LA POTA Y SU REGULACION EN CUESTIONAMIENTO

 Cuatro resoluciones sobre la pota que resultan controversiales y evidencian un manejo cuestionable del tema:

La RM 443 establece una cuota y se asigna a las embarcaciones pesqueras artesanales una cuota de captura máxima por faena de pesca. Pero a partir de la milla 201 no hay veda, ni cuotas, por lo cual no deja de ser discutible la medida.

La RM 018 establece una suerte de coacción al discriminar entre las embarcaciones con satelital, que quedan fuera de los topes y las que no lo tienen, pretendiendo con esto obligar a su instalación.

La RD 019 suspende la pesca y la RD 020 deroga la suspensión a las 24 horas de publicada.

Un análisis objetivo muestra que la suspensión de la pesca está enmarcada dentro de lo que manda la RM 443 que dio una cuota para el periodo ene feb 2026 de 76,324 Tm. El director de la DGSFS actúa debidamente cuando prevé el cumplimiento de la cuota y decide suspenderla.

La Resolución Directoral N.º 00019-2026-PRODUCE/DGSFS-PA del 10 de febrero de 2026 decide suspender las actividades extractivas del recurso  pota porque se advierte que, a las 09:00 horas del 10 de febrero de 2026, registran un total de 66,508.93 toneladas, equivalente al 87.14% del Límite Máximo de Captura Total Permisible (76,324 toneladas) de inicio, correspondiente al periodo desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2026; asimismo, señala que, con  base en la tendencia de desembarques diarios del citado recurso, se proyecta que al 11 de febrero de 2026 la flota antes mencionada alcanzaría el límite de captura extractiva, correspondiente al periodo del 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

La Resolución Directoral N.º 00020-2026-PRODUCE/DGSFS-PA del 10 de febrero de 2026, decide revocar la Resolución Directoral N° 00019-2026-PRODUCE/DGSFS-PA que suspende la pesca, con un argumento que dice:

la Resolución Directoral N° 00019-2026-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 10 de febrero de 2026 se emitió considerando el seguimiento de los desembarques del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) al 10 de febrero de 2026, en relación al Límite Máximo de Captura Total Permisible (76,324 toneladas) de inicio y su porcentaje de avance; sin embargo, conforme a lo solicitado por el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura, así como la información científica emitida por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, se advierte la presencia de circunstancias que generan la desaparición de las condiciones por las cuales se emitió el acto administrativo, no siendo necesaria la permanencia de la suspensión de las actividades extractivas; 

Nótese que la DGSFS es obligada a retractarse a solicitud del Despacho Viceministerial. El Director es un subordinado del Viceministro, por lo cual este último no le solicita, sino que en términos prácticos le ordena hacerlo sin que exista, por lo menos a la vista, información científica que advierte de circunstancias que generan la desaparición de las condiciones de la veda. Probablemente porque no existe ya que la suspensión de la pesca no se da por razones científicas, sino de cumplimiento de la cuota.

El director en su resolución, dice elegantemente que el despacho viceministerial se lo ha solicitado; pero nadie puede creer esa afirmación. Y deja constancia, sutilmente, de que se está retractando por orden superior, no por razones técnicas.

¿Qué significa esto? ¿Qué las condiciones para imponer la cuota han desaparecido? ¿O sea que se ampliará la cuota? ¿O a qué se refiere?

Al dejar sin efecto la suspensión, sin exhibir mayor argumento técnico o científico ¿Cómo queda el mandato de la RM 443? ¿Cuándo se va a parar la pesca? ¿Cuándo se llegue a completar la cuota? ¿O se va a ampliar?

Entonces ¿Qué es lo que está mal? ¿La cuota, la suspensión o dejar sin efecto la suspensión? 

Fijar cuotas y vedas es malo para los pescadores, sobre todo en el manejo de un recurso que es explotado indiscriminadamente a partir de la milla 201 sin medida ni control. Por lo tanto, ese es el problema a corregir. Suspender la veda es bueno para los afectados. Pero es muy malo para la institucionalidad hacerlo en base a mentiras. 

La suspensión de la pesca se dio por estar llegando a alcanzarse la cuota fijada para el periodo y no por razones científicas ni biológicas. Se miente al derogar la suspensión aduciendo la desaparición de las circunstancias que generaron la suspensión. La única circunstancia que podría cambiar es el aumento de la cuota, que es la razón única por la cual se dio la suspensión. Estos métodos afectan a la institucionalidad y crean dudas sobre el manejo del recurso.

Lo que está claro es que en este manejo hay falta de eficiencia, falta de liderazgo y probablemente manipulación.

El director actuó bien. Pareciera que alguien presiona al ministro. El ministro presiona al vice y el vice prácticamente le ordena al director retractarse. Le quitó toda ciencia al proceso, a menos que se demuestre cuáles son las razones científicas. Se impuso la razón de la fuerza. Una desautorización pública que debiera generar, por lo menos, la renuncia del director. Por amor propio o dignidad.

No es la forma de administrar los recursos pesqueros.

Resumen:

Mediante Resolución Ministerial No. 443-2025-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de enero, se estableció en 76,324 toneladas la cuota de captura del recurso calamar gigante o pota para el período enero – febrero 2026.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7582230-443-2025-produce

Con la Resolución Ministerial N.° 00018-2026-PRODUCE del 28 de enero de 2026 se decide modificar el literal g) del artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 00443-2025-PRODUCE, Establecen Límite Máximo de Captura Total Permisible de inicio del recurso calamar gigante o pota, para el periodo desde enero hasta febrero del año 2026.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7666390-00018-2026-produce

Con la Resolución Directoral N.° 00019-2026-PRODUCE/DGSFS-PA del 10 de febrero de 2026 se decide SUSPENDER las actividades extractivas del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), en el marco de la Resolución Ministerial N° 00443-2025-PRODUCE, a partir de las 00:00 horas del 12 de febrero de 2026.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7721291-00019-2026-produce-dgsfs-pa

Con la Resolución Directoral N.° 00020-2026-PRODUCE/DGSFS-PA del 10 de febrero de 2026, se decide REVOCAR la Resolución Directoral N° 00019-2026-PRODUCE/DGSFS-PA de 10 de febrero de 2026, que dispuso la suspensión de las actividades extractivas del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), en aplicación de lo establecido en el numeral 214.1.2 del artículo 214 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7722911-00020-2026-produce-dgsfs-pa

