un examen especial porque ilustran la relación entre regulación y realidad operativa.

7.1. Seguimiento satelital de las embarcaciones artesanales

El D.S. 001-2025-PRODUCE estableció la obligación de incorporar el seguimiento satelital en las embarcaciones pesqueras artesanales dentro del plazo previsto para 2026, según la evaluación de la OCDE.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/6450620-001-2025-produce

La finalidad de esta medida puede ser legítima: mejorar el control de las operaciones, combatir la pesca ilegal y disponer de información sobre la actividad de las embarcaciones.

Sin embargo, hay preguntas que PRODUCE debe responder:

•          ¿Se evaluó el costo de adquisición, instalación y mantenimiento?

•          ¿Se consideraron las características técnicas de las distintas embarcaciones?

•          ¿Existe cobertura y conectividad suficiente?

•          ¿Quién financia el equipamiento?

•          ¿Qué sucede cuando el sistema presenta fallas?

•          ¿Se establecieron mecanismos de asistencia técnica?

•          ¿Se diferenció la situación de los pescadores de subsistencia y de los armadores con actividad comercial?

El seguimiento satelital puede ser una herramienta de ordenamiento, pero no debe convertirse en una barrera económica que excluya a los pescadores de menores recursos.

Sería adecuado evaluar si el Estado puede asumir el costo de los equipos de seguimiento satelital para facilitar su activación y reducir el impacto económico sobre los armadores, que podría ser una de las razones para su resistencia a implementarlo.

7.2. Adecuación de los permisos de pesca y Ley 31749

Otro caso importante es la R.M. 407-2025-PRODUCE, publicada el 26 de noviembre de 2025.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7442394-407-2025-produce

Esta resolución dispuso publicar un proyecto de decreto supremo sobre el proceso de adecuación de los permisos de pesca artesanal al D.S. 002-2025-PRODUCE.

Es importante distinguir que la resolución de publicación de un proyecto no equivale a la aprobación definitiva de ese proyecto.

Aquí corresponde investigar:

•          Qué permisos necesitan adecuación.

•          Cuántos pescadores y embarcaciones están involucrados.

•          Qué documentación se exige.

•          Cuáles son los plazos y costos.

•          Qué ocurre con los permisos previamente otorgados.

•          Si existen mecanismos para resolver discrepancias documentales.

•          Si se consideraron los derechos y situaciones preexistentes de los pescadores.

 La Ley 31749 tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los pescadores tradicionales y artesanales. Por consiguiente, su reglamentación debe evaluarse también en función de ese objetivo social, no solamente desde la perspectiva de clasificación y control de embarcaciones.

Siendo la clasificación nueva de embarcación de menor escala el principal problema que ocasiona resistencia. ¿No sería saludable establecer un mecanismo de discusión que proponga una alternativa satisfactoria para todos?

 

Un bolichito, por el hecho de tener macaco (equipo auxiliar, solo de apoyo al final de la pesca efectiva), deja de ser artesanal para convertirse en menor escala. Esto puede ser políticamente útil; pero ¿es socioeconómica y técnicamente correcto?

La conclusión preliminar es que el Estado ha desarrollado instrumentos de regulación y control, pero no ha demostrado resultados equivalentes en el mejoramiento de las condiciones económicas y productivas de la pesca artesanal.

8. Hacia una política normativa realmente orientada al desarrollo de la pesca artesanal

La solución no consiste en eliminar las regulaciones. Consiste en cambiar el enfoque de la política pública.

9. El problema no es la ausencia de normas, sino la calidad de la política pesquera

La pesca artesanal peruana necesita un Estado que conozca la actividad que pretende regular.

No basta con producir decretos supremos y resoluciones ministeriales, establecer procedimientos administrativos, exigir certificados, imponer obligaciones de seguimiento o aumentar la fiscalización.

El desarrollo de la pesca artesanal exige comprender la economía de la faena, los costos de operación, la disponibilidad de recursos, las condiciones de comercialización, la seguridad en el mar y la realidad social de las comunidades pesqueras.

La responsabilidad de PRODUCE no termina cuando publica una norma. Comienza cuando debe demostrar que esa norma produce resultados.

