La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

17 de septiembre de 2006

Los pasivos del sector pesquero peruano

LOS PASIVOS DEL SECTOR PESQUERO PERUANO


El sector pesquero peruano tiene ejes principales bien marcados que debieran indicar el rumbo de su reestructuración:

1. Orientación ecosistémica de la investigación que conduzca a la asignación de cuotas anuales de captura que tengan en cuenta a las especies dependientes.

2. La reducción del esfuerzo pesquero que podría ser una consecuencia de aplicar un enfoque ecosistémico. A menor cuota global anual, la flota tendrá que reducirse.

3. La reestructuración de los montos que se paga por derechos de pesca, la ampliación de la base de recaudación a todos quienes realizan esfuerzo pesquero, y una auditoría tributaria profunda que explique las causas de la baja recaudación del impuesto a la renta, y recomiende soluciones.
A diferencia de la minería donde se habla de regalías, sobreganancias, contratos ley y problemas legales, en el caso pesquero los montos de pago por derechos de pesca son establecidos por simples resoluciones administrativas del sector, lo que no genera ningún problema constitucional ni legal para poner la recaudación en niveles justos.

4. La implementación de normas y controles sanitarios para la comercialización de productos hidrobiológicos en el mercado interno.

5. La acción sobre la contaminación que produce la industria, y la recuperación del pasivo ambiental.

Sin la existencia de un gobierno fuerte con voluntad y decisión políticas para emprender estas reformas, el sector está condenado. El Estado, si tiene voluntad para actuar, deberá tener la fuerza política adecuada para resistir las presiones, tanto de los grupos económicos involucrados, como de los gremios interesados. Los objetivos son el bienestar y la salud de la población nacional, en este caso, la costera. Y la justa retribución que merece la Nación por la explotación de sus recursos hidrobiológicos

Debemos comprender más el tema del pasivo ambiental, considerando que existe en el inconciente colectivo la idea de que el Estado, la Nación, debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo en recuperar las bahías contaminadas por la industria pesquera y los vertidos contaminantes que la flota pesquera arroja al mar. Hay que resaltar que no son solamente las plantas las causantes de contaminación, sino también toda la flota, tanto artesanal como industrial.

Ni el Estado ni la Nación tienen porque invertir recursos en esta limpieza, porque le corresponde hacerlo al operador que contaminó y lucro con la actividad generadora de la contaminación. La industria pesquera requiere de ser obligada a dejar de contaminar, mediante la dación de normas técnicas, como los límites máximos permisibles y el estándar de calidad ambiental, dispuestos en la Ley 28611, promulgada el 23 de julio de 2005.
A la infracción de la norma le corresponde la sanción adecuada y la voluntad de aplicar la ley.

Debe introducirse el concepto de delito ecológico.
La flota pesquera necesita educación ambiental y la existencia de plantas de tratamiento de residuos en tierra que recolecten los residuos de las embarcaciones. Nada debe arrojarse al mar.

La industria tiene la obligación de reparar el daño causado al medio ambiente y limpiar lo que contaminó y sigue contaminando. No puede evadirse de esa responsabilidad y cargarle ese pasivo al Estado, más aun cuando su aporte tributario al Estado es insignificante en proporción a sus volúmenes de exportación.

Estos temas no son negociables. El país no puede despojarse de su derecho a exigir producción limpia y tributos justos. Regalar un poco de pescado y colocar algunos containers usados en la Sierra para venta de pescado, no pueden distraer al País y a los pobladores costeros de sus legítimos derechos a tener un ecosistema limpio y protegido.

La Sociedad civil tiene la obligación de hacer respetar su derecho a vivir en un medio limpio y a conservar sus recursos naturales para las próximas generaciones.
Los trabajadores dependientes de la actividad pesquera y los pescadores, tanto artesanales como industriales, tienen el deber y el derecho de defender la necesidad de producir con tecnología limpia y sin contaminación, así como la sostenibilidad de los recursos hidrobiólogicos. Tienen el deber de capacitarse y de asumir conciencia de que nada contaminante debe arrojarse al mar. Tienen el deber de pescar sin dañar el ecosistema y sin usar prácticas prohibidas como la dinamita.