Con la RM N° 000034-2026-PRODUCE derogan los literales f) y g) del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 00443-2025-PRODUCE, (f) que asigna a las embarcaciones pesqueras artesanales una cuota de captura máxima por faena de pesca y su respectiva tolerancia, y (f) que las embarcaciones pesqueras artesanales que mantienen instalado y operativo el equipo del SISESAT, cuentan con el doble de tolerancia establecida en el literal anterior del presente artículo. Se deduce que al derogar esta RM, queda sin efecto la RM N.° 00018-2026-PRODUCE del 28 de enero de 2026 ya que hacía referencia al literal g de la RM N° 00443-2025-PRODUCE

Esto elimina una disposición discriminatoria que favorecía a quienes tienen satelital, en perjuicio de quienes no lo tienen ni quieren tenerlo. Pero deja en evidencia la ausencia de liderazgo y de criterio en la conducción del sector.

Para el periodo desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del año 2026, se ha fijado en ciento setenta y nueve mil ciento ochenta y ocho (179 188) toneladas la captura de pota. La norma no hace mención a límites de captura mensuales de aquí a fines de abril. Esto significa que en el momento que se llegue al tope establecido, cosa que puede ocurrir antes del 30 de abril, ¿nuevamente se suspenderá la captura y se volverá al mismo problema?

EL BACALAO EN EL PERU

 

El descubrimiento se hizo en 1989 con la embarcación San Jerónimo, construida en 1982 por Antonio Vieira para la pesca con cerco con caseta en proa y 30 Tm de bodega, para el armador Teófilo Castillo.

Luego se le adaptó para la captura experimental del bacalao en el sur del Perú frente a La Planchada y Atico, con caseta en popa, con todos los cambios consiguientes. 

Hicieron una pesca experimental, con tripulantes chilenos. La pesca fue un éxito. Las capturas se enviaban a Chile y desde ahí se exportaba a Estados Unidos por falta de regulación apropiada en el Perú. La embarcación era artesanal.

En 1986 Vieira construyó las primeras embarcaciones con caseta en popa para la pesca de altura, hacia las especies tiburón, perico, espada, vela, merlín.  Eran multipropósito que podían pescar con long line, nasas y redes de profundidad. Con bodegas de 32 metros cúbicos estaban bien equipadas con radio, ecosonda, navegador, etc.

La siguiente foto muestra el astillero de Antonio Vieira.

En 1990, la empresa SIPESA, con las embarcaciones Audaz y la Pionera, embarcaciones mayores a nivel industrial fue la segunda pionera en su extracción y exportación a Estados Unidos. Pero luego resultó que los costos eran demasiado elevados para poder sostener esa pesca, a diferencia de las embarcaciones artesanales. El tema no prosperó por dicha razón.

La pesquería se estableció formalmente en 1999, convirtiéndose en un recurso importante de las aguas profundas del Pacífico Sur peruano. Casi diez años después de su descubrimiento.

Aunque inicialmente tuvo cambios desde sus inicios industriales, actualmente se realiza principalmente con un sistema de pesca vertical artesanal (palangre) con pocos anzuelos para preservar la sostenibilidad.

Se encuentra entre los 1100 y 2500 metros de profundidad.

Situación Actual: Solo seis embarcaciones cuentan con licencia. La cuota anual es reducida (aproximadamente 360 toneladas) y la temporada suele generar una paralización entre agosto y septiembre. 

El artículo completo en el siguiente link:

https://app.box.com/s/79idxdyqs9f80i6tmarb71u91c9dfmvg

QUE ES UNA PESQUERÍA SOSTENIBLE

 

Significa que el tamaño de la industria extractiva y transformadora no puede ser de libre elección por el pescador. La capacidad extractiva tiene que estar en función al tamaño de la biomasa susceptible de ser extraída.

La investigación científica debe decir el tamaño total de cada una de las biomasas de las especies comercialmente explotables, determinar sus tallas mínimas de captura, épocas de desove para suspender la actividad durante ese período y la cuota anual global permisible de extracción reservando una parte para el mantenimiento poblacional y la que fuese necesaria desde el enfoque ecosistémico.

Esta información permitiría determinar si la actual capacidad de realizar esfuerzo pesquero proveniente de la flota artesanal e industrial es coherente con los límites admisibles. De ahí se derivarán acciones de reducción del esfuerzo o de fomento del mismo en aquellas pesquerías que lo admitan.

En función al tamaño posible de la materia prima susceptible de extraer se puede dimensionar correctamente la capacidad de transformación para la industria del CHD y del CHI, derivándose el mismo tipo de medidas aplicables a la actividad extractiva

Fomentar las inversiones en extracción o transformación sin disponer de la información mencionada anteriormente es inadecuado y puede llevar el esfuerzo pesquero a niveles inconvenientes para el inversionista y para la sostenibilidad del ecosistema.

Las reglas del mercado no operan en este escenario puesto que el recurso pesquero no aumenta en función a la demanda.

La información científica disponible que permite actuar razonablemente está centrada en la anchoveta, lo cual ha permitido gestionar su pesquería de forma aceptable. No podemos decir lo mismo de la pota, del perico, del jurel y la caballa que son las otras especies abundantes y disponibles. Menos información aún se dispone de los recursos capturados por la actividad artesanal como los bentónicos por ejemplo. 

Se ha atribuido siempre a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Se ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio. Los peces son recursos naturales renovables, pero solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones.

¿PODEMOS COMER MAS PESCADO EN EL PEU?

 

Incentivar el consumo de pescado y/o promocionarlo, resulta ser una acción irresponsable, dado que solo se debería y/o podría hacer, si existiese información científica sobre cuáles serían las especies a incentivar, cuál sería su límite de captura y cuál sería la talla mínima.

No se puede seguir pescando con una flota cuyo tamaño no está de acuerdo a la biomasa de especies objetivo que se podría capturar sin poner en riesgo su existencia. Se requiere saber, primer término cuánto se puede capturar de cada especie y cuál es la capacidad de captura de la flota. Esa información conduciría a establecer el número máximo de embarcaciones pesqueras que garantice la sostenibilidad de las especies marinas en el ecosistema marino de Humboldt, así como las cuotas máximas de captura.