La crítica institucional más importante es que la regulación pesquera puede terminar convirtiéndose en un mecanismo para administrar las limitaciones del sector, en lugar de ser un instrumento para superar esas limitaciones.

Y hay una cuestión de fondo: si las autoridades que diseñan las disposiciones no cuentan con suficiente conocimiento de la actividad, no consultan adecuadamente a los pescadores y no evalúan las consecuencias económicas de sus decisiones, el resultado puede ser una normativa formalmente ordenada, pero alejada de las necesidades de quienes viven de la pesca.

10. Una investigación de mayor alcance

Se considera que el trabajo debería avanzar hacia una auditoría normativa de la pesca artesanal peruana, con tres componentes:

•      Auditoría jurídica: inventario de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y demás disposiciones de PRODUCE, identificando modificaciones, contradicciones, duplicidades y vacíos legales.

•      Auditoría institucional: identificación de los funcionarios y órganos responsables de elaborar las normas, sus competencias, sustento técnico, consultas y mecanismos de evaluación.

•      Auditoría económica y social: comparación de las obligaciones impuestas con los ingresos, costos, infraestructura, financiamiento y condiciones de trabajo de los pescadores.

El resultado debería ser una matriz que permita calificar cada norma y determinar si contribuye al desarrollo de la pesca artesanal, si es neutral o si genera costos y restricciones que perjudican al pescador.

Fotos: Revista Pesca

13 de noviembre de 2026

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REALIDAD OPERATIVA DE LA PESCA ARTESANAL

CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA NORMATIVA PESQUERA ARTESANAL EN EL PERÚ:

UN ENFOQUE CRÍTICO ENTRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REALIDAD OPERATIVA.

Raúl Castillo Rojas


Resumen

El presente artículo analiza de manera crítica la calidad y eficiencia del marco normativo emitido por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) en relación con la pesca artesanal en el Perú. Se examina la brecha estructural existente entre el diseño regulatorio centralizado y las realidades socioeconómicas y operativas que enfrentan las comunidades pesqueras en los muelles y caletas. A través de una metodología analítica sustentada en dimensiones de diagnóstico, viabilidad económica y capacidad de implementación regional, se argumenta que el Estado peruano ha consolidado un enfoque predominantemente fiscalizador, de control administrativo y restrictivo en detrimento de una política pública articulada que fomente el desarrollo integral, el financiamiento viable y la infraestructura pesquera básica. Finalmente, se validan estas deficiencias utilizando datos e informes internacionales recientes emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2025, proponiendo un conjunto de reformas estructurales orientadas a una regulación diferenciada y participativa.

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Introducción

La identidad y la seguridad alimentaria en el Perú se encuentran íntimamente ligadas a su mar territorial. Históricamente, la pesca artesanal ha constituido el soporte biológico, cultural y nutricional de la población popular, proveyendo especies hidrobiológicas esenciales para el consumo humano directo. Sin embargo, la proliferación contemporánea de normativas estatales contrasta drásticamente con una realidad caracterizada por la informalidad, la pobreza extrema, la falta de infraestructura de frío y la escasa rentabilidad de la faena diaria.

El problema de investigación radica en determinar si el Estado peruano ha construido una política de desarrollo genuina o si, por el contrario, ha erigido un sistema exclusivamente administrativo y de control que impone obligaciones asimétricas y costosas sin resolver las carencias estructurales preexistentes del sector. La hipótesis de trabajo sostiene que existe una brecha importante entre la regulación diseñada desde los despachos ministeriales y las condiciones en las que realmente trabajan los pescadores, lo que propicia una desconexión crítica entre la validez jurídica de la norma y su implementación fáctica en el litoral peruano.

Revisión de la Literatura y Marco Normativo

El marco normativo que regula la actividad pesquera en el Perú se cimenta en el Decreto Ley N° 25977 (Ley General de Pesca) y su Reglamento aprobado mediante el D.S. N° 012-2001-PE. Si bien ambos instrumentos declaran formalmente objetivos de desarrollo socioeconómico, empleo y aprovechamiento sostenible, los mecanismos específicos para el sector artesanal se han fragmentado a través de constantes modificaciones reglamentarias.