La necesidad de un salario y/o el temor a perderlo no puede ni debe reducir al poblador costero a la condición de peón al servicio de un interés económico que no respeta su derecho a tener una mejor calidad de vida ni respeta la conservación del ecosistema marino. No se puede renunciar al derecho a tener una calidad de vida adecuada y no se puede abdicar del deber de proteger nuestros recursos para las generaciones del futuro.

Hubo, hay, y habrá quien considere que mientras haya trabajo y/o un ingreso económico, no importa lo que ocurra en el ecosistema y el ambiente, porque lo importante es un salario para comer el día de hoy. Porque grande es el temor de que los manantiales de los cuales vivimos hoy, puedan agotarse en represalia a la afirmación y exposición de nuestras ideas, o simplemente de verdades incontrovertibles. Dejar los problemas para el mañana, o para que algún día alguna autoridad los enfrente, es irresponsable. La actitud que el hombre toma en estas circunstancias es lo que lo define. Lo que define la clase de hombre que es. Y por extensión define la clase de Nación que somos

Somos la sumatoria de nuestros miedos e indefiniciones, así como de nuestros valores y virtudes. Somos los responsables de lo que otros han hecho, hacen, y harán de nuestra Nación, de nuestro país y de nuestras vidas, por comodidad, por indiferencia, o por temor. Somos los responsables y los únicos que podemos corregirlo.


Marcos Kisner

http://www.deudaecologica.org/modules.php?name=News&file=article&sid=136

Daniela Russi

Universidad Autónoma de Barcelona

El término pasivo ambiental, como el concepto de deuda ecológica, deriva del lenguaje económico.

En una empresa, el pasivo es el apartado del balance del ejercicio donde se registra el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen el activo. Usado en términos ambientales, el vocablo se refiere al conjunto de daños ambientales realizados sin compensar y el conjunto de gastos compensatorios que la empresa transfiere a la colectividad a lo largo de su historia.

Muchas veces, el contexto legal hace que las empresas no consideren como costos la contaminación ni los daños ambientales que producen, así que no tienen límites en cuanto a su explotación, que no sean los estrictamente económicos. De hecho, en la mayoría de los casos las empresas incluyen en la contabilidad de sus beneficios y de sus costos, los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente y la comunidad, sólo si existe una normativa que les obligue a pagar por su reparación o compensación, y esta condición, muchas veces, falta.

Un primer paso para corregir este desequilibrio podría ser plantear un sistema legislativo que obligue a las empresas a incluir en el cálculo de su pasivo no solo las deudas financieras, sino también las deudas ambientales que, sin contrato, la empresa contrae con la comunidad y el medio ambiente. Surgen entonces dos tipos de cuestiones a tener en cuenta: la responsabilidad jurídica y la valoración del pasivo ambiental.

Cuando una empresa causa un daño a la colectividad, la responsabilidad moral es clara, pero surgen varias interrogantes. ¿De quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién tiene que hacerse cargo del costo de saneamiento de los lugares contaminados y de la reparación de los daños? ¿Y quién tiene que pagar a las víctimas cuando los daños son irreversibles, la sociedad en su conjunto o el causante de la contaminación? ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada?

En cuanto a la valoración, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre? Y, puesto que se trata, en la mayoría de casos, de bienes no intercambiables en el mercado, ¿cómo valorar los daños ambientales?

El concepto de pasivo ambiental tiene, pues, importancia social en tanto que puede recoger consensos en ámbitos diferentes. Asimismo, los economistas tradicionales podrían aceptar la idea de pasivo ambiental, como sinónimo de externalidades - que son los costos que una empresa transfiere a la sociedad sin compensarla -, cuya internalización en la contabilidad empresarial es indispensable para lograr la eficiencia, que es el objetivo de sus modelos.

