La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

30 de agosto de 2018

Editorial Revista Pesca septiembre 2018

La problemática de la pesca artesanal peruana requiere de una atención urgente; pero no tan solo en resolver coyunturas o necesidades del día. Se requiere una atención integral que abarque sus problemas y necesidades de fondo en primer lugar y como condición indispensable para ordenar la actividad.
Sin embargo no se puede ordenar, reformar o resolver la problemática artesanal en ausencia de la visión de largo plazo de la pesquería peruana. Sin una Política de Estado que nos marque el rumbo y defina como queremos ver nuestra pesca en veinte quince, diez y cinco años de aquí en adelante, cualquier medida será temporal, eventual y un parche sin garantía de continuidad.

La formalización, por ejemplo es un tema recurrente. Hace poco se generó una discrepancia sobre quién es la autoridad que concede el permiso de pesca: el Gobierno Regional o PRODUCE. El punto es que habiendo pasado tanto tiempo, existiendo una ley de descentralización, el problema hoy está dominado por el origen del permiso, cuando debiera estar en la parte procedimental. En esta edición recordamos el tema de los permisos cooperativos.
El tema debiera estar resuelto y definido desde hace tiempo. La actividad hoy debiera estar concentrada en la formalización en sí. Y ello implica también una formalización tributaria, porque solo se viene actuando sobre permisos de pesca y carnet del pescador embarcado.
La pesca artesanal viene siendo considerada como sujeto que merece promoción y atención sin que pague derechos de pesca y tributos.  Existe un sector de verdaderos pescadores artesanales que merecería un trato promocional y de apoyo social; pero no todos. Lo que implica la necesidad de redefinir el concepto de quién es pescador artesanal y quien merece el apoyo estatal y quién no lo necesita.
En un escenario pesquero en el cual los problemas crecen día a día y las necesidades de alimentación nacional también se incrementan, no se está enfrentando la situación con la debida importancia y racionalidad. La rotación de funcionarios es demasiado alta, entre otras cosas. La ausencia de políticas facilita que cada nueva administración inserte nuevas ideas o programas, los que no necesariamente responden a una visión de largo plazo y que finalmente no son sostenibles y/o no son continuados por las subsiguientes administraciones. Lo que nos lleva a una situación caótica y de deterioro institucional y sectorial.
El trabajo que realizan el armador y pescador artesanal es uno de los eslabones más importante  de la cadena productiva, ya que es el primer contacto con el recurso, y es aquí donde se decide el destino final que tendrá. El pescador artesanal debe ser consciente de que es el principal proveedor y debe aprovechar esa situación explotándola en su beneficio mediante su tecnificación y organización.
Ambos tienen que desarrollar una cultura empresarial, para lo cual deben ser motivados y capacitados; pero con respeto, no con paternalismo. Es necesario estimular un cambio de actitud en los pescadores artesanales, propiciando su incorporación definitiva al sector empresarial y el abandono de procesos de baja productividad. El armador artesanal debe convertirse en un micro empresario altamente tecnificado, formal y tributariamente aportante, debiendo ofrecer un producto hidrobiológico sanitariamente inocuo.
Finalmente, estamos frente a un problema normativo y regulatorio que carece de base científica, por cuanto no hay información que permita saber el estado de salud y volumen de las biomasas a los cuales accede la pesquería artesanal. En consecuencia, se pesca sin tener idea de cuáles son los límites máximos de captura por especie.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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30 de julio de 2018

¿Habrá nuevos derechos de pesca en Perú?


Los recursos pesqueros pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.
Este concepto elemental no debe ser olvidado, ya que aparentemente  se ha creado una conciencia colectiva de que son los pescadores e industriales los propietarios de los recursos pesqueros.
Por el derecho a extraerlos y lucrar con ellos, es natural que efectúen un pago justo a la Nación, por ser propietaria del recurso. El Estado actúa como ente recaudador para destinar ese pago a gastos en beneficio de las mayorías. Es su privilegio y su deber organizar el destino y empleo de los recursos financieros que la pesquería aporta. Pero también debe ser liberada de sobrecostos.
La dificultad está en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la explotación  ni tan pequeño que no haga partícipe del negocio al país.
El Estado debe participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son independientes de las utilidades económicas del negocio. 
Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto. El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada.
Más allá de que, tal como ha anunciado el Ministro de la Producción, en agosto se presentaría la propuesta sobre la nueva tasa de derechos de pesca para la anchoveta, se requiere de varias acciones paralelas:  La publicación del uso que se da a los derechos de pesca;  normar que el empleo de dichos recursos sea controlado en forma detallada; revisar los índices de distribución del canon pesquero; evaluar la incorporación de especies a la afectación de derechos de pesca, como la pota.
Cabe mencionar que según publicación del diario El Comercio del 19 de julio, “en los primeros cinco meses del 2018, Perú se consolidó como el principal exportador de pota en América Latina, superando a Chile y Ecuador, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En este período, las exportaciones peruanas de pota al mundo ascendieron a US$296 millones, lo que significó un crecimiento de 57% respecto al citado período del 2017 (US$ 189 millones)”.
Sería justo entonces que, al igual que la anchoveta, la pota pagase algún tipo de derecho de pesca también.