Entre las normas más significativas de la última década destacan el D.S. N° 006-2016-PRODUCE y su modificatoria, el D.S. N° 003-2022-PRODUCE, las cuales impulsaron esquemas de fortalecimiento basados en el cooperativismo, la trazabilidad estricta, puntos de desembarque autorizados y exigencias de seguimiento satelital. Más recientemente, la promulgación de la Ley N° 31749 —orientada al reconocimiento de la pesca tradicional ancestral y tradicional artesanal para resguardar la biodiversidad dentro de las primeras cinco millas marítimas— junto con el D.S. N° 002-2025-PRODUCE y el D.S. N° 006-2025-PRODUCE, reconfiguraron los criterios de fiscalización y clasificación de las modalidades extractivas.

A pesar de la robustez del andamiaje jurídico, la literatura institucional revela un grave problema de sobreproducción y atomización normativa. El error de diseño radica en tratar como actores homogéneos a realidades intrínsecamente desiguales, asimilando bajo los mismos requisitos administrativos a un pescador de subsistencia no embarcado en una caleta aislada, a una organización social de pescadores artesanales y a un armador comercial con capacidad financiera que opera flotas mecanizadas de cerco de menor escala.

Dimensiones de la Calidad Regulatoria en PRODUCE

Para evaluar la eficiencia e impacto de las disposiciones emitidas por el Ministerio de la Producción, se proponen cinco dimensiones de análisis crítico basadas en la gestión pública moderna:

 

1.     Calidad del Diagnóstico Sectorial: Las normativas suelen aprobarse con un carácter generalista y centralizado, careciendo de estudios empíricos diferenciados por regiones geográficas, artes de pesca específicos o costos operativos reales de navegación.

2.     Calidad Técnica y Jurídica: La modificación constante y apresurada de reglamentos e instrumentos de fiscalización introduce una severa incertidumbre jurídica, obligando al pescador a adecuar de forma recurrente su documentación ante exigencias que colisionan entre sí o duplican requisitos burocráticos.

3.     Viabilidad Económica: Disposiciones de control técnico, tales como la implementación obligatoria de equipos satelitales avanzados y certificaciones sanitarias, resultan económicamente desproporcionadas e inviables para unidades productivas pequeñas con ingresos variables y nulo acceso a créditos formales.

4.     Capacidad de Implementación Regional: Existe una severa contradicción institucional en la descentralización de competencias pesqueras, toda vez que el Ejecutivo delega funciones de control a los gobiernos regionales sin verificar que estas instancias presentan serias limitaciones presupuestarias y de personal técnico especializado.

5.     Evaluación de Resultados: El Estado prioriza la cantidad de resoluciones y decretos publicados como indicadores de gestión, omitiendo la acreditación de métricas de impacto real sobre el incremento de ingresos netos o el éxito de las cooperativas promovidas.

 Evidencia Internacional y Validación Institucional

Los cuestionamientos respecto al marco regulatorio peruano guardan una estricta correspondencia con los hallazgos independientes publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su informe titulado Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú. La OCDE corrobora cinco deficiencias estructurales críticas:

 

  • Informalidad y sobrecapacidad: La expansión de embarcaciones fuera del control estatal efectivo genera una sobrecapitalización de pesquerías y una competencia desleal destructiva para el pescador formalizado.
  • Brechas de información científica: A pesar del rol supervisor del IMARPE sobre las principales pesquerías comerciales, una proporción mayoritaria de las especies explotadas comercialmente en los desembarques carece de seguimiento científico continuo y medidas de ordenamiento fundamentadas.
  • Debilidad institucional en regiones: Se valida técnicamente que las autoridades subnacionales carecen de los recursos y la especialización idónea para aplicar el marco regulatorio nacional.
  • Sistema sancionador ineficiente: Los procesos de reducción y condonación recurrente de multas debilitan el carácter disuasivo de la fiscalización, promoviendo una aplicación territorialmente desigual.
  • Burocracia sin contraprestación: Los procesos de formalización fracasan porque se conciben como meras cargas burocráticas de control, por lo que se recomienda vincular estas exigencias a beneficios tangibles como capacitación técnica, mejoras en seguridad a bordo y acceso a fondos de apoyo gubernamental.