El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo sigue el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería.

Aun superando el tema de asegurar la sostenibilidad de las especies, subsiste un asunto que debe evaluarse: Si se incrementa la demanda de pescado, la oferta sufrirá como consecuencia, además del riesgo de agotamiento, un incremento de precios. En este escenario ¿podrían las personas más necesitadas de proteína acceder a comprar pescado? El pollo siempre fue, desde la época de EPSEP y el auge de consumo de jurel y merluza, un competidor importante porque generalmente es más barato que el pescado.

Lo que corresponde, entonces, es evaluar qué especies son las mejores o únicas candidatas a ser promocionadas con el fin de incrementar el consumo. Y sin necesidad de mucho análisis, solamente tenemos a la anchoveta, la cual es la mejor especie estudiada y quizá la única hasta hace poco y la pota.

El gasto de promoción del consumo de pescado debería, por lo tanto, focalizarse en estas dos especies en forma prioritaria. Sin embargo, la investigación sobre las otras especies, y su cuidado y protección, no debe ser descuidada en ningún caso.

Hay sectores de la población cuyos ingresos les permiten comprar pescado fresco, congelado o enlatado, aunque en los últimos años sus precios han subido considerablemente, aunque sus necesidades de proteína no son necesariamente tan grandes como otros sectores que sí sufren de desnutrición y anemia infantil. Es a estos sectores, que no pueden pagar por valor agregado, a quienes hay que considerar como objetivo prioritario y hacia donde deben ser dirigidos los recursos del Estado que permitan no solo crear el hábito de consumo de pescado, sino las condiciones de captura y comercialización que les generen un producto de precio accesible a su nivel de ingresos y/o a programas de apoyo alimentario.

En nuestro país, una parte considerable de la población continúa con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia de niveles de desnutrición. Pero para el sistema, el producto alimenticio es más rentable cuando se exporta. La necesidad de otros países es una fórmula mágica que lo transforma todo en oro.

Es éticamente imposible negar esta realidad, menos aún ante una de las características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la coexistencia del hambre con la exportación de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.

La desnutrición crónica es un indicador que tiene frenado al país y que mientras no se resuelva no permitirá el crecimiento nacional con equidad y sin exclusión. Niños menores de dos años padecen de desnutrición crónica en el Perú y sufren de anemia por deficiencias de hierro en su alimentación. Pero nos jactamos del éxito económico que significan los volúmenes de proteína exportados tanto en forma de harina de pescado como de productos hidrobiológicos congelados y en conservas.

La seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene y prioriza la exportación de dichos recursos.

El Estado está llamado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de inclusión y de desarrollo. En la zona rural, en términos de alimentación, la presencia del Estado es pobre, inexistente y/o limitada. La población rural dispersa en condición de pobreza se encuentra ubicada en zonas alejadas de difícil acceso.

La actual orientación del Programa “A comer pescado” que lleva a cabo el Ministerio de la Producción, dirigido a promover el consumo de pescado en áreas territoriales donde no es necesaria la intervención estatal, requiere de una nueva orientación. En este escenario, la misma debiera ser fortalecer la ingesta calórico-proteica de la población rural dispersa en condición de pobreza: niños menores de 5 años, incrementando el consumo de recursos ícticos de manera sostenible y promoviendo la participación del sector pesquero artesanal en la extracción, procesamiento y comercialización de estos productos.

Es necesario implementar un programa social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional en la mejor forma posible que el sistema político lo permite, yendo más allá de políticas que no tienen sostenibilidad sino que descansan en la voluntad política y el marketing político. No se requiere intervención en ciudades costeras ni en sectores de la población que tienen acceso a la adquisición de productos hidrobiológicos, sino en las realmente necesitadas.

Para apoyar con éxito la erradicación de la desnutrición, se requiere de Proyectos/Programas innovadores. El programa debe fundamentarse en la necesidad de crear un mercado como responsabilidad del Estado y en el fortalecimiento de capacidades que permitan convertir la atención de ese mercado en un negocio rentable, generando empleo y riqueza, lo que lo hace sostenible en el tiempo.

LA DISTRIBUCION

El pescado necesita ser promocionado para aumentar sus volúmenes de ventas. No es suficiente con tener un producto de buena calidad y apariencia y que esté disponible para los distintos segmentos de mercado, es también necesario hacerlo conocer. El asunto es ¿qué pescados pueden ser promocionados sin afectar la sostenibilidad de dichas especies?

Existen varias modalidades de promoción, desde las recetas de preparación (cocina) impresas en las etiquetas, embalajes o distribuidas en los puestos de venta, hasta la promoción por chefs líderes internacionales o concursos de chefs de restaurantes, pasando por los anuncios en los medios tradicionales de comunicación o en festivales gastronómicos, costumbristas o temáticos (de la pota, de la anchoveta, chilcanito de pescado, desayunos escolares, etc.). De otro lado, los profesionales de la salud y la educación (maestros, médicos y nutricionistas) pueden ser grandes aliados en la promoción del consumo de pescado.

Las estrategias de promoción deben ser adecuadas a cada realidad de la población peruana, principalmente cuando el objetivo son los sectores socioeconómicos menos favorecidos y que acusan altos niveles de deficiencias nutricionales. El Estado debe actuar sobre la educación al consumidor y la creación de mercado para incentivar al inversionista. Debe tener por objetivo la promoción del consumo de anchoveta y sus derivados e incrementar el consumo per cápita de pescado en la población, a fin de mejorar el nivel nutricional y de salud de los sectores socioeconómicos menos favorecidos y reducir la desnutrición crónica infantil.

Para dicho fin, el primer paso es crear la demanda de pescado. Esta se consigue mediante la promoción, publicidad y educación al consumidor efectuada por entidades del Estado mediante diversos programas, entre los cuales se encuentran las ferias semanales, degustación, concursos entre comedores populares y clubes de madre. ¿Qué se puede promocionar? Recursos abundantes como la pota y la anchoveta.

El segundo paso es crear la infraestructura de comercialización minorista. Esto se consigue articulando con los Municipios la asignación de puestos en los mercados y estimulando a los bodegueros a incursionar en la oferta de productos hidrobiológicos de la misma forma que ofertan pollo y carnes.

