La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

14 de agosto de 2008

PERU: EL MODELO DE GESTION PESQUERA V

V
LA PERSPECTIVA ALIMENTARIA


SOBERANIA ALIMENTARIA

Estamos lejos de una noción de soberanía alimentaria. Dicha noción se entiende como el derecho de los pueblos a alimentarse en correspondencia con sus especificidades sociales, económicas, ambientales y culturales. Dentro de un concepto de perspectiva holística del sistema alimentario, donde el alimento sea disponible y autosuficiente. Es decir con posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y cantidad de alimentos sanos y libres de todo tipo de contaminaciones.

La soberanía alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos naturales.

La soberanía alimentaria será una realidad, el día en que el mundo se libere de los uniformes globalizadores del sistema. El día en que se adopten las medidas políticas para poder lograr una pesquería de manejo ecosistémico que permitan al país asegurar su soberanía alimentaria. Cuando los peruanos logren comer de acuerdo con su hambre, de una manera sana y en paz con la naturaleza; cuando los peruanos coman primero las proteínas que produce su propio mar antes que los mercados extranjeros; cuando los peruanos encuentren los mismos incentivos para vender alimentos al mercado nacional que al mercado externo. Cuando los peruanos entendamos que los recursos pesqueros no son inagotables y que no debemos orientarlos hacia producciones masivas para enviarlos al exterior mientras haya un solo niño peruano hambriento, solo ese día el país lograra ser justo y podrá entender el término soberanía alimentaria, que en su mejor concepción podría definirse como la capacidad de alimentarnos a nosotros mismos exportando nuestros excedentes y no la inversa.

El potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del recurso anchoveta, lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto mundial.

El mar peruano todavía ofrece varias especies abundantes que son muy poco utilizadas por la industria o consumidas por el público. No son atractivas para su explotación porque es más cómodo vender anchoveta para la harina.

La administración pesquera tiene una tarea delicada para encontrar un equilibrio permanente entre las lógicas de alimentación nacional y las lógicas del mercado.

UNA CUESTIÓN DE CONCIENCIA

Exportar recursos naturales no renovables como los mineros y recursos renovables como los agrícolas tienen una connotación diferente a la exportación de recursos pesqueros.

La exportación de espárragos, alcachofas o mangos, por ejemplo, no es igual que la exportación de pescado.
La exportación de los primeros es útil para la economía del país en la medida que su consumo interno no es trascendente para la aliviar la desnutrición ni para asegurar la ingesta proteínica de nuestra población.
La exportación de los recursos hidrobiológicos sí tiene un efecto directo sobre los niveles de nutrición y alimentación básica de nuestra población en la medida en que, si bien es cierto son recursos renovables, su renovación está sujeta a serios riesgos. Uno de ellos es que la extracción de algunas especies perjudique la capacidad de renovación de las poblaciones que dependen de aquellas para su propia alimentación.

No parece ser la mejor opción arriesgar o comprometer nuestros recursos de alimentación en beneficio de otras poblaciones. Sin dejar de ser solidarios con poblaciones que requieren de mayor aporte de proteína, la obligación primaria del Estado es asegurar la alimentación de nuestra población y recién entonces exportar los excedentes.
Vivimos una época diferente provocada por el cambio climático y la crisis alimentaria. Nuestro mundo no es el de hace 10 años. Es necesario afrontar estos nuevos escenarios con criterios diferentes, con nuevas concepciones que vayan mas allá del libre mercado y de la globalización que, en materia alimentaria pareciera favorecer más a los demás países que al nuestro.

Un mundo nuevo ha empezado a comer y no hay para todos”, afirma José María Sumpsi, subdirector General de la FAO. Y explica que el tema se basa en una “asimetría” entre oferta y demanda: “No se esperaba que los países emergentes -China, India, Indonesia, Brasil- creciesen tanto, y se han expandido a un ritmo anual del 10%-12%. Eso ha producido una explosión de la demanda. No estábamos listos”.

El mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales. La solución no puede ser más libre comercio porque más libre comercio implica más hambre y menor acceso a los alimentos. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluído de esa lógica de mercado.

Los alimentos serán, en el corto o mediano plazo, un recurso escaso que podría convertirlos en recursos estratégicos para negociar no solo mejores precios sino condiciones más favorables para el desarrollo del país.
La visión debiera ser la de utilizar nuestra producción de recursos hidrobiológicos prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovación y crecimiento aplicando enfoques ecosistémicos, y exportando solamente aquellos que excedan a nuestras necesidades.

La acuicultura y la maricultura se presentan como las mejores opciones, sino las únicas, para la exportación. No así la pesca de captura. Esta última siempre ofrecerá precios más accesibles a nuestra población por lo cual deben destinarse prioritariamente al mercado interno. Las primeras, por su alto costo de inversión y producción, serán siempre de mayores precios y por tanto inaccesibles para la mayoría de nuestra población. Por tanto son las únicas que merecen ser promocionadas como atractivas para posibles inversionistas.
La pesca de altura, para poder explotar en mejores condiciones la captura de jurel, deberá ser promovida. Esto solamente será posible con una flota congeladora que asegure una oferta permanente para la población nacional.
La pesca artesanal, la única que realmente abastece de productos hidrobiológicos el mercado nacional, solo podrá ser potenciada en la medida que se protejan las biomasas de peces costeros, los cuales tradicionalmente fueron capturados por los artesanales y quienes hoy cada día encuentran menos especies que extraer.

Con una oferta permanente de jurel procedente de la pesca de altura congelada a bordo, más una oferta regular y adecuada de especies provenientes de la pesca artesanal, corresponde estimular la creación de cadenas productivas y de comercialización que permitan el flujo regular y constante de productos hidrobiológicos hacia todo el interior del país, generando empleo y más y mejores posibilidades de alimentación.

“El Presidente de la República, Alan García Pérez, señaló que la posición de su gobierno es que el gas natural sea utilizado primero para el mercado y la producción interna, y dependerá de los futuros gobiernos si este recurso o sus derivados se venden a otros países, dejando en claro que no se venderán durante su gestión” (Del diario Expreso del domingo 8 de Junio 2008)
Si el gobierno asume, en el caso del gas, que es lógico y natural primero satisfacer la demanda interna y exportar tan solo los excedentes, ¿porque no asumir el mismo criterio en la exportación de alimentos hidrobiológicos?

La cada vez mayor escasez de especies de consumo tradicionales como el congrio, el mero, la corvina, etc., indican que hay menos peces. Por eso, salvo una que otra especie, el pescado es caro en un país que se dice "pesquero". Los pescadores artesanales cada vez tienen que adentrarse más en el mar para pescar algo con toda la secuela de problemas que ello les genera. Si dejásemos de capturar tanta anchoveta podríamos probablemente permitir que las biomasas del resto de especies predadoras de la anchoveta crezcan y se multipliquen.

En la reunión de la FAO en Roma, Jacques Diouf dijo que la demanda mundial de alimentos se duplicara de acá al 2030. Para ese entonces y conforme la crisis alimentaria se agudice, tendríamos mejores posibilidades de atender esa demanda a mejores precios y en mayores volúmenes. Una vez alimentados nosotros y asegurada nuestra propia alimentación podremos empezar a exportar.

Esto requiere de una visión de largo plazo y de una política de Estado. Y también tomar decisiones realistas sobre el escenario actual de la extracción de anchoveta, la industria de harina de pescado y su verdadera contribución para con el país.
La extracción de anchoveta tiene un impacto sobre las especies de la cadena trófica superior y sobre las aves que se alimentan de ella. Su captura desmedida no solamente puede poner en riesgo su propia sobrevivencia, sino que afecta al resto de especies que constituyen los recursos destinados al consumo humano directo. Estos últimos capturados principalmente por la flota artesanal.
La captura de volúmenes tan grandes de este pequeño pelágico está orientada casi en su totalidad para la producción de harina, que tiene como destino principal su empleo en acuicultura.

El sector pesquero peruano muestra, en conclusión, tres tendencias muy claras:
(a) se centra en la producción de harina de pescado para exportación, para lo cual se ha realizado en el tiempo, una importante inversión en capacidad instalada;
(b) minimiza el potencial de la pesca como proveedor de alimentos para su propia población;
(c) se orienta hacia el mercado de exportación, priorizando la necesidad alimentaria del habitante de otros países.
Estas características se mantienen constantes en el país.

En este escenario ¿se puede asegurar, a ciencia cierta, que se está reservando la suficiente cantidad de biomasa de anchoveta para la conservación de la especie y para el mantenimiento de la cadena trófica superior?
Lo que sí podemos asegurar, es que la mayor parte de la extracción se destina a la exportación.
Exportamos harina de pescado para alimentar peces cultivados en otros países, exportamos congelados a otros países para alimentar a otras poblaciones, y exportamos conservas a otros países para alimentar también a otras poblaciones.
Lo que no se puede exportar se destina al mercado nacional. Además, lo que no satisface los estándares de calidad de los mercados internacionales, se traslada al mercado nacional.
La pesca de consumo en estado fresco, por sus volúmenes y por cuestiones de mercado, se destina a la población nacional. Si tuviese demanda internacional con toda seguridad se exportaría.


EXPORTACION, DESARROLLO Y REGULACION

El último informe de la FAO sobre la pesca y la acuicultura (SOFIA 2006) dice:

“El examen general de la situación de las poblaciones y grupos de poblaciones sobre los que se dispone de información confirma que las proporciones de las poblaciones sobreexplotadas y agotadas se han mantenido inalteradas en los últimos años, tras el notable aumento observado en los decenios de 1970 y 1980. Se estima que, en 2005, lo mismo que en años anteriores, alrededor de la cuarta parte de los grupos de poblaciones que son objeto del seguimiento de la FAO se hallaban infraexplotados o moderadamente explotados (3 por ciento y 20 por ciento, respectivamente) y quizás podrían producir más. Alrededor de la mitad de las poblaciones (52 por ciento) se hallaban plenamente explotadas, por lo que producían capturas en sus límites máximos sostenibles o cerca de ellos, sin ninguna posibilidad de aumentar. La otra cuarta parte restante consistía en poblaciones sobreexplotadas, agotadas o en recuperación de una situación de agotamiento (17 por ciento, 7 por ciento y 1 por ciento, respectivamente) y que, por lo tanto, rendían menos de su potencial máximo debido a la excesiva presión de pesca ejercida en el pasado. A causa de ello, no había ninguna posibilidad de crecimiento a plazos medio y breve, mientras que existía un riesgo mayor de ulteriores descensos que implicaba la necesidad de recuperación”.

“Las áreas del Pacífico noroeste y sureste siguen figurando entre las más productivas. En cuanto a las tres áreas, en su mayor parte tropicales (océano Índico oeste y este, y Pacífico centro-oeste), para las que la FAO pronosticó hace diez años que habría todavía margen para el desarrollo de la pesca”. “La anchoveta peruana, cuya producción totalizó unos 10,7 millones de toneladas en 2004, es con mucho la primera de las diez especies marinas más capturadas”.