Análisis de Casos Recientes: Monitoreo Satelital y Adecuación de Permisos

Seguimiento Satelital (D.S. N° 001-2025-PRODUCE)

La obligación de instalar sistemas de monitoreo satelital en las embarcaciones artesanales para el año 2026 ilustra con claridad la brecha entre el objetivo y la realidad. Si bien el control de la pesca ilegal es un fin legítimo, la norma omitió evaluar de manera realista los costos de adquisición y mantenimiento del equipamiento frente a la baja conectividad en zonas alejadas, operando en la práctica como una barrera de exclusión económica para los pescadores de subsistencia.

Adecuación de Permisos de Pesca (R.M. N° 407-2025-PRODUCE)

La reciente publicación del proyecto para adecuar los derechos y permisos de pesca artesanal conforme al D.S. N° 002-2025-PRODUCE ha generado una enérgica resistencia en el sector. El nudo del conflicto radica en los criterios técnicos de clasificación, tales como la eslora y la capacidad de bodega.

Nota de campo respecto a la tipificación de flotas: Respecto a la duda sobre las embarcaciones, la incorporación de un sistema de izado mecanizado de redes (denominado técnicamente "macaco") en un cerquero tradicional o "bolichito" incrementa drásticamente su poder de pesca y volumen extractivo. De acuerdo con los criterios del reordenamiento pesquero actual, el uso de métodos y cercos mecanizados dentro de la franja costera excluye a la embarcación del carácter artesanal selectivo y de subsistencia, forzando técnicamente su reclasificación hacia la categoría de menor escala, lo que restringe su operación en las primeras millas para proteger los hábitats bentónicos.

Conclusiones y Propuestas de Reforma

La producción regulatoria demuestra que una norma formalmente válida y administrativamente ordenada puede constituir un rotundo fracaso socioeconómico si se diseña desde el aislamiento de un escritorio de oficina. El Estado peruano ha administrado la escasez del sector artesanal mediante la imposición de obligaciones, en lugar de emplear la ley como un motor de desarrollo productivo. Para revertir esta parálisis, se proponen siete reformas esenciales basadas en el cambio de enfoque de las políticas públicas:

 

1.     Regulación diferenciada y asimétrica: Segmentar las obligaciones legales segmentando con precisión al pescador de orilla y subsistencia de los armadores comerciales mecanizados.

2.     Inversión en infraestructura productiva: Priorizar la modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales, garantizando cadenas de frío y acceso a hielo.

3.     Circuitos comerciales directos: Promover la asociatividad pesquera para quebrar la dependencia asfixiante de los compradores intermediarios mayoristas en playa.

4.     Financiamiento y cofinanciamiento estatal: Subvencionar y asumir estatalmente los costos de los equipos tecnológicos obligatorios (como el seguimiento satelital y kits de seguridad) para las flotas de menores recursos.

5.     Fortalecimiento técnico descentralizado: Proveer presupuesto y capacidades humanas especializadas a las direcciones regionales de producción.

6.     Ampliación de la investigación científica aplicada: Incrementar los recursos para cubrir con fundamento biológico el ordenamiento de las especies costeras y bentónicas rezagadas.

7.     Evaluación obligatoria de impacto regulatorio (RIA): Prohibir la aprobación de decretos y resoluciones que afecten al sector sin un análisis previo que cuantifique sus costos, beneficios y efectos distributivos sobre la canasta familiar del pescador.

8.      

Fuentes Bibliográficas

 [1] Ministerio de la Producción [PRODUCE]. (2025). Resolución Ministerial N° 407-2025-PRODUCE: Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el proceso de adecuación de los permisos de pesca artesanal. Diario Oficial El Peruano.

 [2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2025). Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú. OECD Publishing. doi.org.

 [3] Perú. (1992). Decreto Ley N° 25977: Ley General de Pesca. Diario Oficial El Peruano.

[4] Perú. (2023). Ley N° 31749: Ley que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas. Congreso de la República. 

