La gestión pesquera
Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.
30 de marzo de 2020
EL INCIERTO FUTURO DE LA PESQUERIA PERUANA
Ministros
de la Producción desde la creación del Ministerio:
MINISTROS
DE LA PRODUCCION 2002 - 2020
1. EDUARDO IRIARTE
2. JAVIER REATEGUI
3. ALFONSO VELASQUEZ
4. DAVID LEMOR
5. RAFAEL REY
6. ELENA CONTERNO
7. MERCEDES ARAOZ
8. NICANOR GONZALES
9. JORGE VILLASANTE
10. LUIS NAVA
11. KURT BURNEO
12. JOSE URQUIZO
13. GLADYS TRIVEÑO
14. PIERO GUEZZI
15. BRUNO GIUFFRA
16. PEDRO OLAECHEA
17. LIENEKE SCHOL
18. DANIEL CORDOVA
19. RAUL PEREZ
20. ROCIO BARRIOS ALVARADO
La
cifra de 20 ministros en 18 años, que da un promedio de 1.11 ministro por año
podría ser una de las causas de que la gestión del sector pesca durante el
período sea inadecuada e improductiva para las necesidades de la pesquería. Si
se suma al corto tiempo que cada Ministro permanece en el cargo, la
inexperiencia de cada uno, la rotación constante de funcionarios de todo nivel,
derivada del cambio del titular del pliego, podemos entender por qué el sector
está en crisis. No basta la buena voluntad o la capacidad personal sin que esté
acompañada de conocimiento de la pesca.
Como
excepción, destaca Rafael Rey por la dación del DL 1084 que ordenó la pesquería
de la anchoveta para CHI. Sigue siendo una norma polémica, pero ha sido, quizá,
la más importante desde la promulgación de la propia Ley de Pesca. Rey no era
un experto en el sector, pero se comprometió con la pesca y permitió la
generación de un documento trascendente. Su gestión fue una de las más largas,
desde el 28 de julio de 2006 hasta el 13 de octubre de 2008, lo que propició un
período de avances, sobre todo en relación a la promoción del consumo de
anchoveta, gestado por su viceministro Alfonso Miranda.
VICEMINISTROS
DE PESQUERIA 2002 – 2020
1. JULIO GONZÁLES FERNANDEZ
2. LEONCIO ALVAREZ VASQUEZ
3. ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
4. ALFONSO MIRANDA
5. ELSA GALARZA
6. MARIA TALLEDO
7. ROCIO BARRIOS
8. PATRICIA MAJLUF
9. JAIME REYES
10. EDUARDO PASTOR
11. PAUL PUMPHIU
12. JUAN CARLOS REQUEJO
13. HECTOR SOLDI
14. JAVIER ATKINS
15. MARIA DEL CARMEN ABREGU
Si
bien es cierto el promedio de viceministros es menor que el de los ministros,
no se aprecia que su nivel de experiencia o de capacidad de manejo haya sido el
adecuado para servir a un Ministro con o sin agenda política. Poco se puede
decir de la mayoría de los ministros y viceministros que asumieron el cargo sin
agenda, sin visión de futuro para la pesca, sin conocimiento y sin compromiso
por hacer algo de fondo para el sector.
Exceptuando
la gestión de Alfonso Miranda, el viceministro de mayor duración en el tiempo
que se ha tenido, con experiencia en el sector y que realizó importantes
aportes para la promoción del consumo de anchoveta, los demás, o tuvieron poco
tiempo para diseñar algo importante, o carecieron de la fuerza y/o capacidad
necesarias para hacer algo trascendente, o simplemente carecieron de una
propuesta. Otros, que pudieron haber realizado reformas importantes en base a
su experiencia y cualidades personales, fueron sometidos por una gestión
autocrática, o por la imposibilidad de realizar una labor eficaz por falta de
condiciones apropiadas.
En
la inadecuada administración del sector, ha primado la ausencia de hechos
efectivos para la pesca peruana.
Promesas que son difíciles de cumplir y otros instrumentos de manejo
político y administrativo, se convirtieron en árboles que impidieron ver al
bosque de necesidades y problemas que atender.
La
designación de funcionarios de confianza de la administración para cargos de
dirección, se deslegitima cuando el mismo no es un experto en pesca ni conoce
lo mínimo imprescindible para asegurar un buen desempeño. Esto ha devenido en
una constante que daña a la pesquería.
La
verdad es que cada gestión diseña, con mayor o menor conocimiento y con
intereses políticos y/o personales básicamente, su propia agenda, la cual dura
apenas lo que dura su gestión. Ni siquiera dura el gobierno completo.
La
consecuencia es que desde 2002 al 2020, los problemas de fondo de la pesca
siguen siendo los mismos, en especial los de la pesca artesanal. No se ha
diseñado una política de largo plazo ni se han enfrentado los temas con
eficacia.
El
futuro se proyecta en forma similar, con más de lo mismo. Nada permite asegurar
que las próximas gestiones serán conducidas por personas adecuadas, que se
elaborará una Política de Estado con visión de largo plazo, que será respetada
por los sucesivos gobiernos y que los siguientes Titulares del Pliego actuarán
con desprendimiento personal, con tecnicismo, escuchando a quienes algo tienen
que aportar, sin soberbia ni arrogancia.