“La mayor parte de las poblaciones de las diez principales especies, que en total representan en volumen un 30 por ciento de la producción mundial de la pesca de captura, se hallan plenamente explotadas o sobreexplotadas, por lo que no cabe esperar que sus capturas aumenten de forma importante. En efecto, las dos principales poblaciones de anchoveta (Engraulis ringens) del Pacífico sureste se hallan plenamente explotadas y sobreexplotadas”.

http://www.fao.org/docrep/009/A0699s/A0699S04.htm#4.1.1

“El pescado y los productos pesqueros son el alimento con el que se realiza más comercio en el mundo. El 38 por ciento (equivalente de peso vivo) de la producción anual, que se estima en unos 140 millones de toneladas en 2004, va a parar al mercado internacional. Más de la mitad de este comercio, contabilizado según su valor, tiene su origen en países en desarrollo, en los que representa una importante fuente de ingresos en divisas, además de dar empleo a muchos millones de personas en el sector pesquero”.
(Nota: Sin embargo no se analiza el impacto de la extracción sobre el país exportador, la cual afecta a las posibilidades de alimentación nacional, privilegiando la alimentación del país importador).

“Los países desarrollados recibieron alrededor del 81 por ciento del valor total de las importaciones de pescado, que se estimaron en más de 75 000 millones de dólares EE.UU. en 2004. Alrededor del 74 por ciento (en valor) de estos productos fueron importados por la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos de América, que dominan el mercado mundial, tanto en lo relativo a los precios como en los requisitos para acceder al mercado”.

“Aunque los suministros de pescado procedentes de la pesca de captura se han estancado con el paso de los años, la demanda de pescado y productos pesqueros ha continuado aumentando. El consumo ha aumentado a más del doble desde 1973, y la demanda creciente ha motivado de manera constante un aumento intenso de la producción de acuicultura, que se estima en 45 millones de toneladas en 2004, es decir un 32 por ciento de la producción mundial total de pescado, cuando en 1970 apenas era un 3,9 por ciento”.

“Como resultado de la globalización y la expansión del comercio internacional de alimentos, el sector de la alimentación ha experimentado una importante consolidación y concentración en los países industrializados. Esto ha llevado al surgimiento de un número inferior de empresas de alimentación poderosas, con una importante capacidad de negociación frente a otras partes situadas en eslabones anteriores o posteriores de la cadena de suministro. Aunque la venta al por mayor y las cadenas de restaurantes influyen de manera importante en la distribución del pescado en muchos países, el poder se ha desplazado hacia los detallistas como resultado del aumento de la consolidación de éstos, entre otras cosas en cadenas de supermercados, y del crecimiento de los bienes producidos con un etiquetado privado o del detallista. Este sistema de supermercados se está extendiendo rápidamente a los países en desarrollo de América Latina, Asia y África”.

http://www.fao.org/docrep/009/A0699s/A0699S07.htm

El potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del recurso anchoveta, lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto mundial. Sin embargo, más allá del análisis económico se hace necesario una reflexión más profunda que vaya más allá de la aritmética de la economía global.
El mar peruano todavía ofrece varias especies abundantes que son muy poco utilizadas por la industria o consumidas por el público.

En el juego del mercado, del libre comercio y de los planes de negocio de cada empresa, cada cual es libre de destinar su inversión a donde crea más conveniente y adecuado para sus intereses financieros.

El Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo de este ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas.

Todo el movimiento exportador genera ganancias, y se realiza dentro de las normas legales vigentes; pero se hace con un recurso natural que es patrimonio de la Nación y que debe ser regulado por el Estado para que alcance a todos sus propietarios, o sea todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que existen los impuestos y los derechos de pesca.

El problema es que analizando las cifras de los últimos diez años, se aprecia que muy poco beneficio práctico y real ha sido trasladado a los habitantes del país, por lo menos en términos de alimentación.

Las condiciones de equilibrio económico se encuentran muy ligadas a las condiciones legales de quienes poseen acceso al recurso.
En situación de libre acceso el equilibrio se producirá cuando el ingreso por unidad de captura se iguala al costo promedio; esto es, cuando el ingreso total sea igual al costo total. ¿Qué significa esto? que los armadores y pescadores actuarán hasta que los ingresos sean iguales a su costo; o hasta que la renta de las pesquerías de sus stocks sea cero o se disipe.

Estas circunstancias permiten subrayar lo siguiente:
a) Cada armador y pescador posee como criterio básico y principal el hecho de que no tendrá en cuenta el resultado de sus decisiones sobre el bienestar de la sociedad;
b) No tiene en consideración el rendimiento del resto de los pescadores o armadores, ni el crecimiento o situación del stock;
c) El armador o pescador bajo libre acceso no tiene incentivos para considerar dichas cuestiones, ya que lo no capturado por él, será capturado por otro.

En consecuencia, cada armador, cada empresa pesquera, cada pescador, actuarán guiados por la maximización de su renta individual que le garantiza obtener un ingreso neto superior al que le correspondería en otras actividades alternativas.
En la medida que la industria pesquera peruana posee una capacidad de capturas muy superior a la tasa a la que los ecosistemas pueden reproducirse, significa que los recursos hidrobiológicos así como el capital no se están utilizando eficazmente.
De la misma forma, la globalización ha formalizado la desviación de la mayor parte de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales hacia los mercados de exportación, lo que crea una triple preocupación:
a) Cómo se distribuyen los beneficios;
b) Como repercute y qué efectos genera sobre los recursos hidrobiológicos, debido a la intensa presión sobre los mismos.
c) Cómo afecta a la alimentación nacional el desvío de sus recursos alimentarios hacia el extranjero.

La rápida innovación tecnológica que permite e incentiva el incremento de las capturas debe obligar al Estado a limitar y a imponer controles y límites a la pesquería. La sobreinversión y la sobrecapitalización del sector pesquero no son una responsabilidad del Estado, sino del empresariado. Por tanto el éxito económico de esas inversiones no pueden constituir argumento alguno para ejercer mayor presión sobre las capturas.

De ahí la necesidad de regular y controlar el esfuerzo pesquero, dentro del marco de una Política de Estado que privilegie los intereses de la Nación antes que los extranjeros.
Es necesario llevar a cabo políticas de gestión adaptadas a los principios de precaución y de interés nacional.
En este escenario cabe preguntar si la capacidad de producción de hidrobiológicos del Perú permite incrementar su oferta exportable, que se verá presionada y favorecida por la firma de tratados de libre comercio.
Es evidente que en el caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.
En el caso de recursos destinados al Consumo Humano Directo, a menos que se orienten capturas a nuevos recursos o recursos subexplotados, tampoco habría forma de producir un incremento de la oferta.
La única forma de incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería con productos provenientes de la acuicultura. Esto nos lleva a la hipótesis de que el sector pesquero peruano solamente puede ofrecer posibilidades de grandes inversiones en acuicultura, más no en mayor oferta de productos terminados para exportación procedentes de la pesca de captura.
Queda vigente la cuestión de si es éticamente aceptable exportar proteína a terceros países en circunstancias en las cuales hay una demanda nacional insatisfecha.

El sector pesquero se inscribe y se inserta en el proceso de la globalización, reflejado por la liberalización de los intercambios, de las inversiones y las dinámicas de especialización productiva. El escondido detrás de esto es la direccionalidad hacia la alimentación de otras poblaciones, utilizando al máximo recursos renovables hasta ponerlos en riesgo, mientras nuestra población tiene insuficiencias y carencias alimentarias.

LAS CUOTAS DE PESCA

La teoría y la evidencia muestra que cuando el recurso es de propiedad común no existe ningún incentivo para explotar el recurso en una forma racional, ya que al existir libre acceso a un recurso que es de todos − pero a la vez de nadie - , el pescador buscará apropiarse lo antes posible de él.

Por tanto, los grupos empresariales pesqueros están dando los pasos necesarios para posicionarse en una nueva lógica económica, dispuesta por los procesos de la privatización del mar.
No es extraño asistir a la implementación de “cuotas individuales de pesca” con el objeto de garantizarse el acceso exclusivo a los recursos pesqueros materia de ordenamiento.
Esta línea de acción ya está siendo experimentada en la pesquería de la merluza y de la anchoveta recientemente.
No será sorprendente contemplar la transferibilidad de las “cuotas de pesca”, bien de forma definitiva o bien de forma temporal, por parte de las empresas en función de sus respectivas estrategias.
La ordenación pesquera probablemente va a prestar mayor atención a la problemática de las cuotas de pesca.
Por tanto, tendrán que ser definidos con nitidez todos los detalles de tal forma que, puedan garantizar una estrategia pesquera que contemple los principios de precaución y prevención. Porque en el actual contexto de la globalización se produce una “des-territorialización” de la extracción pesquera, sobre todo en las pesquerías industriales y semi-industriales, cuyas tendencias son a la exportación
Aunque el Estado no ha renunciado a su capacidad de proteger sus recursos pesqueros frente a las estrategias de las empresas, apoyándose en la imposición de reglamentos de ordenamiento y de control, no es menos cierto también que falta mucho por hacer para proteger “nuestros territorios” en función de los intereses de sus pobladores.

Características, ventajas y problemas con respecto a la implementación de la CIP.

Características del sistema

Las empresas pesqueras están sujetas a cuotas por embarcación
Las cuotas son distribuidas de acuerdo con un porcentaje de la Cuota anual
Las cuotas no reemplazan otras medidas reguladoras o de manejo previamente fijadas
La cuota adjudicada a un beneficiario no debe exceder su capacidad de pesca
El acceso es restringido
Las cuotas no son transferibles
Se discrimina entre el porcentaje de la cuota individual respecto a la cantidad de la cuota total anual (puede variar anualmente)
Beneficios esperados
Mitiga el exceso de pesca
Mejora la rentabilidad y los beneficios de los adjudicatarios
Reduce el número de participantes, quedando los más competitivos.
Resulta más fácil el manejo.
Optimiza el capital. Se seleccionan aquellas empresas más productivas, reduciéndose el costo de la pesca, como resultado se logran mayores ingresos.
Lleva a que las empresas mejoren la manipulación y procesamiento del recurso para maximizar su valor, reduciéndose las pérdidas.
Mayor estabilidad para las tripulaciones de las empresas beneficiadas
Problemas
Se presentan serios problemas (sectoriales), en los tramos iniciales de su adjudicación (como y a quien distribuir las cuotas).
Existe el peligro de favorecer a las empresas más grandes en detrimento de las mas chicas. Puede provocar excesiva concentración.
Problemas de desempleo. Al haber menos buques operando habrá menor tripulación. También puede crear desempleo aquellos casos de asociatividad, donde se beneficiaría al dueño del buque cedente pero no a su tripulación
No soluciona el problema de la pesca incidental y el descarte, incluso puede llegar a incentivarlo. Hay que tener en cuenta que el descarte es uno de los mayores problemas en las pesquerías, y la real magnitud de los mismos no siempre se conoce debidamente. De todos modos la CIP no implica necesariamente un aumento en los descartes en comparación con los sistemas tradicionales de administración

La implementación de la CIP puede llevar a la sustentabilidad económica (en el sentido de aumentar la renta pesquera), pero no garantiza la sustentabilidad ecológica, en el sentido de mantener las poblaciones a niveles razonables y dentro de un enfoque ecosistémico. Esta es una de las principales críticas hacia la CIP.
Aumenta los costos del control. Se necesita fiscalizar la captura de cada embarcación.
Hay posibles costos asociados con compensaciones a quienes queden desempleados.
No actúan sobre el establecimiento de un justo precio por el derecho a la extracción del recurso.

Cada vez mas la comunidad internacional esta prestando atención a las áreas marinas protegidas, al respecto, Pauly et al. (1998) han señalado que el manejo de las pesquerías deben enfatizar para las próximas décadas, su recuperación a través de mantener las cadenas tróficas funcionales en grandes áreas marinas protegidas.
Dentro de los objetivos planteados, el más problemático se refiere al empleo, por lo difícil de mantenerlo dentro de los niveles históricos. Ninguna de las medidas de manejo, tanto de manera individual o combinadas lograrán aumentar el empleo, por el contrario el mismo disminuirá, ya que disminuir el esfuerzo de pesca significa, como es obvio, disminuir la actividad. Frente a situaciones de mayor desempleo, solo queda aplicar medidas para paliarlo, y/o buscar sustitutos. Hecho por demás inevitable en la medida que los recursos pesqueros no aumentan en función al número de pescadores ni en función a la demanda.