Creado el interés y ubicada el área física, debe estructurarse créditos para la creación de microempresas que inviertan en infraestructura básica (caseta de madera, congelador y materiales diversos) destinados exclusivamente al expendio de productos hidrobiológicos.

Luego se capacita a los interesados en volverse microempresarios o a aquellos que ya lo son, con programas especialmente dirigidos a la manipulación de pescado y a técnicas de comercialización administrativas.

Este es el paso más importante pues establece la demanda sostenida que pueda absorber la oferta sostenida del sector pesquero artesanal estimulando la inversión privada.

El tercer paso, creada la masa crítica de compradores minoristas, es articular la distribución del pescado capturado por la flota artesanal.

La anchoveta o los recursos destinados al consumo humano directo deben sufrir un proceso de congelado en diversas presentaciones, almacenarse y luego distribuirse a través de cámaras isotérmicas hasta el punto de venta final. Otra opción es procesarlos como curados, como la saladita lo que facilita su distribución.

Sin embargo, es la orientación del mercado la que definirá el tipo de producto por región, por zona, o por ciudad.

Todo este circuito de procesamiento, almacenamiento, distribución, venta, cobranza, etc. corresponde al sector privado el cual verá un nicho de mercado en esta operación, la posibilidad de generar nuevos negocios, y de generación de empleo.

El Estado actuará únicamente como el impulsor de la idea, mediante capacitación y financiamiento iniciales para que posteriormente los negocios crezcan y se consoliden por sí mismos.

PERU: LA ALIMENTACION A TRAVES DE LA PESCA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

Pensar qué significan para los pobladores las cifras de ingresos provenientes de la pesca hace que nos preguntemos si acaso no sería más correcto hablar de cuántos impuestos han generado esta actividad y cómo los ha beneficiado. Y es que esta visión nos daría una idea de la verdadera posición de la pesquería peruana en su relación con el país y con aquellos que, como legítimos propietarios de estos recursos naturales, tienen el derecho de saber en qué han sido beneficiados.

¿Qué puede pensar el poblador marginado que no tiene qué comer pero escucha que somos un gran país pesquero? ¿Qué le importan esas cifras si, además de no representar un beneficio directo para él, tampoco representa alimento para sus familias? El poblador andino no consume pescado y acusa índices preocupantes de desnutrición. Mientras tanto, el sector crece en medio de aplausos.

Se ha atribuido siempre a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Se ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

Regalar pescado o venderlo a precios artificiales para hacer propaganda de esos actos es una ayuda a ciertos sectores de la población; pero no es una solución a la desnutrición ni lo que el país necesita. Programas que promocionan productos pesqueros elaborados por ciertas industrias tampoco es la solución que se requiere.

EXPORTACIONES

Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Detrás de las exportaciones de productos pesqueros, se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sometida un esfuerzo pesquero intenso. Y un país que va dejando tras de sí hermosas bahías contaminadas y devastadas.

¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la pesquería? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero ¿en proporción justa a los volúmenes de dinero ingresado por la exportación?

Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones.  El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.

Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a las empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio.

Por más que se pretenda justificar que el sector genera divisas (que finalmente son propiedad de los exportadores y no del Estado) y generan empleo directo e indirecto, la realidad muestra que el sector pesquero peruano no es necesariamente inclusivo, puesto que a los dueños de los recursos, es decir el pueblo peruano, no se le muestra lo que reciben.

Las ventas de pescado sin proceso de transformación están exoneradas del Impuesto General a las Ventas, lo que beneficia al comprador; pero el pescado es cada vez más caro, o sea que su consumo se viene reduciendo a ciertos sectores que los pueden pagar y no a las mayorías.

La promoción del consumo humano directo de productos pesqueros en el mercado nacional, el cual puede ayudar a reducir los índices de desnutrición de la población, especialmente la infantil, tropieza con la dificultad de que la industria pesquera solamente tiene incentivos para exportar sus productos y no para el mercado interno. Por la exportación se le restituye el Impuesto General a las Ventas pagado y se le otorga un Drawback, en algunos casos, que es un estímulo para la exportación. En cambio para el mercado interno, los productos transformados pesqueros pagan el IGV y carecen de algo parecido al Drawback. En consecuencia la industria pesquera no tiene mayor motivo para introducir sus productos en un mercado que no le ofrece atractivos.

La vocación exportadora del sector, coherente con el modelo económico vigente, condena a la población peruana a disponer de una oferta de recursos hidrobiológicos insuficiente y de calidad discutible si la comparamos con la calidad del denominado “producto de exportación”.

Tan selectivo es el asunto que en las etiquetas se pone el término “calidad de exportación” como para reafirmar ante el país y el mundo entero, que en el Perú hay una clara selectividad: lo que se exporta es mejor que lo que se deja para el consumo interno.

Tan poca atención se presta al país, que existe un Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe un Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le preocupa más satisfacer las necesidades alimentarias de los países desarrollados que las necesidades de la propia población.

En ese orden de cosas, la exportación es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores.  El mercado interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de subsidios a la exportación pesquera.

Exportamos harina de pescado para alimentar peces cultivados en otros países, exportamos congelados a otros países para alimentar a otras poblaciones, y exportamos conservas a otros países para alimentar también a otras poblaciones. Lo que no se puede exportar se destina al mercado nacional. Además, lo que no satisface los estándares de calidad de los mercados internacionales, se traslada al mercado nacional. Se mantiene un doble estándar de calidad menospreciando al consumidor peruano.

La pesca de consumo en estado fresco, por sus volúmenes y por cuestiones de mercado, se destina a la población nacional. Pero la ausencia de cadena de frío limita su distribución.

Cabe preguntar si la capacidad de producción de hidrobiológicos del Perú permite incrementar su oferta exportable, que se ve presionada y favorecida por la firma de tratados de libre comercio.

Es evidente que en el caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.

En el caso de recursos destinados al Consumo Humano Directo, a menos que se orienten capturas a nuevos recursos o recursos subexplotados, tampoco habría forma de producir un incremento de la oferta. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

La única forma de incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería con productos provenientes de la acuicultura y maricultura.