No
mejorará la gestión pesquera mientras los funcionarios sigan trabajando sin
compromiso, intelectualmente castrados por el temor a perder el empleo, o
subordinados a la autocracia de la autoridad de turno y tampoco mientras no se
defina una Política de Estado para el largo plazo. Tampoco con directores de
“confianza” pero sin experiencia ni conocimiento.
Lo
ocurrido en relación al Imarpe y la segunda temporada de anchoveta 2019 puso en
vitrina la problemática pesquera, que generalmente a poca gente le importa y
reavivó un latente conflicto entre la industria y la administración actual. Se
le ha llamado “crisis en la pesca”; pero la verdad es que el sector vive una
crisis hace mucho tiempo por la falta de voluntad, de capacidad y de decisión
políticas para enfrentarla.
Los
antecedentes permiten presumir que la pesca está condenada a ser una actividad
sin importancia para los gobiernos; pero apetecida por políticos con agendas
personales, o lo que es peor: sin agenda.
Crear
el Ministerio de Pesquería no solucionaría nada si el sistema sigue funcionando
bajo el mismo esquema.
28 de marzo de 2020
PRODUCE ELEVA LA CUOTA DE PESCA DEL JUREL PARA EL 2020 A 140,000 TONELADAS
El
Ministerio de la Producción (Produce) informó que hoy se amplió el límite de
captura del recurso jurel (Trachurus murphyi) para el período 2020 de 100,000
toneladas a 140,000 toneladas.
A
través de la Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE, sostuvo que las
capturas sólo serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose
vigente la suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor
escala, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 094-2020-PRODUCE.
Asimismo,
detalló que las Direcciones Generales de Políticas y Análisis Regulatorio en
Pesca y Acuicultura de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción
realizarán las acciones de difusión que correspondan y velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.
Además
lo harán las dependencias con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
Razones
del incremento
Se
debe señalar que mediante Memorando N° 00000139-2020-PRODUCE/OGEIEE, la Oficina General de Evaluación de Impacto y
Estudios Económicos remitió el “Reporte de Avance de la Cuota de pesca de Jurel
para CHD Temporada de pesca 2020 20/03/2020”, el cual señala, entre otros, que
con relación a la cuota global establecida de 100 toneladas en enero pasado, se
tiene un avance de 97.7%.
De
igual manera, la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura señala que las
condiciones ambientales favorables permiten la disponibilidad del recurso
jurel.
Asimismo,
en vista de la necesidad de garantizar de manera inmediata y oportuna el
abastecimiento a los mercados nacionales, se recomendó que la ampliación del
límite de captura del recurso jurel solo sea aplicable a la flota artesanal.
Fuente
¿Medida técnica o política?
La
flota industrial y la industria pesquera no podrán disponer de jurel capturado
en el dominio marítimo peruano con los impactos que se deriven de la medida.
Esto no les beneficia y la norma podría incrementar el nivel de tensión y
conflicto, ya existente desde los problemas derivados de la segunda temporada
de anchoveta 2019 incubándose el germen de un nuevo motivo de enfrentamiento
entre la administración y la industria.
La
flota artesanal y de menor escala será la única que pueda capturar jurel, lo
que les beneficia obviamente y seguramente debe generar un ambiente de apoyo a
la norma y a la administración.
Chile,
que es el promotor y el real poder de la Organización Regional de Ordenación
Pesquera del Pacífico Sur (OROP PS), seguramente intensificará sus pedidos de
sanción para el Perú por este incremento de cuota, que ocurre a escasas semanas
de la última reunión de la Organización en Vanuatu, que fue muy tensa en la
medida de que se trató de sancionar a Perú por el incremento de la cuota de
2019. Es necesario fijar una posición en relación a la conveniencia práctica de
permanecer en una organización hecha a medida de las necesidades de Chile y
controlada por este país, que no beneficia en nada al Perú.
Una
medida con tres impactos cuya magnitud se verá en los próximos días cuando termine la cuarentena, se instale la Comisión
de Producción del Congreso y se reinicie la campaña “crisis en la pesca”.
Sin
embargo, la medida es, como todas las que usualmente se adoptan, inmediatista y
de corto plazo. Lo que se requiere, como la verdadera solución final, es fijar
la posición del Estado en cuanto al jurel en el largo plazo:
¿Será
de exclusividad para la flota artesanal y de mediana escala, o será compartida
con la flota industrial? Si fuese compartida, ¿en qué proporción?
¿Debe
normarse el destino final del jurel, regulando si será para consumo nacional o
exportación? ¿O en alguna fórmula proporcional?
¿Seguiremos
el juego de Chile en la OROP PS gastando dinero en nuestra permanencia y
asistencia a dicho organismo inútilmente, cuando ya se expuso públicamente que
la soberanía nacional se ejerce dentro de nuestro dominio marítimo, aún cuando
la OROP se moleste y nos lance amenazas?
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