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29 de junio de 2018

Revista Pesca julio 2018: editorial

Los ciudadanos peruanos tenemos un reto en la coyuntura actual, el cual consiste en participar activamente en la política nacional. Participación implica, primero, informarse debidamente de cada tema vigente desde diversas fuentes, contrastando opiniones, evaluándolas y formándose su propio juicio. Debatir en grupos de amigos, laborales y familiares y sacar conclusiones que les permitan fijar una posición, alejados de la manipulación sicológica impuesta por la presión mediática en redes sociales y medios de comunicación y/o a través de operadores políticos que defienden intereses de parte.

Tenemos que pensar y no asumir necesariamente como ciertas todas las informaciones que bombardean nuestro intelecto. Nuestro primer mandamiento debe ser: “pensarás”.

En este contexto, la pesca es una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común. Salvo cuando se transmiten informaciones que pretenden defender determinados intereses, es muy limitado el conocimiento del mar, ríos y lagos que se posee. Ello hace vital que se activen mecanismos individuales de consulta, comparación de informaciones y análisis de la credibilidad de las fuentes.

Si no aprendemos a desarrollar juicio propio, a expresarlo y a defender nuestras opiniones y derechos, nos estaremos adentrando cada vez más en el oscurantismo provocado por la indiferencia y pasividad ciudadana, dejando al país en manos de operadores políticos que no defienden a las mayorías y de funcionarios sin capacidad de imponer una agenda en beneficio de la ciudadanía.

Hasta ahora, nuestra ciudadanía es incompleta, parcial y fragmentada, por cuanto el ciudadano debe ser el titular de derechos políticos,  además de derechos sociales y económicos. Se debe buscar el empoderamiento de ciudadanos y sus organizaciones propiciando formas de participación más innovadoras y activas. La capacidad de crítica, expresión y propuesta de la gente requiere del desarrollo de capacidades para la presentación de opciones ante las iniciativas del Estado.  El ciudadano debe ir hacia el aseguramiento de las libertades públicas y la integridad, que le garanticen el derecho a comer, vestir, educarse y educar, habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.

Un ejemplo de la desinformación y falta de análisis se aprecia últimamente en los comentarios sobre el DL 1084, mal llamado ley de cuotas de anchoveta. Es evidente que el decreto legislativo y su reglamento no ha sido leído en su totalidad por muchos comentaristas, ni analizado, ni comprendido debidamente.

Si así fuese la discusión no estaría centrada en la vigencia de la norma a los diez años de publicada, porque no hay un solo párrafo que mencione esa posibilidad. Solamente la primera disposición final menciona un aporte social de US$1.95 para la Caja de Beneficios del Pescador (que ya no existe) por diez años, período durante el cual se congela la tasa de derechos de pesca.

Si se entendiese debidamente el tema, las opiniones deberían formarse alrededor de esta disposición final para fijar posiciones desde la perspectiva de cada ciudadano, emitir opinión mejor informada y tomar las acciones que se estimen convenientes.


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28 de abril de 2018

Revista Pesca mayo 2018 editorial


La seguridad alimentaria del país es una responsabilidad de gobierno, por lo cual tiene que crear las mejores condiciones para la promoción del consumo de pescado y la atención del mercado nacional en apropiadas condiciones de calidad e inocuidad.

El último informe sobre la anemia en el país indica que, según cifras oficiales, existen 19 regiones donde más del 40% de niños menores de tres años sufre de anemia.

La pesquería peruana tiene un reto y una responsabilidad en contribuir a mejorar la alimentación de los peruanos, para lo cual se necesita de una agenda apropiada y consensuada entre los actores del sector.