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

“Aunque el país está, en líneas generales, enrumbado a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tras los indicadores nacionales se esconden profundas desigualdades. Por ejemplo, los niveles de pobreza, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las tasas de desnutrición en la región andina son dos veces más altas que el promedio nacional. Lo mismo ocurre con los grupos indígenas que viven en la región amazónica, algunos de los cuales están aún en riesgo de extinción debido a enfermedades, desnutrición y degradación ambiental.

Lo que más amenaza los logros de los ODM en el Perú son: la exclusión social, las desigualdades étnicas, la violencia y el abuso hacia los niños y las mujeres, la desnutrición crónica, el VIH/SIDA y la vulnerabilidad ante las emergencias y los desastres naturales. Todo esto da cuenta de la fragilidad del proceso de desarrollo del Perú como país de ingreso medio.

El ODM 1 es erradicar la pobreza y el hambre: La desnutrición crónica aún es alta, con un promedio nacional de 24%, con tasas significativamente más altas en algunas áreas remotas, como el 53.2% en el área rural de Huancavelica. Sin embargo, experiencias impulsadas desde UNICEF con el apoyo del gobierno han logrado algunos progresos importantes en el crecimiento y el desarrollo de niños de menos de tres años en comunidades del Cusco, Cajamarca, Apurímac y Loreto. El nuevo gobierno adoptó como objetivo para los próximos cinco años reducir en cinco puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica.

El Presidente García encabezó dos reuniones estratégicas sobre la desnutrición crónica, que reunió a ministros y a las agencias internacionales. Recibió el Acta de Lima, un compromiso de los Directores regionales de PAHO/WHO, UNICEF y WFP.

Se organizó una reunión internacional conjunta sobre la Desnutrición Crónica. Los organizadores fueron: el Primer Ministro Jorge del Castillo, el Sistema de las NU y el Banco Mundial. Esta reunión ha sido instrumental en elevar la toma de conciencia y el compromiso político entre los presidentes regionales electos para alcanzar el objetivo nacional de reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años en 5% durante los siguientes cinco años (de 24.1% a 19.1%)”.

http://www.unicef.org/peru/spanish/children.html

LA VOCACIÓN EXPORTADORA

Toda actividad comercial que afecte a la seguridad alimentaria cercena el derecho al alimento, uno de los derechos humanos más básicos.
La OMC y otros acuerdos internacionales que rigen de una forma u otra el comercio internacional de productos pesqueros pueden propiciar situaciones desfavorables para el interés de los países en desarrollo.
La vocación exportadora del sector, coherente con el modelo económico vigente, condena a la población peruana a disponer de una oferta de recursos hidrobiológicos insuficiente y de calidad discutible si la comparamos con la calidad del denominado “producto de exportación”.
Tan selectivo es el asunto que en las etiquetas se pone el término “calidad de exportación” como para reafirmar ante el país y el mundo entero, que en el Perú hay una clara selectividad: lo que se exporta es mejor que lo que se deja para el consumo interno.
Se mantiene un doble estándar de calidad, cuando la tendencia debiera ser a acuñar la frase Calidad Peruana, eliminando esa discriminación injusta y ofensiva.
Tan poca atención se presta al país, que existe un Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe un Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le preocupa más satisfacer las necesidades alimentarias de los países desarrollados que las necesidades de la propia población.
Aparentemente la tesis es que la seguridad alimentaria peruana no necesita (y por tanto no existe) una política pesquera, pues el mercado se hace o debería hacerse cargo de ella.
En ese orden de cosas, la exportación es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores. El mercado interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de subsidios a la exportación pesquera.

Si bien es cierto que la selección de mercados es una decisión empresarial, también es cierto que el Estado no debería ser ajeno al tema, ya que la alimentación popular es una obligación de la cual no puede evadirse. Por consiguiente, cuando se examinan las exportaciones pesqueras debe analizarse principalmente el modo en el que reducen la disponibilidad de pescado para el consumo nacional. Tanto en forma indirecta (a través de la reducción de la biomasa de las especies forraje como la anchoveta para producir harina), como en forma directa.

Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene una participación importante en la explotación de recursos pesqueros a nivel mundial, esta no aporta los beneficios que merece la población peruana.

Los objetivos a largo plazo debieran ser llegar a un total dominio de la tecnología que permita, de manera costeable, el cultivo de especies acuícolas para el aprovechamiento de las lagunas, y también las marinas para dejar de ser únicamente cazadores y llegar a manejar cultivos en escala oceánica. Es posible entonces que dispongamos de una oferta exportadora razonable.

La especie humana y su continuidad sobre este planeta, dependen de la naturaleza y no del modelo económico de desarrollo.
Los países desarrollados consumen la mayor parte de la producción mundial de alimentos, en especial los hidrobiológicos. Las personas que tienen más dinero para comprar más alimentos lo utilizan para el pago de productos cada más sofisticados en elaboración, envasado, y otras exquisiteces. Más allá de la necesidad básica de alimentación se satisfacen exigencias gastronómicas.
El hecho es que mientras esto ocurre en los países desarrollados, en el resto del mundo, en nuestro país, al mismo tiempo, una parte considerable de la población continúa con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia de niveles de desnutrición.

El hambre que azota a la sociedad peruana de menores ingresos poco o nada tiene que ver con la escasez de productos alimenticios, porque no tenemos escasez. Lo que tenemos es una inadecuada distribución de los recursos.
Es éticamente imposible negar esta realidad, menos aún ante una de las características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la coexistencia del hambre con la exportación de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.

¿Es moralmente correcto usar nuestros recursos naturales que se destinan a la alimentación para atender necesidades de otros países, antes que privilegiar los requerimientos a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?

¿Es ético llevar la extracción de nuestros recursos pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del ecosistema, para atender necesidades de alimentos para otros países mientras nuestra población sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones venideras?

¿Se justifica la exportación porque trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras simultáneamente no se contribuye con tributos apropiados; no se prioriza la alimentación nacional y no se protege la fuente de alimentos marinos para las futuras generaciones de peruanos?

La captación de conocimiento y el desarrollo de habilidades empieza por una buena educación y entrenamiento. Ello implica una sociedad que prioriza la educación, el desarrollo del conocimiento. Ambos elementos requieren como elemento básico una niñez bien alimentada que pueda asimilar una buena educación. Sin alimentación apropiada, es poco probable que se pueda asimilar una buena educación. Por tanto, las nuevas generaciones estarán enfrentando futuros inciertos en desventaja frente a otras sociedades.

El libre mercado no permite la intervención del Estado en la economía, ni siquiera en la priorización del destino final de las ventas de alimentos. Ese es el modelo vigente. Cuando ese modelo se derrumbe comprenderemos que no haber privilegiado la alimentación de nuestra población para llegar a ser una sociedad con educación capaz de generar soluciones ingeniosas para la supervivencia habrá sido un error.
La desnutrición crónica es un indicador que tiene frenado al país y que mientras no se resuelva no permitirá el crecimiento nacional con equidad y sin exclusión.

Un modelo que no considera a su propia población como motivo y meta de sus acciones es cuestionable. Una sociedad que prefiere entregar sus recursos alimentarios a otras poblaciones basada en la ganancia económica del momento, es cuestionable.

Si rebuscamos en nuestra fiebre global de hoy tratando de encontrar una guía, una respuesta a la pregunta ¿Qué es lo mejor para la economía del país? La única que hallamos es: “exportar”.
En ese contexto, el producto alimenticio es más rentable cuando se exporta. La necesidad de otros países es una formula mágica que lo transforma todo en oro, una fórmula a recitar como garantía del éxito, aunque ésta represente la disminución de nuestras posibilidades como país.

Nos cegamos al entendimiento de que nuestra única posibilidad está en nuestras generaciones futuras, y ello lleva implícita la mejor alimentación posible. Generaciones bien alimentadas, bien educadas y bien entrenadas son nuestra única posibilidad y defensa contra la incertidumbre del futuro de la economía globalizada.

El modelo vigente se da el lujo de exportar sus recursos naturales alimentarios mientras posee un índice de desnutrición del 24% como promedio nacional.

Según el informe de UNICEF, para el año 2003, 490 mil niños menores de dos años padecen de desnutrición crónica en el Perú y un millón 100 mil más de la misma edad sufren de anemia por deficiencias de hierro en su alimentación. Pero nos jactamos del éxito económico que significan los volúmenes de proteína exportados tanto en forma de harina de pescado como de productos hidrobiológicos congelados y en conservas.

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad.

Los principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más bien por el lado del acceso, de manera específica por el lado de los niveles de ingreso, así como por la distribución y oferta adecuada de alimentos hidrobiológicos por parte de la población.
En este sentido, la seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene y defiende la exportación de dichos recursos.

No es lo mismo exportar minerales o textiles que recursos naturales alimentarios (renovables solamente en la medida que se protegen debidamente), poniendo en riesgo la sostenibilidad de los mismos.

La Fundación Gates presentó en el Perú, y en otros siete países del mundo, un informe de The Lancet –una de las principales publicaciones médicas a nivel mundial– titulado “La serie sobre desnutrición materno infantil”. En este documento se advierte sobre los daños irreversibles que sufrirán los niños en su edad adulta si no son nutridos adecuadamente durante los dos primeros años de su vida. El Perú lamentablemente ocupa el primer lugar en cantidad de niños desnutridos, seguido de Bolivia, Ecuador y Guatemala. Además, la editora de The Lancet, Laura Caulfield, ha explicado que en los 880 distritos de nuestro país, 6 de cada 10 niños están en situación de desnutrición crónica infantil y en regiones como Huancavelica la cifra se aproxima al 87%, en Cajamarca al 70% y en Puno al 82%.

El informe de The Lancet coincide plenamente con otro documento “Protección Social y Desnutrición en el Perú” que fue presentado en nuestro país el 13 de diciembre 2007 pasado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en el sentido que la desnutrición debe ser combatida durante los primeros dos años de vida. En el caso del Perú el documento señala que uno de cada cuatro menores de cinco años está afectado por la desnutrición –alrededor de 750,000– y asimismo, que esta anomalía alcanza el 47% en las familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

La desnutrición infantil crónica es un grave problema en el Perú. Uno de los factores básicos que la predisponen es la pobreza, pero también intervienen la falta de acceso a los servicios materno-infantiles así como de una adecuada alimentación de los niños, principalmente por deficiencia de hierro y de micro nutrientes como vitamina A, zinc y calcio. Esta situación origina que nuestros niños afectados –especialmente en las áreas rurales– presenten falta de talla y de peso mínimo por edad, y asimismo les genera daños irreversibles en su desarrollo físico, intelectual y emocional.

Son permanentes las advertencias de organismos internacionales sobre la dramática desnutrición infantil en nuestro país. A pesar de la existencia de muchos planes y programas de protección social, del incremento de recursos y de la ampliación de coberturas de salud, esta prevalencia se ha mantenido inalterable, principalmente por: 1) Falta de calidad de los planes y programas; 2) Carencia de una clara estructura de rendición de cuentas; 3) Deficiencia en el monitoreo de los resultados de asistencia y salud; 4) Diseño de programas no dirigidos principalmente a la atención de niños menores de dos años; 5) No se ha logrado un cambio de cultura que haga comprender e inculcar la importancia de la prevención y nutrición en la primera infancia; y 6) No se ha promovido el compromiso de toda la sociedad para luchar contra esta realidad.