Naturalmente, la influencia de la responsabilidad ambiental en las decisiones de las empresas depende de la posibilidad de que se establezca una obligación a pagar a la comunidad por el pasivo ambiental. Por eso es necesario individualizar y potenciar los instrumentos legales que permitan que el pasivo ambiental sea reivindicado cada vez con mayor frecuencia por los dañados, para que las empresas consideren su impacto ambiental un costo y un riesgo para minimizar.

El problema de responsabilidad jurídica: ¿Quién tiene que pagar por el pasivo ambiental?
¿Cómo obligar a las empresas a hacerse cargo del pasivo ambiental?

La producción de pasivos ambientales por parte de las empresas se reduciría si se crease una serie de normas que les obligue a reducir progresivamente la contaminación que producen, a través de tecnologías de descontaminación y aumento de la eficiencia en el uso de material y de energía. Obviamente, las normas por si solas no son suficientes, sino que tienen que estar acompañadas por instituciones que garanticen el respecto de las normas y por un sistema de sanciones para quienes no las respeten.

Un sistema de legislación nacional e internacional de responsabilidad ambiental constituiría un fuerte incentivo hacia una producción menos contaminante porque contribuiría a la internalización de una parte de los costos y de los riesgos ambientales de las empresas en su propia contabilidad. Como consecuencia, los recursos naturales no serían considerados bienes libres y gratuitos, sino que tendrían un costo para minimizar. Este sistema tendería a que para las empresas resulte más caro producir daños ambientales que invertir en la reducción de los mismos, así, ellas estarían incentivadas a tomar medidas para minimizar su impacto ambiental.

Obviamente la internalización de externalidades ambientales como medio de alcanzar la sustentabilidad tiene su límite, porque, por un lado, un cierto grado de contaminación está inevitablemente asociado a la actividad económica, y por otro lado, porque como se explicará en más adelante, buena parte de los daños ambientales es irreversible y muy difícil de evaluar en términos monetarios.

Sin embargo, el factor que sobre todo cabe tener en cuenta es la cuestión política. La progresiva inclusión en la contabilidad de las empresas de sus externalidades ambientales tiene costos económicos y políticos muy relevantes, así que necesita una apuesta muy fuerte por parte de las instituciones. Además, a la hora de plantear un régimen de responsabilidad ambiental, los gobiernos están sometidos a la presión de cabildeos muy poderosos que buscan mantener la legislación ambiental lo más débil posible.

El daño ambiental

La vía judicial representa un necesario complemento a la vía legislativa por dos razones. En primer lugar, puede ser la única manera de compensar en parte las víctimas de daños ambientales. En segundo lugar, un proceso por daño ambiental sienta un precedente que incentiva las empresas a tomar medidas que reduzcan el riesgo de incurrir en procesos parecidos.

Los daños ambientales pueden ser perseguidos bajo la legislación penal y civil general sobre daños y en algunos países a través de la figura jurídica de daño ambiental. Existe también legislación penal en algunos países, tipificando el “delito ecológico”.

El problema es que muchas veces el sistema judicial nacional de los países del Sur no es suficiente para proteger a sus habitantes, por falta de voluntad o de capacidad política y económica, por lo que las empresas gozan de impunidad. Esto hace que en muchos casos es más conveniente para las empresas occidentales trasladar las actividades más contaminantes o peligrosas hacia países del sur, donde las legislaciones ambientales y laborales son menos estrictas, los salarios más bajos y en caso de accidente la compensación a los dañados menor. Muchas veces, los estados del Sur no tienen la fuerza para imponer normas ambientales severas, debido, entre otras cosas, al chantaje de la pobreza, de la deuda externa y de la facilidad de las empresas en trasladar la producción al extranjero.

El proceso de globalización de los procesos productivos y del comercio produce un vacío político porque las empresas transnacionales, que controlan cada vez más el creciente flujo de recursos entre países, tienen un poder económico y político enorme, así que es muy difícil imponerles el respecto de las normas ambientales.

Por eso, en una economía cada vez más globalizada mecanismos de derecho internacional iguales para todos los países, a pesar de su desigual poder político y de su desigual riqueza, tendrían que complementar las legislaciones nacionales para lograr que las multinacionales sean reconocidas jurídicamente responsables de los daños ambientales producidos y sean penalizadas.