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La pesquería viene siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, cuando primero debe ser fuente de alimentación nacional. Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, para el mercado externo debe haber igualdad de trato. Los beneficios a la exportación deben ser similares a los del mercado interno.

Estamos lejos de una noción de soberanía alimentaria. Dicha noción se entiende como el derecho de los pueblos a alimentarse en correspondencia con sus especificidades sociales, económicas, ambientales y culturales. Dentro de un sistema donde el alimento sea disponible y autosuficiente. Es decir con posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y cantidad de alimentos sanos y libres de todo tipo de contaminaciones.

La soberanía alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos naturales.

El mar peruano todavía ofrece varias especies abundantes que son muy poco utilizadas por la industria o consumidas por el público.

La cada vez mayor escasez de especies de consumo tradicionales como el congrio, el mero, la corvina, etc., indican que hay menos peces. Por eso, salvo una que otra especie, el pescado es caro en un país que se dice "pesquero".

La verdad es que los volúmenes que antes existían de otras especies ya no son los mismos. Para los pescadores ya no es rentable pretender vivir de su captura. Para los consumidores, los precios de la mayor parte de especies que antes eran asequibles a su adquisición, hoy ya no lo son. Solo unos pocos sectores privilegiados pueden acceder a ciertas especies.

Hubo un tiempo en el cual el jurel y uno que otro recurso era accesible y competía favorablemente con el pollo, su principal competidor. Hoy la situación se ha revertido.

Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales.

La mayor parte de las capturas pesqueras en el Perú van a la producción de harina y aceite de pescado para la exportación, con otra parte para el consumo humano directo, también mayormente para la exportación en forma de enlatado y congelado. A nivel nacional, el pescado se consume principalmente fresco. Las especies de peces más cotizadas (corvina, lenguado, cojinova - especies carnívoras de carne blanca) son actualmente muy escasas y sus precios las hace inasequibles a la mayor parte de la población. Actualmente, las principales especies de pescado consumidas en el Perú son pelágicas (pota, bonito, jurel, caballa y otras).

La promoción del consumo de pescado debe orientarse a los estratos socioeconómicos más bajos y con los recursos más abundantes.

La promoción de consumo de la anchoveta tuvo avances importantes. Hoy ya no existe ningún programa de esta naturaleza. El desarrollo del mercado interno peruano para productos preferentemente derivados de la anchoveta es un enorme desafío. Implica educar a la población en el hábito de consumo de productos hidrobiológicos, en especial la anchoveta y de transformar un simple potencial de consumo en un verdadero mercado.

El reto nacional es desarrollar el mercado interno. La barrera para ello radica en que es más fácil aprovechar los mercados que otros países ya tienen bien estructurados y exportar. Los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, entre otros, son mercados atractivos porque pagan precios altos pero también, porque tienen mercados estructurados, con redes de importadores, de grandes distribuidores, mayoristas y minoristas que posibilitan una venta rápida para productos de buena calidad.

Esta tendencia, sumada a la deficiente red de frío y de comercialización en el mercado interno, así como por la escasa demanda, afectan el desarrollo del mercado interno. Los elevados precios de los productos que se ofertan a este mercado constituyen otro de los limitantes. Ante mercados externos ya existentes, es difícil pensar que el sector privado realizará esfuerzos por invertir en la creación de un mercado interno para anchoveta y otros hidrobiológicos. Ante esa realidad y la disponibilidad de anchoveta y pota, es preciso que el Estado intervenga en la creación del mercado y en la articulación con el sector privado para llevar esta proteína a los sectores que más la necesitan y a precios accesibles.

El Perú no es Lima solamente. Si la anchoveta y la pota pueden ser una solución alimentaria, lo que corresponde es llevarla a todos los mercados del país.

CANON PESQUERO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público”

Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en este caso. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.

Por el derecho a extraerlos y lucrar con ellos, es natural y justo que efectúen un pago, una contribución por dicha concesión al país, como dueño de los recursos.

Algunos recursos como la anchoveta, el jurel, el atún y la merluza generan un pago al Estado por su extracción, llamado derecho de pesca. La normatividad de la recaudación y empleo, así como la tasa de las pocas especies que pagan está desfasada y requiere de ser revisada.

Los recursos pesqueros capturados por pescadores artesanales no están obligados al pago de derechos de pesca porque así se estableció en la Ley General de Pesca, la cual fue promulgada en un contexto promotor de la actividad extractiva, que probablemente ya no es válido en las circunstancias actuales.

Si los costos de producción son artificialmente rebajados, gracias a derechos de pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.

El país no conoce el monto recaudado por derechos pesca, quiénes pagaron, quiénes deben y en qué se ha empleado esta recaudación.

A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, ésta resulta indiferente. El pescador artesanal extrae los recursos con escasa regulación y sin pagar ningún derecho por hacerlo. 

La pesca artesanal no tributa, esencialmente por su alto grado de informalidad, ni contribuye con derechos de pesca.

Produce es el ente responsable de esta recaudación. Transfiere el 50% al MEF para alimentar el canon pesquero y retiene el 50%.

CANON PESQUERO

El Canon Pesquero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos, de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento.

El literal b) del numeral 15.5 del Artículo 15º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los índices de distribución del Canon y Sobrecanon son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente.

El 10 de agosto de 2004 se publicó la Ley N° 28322 que aprobó diversas modificaciones a la Ley Nº 27506, Ley de Canon y posteriormente el 22 de diciembre de 2004 se publicó el D.S. Nº 187-2004-EF/15 mediante el cual se incorporaron modificaciones al Reglamento del Canon.

El Canon Pesquero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y EL 50% de los Derechos de Pesca pagados por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales.

Se debe señalar que el Reglamento de la Ley de Canon, establece que el monto del Canon Pesquero proveniente de los Derechos de Pesca, será determinado semestralmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41° y 47° del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Para efecto de la distribución del Canon Pesquero se considera como área de influencia lo establecido en el artículo 4º literal e) del Reglamento (D.S. N° 005-2002-EF): “El área territorial de los Gobiernos Locales y Regionales en cuya circunscripción las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala desembarquen los recursos hidrobiológicos según lo dispuesto en la Ley General de Pesca y sus normas reglamentarias”.