El gobierno debería tomar las acciones necesarias para corregir estas deficiencias ya que la desnutrición infantil afecta irreversiblemente la salud de los niños que representan el futuro de nuestro país.

Es verdad que la lógica de la empresa es maximizar las ganancias y reducir costos. Es la ley del libre mercado, es un aspecto de la globalización. Sin embargo no podemos evadirnos del hecho de que la civilización actual está viviendo una etapa de alto desarrollo tecnológico y de crecimiento económico, en forma simultánea a un alto índice de hambre y miseria en una parte importante del planeta y a una descomposición y deterioro dramáticos del medio ambiente, así como a un cambio climático cuyos efectos pueden cambiar para siempre el paisaje humano y natural de la Tierra.
En ese orden de cosas, debemos buscar el punto de equilibrio, la media precisa para que las ganancias empresariales y las consecuencias positivas de la tecnología y la globalización no se consigan a costa del deterioro del planeta y de la miseria y el hambre de sus pueblos.

Por el momento seguimos creciendo en términos macroeconómicos….hasta que un nuevo modelo nos imponga una nueva realidad.

PERU: EL MODELO DE GESTION PESQUERA IV

IV
EL DERECHO A LA EXTRACCION

Para el año 2006 se fijó en 0.116% de la UIT el derecho de pesca, o sea 3.94 soles que a un cambio de 3.2 da la cifra de 1.23 dólares por tonelada.

El DS 024-2006-PRODUCE, publicado el 26 de noviembre 2006 introduce una fórmula adecuada que vincula el precio que el armador debe pagar por TM. extraída de anchoveta, al valor FOB de exportación de la harina de pescado.
El nuevo decreto introduce como factor de pago el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado computable sobre el precio promedio mensual según información oficial que emita ADUANET.
En otro artículo del mencionado decreto se dispone que: Los armadores pesqueros, sean personas naturales o jurídicas, podrán destinar hasta un 25% del monto total de los derechos que deban pagar por concepto de permisos de pesca a fin de realizar las actividades extractivas a que se refiere el artículo precedente, para solventar el costo de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, capacitación técnica y otros vinculados a la pesquería y/o acuicultura, conforme a las disposiciones reglamentarias específicas que al efecto dicte el Ministerio de la Producción.

¿Qué significa la investigación? Que el armador puede retener el 25% autorizado y hacer sus propias prospecciones cuantas veces lo desee, embarcando seguramente personal técnico. O hacer convenios con universidades o cualquier organismo destinado a hacer cualquier tipo de investigación que convenga a los intereses de dicho armador. No necesariamente a los intereses de una política nacional de desarrollo de la pesquería.
Esta alternativa dispersa recursos financieros que podrían concentrarse en Imarpe y las Universidades con el objeto de explotar mejor los medios con los que cuentan y realizar investigación planificada y coherente con una política pesquera de largo plazo.

En relación al año 2007, las cifras son las siguientes:

El desembarque de anchoveta destinado al consumo humano indirecto, según el Anuario 2007 de Produce, fue de 6´086,000 toneladas.

El precio promedio de la harina de pescado fue de US$ 957. Por lo tanto la tasa aplicable por derechos de pesca (promedio) de acuerdo a la norma vigente sería de US$ 1.79 x tonelada extraída.

Teóricamente la recaudación debió se de US$ 10´920,055, lo que representa el 0.76% del valor FOB de las exportaciones totales de harina y aceite de pescado, que fueron del orden de los US$ 1,435´300,000.

Sin embargo, el Estado no ha recaudado el 100%.

La RD 211-2008-Produce/DGEPP publicada el 9 de Junio 2008 presenta la relación de 617 embarcaciones cuyos armadores no han presentado declaraciones juradas del pago de derechos de pesca 2007 y 320 embarcaciones cuyos armadores deben reintegrar derechos de pesca correspondiente al pago de derechos de pesca del 2007 por un valor aproximado de 3 millones y medio de soles.
El informe de APOYO que da origen al DL 1084 menciona la existencia de 1,143 embarcaciones operativas entre acero y madera (573 de acero y 570 de madera). Por tanto el 54% de la flota operativa no presentó declaración jurada pero es evidente que realizó actividad extractiva. El 28% de la flota operativa tiene deudas.

El armador no solamente no está siendo gravado con una tarifa justa que retribuya al Estado un justiprecio derivado de la explotación de un recurso natural, patrimonio de la Nación, sino que ni siquiera está cumpliendo con declarar y pagar.

El DL 1084 incorpora en su primera disposición final un párrafo que limita la posibilidad del Estado a subir la tasa por derechos de pesca durante los diez años de vigencia del aporte social obligatorio establecido en la norma, privándolo de la posibilidad de acceder a una recaudación más equitativa por este concepto que podría ser, además, la fuente de financiamiento para apoyar la reconversión laboral de los pescadores que fuesen afectados por la reducción de la flota de pesca dedica a la extracción de anchoveta para el CHI.
Es probable que la razón para incluir esta limitación se derive del hecho de que el sector anchovetero será gravado por otras tasas destinadas a financiar programas de reconversión y jubilación. Esto puede parecer correcto desde la lógica sectorial, mas no desde la lógica nacional puesto que el resto de la Nación, el resto del Estado, siguen sin recibir el justiprecio por la extracción de sus recursos naturales.

Se impone la obligación de establecer un cobro más justo a la actividad extractiva de anchoveta vía otro dispositivo legal. De esta forma se corregiría esta distorsión incorporando un criterio de equidad en el negocio de la anchoveta para CHI, dándole al Estado una participación adecuada que compense a la Nación de los impactos negativos que genera la actividad sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

LA INTRODUCCION DE REGALIAS

Además de justa, la aplicación de regalías a la extracción de recursos pesqueros se impone como una de las formas de reducir el esfuerzo pesquero en beneficio de una pesquería sostenible. La regalía obliga a ser eficiente en la captura para maximizar la relación beneficio costo. Si no hay eficiencia ni rentabilidad, la actividad extractiva debiera detenerse por sí misma.

En este orden de ideas, todos aquellos que causan mortalidad comercial deben pagar regalías. Solo se exceptúan aquellos quienes causan mortalidad de subsistencia, es decir quienes capturan para sostenimiento personal y familiar directo, es decir, autoconsumo.

La lógica del Estado tiene que ser cumplir con el criterio de sustentabilidad, que significa dejar dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones, cuidando que nunca se agoten. Aplicando simultáneamente el cobro de regalías justas para compartir los beneficios entre los dueños de los recursos y los concesionarios de los mismos.

Establecer regalías es solamente el ejercicio del derecho que tiene el propietario de los recursos pesqueros de establecer un cargo por acceder a ellos.
No se trata tan solo de un tema de justicia social para que la industria compense a poblaciones locales influenciadas por los impactos sociales y ambientales. Tampoco es la creación de un impuesto ciego que reduce la competitividad de la industria a través de un sobrecosto. Este derecho, además, se debe aplicar al conjunto de los recursos naturales, renovables o no, que son patrimonio de la Nación.

El Tribunal Constitucional, en su momento, dio su fallo sobre las regalías mineras. Como se esperaba, confirmó plenamente –sin ninguna reserva ni ambigüedad– que la Ley de Regalías es ciento por ciento legítima y legal, pues expresa el derecho inalienable de la Nación a beneficiarse de la explotación de sus recursos naturales.
Pero, además, el reconocimiento de que la regalía minera NO es un impuesto sino una compensación por explotar recursos de la Nación, implica que su aplicación deba ser universal, sin ser coartada o distorsionada por convenios de estabilidad tributaria. Exigir su aplicación pronta y oportuna en el sector pesquero es un imperativo, pero también que estos recursos se usen de forma transparente y eficiente en inversión en el mismo sector. Las regalías no deben terminar diluyéndose en pagos burocráticos ni proyectos estériles.

Nuestro ordenamiento jurídico ya precisó la forma en que el Estado actualmente obtiene una retribución económica por los recursos naturales que se explotan. La Constitución Política del Estado establece en el párrafo segundo del artículo 77º que la participación de los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades en la explotación de los recursos naturales se da mediante el canon, sobre la base de una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado.

La Ley de Canon pesquero vigente, establece que su constitución es:
50% del impuesto a la renta de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales
50% de los derechos de pesca de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos hidrobiológicos
50% del impuesto a la renta de las empresas que además de extraer los recursos naturales hidrobiológicos se encarguen de su procesamiento industrial.

El término “participación adecuada” del artículo 77 de la Constitución es la clave para determinar si la actual composición del canon es la adecuada, toda vez que el impuesto a la renta del período 1998 – 2007 representa tan solo el 1.37% del valor FOB de las exportaciones del período.
Sobre un total exportado de 12,556`500,962 dólares, la recaudación por renta fue de 179`101,885 dólares. Y los derechos de pesca representan una pobre contribución como se ha expuesto anteriormente.

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Valor FOB de las exportaciones pesqueras (tradicional y no tradicional) de 1998 a 2007: (Fuente: Sunat)
US$ 12,556´500,962

Recaudación por impuesto a la renta del sector pesquero (tradicional y no tradicional) de 1998 a 2007: (Fuente: Sunat)
US$ 179´101,885

Porcentaje de recaudación tributaria por impuesto a la renta en relación al valor de las exportaciones del período 1998 – 2007:
1.375%

Los gobiernos locales y regionales recibieron durante el año 2007 la suma de US$ 15´698,060
(Fuente: MEF) por concepto de transferencias provenientes del canon pesquero por derechos de pesca e impuesto a la renta. Una cifra pequeña en relación al volumen de las exportaciones. Adicionalmente mal distribuída porque al repartir este monto entre todas las municipalidades y gobiernos regionales que tienen derecho a canon, se atomiza al punto de no representar una cifra significativamente importante en cada economía local. Esto significa que los gobiernos locales y regionales recibieron el 0.80% del valor FOB de la exportaciones pesqueras por concepto de canon pesquero.

El país no recibe una participación adecuada en el negocio pesquero en términos de recaudación, que se traslade realmente a la población y se traduzca en bienestar, beneficio y alimentación para el poblador peruano.

Es necesario entender que el impuesto a la renta se aplica sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio. Sin embargo el nivel de eficiencia de una y otra empresa puede ser tan diferente como para producir estados financieros completamente distintos. Así puede ocurrir que en el supuesto de que dos empresas extraigan, por ejemplo, 500 mil toneladas de anchoveta cada una, la primera tenga pérdidas financieras y la segunda arroje utilidades pobres. Por tanto su contribución con el impuesto a la renta puede ser nula o pobre. Pero ocurre que la extracción de 500 mil TM de anchoveta produjo un impacto sobre el ecosistema, independientemente de que haya generado utilidades o no. Ocurre que procesar 500 mil TM de anchoveta para convertirlas en harina ha generado un vertido de contaminantes al mar procedentes de las embarcaciones y de las plantas, independientemente de que haya generado utilidades o no. Y la contaminación atmosférica se produce con o sin utilidades.

Por lo tanto la industria tiene que pagar por el derecho a extraer un recurso natural y para compensar el deterioro ambiental que produce.

Si asumimos que esa participación no es adecuada, que los derechos de pesca son reducidos y por tanto “inadecuados” como se ha expuesto en este trabajo, y que la posibilidad de incrementarlos deviene en inaplicable en virtud del DL 1084, queda como el camino la aplicación de regalías pesqueras o de cualquier otro mecanismo que grave a la industria con un justiprecio por la extracción y procesamiento de anchoveta.
En el tiempo debe gravarse la extracción de todos los recursos pesqueros.