El problema de valoración: ¿cuánto se tiene que pagar?

Limites de la valoración monetaria

La evaluación monetaria de los daños ambientales se enfrenta a muchas dificultades. En primer lugar, los ecosistemas y la interacción entre ecosistemas y sociedad humana se caracterizan por una complejidad e incertidumbre fuerte que cabe tener muy presente. Los efectos sobre la naturaleza y sobre la humanidad de un cierto tipo de contaminación son muy difíciles de predecir. De hecho, las interacciones entre las partes de dichos sistemas pueden amplificar notablemente una perturbación en el equilibrio y conducir a cambios irreversibles.

La contaminación se trasmite y se acumula a lo largo de la cadena trófica, y los factores que aumentan el riesgo de enfermedad son múltiples y actúan por acumulación, y a menudo a largo plazo. Por lo tanto, es muy difícil aislar el efecto de cada elemento contaminante y establecer una correlación lineal causa-efecto. Nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas y del cuerpo humano es demasiado escaso para que nuestras estimaciones sobre el efecto de las sustancias contaminantes, sobre todo a largo plazo, sean certeras.

Por tanto, ha habido muchos casos en que las advertencias sobre una contaminación dañina al ambiente natural o a la salud humana no fueron escuchadas a tiempo, y no se aplicó el “principio de precaución”. Célebres ejemplos son el DDT y el asbesto.

En segundo lugar, la expresión de daños ambientales en términos monetarios tiene límites estructurales inevitables, si se acepta la idea de inconmensurabilidad de valores, o sea la ausencia de una unidad común de medida aplicable a valores plurales. ¿Cuál es el valor monetario de una vida humana? Los economistas usan varios métodos para expresar su perdida en términos monetarios, relacionados por ejemplo con el precio de los seguros de vida o el costo- oportunidad del trabajo perdido.

Obviamente, estas medidas reflejan sólo una parte de las pérdidas asociadas con una muerte, mientras que muchos otros aspectos más importantes no están incluidos. Además, estas estimaciones son todas muy discutibles, habida cuenta que depende claramente del ingreso (la pérdida de una vida de un profesional es mucho más costosa de la de un asalariado). De la misma manera, se podría preguntar: ¿cuál es el valor monetario de la degradación de un paisaje, de la reducción de biodiversidad, de la pérdida de las propias raíces culturales, de la emigración forzada o de las enfermedades sufridas? Por estas razones, queda claro que la evaluación monetaria de daños ambientales es altamente arbitraria. Las cifras que salen de dicha evaluación dependen radicalmente de las suposiciones y de la metodología escogida y, seguramente, no reflejan muchos otros valores de las pérdidas sufridas.

La inconmensurabilidad destruye de raíz el concepto de compensación. Frente a daños a la salud y muerte, a la destrucción de un contexto cultural, a la degradación irreversible del medio ambiente, ¿es adecuada, pertinente, útil una compensación monetaria? Hay muchos casos donde poblaciones locales se niegan a discutir sobre las sumas de dinero que les serían ofrecidas para dejar sus terrenos a minas o empresas.

¿Cuándo y por qué la evaluación monetaria puede ser útil?

Sin embargo, la elección y la evaluación de un instrumento deben depender del objetivo con que se usa. Si el propósito es la reivindicación de derechos y la denuncia, tal vez podría ser más eficaz mostrar al público una matriz de impactos, con indicadores cualitativos y cuantitativos, cada uno en su propia unidad de medida.

Contrariamente, en un ámbito empresarial e institucional podría resultar efectivo hablar en un lenguaje cuantitativo y monetario. Presentar números en dinero podría tal vez ayudar a representar los daños ambientales de modo que su magnitud pueda ser percibida en ambientes donde normalmente se habla usando un lenguaje monetario.