No se puede seguir en un ambiente de confrontación y politización mientras el hambre avanza en las poblaciones más vulnerables.

El sector pesquero tiene necesidades de reformas de fondo, pero la agenda tiene que priorizar los temas que son posibles de atender en prioridad, en lo que queda de este gobierno. Uno de ellos es la anemia y la desnutrición. Probablemente en 3 años sea imposible resolver toda la problemática sectorial, pero la reducción del hambre sí podría tener avances importantes y debería ser prioritaria.

Actuar en beneficio de la alimentación nacional requiere de recursos que el propio sector puede proporcionar en un ambiente de diálogo y búsqueda de acciones rápidas y apropiadas que beneficien a las mayorías nacionales.

La renta de los actores de la cadena, basada en la extracción de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debe generar una equitativa participación del Estado en la rentabilidad del negocio, de forma tal que le permita financiar la construcción y mejoramiento de infraestructura; las acciones de investigación y fiscalización; y la creación de programas sociales para la alimentación de las poblaciones más vulnerables.

Es necesaria la reestructuración de las tasas y aportes a los que hoy está obligado el sector, eliminando sobrecostos, mejorando la recaudación y racionalizando las transferencias del canon pesquero.


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6 de abril de 2018

EL INICIO DE LA PRIMERA TEMPORADA DE ANCHOVETA 2018

Por:
Timoteo Querevalú Eca
Ex Sec. General de la CATP.
Ex Sec. General de la FEPTCHAP.  

El día de hoy a través del Diario oficial el Peruano, con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 142-2018-PRODUCE, se oficializó el Inicio de la Primera Temporada de Anchoveta en la Zona Norte Centro, con una Cuota de 3´316,000 toneladas, porcentaje considerado por IMARPE de acuerdo a la exploración que concluyo el día 1 de abril.

La indicada resolución cuenta con la firma del Ministro de la Producción, previa evaluación y el visto bueno de los funcionarios de las áreas responsables del sector. Se observa una expresión alentadora por parte del Ministerio de Producción, sobre la recuperación de la Biomasa de anchoveta, que es bien recibida por los actores principales encargados de la Extracción, sin embargo en la resolución hay dos temas de puntual atención.

1.- Si el Ministro y sus funcionarios han recibido el Informe de IMARPE, donde confirman que el stock de la biomasa de Anchoveta supera los 10 millones de toneladas, la misma que les ha permitido oficializar el Límite Máximo de Captura para el inicio de la primera temporada 2018, entonces preguntamos ¿Cuál es la razón, que permite disponer una pesca exploratoria?, la disposición para el inicio de una pesca exploratoria, evidencia una acción INNECESARIA, que PONE EN DUDA EL INFORME DE IMARPE.

2.- El Artículo 9° de la indicada Resolución Ministerial, motiva dos interpretaciones a) Un error tipográfico, al considerarse que la biomasa capturada por efecto de la pesca Exploratoria, será descontada de la cuota de la segunda temporada del 2017, debiendo corresponder al 2018, y b) si se continua con el cumplimiento de dicho Artículo, entonces la biomasa capturada por efecto de la pesca Exploratoria, resulta una compensación por la cuota no capturada en la segunda temporada del 2017. ¿Qué explicación tiene esto?

Señor Ministro, los Tripulantes Pescadores dedicados a faenas de extracción de Anchoveta, así como los Pequeños Empresarios y sus Dirigentes Gremiales, les afecta las consecuencias de los Desaciertos de sus Autoridades; tome en cuenta Ud. Señor Ministro, la frase “PARA COMER Y HABLAR DE PESCADO, HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO”, y debe saber, que el sector Pesquero también viene afrontando problemas, que no tienen solución a la fecha.

Observamos, que sus primeros anuncios expresados al momento de ocupar el cargo de Ministro de la Producción, no impactan en el ánimo de quienes estamos involucrados en el Sector Pesquero, que requiere de políticas para el desarrollo  en el ordenamiento del sector con una PESCA RESPONSABLE.

Necesitamos que se administre la pesca aprovechando los recursos hidrobiológicos para que se destinen a la alimentación de la población y que en la actividad, en cada uno de los sectores de la pesca, se sienta la paz laboral; que no afecten más la economía de los pescadores en general y de los pequeños empresarios; que se garantice la preservación de los recursos, que no se afecte la descarga de las Embarcaciones de madera de la Ley 26920.