DEFENDER LOS INTERESES DEL PAÍS ES FUNCIÓN Y DEBER DEL ESTADO

No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituído.

Regalías o derechos de pesca, la extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros debe pagar un justiprecio.

No es lo mismo que el impuesto a la renta. Lo que falta es que paguen un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.

Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos. Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.

Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales ganara.

Detrás de las utilidades alcanzadas por las grandes empresas se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sobreexplotada. De una industria que va dejando tras de sí un país con hermosas bahías contaminadas y devastadas. De un país que una vez agotados sus recursos pesqueros no tendrá nada que ofrecer a los inversionistas nacionales ni extranjeros. Entonces, esos capitales se irán y dejarán al Perú convertido en un país que antiguamente tuvo una riqueza pesquera.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por exportación de harina y aceite de pescado.
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones. El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.

Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.

El modelo exportador de harina de pescado se ha ejercido a través de ceder, casi en forma gratuita, la renta de los recursos pesqueros a los grupos económicos en los últimos años.

Los resultados actuales expresan esa captura de la renta, como una seria injusticia en los ingresos fiscales. Instaura la injusticia de que se beneficien los explotadores del recurso, y no sus dueños.
Se ha creado un negocio para capturar esa renta porque ahí están los grandes ingresos en una forma relativamente sencilla.

Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿porque no irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a estas empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio, porque no generan mayor empleo. La industria harinera ya no admite mayores posibilidades de crecimiento en su empleo. Mas bien la automatización de las plantas debe conducir a una reducción del empleo. Por último, con 60, 70 o hasta 90 días de trabajo anuales por efecto del exceso de flota e infraestructura, tampoco se genera empleo estable ni de calidad.

El sector pesquero exportador se puede renovar científica y tecnológicamente, capturar la renta y el beneficio estructural. Sin embargo, la degradación ambiental, la degradación del ecosistema y la reducción de la biomasa son significativas y amenazan el futuro.

Cuando se agoten los recursos ícticos, bien por efectos del cambio climático o por la sobre explotación ¿cuáles serán las fuentes de ingreso por exportación? Tenemos el ejemplo de la sardina que ya desapareció.

La capacidad de generar ingresos está sustentada en la captura de renta basada en la explotación de recursos naturales. Pero ahí hay límites físicos y biológicos que debemos establecer.

Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare problemas como la sobreexplotación y la sobrecapitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los recursos pesqueros para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilegal. Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado. Este último no puede asumir los costos de la irresponsabilidad o de la ineficiencia de la industria, como no ocurre en ningún otro sector de la economía. El inversionista es responsable de su éxito o de su fracaso y no debe apoyarse en el Estado para conseguir beneficios ni para cubrir sus pérdidas.

El futuro se avecina, además, con variaciones en la temperatura debido al cambio climático y tendrá un fuerte impacto en la pesca y la acuicultura. Las especies acuáticas son vulnerables al cambio climático, a diferencia de los animales terrestres, ya que son poiquilotérmicas (su temperatura corporal varía en función de la temperatura ambiente). "Cualquier cambio en la temperatura de su hábitat influye notablemente en su metabolismo, tasa de crecimiento, productividad, reproducción estacional y sensibilidad a enfermedades y toxinas" advierte la FAO.
Entre los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura se destacan el aumento de frecuencia e intensidad de eventos metereológicos extremos, el más conocido de los cuales es el fenómeno de El Niño.

La FAO indica que se observan cambios en la distribución de los peces en respuesta a las variaciones climáticas, generalmente involucrando expansiones hacia los polos de las especies de aguas más cálidas y contracciones alrededor de los polos de especies de aguas más frías.
Se están produciendo cambios en la salinidad de los océanos, con un aumento de la salinidad en las aguas cercanas a la superficie de las zonas más evaporadas de la mayoría de los océanos mundiales.
Por otro lado, está disminuyendo la salinidad en las zonas marinas de las latitudes altas debido al aumento de las precipitaciones, mayor escorrentía, deshielo y otros fenómenos atmosféricos.
Además, los océanos se están volviendo más ácidos, con probables consecuencias negativas para muchos arrecifes de coral y organismos relacionados con el calcio.
La FAO afirma que, aunque existen grandes diferencias regionales, es probable que el mundo asista a cambios significativos en la producción pesquera en mares y océanos.

"Para las comunidades que dependen en gran medida de la pesca, cualquier disminución de la disponibilidad local o de la calidad del pescado para alimentación o cualquier aumento de la inestabilidad de sus medios de vida puede plantearles problemas muy graves".

LA DESINFORMACION

El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica.

La superficialidad con la cual se analizan los temas pesqueros es grave. La desinformación es evidente. Si los medios de comunicación y los analistas exhibiesen en un cuadro comparativo los valores de exportación FOB del sector, junto con los pagos que han hecho por renta de tercera categoría y derechos de pesca, y los ingresos extraordinarios que reciben por drawback y restitución de IGV por exportaciones, veremos un panorama distinto al que vemos cuando se elogia exclusivamente a las exportaciones. La labor de los medios debe ser educativa y analítica antes que destructiva y sensacionalista en determinadas circunstancias de coyuntura.

Gracias a unos medios limitados en su información y análisis, seguimos creyendo que somos buenos porque exportamos mucha harina de pescado. No asumimos conciencia, aún, de que como dueños de esos recursos pesqueros no se nos está pagando un precio justo por su explotación, ni del impacto que estamos causando en nuestro ecosistema marino a cambio de nada, o de muy poco.

No tenemos medición del impacto causado al ecosistema derivado de la actividad de extracción. No tenemos medición del impacto causado al medio ambiente derivado de la operación de la flota y del vertimiento de residuos tóxicos al mar. No sabemos cuanto se requiere de dinero para limpiar y reparar los daños producidos al medio ambiente y al ecosistema en todo el litoral.
No se dispone de recursos suficientes para investigación y desarrollo y para controlar la pesca ilegal.

Las cifras, los cálculos, y la metodología tienen que ser revisados dentro del marco conceptual de una política pesquera que pretenda tener una pesquería sostenible. La industria pesquera debe dejar de ser un problema ecológico y además debe contribuir adecuadamente con el país, tal como lo hace la minería y la industria en general.

En el futuro el Estado deberá prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades del país como país pesquero, propiciando que sean accesibles y entendibles para todos los conceptos de ecosistema, soberanía alimentaria, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad.
Deberá prestar atención a la difusión de los impactos de la industria pesquera sobre el medio ambiente y su verdadera contribución con los intereses nacionales, con el objeto de crear corrientes de opinión y entendimiento correctos sobre el papel que juega la industria pesquera en la vida económica de la Nación. De esta manera los medios de comunicación encontrarán a un público entendido en la materia que no sea fácilmente manipulado como viene ocurriendo a la fecha, donde los comentarios sobre el sector son sesgados, equivocados, inexactos y llenos de críticas destructivas algunas veces y elogiosos comentarios sin sustento otras veces. Generalmente con muy poco aporte constructivo.
Un país con educación y bien informado siempre constituirá la mejor garantía para una pesquería sustentable que se enfrente al futuro.
Una población conciente de la necesidad de preservar el ecosistema y el medio ambiente en beneficio de alimentos asequibles a la población nacional, constituirá la primera línea de defensa contra la sobre explotación de la industria y la desinformación de los medios.

PARA QUE LA PESQUERÍA PERUANA TENGA UN FUTURO SOSTENIBLE SE DEBERÁ:

1. Poner límites a la extracción de todos los recursos a través de una cuota global anual y cuotas individuales.
2. Imponer un pago justo y adecuado por derecho de extracción a todas las pesquerías que realicen extracción con fines comerciales.
3. Reducir el esfuerzo pesquero impidiendo el acceso de más embarcaciones a las pesquerías plenamente explotadas y sobre explotadas, y limitando el acceso a otras especies en base a estudios ecosistémicos que impongan una cuota global que no debe ser sobrepasada.
4. Eliminar los privilegios e incentivos a la exportación de productos hidrobiológicos vía drawback y restitución de IGV, o en su defecto asignar los mismos a la comercialización en el mercado interno. La industria será quien decida si exporta o vende al mercado interno, pero con las mismas ventajas para ambos mercados.
5. Imponer las más drásticas medidas para detener la contaminación producida por los vertidos de efluentes contaminantes procedentes de las embarcaciones y de las plantas de procesamiento de harina, congelado y enlatado.
6. Utilizar el pago por derechos de extracción para llevar la investigación a niveles adecuados, para mejorar las condiciones sanitarias de los desembarcaderos pesqueros artesanales y para crear un fondo de limpieza de las bahías contaminadas por la industria.

Hasta el momento la industria se está llevando la parte rentable del negocio y el país se está quedando con los pasivos ambientales.

PERU: EL MODELO DE GESTION PESQUERA III

III
EL SISTEMA


No existe en el plano de las pesquerías, un Sistema de Gestión óptimo, es decir que maximice los objetivos perseguidos con la regulación a un costo mínimo para todos los casos. A cada pesquería le corresponde un Sistema de Gestión particular.

Cuando se dispone de técnicas desarrolladas de captura, si no existe regulación, la industria tenderá a agotar el recurso. No hay mecanismos económicos para detener el proceso. Solo la decisión política (extraeconómica) puede evitarlo.

Si queremos evitar el agotamiento del recurso anchoveta, o de cualquier otro, con los efectos colaterales que puede tener sobre otras especies, hay que buscar las causas y no los efectos del problema.
Una causa económica es que a la fecha algunos de los recursos pesqueros se entregan a los industriales a una tasa de derechos de pesca sumamente baja, y otros totalmente gratis. Algunos recursos como la anchoveta y la merluza generan un pago al Estado por su extracción, llamado derecho de pesca; pero el volumen de las exportaciones de harina de pescado no guarda equidad con el pago que hacen por derecho de pesca de extracción de anchoveta.

Si los costos de producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.
Por tanto, permanecerán en operación volúmenes de inversión por encima y más allá de un criterio de eficiencia. En cambio, si se impusiera un royalty o una tasa más alta a los derechos de pesca por el uso de recursos pesqueros, subirían los costos de producción, y debieran hacerlo en forma proporcional al ingreso por ventas, al impacto sobre el ecosistema y a la necesidad de mantener una biomasa estable entendida dentro de un concepto ecosistémico.
Probablemente un efecto colateral sería la reducción de la flota y de la capacidad productiva, o su transformación hacia productos de mayor valor agregado, lo cual, además, es un imperativo.
Al reducirse las inversiones artificialmente rentables, se reduce la sobre explotación y los niveles de extracción del recurso, ajustándose hacia niveles de producción capaces de pagar los costos reales, entre los cuales está el valor económico de la depreciación del capital.

La industria extractiva debe pagar al Estado un justo precio para obtener el derecho a pescar.

La dificultad está en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la explotación ni tan pequeño que no haga partícipe del negocio al país. El Estado debe participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son independientes de la rentabilidad del negocio.

Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto. El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el medio ambiente; más aún luego de su procesamiento. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada.

En lugar de causar perdidas a la sociedad ( contaminación, destrucción de ecosistemas, costosos programas de ajuste, financiación a un sector en declive, perdida de recursos, etc.) debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago que permite la estabilidad de la explotación.
Incentivar el crecimiento de la pesquería es fácil, pero aplicar el mecanismo inverso, aunque sea necesario, es mucho más complejo.
En parte el problema ahora es político, pero también técnico, jurídico y económico.