Asimismo, la evaluación monetaria del pasivo ambiental es útil en un contexto judicial. Para pedir compensación a las empresas por su pasivo ambiental, es indispensable realizar una valoración del impacto ambiental en términos monetarios. De hecho, en el derecho civil y administrativo de cualquier país, la reparación del daño se concibe en términos monetarios (mientras que en el derecho penal hay además penas de cárcel, no redimibles en dinero).

La compensación en forma monetaria del daño puede ser la única manera para que por lo menos los afectados reciban algo y el crimen no quede totalmente impune. La compensación monetaria sirve como forma de redistribución de las ganancias producidas a través de la producción contaminante, y como parcial internalización de las externalidades.

Otra razón para que valga la pena plantear una evaluación monetaria de los daños ambientales es que ello sirva como desincentivo para los empresarios para no iniciar actividades productivas contaminantes o, por lo menos, para tomar precauciones e introducir innovaciones tecnológicas para reducir el impacto ambiental.

Además, la compensación monetaria, y el proceso o la negociación que la hace posible, tienen un valor simbólico muy fuerte. Es una reafirmación del derecho de las poblaciones locales sobre su territorio.

Sin embargo, debemos mencionar algunas advertencias. La compensación monetaria tiene que ser gestionada cuidadosamente para no crear fuertes desequilibrios en la comunidad que la recibe, como por ejemplo desigualdades en los ingresos, corrupción, conflictos. Por ejemplo, a veces podría ser más efectivo que con el dinero de la compensación recibida se intente reparar el daño o se ofrezcan servicios a la comunidad, que otorgarlo directamente a los particulares.

También cabe asegurarse que la compensación monetaria sea lo bastante elevada para no ser percibida como impuesto pigouviano (o como permiso de contaminación), sino como una multa por los daños provocados. En otras palabras, tiene que servir como disuasor para las impresas, al perjudicar seriamente su balance.

Conclusiones

La valoración monetaria es un cálculo muy arbitrario y el resultado depende, entre otras cosas, de la estructura de poder. Normalmente, a los pobres se los compensan muy barato.

Además, muchos daños ambientales son irreversibles y no pueden ser reparados. Los daños a la salud, la migración obligada, la destrucción de un contexto cultural no pueden ser compensados. A una persona a quien le han diagnosticado un cáncer no importará cuán alta sea la compensación ofrecida por la empresa responsable.

Sin embargo, pedir compensación monetaria por los daños producidos podría ser una manera de hacer el cálculo de pasivos ambientales cada vez más elevado y problemático y, al mismo tiempo, reconocer el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente limpio y a disponer de su propio territorio .



Ley General del Ambiente LEY Nº 28611



31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.

31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.

31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de Calidad Ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad Ambiental al momento de establecer los compromisos respectivos.

31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental.

Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible
32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.

32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. La implementación de
estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de
acuerdo con las normas sobre la materia.

Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP
33.1 La Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y LMP y, en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o encarga, las propuestas de
ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación mediante Decreto Supremo.

33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno de los temas ambientales.

33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.

33.4 En el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso.

16 de septiembre de 2006

RECURSOS NATURALES CONCEPTOS Y CIFRAS

RECURSOS NATURALES, CONCEPTOS Y CIFRAS

Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual o potencial.

Los recursos naturales se pueden dividir en renovables, que usualmente son organismos vivos que crecen y se renuevan, como por ejemplo la flora y la fauna, y no renovables, que se agotan con su explotación, como por ejemplo el petróleo y los yacimientos de minerales.

El hombre es el principal consumidor que puebla la Tierra. Su acción depredadora se ha intensificado, alcanzando un alto grado de desarrollo que afecta animales, plantas y minerales. Con el avance y desarrollo en el campo científico y tecnológico, el hombre adquiere cada día un mayor dominio sobre la naturaleza, aplicando técnicas para la explotación de los recursos naturales.

Según la legislación peruana, se entiende por Recursos Naturales todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como:Las aguas: superficiales y subterráneas; El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; La atmósfera y el espectro radioeléctrico; Los minerales; Los demás considerados como tales.