Según el artículo 5º de la Ley de Canon, Ley N° 27506, modificada por el artículo 2º de la Ley N° 28322, “el Canon será distribuido entre los Gobiernos Locales y Regionales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente:

·          El 10% (diez por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural.

·          El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.

·          El 40% (cuarenta por ciento) del total de canon para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural.

·          El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos regionales donde se explota el recurso natural.

¿En qué se ha empleado este porcentaje en los últimos 15 años?

La única información pública de la cual se puede deducir el monto recaudado es la transferencia de canon pesquero que efectúa el MEF. Al ser el 50% se deduce cual es la cifra retenida por Produce. Pero la autoridad de pesquería no exhibe la información en forma transparente.

Debe mencionarse que no es competencia del sector pesca la distribución de los derechos de pesca sino del MEF; pero este ministerio lo viene realizado de forma ineficiente e injusta. Lo único que hace es dispersar y atomizar recursos financieros exiguos de inicio.

Derechos de pesca no es lo mismo que el impuesto a la renta. Los primeros deberían ser un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.

Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos.  Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD

Resulta, en términos prácticos que todo lo que se pesca tiene costo cero. La materia prima sale gratis, porque lo que se gasta en pescarlo no es costo de la misma, sino operativo.

El empresario, especialmente el armador artesanal, al observar que en la actividad pesquera se están produciendo beneficios económicos positivos, ingresa a ella tomando en cuenta sólo su estructura de costos y pensando en el ingreso que obtendrá de la participación de la actividad pesquera. Sin embargo, no toma en cuenta los efectos externos que causa a los participantes existentes, es decir, al ingresar él no considera que se reduce la biomasa disponible, por lo que para alcanzar los mismos niveles de ingreso se requiere ejercer un mayor esfuerzo pesquero, o alternativamente desplazarse a mayores distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. Al final, se ejerce una cantidad de esfuerzo tal que los beneficios económicos que existían se hacen cero. Por ello la formalización de embarcaciones tal como se planteó y la prórroga de plazos que hoy se pretende aplicar, no es conveniente.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción.

La industria pesquera que destina recursos hidrobiológicos a su transformación en congelados, enlatados, curados y principalmente anchoveta para su reducción en harina, si bien es cierto significa un importante aporte al PBI, también es cierto que:

Contribuye con el impuesto a la renta de tercera categoría en una proporción que el público no conoce en relación a la producción que exporta; contribuye con una tasa de derechos de pesca baja; causa un impacto serio al medio ambiente, que es visible y evidente en todas las ciudades donde se encuentran plantas procesadoras; causa un impacto sobre la biomasa de anchoveta reduciendo las posibilidades de alimentación de la cadena trófica superior, provocando una reducción de las poblaciones de aves guaneras y de peces, cuyos efectos más directos los sufre la pesca artesanal; no se ha hecho nada efectivo para limpiar y descontaminar las bahías donde se realiza esta producción, y se continúa causando impactos negativos sobre el océano y sobre el aire.

No se conoce los impuestos que el Estado devuelve al sector.

El Estado, entre las cifras que debe poner sobre la mesa, está la recaudación de los derechos de pesca y el destino de esa recaudación. Esto permitiría evaluar en cifras reales, cuánto es lo que la sociedad civil peruana percibe como retribución de la industria pesquera por el privilegio de extraer peces del dominio marítimo peruano

FINALMENTE

¿Qué gana la sociedad peruana? ¿Qué gana el Perú en términos de beneficio directo al ciudadano común y corriente y al propio sector en términos de inversión en infraestructura, capacitación e investigación y desarrollo?

La lógica del Estado debe ser cumplir con el criterio de sostenibilidad, que significa dejar dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones, cuidando que nunca se agoten.

No se puede ocultar el hecho de que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero. Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo sigue el camino inverso: éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería. El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda.

Un importante referente, para tener siempre en cuenta, se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional, del Pleno jurisdiccional 00011-2008-PI/TC, de la cual se destaca el artículo 37, que expresa:

“En tal sentido, cuando la generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”.

 “Una pesquería sostenible es aquella que puede mantenerse de forma indefinida sin comprometer la viabilidad de la población de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro del ecosistema, incluidas las personas. Además debe incluir un compromiso de buenas prácticas con el medio marino, contaminación cero y que la actividad no produzca daños irreversibles”

EL ORDENAMIENTO PESQUERO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

A través de la revista Pesca y su blog, la línea de trabajo ha sido exponer situaciones, temas y problemas referidos a la pesca en el Perú. La acuicultura no es materia sobre la cual trate la Revista Pesca. Hay otras organizaciones que se dedican a ella.

Se exponen ideas y hechos, con una visión de país y no de parte, a fin de que la colectividad disponga de insumos para analizar y actuar en consecuencia, si es que corresponde.

Se procura tratar temas de fondo sin menoscabo de las personas ni de las instituciones. Sin embargo, algunos personajes, interpretan indebidamente este propósito, como es en el caso del IMARPE. Hay quienes se ofenden porque consideran un ataque a la institución el hecho de denunciar que autoridades del sector no aprueban el nuevo ROF, siendo un mandato de ley. Esto no puede tomarse como un ataque a la institucionalidad ni a la labor de sus científicos. Es una denuncia y una crítica a los directivos de turno que se niegan a cumplir un mandato dispuesto en el DL 1677 y en el DS 015-2025/PRODUCE. Nadie puede estar por encima de la ley.

Una denuncia formal de actos ilegales de los responsable de la dirección de la institución, no puede ni debe ser tomado como una agresión al IMARPE ni a ninguna otra entidad. Las instituciones no son responsables de lo que hacen sus jefes de turno. Se censura al responsable, al infractor de la norma. La responsabilidad es individual; pero existe. Exponemos un hecho concreto que no puede ser ocultado o disfrazado con otros comentarios ni tampoco minimizado.

La línea es exponer ideas, no discutir ni debatir. No es de interés de Pesca el debate ni la discusión. Los lectores analizarán y sacarán sus propias conclusiones y tal vez les puedan ser útiles a los tomadores de decisiones.