Una idea inexacta es que los armadores, tanto artesanales como industriales, actúan responsablemente porque su negocio depende de la existencia permanente del recurso natural, en consecuencia, actuarán responsablemente y no ejercerán presiones excesivas sobre los recursos.
Pero esta lógica sólo se puede adjudicar a los pescadores artesanales, cuya existencia, así como la subsistencia de su negocio como tal, dependen efectivamente de la productividad del ecosistema marino. Entonces, es posible esperar comportamientos racionales en este tipo de armadores, aunque no de todos obviamente ya que siempre habrá excepciones. El concepto es válido y aplicable a todas las pesquerías marítimas y continentales.

El sector empresarial no tiene que responder por el interés del país. No es su rol. Él actúa de acuerdo a sus intereses comerciales, no de acuerdo a los intereses del país. Lo cual es legítimo además.
Los armadores industriales operan con otra lógica completamente distinta. El armador industrial, fundamentalmente asociado a un grupo económico-financiero, no está necesariamente interesado en la sustentabilidad a largo plazo del negocio, puesto que al grupo lo que le interesa es una conversión acelerada de los recursos naturales en capital financiero. La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera en capital fresco. La lógica de estos grupos es la acumulación y no la producción a largo plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran a otro sector.

Cumplir con criterios de sustentabilidad implicaría renunciar a la conversión de naturaleza en dinero, es decir, sería como dejar dinero en los fondos marinos para que en otras generaciones, otras personas lo vengan a recoger. Esto no es coherente desde la perspectiva del grupo económico-financiero que opera con la lógica de la acumulación. Desde esta perspectiva, convertir todo en dinero y acumularlo a nombre del grupo financiero, es lo más consistente y coherente. La lógica de la sustentabilidad va en sentido contrario.

En conclusión: la lógica del industrial es correcta y lícita. Sin embargo no es la lógica conveniente al país.
Por tanto, el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales materia de la controversia. Se legisla en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales, pues esa es la función primordial del Estado.
La Autoridad de pesquería actúa como representante del conjunto de los ciudadanos del país y es el propietario de los recursos de dominio público. Por tanto, es la responsable del empleo adecuado de esos recursos.

El aumento de la demanda de los recursos pesqueros por la población mundial, ha impulsado un aumento de la industria pesquera que no ha incorporado como costo el uso de un recurso natural renovable: los recursos pesqueros.

Por el momento los sistemas de protección han ido por detrás de la realidad, que ha cambiado muy rápidamente. La demanda mundial de los recursos ha contribuido a dificultar la aplicación de una regulación coherente y efectiva. Frecuentemente, las regulaciones han servido solo para evitar una mayor degradación, pero no han restituido las explotaciones a niveles óptimos desde ningún punto de vista.

Una incorrecta gestión de los recursos, que perjudicase gravemente el equilibrio en que se producen los recursos pesqueros, tendrá graves consecuencias sobre el equilibrio social del país, por cuanto que la pesca es una parte significativa de la alimentación, en tanto que aporte de proteínas. Por tanto, existen razones políticas de primer orden, para situar en su punto justo el objetivo de preservar el medio marítimo, para que genere una producción estable. Este objetivo debe prevalecer, si entrase en contradicción con el objetivo de maximizar los ingresos económicos a corto plazo.
Por tanto en la gestión pesquera debe situarse como objetivo prioritario, desde el punto de vista social, la obtención de una producción estable, con el mínimo impacto sobre el medio marino. Ello implica crear las condiciones para pescar con menos intensidad.

En las pesquerías nos enfrentaremos siempre al problema de la sobreexplotación del recurso natural, por lo que surge la necesidad de aplicar restricciones o incentivos que lleven a los agentes económicos a actuar como si el recurso le perteneciera a un dueño. La disipación de las rentas se produce porque el empresario al observar que en la actividad pesquera se están produciendo beneficios económicos positivos, ingresa a ella tomando en cuenta sólo su estructura de costos medios y pensando en el ingreso medio que obtendrá de la participación de la actividad pesquera. Sin embargo, no toma en cuenta los efectos externos que causa a los participantes existentes, es decir, al ingresar él no considera que se reduce la biomasa disponible por lo que para alcanzar los mismos niveles de ingreso se requiere ejercer un mayor esfuerzo pesquero o alternativamente desplazarse a mayores distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. Al final, se ejerce una cantidad de esfuerzo tal que los beneficios económicos que existían se hacen cero.
Estos efectos corresponden a la externalidad productiva negativa, es decir, cada pescador no ha considerado en su decisión los efectos marginales que produce al resto de los participantes de la actividad, lo que se traducen en una diferencia entre el ingreso marginal social y el privado.

Para la industria pesquera, el capital crítico no es el dinero, sino más bien, la disponibilidad del recurso natural y de allí que, el acceso a la cuota de pesca es de importancia estratégica. La abundancia de dinero concentrada, en muy pocas manos, no es el tema de fondo, sino lo que la naturaleza aporta como capital crítico, es decir el recurso.
Este acceso estratégico es el que debe ser medido en función de lo que el sistema admite como esfuerzo máximo de captura.
Las empresas pesqueras si tienen acceso a la cuota anual se rentabilizan, crecen y se desarrollan. Si no tienen esa cuota se hunden. Los barcos y las instalaciones en tierra no son lo importante, incluso tendrían un valor cercano al cero absoluto de no ser por la existencia de la cuota anual de pesca. La asignación de cuotas individuales asignan mayor valor al negocio y debe permitir mayor eficiencia, por consiguiente mayor rentabilidad. Se supone que mayor recaudación tributaria; sin embargo el pago por derechos de pesca sigue siendo demasiado bajo.

PERU: EL MODELO DE GESTION PESQUERA II

II
EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO Y LA SUSTENTABILIDAD DE LA PESQUERIA


Las empresas no consideran como un costo el daño ambiental que producen, pues no existen normativas que las obliguen a pagar por su reparación. Así, el límite de su explotación tiene un criterio estrictamente económico.
Cuando una compañía perjudica a la colectividad, surgen varias interrogantes: ¿De quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién se hace cargo de la reparación de los daños? ¿Quién tiene que pagar a las víctimas cuando el mal es irreversible? Ahora, ¿el pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada? En cuanto a la valoración, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre?
Resulta imprescindible hacerse estas preguntas cuando se trata del efecto de la extracción de anchoveta sobre el ecosistema marino pues, para empezar, se desconocen las condiciones de "buena salud" previas a la actividad pesquera.

En general, los ecosistemas son estructuras complejas donde las interacciones crecen exponencialmente a medida que aumenta el número de especies. Por lo tanto, el número de respuestas y el efecto de la pesca puede ser alto y también muy diferente. Aún no conocemos bien los impactos a corto plazo y es más difícil aún preverlo en un periodo de tiempo mayor.

La pesca remueve un porcentaje de una o varias especies, por lo cual ésta afecta con distinta intensidad las relaciones presa-predador. Así, predadores grandes con ciclos de vida larga y presas pequeñas con ciclos de vida corta constituyen las principales fuentes de captura de peces. Ahora, la mayoría de especies de captura comercial se ubican en los niveles tróficos altos o cercanos a ellos, y medios. La eliminación sustancial de las presas conduce a un desequilibrio trófico que se refleja en una menor abundancia y variabilidad del predador.

En general, la pesca reduce los niveles tróficos, altera las relaciones presa-predador y puede inicialmente incrementar las capturas para luego reducir el rendimiento pesquero. Además, esta actividad puede cambiar las velocidades de crecimiento y la mortalidad tanto de las especies objetivo como de las asociadas o dependientes.
Cuando la pesca se mantiene por encima del umbral de resiliencia y los límites se han excedido por un efecto combinado de la destrucción del hábitat y por la pesca, es muy dudosa la recuperación del ecosistema. Cuando se sustraen especies, la productividad total puede no cambiar drásticamente pero sí su resiliencia y estabilidad. Así, puede alterar la diversidad pero sus efectos a largo plazo no están claramente conocidos. Sin embargo, se sabe que dichos ecosistemas pierden atractivo para otros usos, como por ejemplo el turismo.

Por otro lado, existen especies en las capturas sobre las cuales no hay dato alguno. Los informes de los descartes pesqueros y las capturas incidentales son muy raros, así como las referencias sobre pesca ilegal. Bajo estas circunstancias la captura incidental (by-catch) puede llegar a ser significativa.

Siendo la anchoveta un eslabón importante de la cadena trófica, pues constituye alimento de otras especies, su disminución lleva a reducir la diversidad de especies de la cadena superior. Entonces, la extracción principal basada en la pesquería de una sola especie amenaza la conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad, tanto en su dimensión biológica como socioeconómica.

Ahora, existen dos significados de "sostenibilidad". El verdadero significado se refiere a la sostenibilidad de las personas y la naturaleza. Comprende reconocer que la primera es el soporte de nuestras vidas y sostenerla implica mantener la integridad de sus procesos, ciclos y ritmos. El segundo tipo de "sostenibilidad" se refiere al mercado e implica mantener suministros de materias primas para la producción industrial y el consumo local y global. Dentro de este significado, los mercados crecen mientras los recursos pesqueros se empobrecen.
Ahora, como el crecimiento de las exportaciones pesqueras está basado en intensificar la extracción a expensas del ecosistema, de lo que aquí se trata es de hacer disponibles rendimientos sostenibles de recursos para la alimentación nacional y mundial. ¿Cuál es el reto?
Exportar el mismo valor FOB y/o incrementarlo, pero con menores volúmenes de recursos pesqueros. Esto nos lleva a producir mayor valor agregado para el consumo humano directo.

El elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.
En el aspecto económico se debiera incorporar al análisis el concepto de la perdida del valor de las biomasas en trance decadente por factores antropogénicos y su impacto sobre el poblador costero.

¿UN MAR DE INJUSTICIAS?

Pensar qué significan para los pobladores las cifras de ingresos provenientes de la pesca hace que nos preguntemos si acaso no sería más correcto hablar de cuántos impuestos ha generado esta actividad y cómo los ha beneficiado. Y es que esta visión nos daría una idea de la verdadera posición de la pesquería peruana en su relación con el país y con aquellos que, como legítimos propietarios de estos recursos naturales, tienen el derecho de saber en qué han sido beneficiados.

¿Qué puede pensar el poblador marginado que no tiene qué comer pero escucha que somos un gran país pesquero? ¿Qué le importan esas cifras si, además de no representar un beneficio directo para él, tampoco representa alimento para sus familias? Al hacernos estas preguntas no debe olvidarse que la industria harinera hizo que el pescador artesanal no solo perdiera territorio de pesca por la constante incursión de embarcaciones industriales en las 5 millas, sino también porque las especies que antes capturaba han desaparecido o lo harán porque la anchoveta, su principal alimento, ya no existe en cantidades suficientes para sobrevivir. Así, el poblador costero observa que está pagando el crecimiento de las exportaciones pesqueras y del PBI con una calidad de vida injusta, impuesta por la contaminación de las principales bahías. Y el poblador andino no consume pescado y está desnutrido. Mientras tanto, el sector crece en medio de aplausos.

Los medios de comunicación, por su parte, mantienen un esquema informativo incomprensible para el poblador común y corriente, exponiendo de forma tangencial la supuesta bonanza macroeconómica sin realizar un análisis.