Señor Ministro sus pergaminos de un Economista Exitoso con trayectoria Internacional, han sido los mismos de otros Ministros de Producción, que han terminado duramente cuestionados por su inclinación a los intereses de la Industria Pesquera.

Necesitamos políticas que duren en el tiempo y se deje de experimentar con la pesca peruana. Hace poquísimo tiempo se implementó un Plan Nacional de Diversificación Productiva. Los dos ministros que siguieron, lo desecharon. La Ministra antecesora suya no tuvo tiempo ni de realizar una evaluación antes de ser reemplazada por su persona, que manifiesta volver al Plan de Diversificación. No juzgo la efectividad de dicho documento, sino que apunto a que el sector no es un terreno para experimentar a cada rato cambiando normas y objetivos. Necesitamos estabilidad y autoridades que sepan de pesca y que conozcan el sector, no que vengan a aprender para irse, a veces sin haber entendido nada.

29 de marzo de 2018

Editorial Pesca abril 2018


Existen  opiniones referidas al importe de la tasa actual de los derechos de pesca, que muchos consideran demasiado bajos, que podrían ser incrementados al cumplirse en 2018 los diez años que el DL 1084 dispuso se congelen los derechos de pesca de anchoveta.

Hacer un incremento de dicha tasa nada más, sería una medida poco racional. El verdadero punto del debate debería estar en establecer que la explotación de recursos naturales debe beneficiar a todos los peruanos y no a unos cuantos, así como que todos quienes realizan esfuerzo extractivo de pesca deben pagar un derecho.

Enfocar el análisis para generar medidas integrales es lo óptimo, ya que hay pesquerías (como la anchoveta destinada al CHI) con sobrecostos, (laborales principalmente), que solo favorecen a pequeños grupos de trabajadores que laboran alrededor de la industria reductora y no a todo el país;  y hay pesquerías que no pagan ningún derecho.

Los “derechos de pesca”  deben ser el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el privilegio de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos. Deben estar vinculados con el impacto que la extracción de peces causa sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya que la extracción se produce en forma independiente de los resultados del balance, el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de toneladas de peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se pagaría impuesto a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al ecosistema permanece, con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de “derecho de pesca” es la única forma con la cual el extractor aporta al país.

Las especies capturadas por la flota artesanal se encuentran exoneradas, por ley, de pagar derechos de pesca.  Cuando se promulgó la Ley General de Pesca que establece las tasas y las especies que están afectas al pago, la situación pesquera nacional y mundial era totalmente diferente. La pota no constituía un recurso principal y la anchoveta solo se destinaba a la harina. Estas últimas destinadas al congelado y enlatado, son los principales recursos de exportación del sector de CHD. Al  no ser consumidos dentro del Perú y no pagar derechos de pesca ¿qué beneficios le traen al ciudadano peruano que no labora para el sector pesquero?

La recaudación de derechos de pesca, efectuada por el Ministerio de la Producción, transfiere el 50% al canon pesquero y se queda con el saldo. Si es utilizado en gasto corriente del propio Ministerio, ¿en qué beneficia al ciudadano y al país? No existe rendición de cuentas de este dinero en forma transparente y específica. No sabemos cuál es su destino.

El canon pesquero se reparte entre los gobierno locales y regionales en base a unos índices que calcula el Ministerio de Economía y Finanzas que necesitan ser revisados. ¿En qué se invierten? No se sabe. Las cifras que se transfiere a gran cantidad de municipalidades distritales es tan poca, que constituye, realmente, una burla y tampoco se conoce su destino. Parte de la agenda pendiente en cuanto a derechos de pesca, consiste en modificar la base legal del canon pesquero y los índices de distribución.

La ley general de pesca, dice literalmente “Los ingresos que genere el pago de tales derechos, constituyen recursos propios del Ministerio de Pesquería”. Actualmente la Ley del canon  constituye una modificación de la norma al partirlos en dos: una parte para el canon y otra para Produce. Lo debido, ahora, es destinar este último 50% a inversión en programas sociales de alimentación. El punto es que la pesca beneficie a las mayorías y no solamente a los pesqueros.

La página 55 de la presente edición contiene las cifras que muestran cómo se efectúa la transferencia del canon pesquero. La página 4 muestra una data histórica desde 1998.
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26 de febrero de 2018

La finalidad de la pesca ¿cual debe ser?