En este contexto no podremos hablar debidamente de ordenamiento pesquero si las normas y leyes no se cumplen. Quienes defienden la violación de ley con argumentos inexistentes, tratando de desviar la atención sembrando la idea de que se está atacando a la institucionalidad del IMARPE, están equivocados, o no admiten que la ley, por dura que sea, es la ley. Si se permite que la pesquería sea administrada sin respetar una sola norma o ley, entonces puede replicarse su incumplimiento en muchos más y la administración se volvería anárquica.

La ciencia es ciencia y no debe estar dirigida por funcionarios con corona que pretenden disimular el cumplimiento de la ley solo porque a alguien no le gustado la norma. Hay mecanismos para resolverlo, pero en ningún caso la rebeldía de la propia autoridad.

El orden es el orden, les guste o no a los empleadores de quienes no están de acuerdo con el mismo.

La Ley General de Pesca tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. La misma menciona que son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.

Los recursos pesqueros pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Los artículos 66 a 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible; y conservación de la diversidad biológica. Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.

Los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821, establecen que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sostenible de estos, a través de las leyes especiales sobre la materia y las políticas del desarrollo sostenible, entre otras acciones. Del mismo modo, el artículo 20 de la referida ley, dispone que el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales, es absolutamente indiscutible.

En este contexto jurídico, el Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. 

La administración pesquera apropiada a la realidad nacional, debiera ser la suma de normas y acciones conducentes al logro de cuatro objetivos principales:

Asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Alcanzar la Seguridad alimentaria con creciente consumo de productos abundantes, especialmente en zonas de extrema pobreza.

Elevar la calidad de los productos hidrobiológicos y el nivel de la pesca artesanal a través de la capacitación.

Optimizar el ordenamiento del sector.

A la fecha, los pocos ROPS (Reglamento de Ordenamiento Pesquero) que existen, están diseñados recurso por recurso y no con enfoque ecosistémico. Y la gran mayoría de especies no tienen reglamento. Es necesario aplicar a nuestra pesquería el concepto y los principios del manejo ecosistémico; diversificar el esfuerzo pesquero y propiciar iniciativas que redunden en el consumo humano de nuestros recursos.

Ello exige contar con información científica para asegurar la sostenibilidad de los recursos y evaluar factores económicos y sociales que inciden directa o indirectamente en la actividad pesquera. Y complementariamente se requiere acciones educativas y de capacitación.

Los pescadores artesanales, que antes capturaban sus especies a poca distancia de sus poblaciones hoy se han visto obligados por la necesidad, a convertirse en pescadores de altura sin tener la preparación ni el equipamiento apropiado y se aventuran a veces hasta más allá de las 200 millas en busca de especies sustitutas a su pesquería tradicional, como el perico y la pota, por ejemplo. Sin embargo, no gozan de mayor interés ni apoyo por parte de las administraciones de la pesquería, en especial en temas educativos.

El objetivo central del gobierno debe ser sencillo y estable en el tiempo: “Promover el desarrollo eficiente y sostenible de nuestras principales pesquerías”.

La sostenibilidad debe ser el criterio fundamental para el manejo de los recursos renovables. Esta sola afirmación, por simple que parezca, podría convertirse en el único objetivo por cuanto implica múltiples acciones complementarias y colaterales que abarcan casi toda la problemática pesquera.

LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN EN PESCA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La extracción de los recursos pesqueros debe considerar una visión de manejo responsable y adecuado que aseguren su sostenibilidad.

En ese sentido, en la orientación para crear conciencia de responsabilidad en la extracción, no existe un Plan Nacional de Capacitación para los pescadores artesanales ni para los operadores de la cadena productiva del consumo humano directo. Tampoco existe un Plan Educativo para las poblaciones costeras y ribereñas orientado a la protección de los recursos hidrobiológicos y del ambiente marino, fluvial y lacustre.

La capacitación es fundamental dentro de cualquier estrategia de desarrollo para este sector. Pero también la educación poblador y al consumidor.

Sin embargo, hoy en día se encuentra dispersa, no tiene una visión ni responde a las necesidades ni a la realidad actuales. Muchas instituciones del sector dan capacitación en base a sus propios planes y procedimientos, los que no están debidamente articulados ni coordinados. Lo mejor que se tenía en cuanto a la capacitación era el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, destruido por una indebida fusión con el FONDEPES y actualmente en un lamentable estado, muy alejado de sus mejores momentos.

Para este propósito se requiere elaborar una estrategia nacional de capacitación, que genere un plan integral detallado y de largo plazo para la educación y capacitación de los trabajadores de las cadenas productivas y de comercialización del consumo humano directo.

La visión de largo plazo de la pesquería peruana debería orientar, no solo la actividad regulatoria del Estado, sino modelar una estrategia educativa nacional integral, que facilite la conservación del ambiente, la inocuidad de los recursos capturados, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de todo el país y la provisión de proteína barata a la población nacional.

El Estado debe prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades de capturas de productos hidrobiológicos y el estado de las pesquerías. Debe propiciar que los conceptos de ecosistema, seguridad y soberanía alimentarias, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad sean conocidos por la ciudadanía.

La educación y capacitación del pescador artesanal y demás operadores de la cadena productiva del consumo humano directo, deben considerarse primordiales debido a las exigencias de calidad que vienen incrementando los países importadores de nuestros productos, así como de nuestro propio mercado, que no puede ser tratado como de segundo orden. Los peruanos merecemos la misma calidad que lo se exporta. Las plantas procesadoras de productos congelados, enlatados y curados se abastecen exclusivamente de esta cadena productiva, por lo cual requieren de altos niveles de calidad y sanidad.

Ante la situación actual del estado de las poblaciones de los recursos pesqueros y la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, no es recomendable seguir formando nuevos tripulantes de embarcaciones pesqueras ya que, además de incrementar la presión por realizar mayor esfuerzo pesquero, que es lo que se debe evitar, crea pescadores sin ocupación, desilusionados por la falta de empleo y/o de recursos para extraer así como una competencia por ocupar puestos de trabajo que presiona sobre los ya existentes. Sin embargo sí pueden presentarse posibilidades de empleo en la generación de valor agregado a las capturas.