El impacto del hombre sobre el medio ambiente crece cada vez más, alterando los sistemas ecológicos, poniendo en peligro la supervivencia de plantas, animales y al hombre mismo. Para evitar esto, se debe poner especial cuidado en realizar un aprovechamiento sostenible o racional del recurso, evitando su agotamiento y procurando conservar el MEDIO AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA, pues de ella dependen nuestra propia supervivencia y la existencia misma de la vida sobre nuestro planeta.

Los mecanismos de autorregulación de los recursos renovables, lo constituyen la sucesión de un individuo por otro, es decir, unos mueren otros nacen. Las predaciones, que son constituidas por las cadenas alimenticias, logran mantener una autorregulación del ecosistema. El problema ocurre cuando el hombre interfiere y trastorna esta cadena natural.

Los seres vivos, no estamos aislados, tenemos una dependencia unos de otros. La cadena alimenticia de la anchoveta, nos dibuja la relación de dependencia alimenticia establecida entre varios organismos.

La relación entre el tamaño y calidad del stock de capital natural, en este caso de las poblaciones de peces de una economía, y la sostenibilidad de su crecimiento económico es vital. El efecto final de la disponibilidad de recursos naturales sobre el desarrollo del país depende de la interrelación de factores institucionales y de condicionantes macroeconómicos. Los recursos naturales son un bien común de toda la Nación, entregados en parte, bajo un régimen de concesión o licencias, a un grupo pequeño de empresarios. Este grupo disfruta del privilegio de usufructuar de esos recursos naturales, de lucrar con ellos. Pero un código moral adecuado impone que ese lucro, que esa mortalidad que causa sobre recursos vivos, sea debidamente compartido con la Nación. Este es el tributo principal que debe establecerse y del cual el Estado no puede evadirse de aplicar.

La participación de la Nación en el disfrute de recursos naturales tiene que guardar relación con las ventas que el concesionario de los mismos realiza.Es necesario establecer una política tributaria que sea consistente con la equidad intergeneracional que se requiere para garantizar un ritmo sostenible de crecimiento. Si una generación extrae recursos naturales, debe asegurar que esto implique un incremento permanente en el flujo de consumo; y por lo tanto, un aumento de bienestar tanto para esa generación como para las generaciones futuras. Para esto último es necesario que el recurso natural se transforme en algún tipo de activo que genere riqueza en el futuro: infraestructura, capital humano o desarrollo institucional. Para ello tiene que generar algún tipo de tributo, regalías, impuesto o cualquier nombre que quiera dársele.

La transformación de productos naturales renovables debe ser armónica y justa con la necesidad de imponer a las actividades extractivas costos tributarios o de otra índole que permitan compensar a la Nación y proteger su futuro.

Por otro lado, tenemos la relación entre degradación ambiental, crecimiento económico y tributos. En la medida que haya crecimiento, y bajo el supuesto de que la calidad ambiental es un derecho común, la sociedad tiene que demandar cada vez más la conservación de la diversidad biológica y del medio ambiente. Para lo cual requiere una tributación que le proporcione herramientas con las cuales asegurar la continuidad de los recursos naturales y el mantenimiento de la calidad ambiental.

Los recursos naturales son determinantes de la posición económica de un país. El sistema actual representa una amenaza a los recursos ícticos. La disminución de la biodiversidad que puede provenir de la pesca excesiva de anchoveta nos impone mayor responsabilidad para la conservación de los recursos naturales.

La política tributaria debe estructurarse para mejorar tanto la actividad del sector económico como los servicios del sector público. Una reforma fundamental en la política impositiva sobre los recursos pesqueros, en especial la anchoveta destinada a la producción de harina de pescado, puede optimizar los incentivos para una economía de mercado productiva mientras provee a su vez, dinero para la educación, salud y otros servicios sociales, así como también, para la infraestructura del propio sector pesquero.

Estamos tan acostumbrados al compromiso y el intercambio, donde las metas de la mayoría y del país se sacrifican por las conveniencias de unos cuantos, que nos resulta difícil entender que una reforma sistémica pueda simultáneamente promover economías libres y justas, y nos parece un ideal imposible. Pero existe una perspectiva posible. Todo depende de la voluntad política.