La mayor parte de los análisis y comentarios sobre la pesca que aparecen en los medios, apuntan a evaluar su desempeño en términos de crecimiento, impacto sobre el PBI y rentabilidad económica. Comentaristas y analistas salen a la luz cuando pueden generar un impacto mediático en base al tema pesquero del día, que generalmente es por algún escándalo, problema o queja. Después de 48 horas el asunto queda olvidado, como todo en la prensa peruana.

Pero no se dice que es lo que gana el país en términos de rentabilidad social, de reducción de la desnutrición y de alivio del hambre en las poblaciones más necesitadas. Las mayorías peruanas no forman parte del sector pesquero; pero son propietarias de sus recursos, mereciendo ser atendidas y debidamente informadas. Con conocimiento de la pesca, tal vez podrían exigir una gobernanza justa y adecuada de sus peces, moluscos y mariscos.

La estadística pesquera es deficiente en términos de oportunidad de su difusión. A febrero de 2018, el boletín estadístico mensual que publica PRODUCE solo exhibe en su web el correspondiente a mayo de 2017. En cuanto al anuario estadístico anual, a la misma fecha solo se encuentra publicado el correspondiente a 2015. ¿Cómo se pueden realizar análisis y/o tomar decisiones sobre pesca en ausencia de información actualizada, o administrarla debidamente?

Hace años que la sociedad peruana viene asistiendo a una confrontación estéril e infructuosa sobre diversas problemáticas pesqueras, especialmente las referidas a la industria de harina de pescado. Los ciudadanos somos simples espectadores de enfrentamientos y debates interminables entre administrados y autoridades sobre un recurso natural que no es propiedad del sector pesquero, sino de la Nación. Nadie nos dice que los peruanos tenemos derecho a disfrutar de una alimentación saludable proveniente de los recursos pesqueros. Más allá de noticias periódicas sobre la incidencia en el PBI, y sobre impuestos y costos que no nos generan beneficio directo alguno, no sabemos qué ganamos cada uno de nosotros.

¿Cuánto tiempo más debe el Perú soportar la ausencia de una visión de largo plazo de la pesquería, la inexistencia de una política de Estado que garantice el bienestar y la salud de todos los peruanos y dejar de ser  simple observador de una confrontación por la pesca de anchoveta?

Necesitamos una agenda pesquera que genere consensos y resultados para toda la población.

El fin de la pesca no puede ser solo la ganancia empresarial o personal de unos pocos.

La pesquería no puede ser administrada en base a la intriga y la improvisación, o para satisfacer los intereses de unos cuantos. Su fin mayor debe ser el bienestar de las mayorías, sin que ello signifique  que sus operadores no disfruten de las ganancias de su trabajo. Se requiere evaluar la rentabilidad social del negocio pesquero porque el insumo principal, los peces, mariscos y moluscos, son de todos nosotros.

Mientras el país siga administrado por funcionarios improvisados dominados por paradigmas, que rotan con demasiada velocidad, que no poseen un objetivo de largo plazo; y mientras los ciudadanos mantengamos una cultura de indiferencia y pasividad por la cosa pública, estamos condenados al deterioro económico, moral y ambiental del país.

La corrupción no es el único problema nacional. La indiferencia y la inacción ciudadanas podría ser peor.


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25 de enero de 2018

¿Cual es el rumbo de la pesquería peruana?

La promulgación del DS 021-2017 PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30% del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales, ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales conserveros peruanos.

Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria pesquera domiciliada en el país. ¿O no?

Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses de parte.

Enfrascados en el día a día, consumidos por el inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la pesquería peruana no tiene un rumbo.

La inexistencia de una agenda y/o política pesquera técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.

Los industriales planean sus  actividades y suscriben contratos basados en la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre publicar el dispositivo.

Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y hasta ser legales; pero más allá de la justificación legal y económica, ¿Es lo debido? La industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué se  favorece a flotas extranjeras en perjuicio de la industria nacional.

La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado porque finalmente,  viéndolo en un contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?

Mientras tanto, todo el país espera autoridades con experiencia en el sector, moralmente íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio  del público consumidor peruano, el ciudadano común y corriente que no tiene acceso a los productos pesqueros.


La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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30 de diciembre de 2017

Peru y la Organización Regional Pesquera del Pacifico Sur

En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar, asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.

Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz y voto, por su posición geográfica,  es perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.

Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera.

Si a la flota nacional no le interesa participar y el Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.

¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos recurrir a extranjeros?

El tema de fondo es que no existe una visión de la pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos, de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la CIAT.

Si el sector privado no está operando en las áreas descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo. Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación desde el Gobierno sobre estos temas.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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