No existe información y difusión orientados a contribuir a la conversión de los actuales armadores informales en pequeños o medianos empresarios pesqueros debidamente entrenados, con permiso de pesca, con RUC y como propietarios de micro empresas que contraten apropiadamente a sus tripulantes, lo que les asegura, a estos últimos,  cobertura de salud, seguridad social y pensión. También el acceso a fuentes de financiamiento. Estas unidades económicas, eficientes y rentables generarían bienestar a los pescadores y adecuados productos pesqueros para la población.

Existe una gran demanda y presión por parte del sector de tripulantes de embarcaciones artesanales y también de menor escala para acceder a seguridad social y pensiones. Se han ensayado varias fórmulas sin éxito, cuando la solución más simple es que sus empleadores se formalicen y los coloquen en una planilla formal para que accedan, como el resto del sector laboral formal, a estos servicios.

La formalización también facilita el acceso a todo tipo de seguros que se requiera para proteger la embarcación.

Las posibilidades de extracción tienen límites naturales, lo que obliga a dirigir el esfuerzo hacia el valor agregado, escalando lo máximo posible. Siendo necesaria la generación de valor agregado a fin de poder alcanzar mejores niveles de rentabilidad en beneficio del pescador, del trabajador del sector, del consumidor y del Estado, es importante diseñar mecanismos de creación de capacidades.

Para la mayoría de los pescadores artesanales, uno de los haberes más preciados es su capital intelectual, el cual se encuentra representado por un conocimiento detallado del caladero y el comportamiento de las poblaciones de peces. Es precisamente este conocimiento específico el que lo ayuda a sobrevivir en la competencia con las embarcaciones más grandes y poseedoras de una mayor tecnología. Sin embargo,  su supervivencia solo mejorará en función de la capacitación contínua a la que acceda y a la inversión en tecnología que ejecute.

En este sentido, la educación es responsabilidad del Estado, quien debe diseñar una política educativa para el sector.

EL CONTEXTO GENERAL EN LA PESQUERIA Y LAS ELECCIONES 2026

 

El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

Se puede leer los planes de gobierno de todos los partidos. Algunos ofrecen algo para la pesca, otros no. Que en su momento se cumplan o no, es otra cosa. Pero...¿Cuáles son las propuestas para la pesca de los candidatos al senado? ¿Y cuáles son las propuestas de los candidatos a diputados? Ellos no tienen que hacer un plan de gobierno porque no es de su competencia, ¿pero qué ofrecen hacer desde sus cargos elegidos?

No se puede gobernar, administrar o regular lo que no se conoce. La administración desconoce el volumen real de la biomasa de todas las especies del ecosistema marino de Humboldt y del ecosistema fluvial y lacustre.

En el caso de la extracción, recién desde los censos del 2012 y 2013 y de la ENEPA IV realizada entre el 2022 y 2023, se conoce el número de pescadores y embarcaciones artesanales existentes. Pero no se puede determinar con precisión la capacidad de extracción que tiene la flota artesanal y de menor escala, ni el impacto que viene teniendo sobre las poblaciones de peces que extrae.

Para una adecuada administración de la pesquería se necesita fundamentalmente dos cosas: Primero, conocer cuántos administrados tiene, a todo nivel, pescadores, armadores, artesanales, industriales, embarcaciones y plantas de proceso. Segundo, se requiere información científica sobre los recursos hidrobiológicos. De esta manera se puede establecer cuál es la capacidad de extracción que soporta el ecosistema y cuál es la capacidad de realizar esfuerzo pesquero existente. Correlacionando ambos datos recién se puede determinar cuanta biomasa puede capturarse a fin de regularla debidamente y por otro lado, saber si hay un excedente de embarcaciones, lo que permitiría establecer si es posible otorgar nuevos permisos de pesca y/o reducir los existentes.

Sin esa data ¿puede un funcionario que además no conozca de pesca, administrar correctamente el sector, en especial en tiempos de crisis como los actuales? La respuesta es NO. Sin embargo así se viene haciendo. No hay información científica suficiente que permita sustentar que los volúmenes de extracción de la pesca artesanal son sostenibles. Solo se posee información sobre el jurel, caballa, pota, merluza y anchoveta en forma constante debido a los cruceros que todos los años se realizan para determinar sus cuotas anuales de extracción. Pero los recursos objetivos de la pesca artesanal carecen de reglamentos de ordenamiento y no disponen de la asignación de un límite de captura que asegure su sostenibilidad.

La promoción de nuevas pesquerías, el incremento del consumo de pescado y/o el aumento del esfuerzo pesquero deben estar fundamentados en una sólida base de conocimiento científico. La investigación científica es pieza clave para regular y administrar cuotas, vedas y límites máximos de captura, así como número máximo de embarcaciones permisibles en torno al manejo adecuado del dominio marítimo, de las zonas costeras ríos y espejos de agua.

Se requiere realizar un nuevo censo y mayor investigación científica y estadística para disponer de la información mínima necesaria que permita asegurar la sostenibilidad de las pesquerías y darles el ordenamiento adecuado.

Un ecosistema en equilibrio natural es una realidad que primó hasta el pasado reciente. Las más diversas especies existían en abundancia y en equilibrio regidas bajo la regla presa-predador. Las especies se sirven unas de otras como alimento. La demanda del hombre costero por pescado estaba satisfecha y no irrogaba desequilibrio.

Un ecosistema en desequilibrio por actividad pesquera constituye la realidad actual. Está provocado por la mecanización y masificación de la captura de especies marinas, por la deficiente regulación y la ausencia de difusión de la realidad pesquera. Ello conduce a desórdenes de orden económico y social, al empobrecimiento del mar y a la frustración de los actores de la pesquería.

Un ecosistema en equilibrio con actividad pesquera debe ser el objetivo principal de la Administración Pesquera, que autoriza la extracción racional de una porción de biomasa de cada nivel trófico, privilegiando la cautela de ciertas especies y el sacrificio de otras en beneficio del hombre.

Deberá tenerse en cuenta que el marco del modelo económico en aplicación en el país, que estimula la libertad de empresa; así como la necesidad de mejoras tecnológicas en flota y fabricas que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a un crecimiento de la capacidad de pesca. Esta situación se hace compleja cuando se tiene en cuenta las dificultades técnicas existentes para determinar cuál debe ser la capacidad de extracción y procesamiento adecuada y para establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situación sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera.

¿Qué se ofrece hacer por el sector, desde el Congreso de la República?