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PESCA

El Perú debe de ser capaz de desarrollar su propia estrategia para administrar su ecosistema marino sin perder el equilibrio. Las recetas y experiencias de otras latitudes asisten, más no necesariamente se aplican a nuestra realidad rica en volúmenes y variedades.
El Imarpe debe determinar sobre la base de estudio y seguimiento las cuotas máximas de extracción de los diversos recursos en consideración al equilibrio de cada subsistema ecológico al que pertenecen éstos, reservando suficiente presa para las especies predadoras a sostenerse en dicho espacio. Es responsabilidad de esta institución mantener y supervisar el equilibrio ecosistémico.
El Estado, mediante la autoridad de Pesquería, debe regular y controlar la extracción de recursos hidrobiológicos naturales de acuerdo a las cuotas máximas de extracción dispuestas por el Imarpe y hacer el seguimiento administrativo de la flota. La implementación de cuotas individuales transferibles de pesca es un segundo elemento que debe introducirse en todas las pesquerías. También debe promover la acuicultura como mecanismo para incrementar la oferta de alimento, dando preferencia a la acuicultura de especies herbívoras y filtradoras cuya alimentación no requiera necesariamente del empleo de harina de pescado a fin de no incrementar la presión sobre la anchoveta. Además, el Estado debería tener las siguientes obligaciones:

- Suspender toda ayuda y subsidio para la realización del esfuerzo pesquero extractivo salvo casos excepcionales en que biomasas predadoras en expansión afecten el equilibrio ecosistémico.
- Calificar ciertas infracciones pesqueras como delito y penalizar a los infractores materiales e intelectuales. Debe facultar el decomiso de naves y aparejos y su destrucción.
- Informar a la opinión pública que no es posible pescar más de lo que el ecosistema permite. Así obtendrá respaldo a las medidas de ordenamiento que debe introducir. Dichas medidas no admiten componentes políticos, pues son estrictamente técnicas.
- Implementar mecanismos con metas y plazos para reducir el esfuerzo pesquero sobre la anchoveta y demás recursos en riesgo de sostenibilidad.
- Modificar el régimen de acceso a los recursos hidrobiológicos.
- Realizar una intensa campaña de divulgación del estado de la pesquería.
- Brindar asistencia técnica a los pobladores costeros para reorientarse a actividades no extractivas. De tal manera se podrá impulsar su reconversión laboral o profesional o, en todo caso, dirigir sus actividades fuera del sector.
- Generar ajustes en las normas de ordenamiento pesquero para a alcanzar niveles de extracción que garanticen el equilibrio en el ecosistema e incorporando el concepto de manejo por subsistemas ecológicos de las especies interdependientes.
- Promover el mejoramiento de la infraestructura de desembarque de la pesca destinada al consumo humano.
- Promocionar el consumo humano de anchoveta para reducir los índices de desnutrición.

PERU: EL MODELO DE GESTION PESQUERA I

I
LA GESTION


LA ESENCIA DE LA CRISIS

La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originadas por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos.
El problema podría ser más profundo. Los modernos sistemas de administración pesquera, no han dado la suficiente importancia a las pautas de comportamiento que caracterizan al pescador según su contexto económico, social y cultural.

Las generalizaciones del problema, que pretenden simplificar una situación extremadamente compleja, tienden a opacarlo. Un ejemplo es el concepto de que la reducción de la flota, o de su capacidad de bodega es una solución. Si bien esto es cierto en parte, el problema presentado de esta manera se ve reducido a una cuestión de números y, por ende, susceptible de solucionar mediante formas sencillas de regulación. El término evade el hecho de la capacidad de captura que la tecnología moderna le confiere o puede conferir a las embarcaciones de hoy. El número de embarcaciones e incluso las formulas que combinan eslora, envergadura y potencia del motor para medir la reducción o incremento del esfuerzo pesquero son bastante relativas.

Este punto también simplifica, relega y/o evade las complejidades ecosistémicas y las asociadas con la dinámica de poblaciones, factores determinantes del tamaño y comportamiento de los stocks.

Al no tener en cuenta los impactos medioambientales y ecosistémicos así como los aspectos institucionales, los sistemas de gestión han buscado soluciones que tratan los síntomas del problema y no sus causas.
Lo que se necesita es un nuevo diagnóstico.

Existen debilidades en el modelo bio-económico que sirve de base a la administración de pesquerías. Primero, la teoría no toma en cuenta la tendencia hacia la inestabilidad que caracteriza al entorno marino; también simplifica en extremo el comportamiento de las diferentes poblaciones de peces e ignora las complejas interacciones entre las distintas especies, a través de su obstinada insistencia en utilizar referencias tomadas basándose en una sola especie. Por último, desconoce el impacto provocado por la compleja dinámica que conjuga la escasez del recurso, el desarrollo tecnológico y el comportamiento humano.

La industria pesquera enfrenta una crisis de administración y no tanto de recursos.
La estructura del mercado y la vocación exportadora, han destronado al pescador artesanal, único proveedor del mercado nacional, de su tradicional presencia y participación.
Los aportes que representa la transmisión de conocimientos de generación en generación, han sido sustituidos por la investigación experimental, las encuestas por muestreo y la programación lineal de los resultados. En términos de política, este enfoque tecnocrático que tiene por finalidad lograr una mayor comprensión del recurso marino, ha reemplazado las estrategias flexibles originalmente empleadas en el contexto de las pesquerías locales, por rígidas normas que abarcan territorios mucho mas extensos.
La intervención de capitales industriales ha irrumpido en territorios tradicionales, transgredido regulaciones básicas y sustituido el concepto de sustentabilidad colectiva por el de explotación competitiva.

La supervivencia de los recursos pesqueros fue afectada por los procesos de penetración de capitales, las inversiones en tecnología y la creación de mercados globales.
La coexistencia armónica entre la pequeña empresa artesanal y la gran operación industrial perduraría solo mientras los recursos marinos mantuvieran cierto nivel de abundancia y los mercados para las respectivas capturas presentaran diferencias marcadas.

Para la mayoría de los pescadores artesanales, uno de los haberes más preciados es su capital intelectual, representado por un conocimiento detallado del caladero y el comportamiento de las poblaciones de peces. Es precisamente este conocimiento específico el que lo ayuda a sobrevivir en la competencia con las embarcaciones más grandes y poseedoras de una mayor tecnología.

Para el pescador artesanal, la diversificación, si bien es una alternativa, no constituye una opción viable. Su supervivencia dependerá de inversiones en tecnología más avanzada, con el objeto de lograr una ventaja a corto plazo en la competencia por el recurso.

El no hacerlo, por no contar con garantías para acceder a financiamiento, también limita sus alternativas en términos de estrategias de supervivencia e implica un aumento de su auto-explotación y márgenes injustos de utilidad; o, por supuesto, su salida del sector.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte.
El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

La crisis mundial de alimentos y el índice de desnutrición de nuestro país, nos obligan a ser totalmente objetivos a fin de proteger los recursos hidrobiológicos que proporcionan alimentación. Estos recursos, además de representar una oportunidad importante para la alimentación, constituyen una reserva estratégica que en el mediano plazo pueden colocar al Perú en una posición ventajosa en términos de abastecedor mundial de alimentos.

Su adecuada gestión es un imperativo del cual no podemos evadirnos.

En el futuro inmediato se deberá actuar sobre tres líneas fundamentales:

1. La contaminación
Las plantas de procesamiento deberán reducir el vertido de contaminantes al mar a un 0%. Los Límites máximos permisibles actuales son demasiado generosos. De igual forma deberá actuarse sobre los contaminantes atmosféricos.
Las embarcaciones pesqueras de cualquier tonelaje deberán detener el vertido de contaminantes al mar, bien sea en bahía o mar adentro. Incluye residuos oleosos, combustible, basura y aguas sucias.
Los motores deberán ser reemplazados por aquellos con tecnología moderna que reduce la contaminación.

2. La gestión
Deberá imponerse el pago por derechos de extracción a todas las pesquerías que realizan esfuerzo pesquero comercial.
Deberá implementarse un reglamento de ordenamiento pesquero para todos los recursos pesqueros, determinarse cuotas anuales de captura y asignarse cuotas individuales impidiéndose el ingreso de nuevos actores al escenario de la extracción.
Deberá implementarse igualdad de condiciones para la exportación y para la venta al mercado interno de todos los productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo. La decisión de exportar o alimentar a la población nacional deberá ser de la empresa privada pero en igualdad de condiciones e incentivos. Hoy se incentiva y privilegia a la exportación en desmedro de una población local desnutrida.
El Estado debe colocar las ventas de hidrobiológicos a los mercados externo e interno en el mismo nivel. La promoción de estas exportaciones vía drawback y otros beneficios, devienen en una desleal competencia para con el mercado nacional que no tiene estímulos para invertir en el mismo.

3. La educación
Deberá ponerse especial énfasis en la educación e información para las poblaciones costeras y comunidades de pescadores a fin de que estas tomen conciencia de la realidad de la pesquería. De esta forma constituirán un defensa natural de su propio ecosistema y contra la desinformación proveniente de grupos o de medios que por desconocimiento o interés siempre pretenden anteponer intereses de parte sobre el interés colectivo.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELEVANTES

Las evidencias hacen presumir que el manejo de la extracción pesquera no garantiza la sostenibilidad de un sinnúmero de recursos importantes para la sociedad y para el equilibrio del ecosistema. El impacto sobre los recursos marinos y costeros se hace cada vez más evidente, excediendo así la capacidad de carga de los mismos.
La riqueza infinita del mar peruano no es más que un mito. Este error de percepción promueve un irrefrenable incremento del esfuerzo pesquero y confunde además a la opinión pública haciendo más ardua la labor de regulación.
Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada.
El mar peruano fue muy rico y abundante para la pesca, hoy ya no lo es. Podrá volver a ser abundante si administramos mejor la pesquería.
La capacidad actual para realizar esfuerzo pesquero de extracción del pescador peruano supera los límites de sustentabilidad.
La capacidad de dar empleo digno y sostenido en extracción está inexorablemente ligada al volumen de captura permisible a lo largo del año.

Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.
Un ecosistema en equilibrio natural es una realidad que primó desde los orígenes de la evolución de la vida en el planeta hasta el pasado reciente (no más de 80 años atrás) Las más diversas especies existían en abundancia y en equilibrio regidas bajo la regla presa-predador. Las especies se sirven unas de otras como alimento. La demanda del hombre costero por pescado estaba satisfecha y no irrogaba desequilibrio.
Un ecosistema en desequilibrio por actividad pesquera constituye la realidad actual. Está provocado por la mecanización y masificación de la captura de especies marinas y por la deficientemente regulación y la ausencia de difusión de la realidad pesquera. Ello conduce a desórdenes de orden económico y social, al empobrecimiento del mar y a la frustración de los actores de la pesquería.
Un ecosistema en equilibrio con actividad pesquera debe ser el objetivo principal de la Administración Pesquera, que autoriza la extracción racional de una porción de biomasa de cada nivel trófico, privilegiando la cautela de ciertas especies y el sacrificio de otras en beneficio del hombre.
Un subsistema ecológico es el hábitat marino definido geográficamente que alberga determinado número de especies que sostienen entre sí una relación presa-predador y que dependen unas de otras para subsistir. En dicho espacio las especies se alimenta, reproducen y se refugian para sobrevivir.

Antes de introducirse mayor esfuerzo pesquero al sistema, el Imarpe debe proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos, los que deben tener como principal consideración el manejo sostenible de los recursos y la recuperación del medio ambiente marino y costero. Es la única forma de desarrollar un método de gestión que permita armonizar los valores culturales, económicos y ambientales y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico de las zonas costeras.