12 de noviembre de 2026

INCORPORAR EL ENFOQUE SINODAL EN LA GESTIÓN PESQUERA

 


Raúl Castillo Rojas - Consultor Senior

mggperu32014@gmail.com

 

La gestión de los recursos hidrobiológicos enfrenta hoy un desafío estructural que trasciende lo estrictamente biológico o económico: la crisis de legitimidad en la toma de decisiones. Históricamente, el diseño de políticas pesqueras, cuotas de captura y periodos de veda ha seguido un modelo vertical, formulado por instancias técnicas o administrativas alejadas de la realidad cotidiana de los muelles. Esta desconexión suele derivar en resistencia social, informalidad y conflictos socioambientales que comprometen la sostenibilidad del ecosistema marino. Frente a este escenario, y en el marco de la histórica visita de Su Santidad el Papa León XIV, la adaptación de metodologías participativas como el proceso sinodal ofrece un marco conceptual y operativo innovador para fortalecer la gobernanza del sector pesquero.

El término sínodo proviene de las raíces griegas syn (juntos) y hodos (camino), cuya traducción literal es "caminar juntos", una noción que en el ámbito marítimo se traduce operativamente en “navegar juntos”. Aunque su desarrollo contemporáneo proviene de la tradición comunitaria y eclesial de la Iglesia católica, su arquitectura metodológica resulta plenamente transferible a la gestión de bienes comunes. En esencia, un proceso sinodal constituye una dinámica institucionalizada de escucha activa, diálogo horizontal y discernimiento colectivo. Su principal aporte a la gestión pública y sectorial radica en la diferenciación operativa entre el discernimiento y la decisión: mientras la facultad resolutiva o normativa permanece en la autoridad competente, el proceso previo de consulta y construcción de consensos se abre de manera vinculante a todos los integrantes del sistema, dotando a la norma final de una sólida base social.

Trasladar este paradigma a la actividad pesquera exige reconocer que el “océano es un espacio socioecológico complejo” donde convergen múltiples intereses y saberes. Por ello, una gobernanza sinodal demanda articular en una misma mesa de trabajo a la totalidad de los actores de la cadena de valor. En primer lugar, los pescadores artesanales y mariscadores aportan el conocimiento ecológico tradicional, basado en la observación empírica de corrientes, ciclos reproductivos y variaciones estacionales. A ellos deben sumarse las comunidades costeras y las mujeres vinculadas al sector —fileteadoras, rederas, procesadoras y comerciantes—, cuya labor sostiene la economía local pero cuya participación suele quedar marginada de los espacios formales de consulta. Asimismo, el modelo requiere integrar al sector industrial y a los armadores, quienes aportan su perspectiva sobre capacidad de flota, inversión tecnológica, trazabilidad y abastecimiento de mercados. Este tejido productivo se equilibra con la participación de la comunidad científica y la academia, encargadas de proveer evidencia objetiva sobre el estado de las biomasas y los efectos del cambio climático, junto con el Estado y los gobiernos locales, responsables del ordenamiento territorial, la fiscalización y el marco regulatorio.

Para evitar que esta integración quede en una declaración de intenciones, el proceso sinodal se estructura en cinco fases secuenciales y retroalimentadas. La primera etapa consiste en la escucha territorial en caletas y puertos, donde las instituciones salen al encuentro de las comunidades mediante asambleas abiertas y libres de tecnicismos para recoger diagnósticos reales sobre problemáticas como la contaminación, la seguridad marítima o la comercialización. Superada esta fase, se inicia el diálogo multisectorial horizontal, un espacio deliberativo donde los testimonios empíricos de los hombres y mujeres de mar se contrastan en igualdad de condiciones con los informes científicos y las normativas vigentes. La tercera fase corresponde al discernimiento de prioridades comunes, momento en el cual los actores trascienden la defensa de intereses corporativos para identificar consensos que permitan compatibilizar la rentabilidad económica inmediata de las familias con la recuperación biológica de las especies. Con este insumo consolidado, se avanza hacia la toma de decisiones y la corresponsabilidad institucional, etapa en la que la autoridad pesquera promulga los planes de manejo o regulaciones pertinentes. La eficacia de este paso reside en que, al haber participado en la génesis de la norma, cada actor asume compromisos verificables de cumplimiento. Finalmente, el ciclo se completa con la evaluación y el ajuste continuo, mediante mecanismos periódicos de monitoreo participativo en el mar que permiten calibrar las medidas ante fluctuaciones oceanográficas o de mercado.