El cambio del actual modelo tributario en el sector pesquero hacia una base más justa en función al concepto de recursos naturales, tiene una consecuencia positiva. Los impuestos funcionarían como retribución de lo que es esencialmente una herencia común de todos los peruanos. Al colocar impuestos a la anchoveta en proporción a su valor de venta final, se promueve una reforma. Las rentas más elevadas, serían cobradas para beneficio del sector público, logrando que se promueva de una manera cuidadosa y eficiente la utilización de los recursos naturales por el sector privado. Por el contrario, la baja tasa de impuestos a los recursos naturales lleva a su sobre explotación, como está ocurriendo actualmente con la anchoveta. Bajo el actual modelo, se incrementa el costo de la producción mientras el desarrollo continúa. Mientras se acumulan los beneficios privados de los recursos naturales en beneficio de unos pocos, la brecha entre ricos y pobres continúa creciendo año tras año. Agravada por el riesgo de colapso de la pesquería.

En el Perú los recursos naturales son controlados por unas pocas personas. Si eso es de por sí negativo, lo es más que su contribución al Estado sea demasiado pequeña.

Los fondos públicos puede ser además una fuente de financiamiento de préstamos con bajos intereses para los miembros de la comunidad pesquera artesanal, que es la principal proveedora de pescado para consumo humano directo.

Lo que tiene que quedar muy claro en el entendimiento de todos los lectores, es que cualquier industria genera impuestos directos e indirectos. Tributa a través del ISC en los combustibles, del IGV, etc. Pero la diferencia con las industrias que utilizan recursos naturales es que utilizan como materia prima un recurso natural vivo renovable que es patrimonio común de la Nación.

Y que además causan un daño al medio ambiente que hasta la fecha no está siendo ni controlado ni revertido. Por tal razón no es moral seguir permitiendo que no tributen específicamente en función al volumen de recursos extraídos en forma totalmente independiente del resto de tributos que la ley establece.

Se mantiene la gran concentración de las exportaciones en pocas empresas; la generación de más de la mitad de las divisas que aporta el sector a la economía nacional proviene de sólo 11 empresas, tal como viene ocurriendo años atrás.

El 51% de las exportaciones de Consumo Humano Directo lo cubren 21 empresas, lo que denota una leve expansión en comparación con años previos, en tanto que 52% de las exportaciones de Consumo Indirecto continúa a cargo de 7 empresas desde el 2003.A este análisis adicionemos la baja recaudación y no quedará duda de que estamos ante una situación que merece revisión.

Durante el 2005 se tiene registradas un total de 408 empresas que han exportado montos mayores a los US $ 1,000.


Clasificadas por rangos o niveles de exportación tenemos el siguiente esquema:

Grandes (más US $ 10 millones) 34
Medianas (entre $ 750 mil y 10’) 108
Pequeñas (entre $ 40 y $ 750 mil) 165
Micro ( menos de $ 40,000) 101 Total = 408

CONCENTRACION DE EMPRESAS


TOTAL GENERAL (CHD + CHI) US$ 1’ 623,650,198
10 empresas exportan por US$ 842’ 367,752 que significan el 52%

CONSUMO HUMANO DIRECTO US$ 313,203,685
21 empresas exportan US$ 158,810,909 que significan el 51%
CONSUMO HUMANO INDIRECTO US$ 1’ 304,577,225
7 empresas exportan US$ 677,583,995 que significan el 52%
CONGELADOS US$ 260’ 726,852
16 empresas exportan US$ 129’ 777,206 que significan el 50%
CONSERVAS US$ 30,645,667
4 empresas exportan US$ 18,646,625 que significan el 61%
CURADOS US$ 14,887,561
3 empresas exportan US$ 6,271,277 que significan el 42%
FRESCOS US$ 6,943,605
3 empresas exportan US$ 4,031,453 que significan el 58%
ORNAMENTALES US$ 3,195,328
2 empresas exportan US$ 1,667,436 que significan el 52%
HARINA US$ 1,148,558,829
7 empresas exportan US$ 613,517,867 que significan el 53%
ACEITE US$ 156,018,396
6 empresas exportan US$ 78,238,301 que significan el 50%
DIVERSOS US$ 2,648,318