La promoción de nuevas pesquerías y/o el aumento del esfuerzo pesquero deben estar fundamentados en una sólida base de conocimiento derivada del trabajo científico y riguroso. El IMARPE es pieza clave como generador primario de información relevante para emprender acciones bien sustentadas en torno al manejo adecuado del mar y de las zonas costeras.
Por lo tanto, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería el Imarpe debe realizar un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuales serían los períodos de vedas reproductivas, cual sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie.
De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

En el futuro deberá preverse las fluctuaciones que se originan en la variabilidad natural de los recursos marinos, particularmente cuando el recurso entre en una fase natural de baja abundancia para llevar a cabo una reducción en la intensidad de la actividad que mantenga una adecuada rentabilidad del sector.
A la vez deberá tenerse en cuenta que el marco del modelo económico en aplicación en el país, que estimula la libertad de empresa; así como la necesidad de mejoras tecnológicas en flota y fabricas que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a un crecimiento de la capacidad de pesca. Esta situación se hace compleja cuando se tiene en cuenta las dificultades técnicas existentes para determinar cuál debe ser la capacidad de extracción y procesamiento adecuada y para establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situación sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera.

LA ZONA COSTERA

Las aguas marinas cercanas a la costa, son cada día víctimas de un uso intensivo, sin más opciones que su contaminación, debida principalmente a actividades pesqueras, mineras, industriales y por las redes de desagüe que generan una alta presión ambiental.
Las zonas costeras peruanas son uno de los espacios geográficos del planeta con mayor valor ecológico y económico, gracias a su especial riqueza proveniente de las condiciones oceanográficas existentes.
Por tanto, la principal obligación del Estado es contribuir con la estrategia para la gestión integrada, por la que se promueve la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y costeros de modo equitativo. Emprender acciones concretas encaminadas a divulgar y socializar los resultados obtenidos de la investigación es indispensable y urgente.

Es necesario hacer reflexionar a la institucionalidad y a la sociedad en su conjunto sobre la importancia que reviste el tema y, generar actitudes y compromisos que conlleven a acciones concretas para preservar estas áreas.
Es necesario potenciar financieramente al Imarpe y darle una orientación de investigación enfocada al ecosistema para que logre una definición de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos a la explotación no regulada de sus pesquerías.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como, convertirse en una invitación a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.
La falta de políticas integrales, así como la baja asignación de recursos para llevar a cabo investigaciones técnicas y científicas no han permitido avanzar mucho más en el conocimiento básico y por ende la posibilidad de incluir sus resultados en la planificación del sector. Podría decirse que la información con que se cuenta es aun incipiente como para convertir esta en una verdadera herramienta para la toma de decisiones.
El Estado debe sensibilizar al país sobre la importancia vital de la franja litoral y los impactos generados sobre el hombre y su entorno por la industria pesquera, minera y petrolera y las consecuencias que sobre la economía nacional generan estos impactos.

Las zonas costeras constituyen un sistema único de recursos debido a la presencia de ecosistemas valiosos y de gran productividad y biodiversidad, que requiere enfoques especiales de manejo y planificación. Esta base de recursos fundamenta por tanto el bienestar y la viabilidad económica de las generaciones actuales y futuras residentes en esta área.

ESTADO Y TENDENCIAS DEL SECTOR PESQUERO

La pesquería peruana se ha centrado, desarrollado y regulado en los últimos años en función de la industria harinera basada en la anchoveta. Analizada por volúmenes de extracción, la pesquería peruana califica desde entonces como monoespecífica.
La cuota anual de captura de anchoveta se viene determinando en función del sostenimiento de la propia especie sin considerar su contribución al resto de especies en el ecosistema.
La anchoveta constituye el recurso forraje de las diversas especies predadoras y que son principalmente aquellas de mayor interés para el consumo humano. Su extracción intensiva tiene consecuencias desequilibrantes en el ecosistema puesto que disminuye la disponibilidad de alimento para las especies que se sirven de ella.
La extracción de la anchoveta hasta el límite de su sostenibilidad ha afectado seriamente la estructura trófica reduciendo la productividad del sistema hidrobiológico en el mar peruano.
Como consecuencia se producen externalidades negativas en el ámbito social y ambiental cuyo costo lo asume indebidamente la Nación.

El Estado recauda insuficientemente del sector pesquero en general y por tanto no tiene capacidad para cumplir cabalmente su papel de Administrador Pesquero de sus recursos naturales mediante programas de investigación, monitoreo, control y supervisión indispensables para el manejo sostenible de los recursos.
La industria harinera de pescado cuyo objetivo es la reducción de pescado en harina para uso como alimento para animales está hoy tan sobredimensionada que trabaja tan sólo 50 días al año porque no hay anchoveta para más. Es de esperar que el DL 1084 que impone límites máximos de captura por embarcación conduzca a la racionalización de las capturas de esta pesquería y mejore la eficiencia de la industria, la cual deberá aportar mayores recursos económicos al país, de los que actualmente aporta.
Las biomasas de las diversas especies destinadas al consumo humano se han reducido, lo que ha obligado al poblador costero pescador a exacerbar sus esfuerzos sobre juveniles y a reorientarse ilegalmente hacia el recurso anchoveta, agravando aún más el desequilibrio y el estado de pobreza del sector.

El hecho es que hoy hay menos peces que antes. El hecho es que la pesca de otras especies que no sean anchoveta ha disminuido a niveles notorios, sin que medie explicación oficial. Ya no hay meros, corvinas, congrios, cabrillas, etc. como antes.
Los pescadores artesanales, que antes capturaban estas y otras especias a poca distancia de sus poblaciones hoy se han visto obligados por la necesidad, a convertirse en pescadores de altura. Pescadores de altura sin tener la preparación ni el equipamiento apropiado que se aventuran a veces hasta las 200 millas en busca de especies sustitutas a su pesquería tradicional, como el perico. El cual se empieza a capturar aun cuando su talla es pequeña. No hay control al respecto.

Los buzos artesanales vienen sufriendo cada vez mas accidentes y aumenta su índice de mortalidad porque se ven obligados a sumergirse cada vez mas profundo sin tener equipamiento ni soporte apropiado.

La verdad es que los volúmenes que antes existían de otras especies ya no son los mismos. Ya no es rentable pretender vivir de su captura.

Este es el escenario de vida del poblador costero. Una ilusión de pesca de anchoveta que no les genera empleo mas allá de 50 días al año, forzándolos a convertirse en supervivientes laborando en cualquier empleo temporal. Pérdidas más frecuentes de embarcaciones porque los escasos días de pesca restan práctica y destreza a los patrones.

La discusión sobre las 5 millas esta fuera de lugar. Si se aplicase la ley en todo su rigor, este tema no debería ser objeto de comentario ni de reclamo. Sencillamente la flota industrial no debe pescar dentro de las 5 millas. Perdemos de vista, que: Una embarcación cerquera de 200 TM posee una red con una altura de aproximadamente 50 brazas, o sea alrededor de 90 metros. Una embarcación mayor tendrá una red de mayor altura. Esto significa que al tender el cerco, este cae 90 metros hacia el fondo. Mas allá del termino 5 millas, deberíamos analizar que independientemente de la distancia hasta la costa, si la batimetría de la zona indica que el fondo marino esta a 50 brazas o a una profundidad igual o un poco menor que la altura de la red, esta tocara el fondo impactando sobre el bentos de la zona. Por tanto el impacto será bastante similar al que produce la red de arrastre de fondo.

Además del impacto que causa la extracción de anchoveta sobre el resto de especies, la flota de cerco también podría estar causando impacto sobre los fondos marinos, dado que no hay regulaciones que controlen la captura en relación no solo con la distancia hacia la costa, sino con la profundidad y la altura de la red. Esto debiera regularse para mitigar los daños al fondo marino y evitar la destrucción del bentos.

DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO

El desarrollo del sector pesquero peruano esta asociado a la disponibilidad de los recursos pesqueros, niveles de captura, la producción y la exportación así como a la evolución de los eventos El Niño.
La política del sector pesquero debe consolidar a la actividad pesquera como uno de los principales elementos de la economía nacional y de la alimentación, privilegiando el mercado interno antes que el externo.
En este sentido, debe priorizar la reducción del esfuerzo pesquero en tanto no se disponga de investigación científica que permita aplicar un enfoque ecosistémico. No se debería incorporar nuevas pesquerías al sistema; se debería incrementar el consumo interno de pescado por habitante; modernizar la actividad artesanal y elevar la calidad de vida de los pescadores; impulsar la acuicultura; y, fortalecer la gestión institucional.
La investigación científica y tecnológica está a cargo del Instituto del Mar del Perú y el Instituto Tecnológico Pesquero, respectivamente. El primero se encarga de las investigaciones científicas de los recursos vivos del mar y de las aguas continentales, de los factores ecológicos, la oceanografía y limnología y de la calidad del ambiente acuático. Su principal labor se desarrolla en función a proporcionar las bases científicas para la administración de los recursos pesqueros.
Por su parte el Instituto Tecnológico, realiza investigaciones relacionadas con la transformación y conservación de los recursos hidrobiológicos.
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana –IIAP- cuya función, relacionada con la actividad pesquera, es realizar investigaciones científicas que permitan el desarrollo de esta región del país.
Los recursos económicos destinados a la investigación son insuficientes. La recaudación tributaria y por derechos de pesca debe ajustarse a las necesidades reales de la investigación.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Formular un Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la anchoveta que no existe a la fecha. Investigar las principales pesquerías, determinar sus límites máximos de extracción anual y dotarlas de un Reglamento de Ordenamiento.
Las embarcaciones que se retiren del negocio de extracción para CHI deberían ver la posibilidad de reconvertirse para destinar su extracción al CHD mediante el insulado de sus bodegas, empleo de cajas con hielo, articularse en cadenas productivas, darle valor agregado a sus capturas congelando o salando las mismas alcanzando un justiprecio por un producto de calidad y abriendo el mercado interno a fin de crear un nuevo nicho que sea atractivo, rentable, que genere empleo y que contribuya a la alimentación nacional reduciendo los índices de desnutrición.

Aplicar el enfoque ecosistémico:
- La capacidad de predicción del comportamiento de los ecosistemas es limitada: Incertidumbre e indeterminación deben conducir a adoptar el enfoque precautorio.
- Los ecosistemas tienen umbrales y límites que, cuando se sobrepasan, pueden implicar reestructuraciones del sistema.
- Una vez los umbrales y límites se sobrepasan, los cambios son irreversibles.
- Los componentes de los ecosistemas están interrelacionados.
- Los ecosistemas cambian con el tiempo por factores naturales y antropogénicos.
- Permitir la actividad pesquera sólo si es razonable esperar que no genere impactos inaceptables.

Aplicar el principio de precaución:
- Seleccionar estrategias que reduzcan el riesgo.
- Promover la participación, justicia e igualdad de todos los usuarios en la gestión.
- Desarrollar un modelo conceptual de la red trófica.
- Describir las necesidades de hábitat de diferentes fases vitales para todos los componentes significativos de la red trófica.
- Calcular extracciones totales (incluyendo mortalidad incidental) y su relación con la biomasa, producción, captura óptima, mortalidad natural y estructura trófica.
- Caracterizar la incertidumbre y sistemas de control en la conservación y gestión.
- Desarrollar índices de la salud del ecosistema como objetivos de la gestión.
- Describir los datos disponibles de monitorizaciones a largo plazo.
- Evaluar los elementos ecológicos, humanos e institucionales del ecosistema que afectan más significativamente a las pesquerías y no pueden ser gestionados.