En conclusión, incorporar el enfoque sinodal en la gestión pesquera supone transitar del monólogo técnico hacia una cultura de corresponsabilidad compartida. La evidencia en manejo costero demuestra que, cuando los usuarios directos del recurso participan en el diseño de herramientas como zonas de reserva, tallas mínimas o vedas, se fortalecen los mecanismos de autocontrol comunitario y se reduce significativamente la pesca ilegal. Navegar juntos en el sector pesquero no pretende anular las naturales tensiones entre conservación y explotación, sino canalizarlas institucionalmente para garantizar la resiliencia de los ecosistemas marinos y la viabilidad socioeconómica de las comunidades que dependen de ellos.

10 de noviembre de 2026

LA REALIDAD OPERATIVA DE LA PESCA ARTESANAL

BRECHA ENTRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REALIDAD OPERATIVA DE LA PESCA ARTESANAL

Raúl Castillo Rojas


 

El presente artículo analiza críticamente la eficiencia y calidad de la regulación en el sector de la pesca artesanal. Se examina la brecha existente entre las disposiciones diseñadas en los entornos administrativos y las particularidades operativas, socioeconómicas y biológicas de la actividad en campo. A través de un enfoque metodológico multidimensional, se identifican las principales deficiencias normativas —como el desconocimiento técnico, la falta de participación de los actores locales y el exceso de burocracia— y se propone una matriz de indicadores y un modelo de evaluación institucional previo y posterior a la emisión de leyes. Se concluye que la sostenibilidad del recurso hidrobiológico y el desarrollo del sector dependen de una transición desde un modelo de control punitivo e improvisado hacia una gobernanza basada en el conocimiento especializado y la viabilidad económica.

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 Introducción

 La regulación de la pesca artesanal constituye un desafío complejo para la gestión pública contemporánea. Esta actividad no responde únicamente a dinámicas extractivas de mercado, sino que se configura como un tejido económico, social, cultural y productivo indispensable para miles de comunidades costeras. No obstante, la eficiencia de la regulación pesquera actual se encuentra cuestionada por una persistente brecha entre la proliferación de decretos y resoluciones y la resolución efectiva de los problemas estructurales del pescador artesanal.

El principal problema de la administración pública sectorial radica en el diseño de políticas normativas centralizadas que adolecen de un profundo desconocimiento de la realidad operativa y de campo. Cuando los marcos regulatorios se elaboran bajo un enfoque puramente legalista o administrativo, se prescinde del contexto empírico. Como consecuencia, se generan marcos jurídicos técnicamente descontextualizados, de difícil cumplimiento y con efectos sociales contraproducentes. La validez de una norma no debe medirse por su rigurosidad formal, sino por su capacidad de aplicación efectiva y su impacto resolutivo en el entorno pesquero real.

Deficiencias Estructurales de la Normativa Pesquera Actual

El análisis de la gobernanza pesquera permite catalogar cuatro deficiencias críticas en la formulación de las políticas regulatorias:

 

  • Desconocimiento de la praxis operativa y de campo: La asimetría de información entre el administrador y el pescador artesanal provoca que se ignoren las diferencias técnicas entre modalidades de pesca, las capacidades reales de las embarcaciones, la diversidad de aparejos y la variabilidad oceanográfica o estacional de las especies.
  • Déficit de sustento científico-técnico: Abundan las restricciones desproporcionadas y las exigencias técnicas inviables para las flotas artesanales que incrementan los costos de transacción sin demostrar un beneficio ecológico o económico equivalente.
  • Exclusión y falta de participación de los actores locales: Al omitir el conocimiento empírico tradicional del pescador artesanal en los procesos consultivos, disminuye la legitimidad de la norma, lo que estimula la resistencia civil, la informalidad y la pérdida de confianza en las instituciones públicas.
  • Hiperregulación y burocratización administrativa: El enfoque regulatorio tiende a centrarse en el incremento de controles documentarios y obligaciones formales, transformando la fiscalización en una barrera de acceso en lugar de una herramienta de formalización y ordenamiento sostenible.

Criterios para la Evaluación de la Calidad Regulatoria

Para medir el impacto de la gestión sectorial, es imperativo desagregar los conceptos de eficiencia (optimización de recursos económicos, humanos y administrativos) y calidad normativa (coherencia jurídica, sustentación técnica y viabilidad de aplicación). Se propone un sistema multidimensional basado en diez indicadores analíticos:

 

Criterio Analítico

Pregunta de Investigación / Indicador Operativo

Sustento científico

¿La norma se respalda en información biológica y pesquera confiable?

Conocimiento de campo

¿Considera de manera explícita las condiciones reales de la pesca artesanal?

Viabilidad operativa

¿Las exigencias técnicas e infraestructurales pueden cumplirse en el contexto actual?

Viabilidad económica

¿Los costos de cumplimiento son razonables y absorbibles para el sector?

Participación sectorial

¿Se integró activamente a los pescadores y sus organizaciones de base?

Coherencia normativa

¿Muestra compatibilidad y armonía con el resto del ordenamiento jurídico pesquero?

Eficacia

¿Resuelve directamente la problemática de fondo que motivó su creación?

Sostenibilidad

¿Consigue proteger los recursos hidrobiológicos sin destruir la dimensión socioeconómica?

Fiscalización

¿El Estado posee los recursos presupuestales y las capacidades operativas para hacerla cumplir?

Evaluación ex-post

¿Existen mecanismos periódicos para medir su impacto real y corregir desviaciones?

 

Dinámica Causal del Impacto Regulatorio Negativo

La implementación de una política pública desvinculada de la realidad empírica desencadena un esquema multicausal que deteriora al propio sector que busca ordenar. A continuación se detalla la secuencia de degradación institucional y operativa:

 Formulación: Normativa elaborada desde un enfoque puramente administrativo y sin conocimiento de campo.

 ü  Instrumentación: Emisión de disposiciones inadecuadas, restrictivas o de imposible cumplimiento logístico.

ü  Fricción sectorial: Incremento sustancial de los costos operativos, aparición de conflictos sociales y trabas burocráticas.

ü  Respuesta del sistema: Aumento del desacato normativo, proliferación de la informalidad y debilitamiento de la legitimidad estatal.

ü  Impacto final: Deterioro de la sostenibilidad de las pesquerías y precarización de las condiciones de vida de las comunidades pesqueras.

 Discusión y Propuesta de Reforma Institucional

Los hallazgos demuestran que las políticas regulatorias exigentes no son intrínsecamente deficientes; la conservación biológica exige límites estrictos. Sin embargo, la validez de la coacción estatal radica en la proporcionalidad y la justificación técnica de las medidas. Una gobernanza óptima de la pesca artesanal debe refundarse bajo los principios de conocimiento especializado, diferenciación de pesquerías, adaptabilidad basada en la evidencia y evaluación de impacto socioeconómico.

Para operativizar estos principios, se propone la creación de un Modelo de Evaluación Institucional Independiente, estructurado en tres dimensiones analíticas obligatorias que actúen de manera previa (ex-ante) y posterior (ex-post) a la promulgación de cualquier norma: 


-      Evaluación Técnica: Dictaminada por especialistas en biología marina, tecnología extractiva y economía pesquera.

-      Evaluación Socioeconómica: Enfocada en predecir los impactos directos sobre los ingresos familiares, la empleabilidad local y la estructura comunitaria.

-   Evaluación de Implementación: Destinada a auditar si los organismos fiscalizadores cuentan con el presupuesto, personal e infraestructura logística para garantizar el cumplimiento de la norma en el litoral.

 Conclusión

La calidad de la administración pública en el sector pesquero no puede evaluarse mediante el volumen de producción legislativa ni por la severidad punitiva de sus sanciones. Su éxito radica en su capacidad de ordenamiento responsable, protección ecológica y viabilidad socioeconómica. 

Reemplazar el conocimiento técnico y la experiencia empírica por decisiones burocráticas improvisadas socava el desarrollo de la pesca artesanal. 

Se requiere urgentemente una transición hacia autoridades reguladoras caracterizadas no solo por su competencia jurídica, sino por su alta especialización técnica, sensibilidad social y apertura al diálogo democrático con las bases pesqueras.