12 de septiembre de 2006

No existe enfoque ecosistemico en la pesqueria peruana

Esta es la entrevista que el Diario el Comercio le hiciera a Patricia Majluf y que revela la realidad de la pesqueria peruana. Una pesqueria sumergida en las aguas de la indecision politica.
La ausencia de politicas de largo plazo con enfoque ecosistemico que provengan de una reforma estructural del sector planteada tecnicamente, y conducida por operadores politicos con capacidad de liderazgo y calidad personales para no sucumbir ante las tentaciones del poder, han conducido al sector al lamentable estado en que se encuentra hoy.
Marcos Kisner

"No existe un manejo ecosistémico"

PATRICIA MAJLUF

La anchoveta es la 'vedette' del negocio pesquero peruano. El Comercio conversó con la prestigiosa bióloga sobre este negocio y su problemática, desde otra perspectiva.

Hace unos meses recibió en el Reino Unido el premio Whitley de Oro a la conservación de la naturaleza por su labor de protección del entorno marino del Perú. La bióloga Patricia Majluf conversó con El Comercio acerca de su visión de la actividad pesquera, una que tiene que empezar a considerar su impacto en otros ámbitos. En un momento en que el Estado se propone debatir el problema del exceso de capacidad de la flota anchovetera, tener una visión alternativa --y, por qué no, polémica-- de la principal pesquería del país, desde el punto de vista científico, es crucial.

¿Cómo resumir la industrialización de la anchoveta para la elaboración de harina de pescado?Es una industria fácil; es moler pescado para dar de comer a otras especies. Fue hecha desde la perspectiva de un recurso que, teóricamente, nadie puede comer, para dar de comer a otros animales. Pero ese recurso sí se puede comer, hay varias alternativas.

Los industriales pesqueros argumentan que no hay suficiente mercado para toda la anchoveta que se pesca...Por supuesto que no hay mercado, pero tampoco tenemos que pescar tanta anchoveta. El diagnóstico que se hizo en los años 60 --y que es válido hasta ahora-- es que si sacamos de 3 millones a 5 millones de toneladas (TM) anuales, la anchoveta va a durar para siempre. Hoy estamos reportando 8,5 millones de TM anuales, pero todo el mundo sabe que hay hasta un 40% que no se está reportando.

Pero los empresarios pesqueros confían en sus sistemas de control de los recursos pesqueros.Ellos defienden el monitoreo siempre y cuando les convenga. Desgraciadamente, el Imarpe ha perdido un poco de transparencia y confiabilidad, porque hay decisiones (como abrir o cerrar una zona de pesca) que se toman políticamente. Además, el sistema satelital para el seguimiento de naves (Sisesat) y el de control de desembarque (provisto por SGS) tienen problemas. Tengo entendido que en las oficinas del Sisesat hay cerros de reportes de faltas e infracciones, pero que nadie los responde. Si se pone una multa, apelan. El lobby pesquero es el más fuerte de este país. Está en el Gobierno siempre.

La industria está concentrada en pocas manos. ¿Eso no se debe a las características de la actividad: un recurso aleatorio, con una cuota que origina una "carrera olímpica" porque se acaba?Pero esa carrera se da porque la cuota está dada en forma abierta. De lo que se habla ahora es de las cuotas individuales transferibles, de repartir la torta entre todo el mundo, de tal manera que todos puedan salir a pescar cuando quieran y no tengan que correr para sacar el recurso.

Hay quienes sostienen que, además de solucionar el exceso de flota, hay que aliviar el exceso de capacidad en las plantas. Y que ese excedente es incluso mayor al que tiene la flota...Es igual, de cuatro a seis veces lo que se necesita. El problema con las plantas --que aducen los pesqueros-- es que se necesita tener una en cada puerto de la costa. Lo que se debería hacer es también un sistema de cuotas. Además, falta orden. No existe un límite máximo permisible de efluentes. Por lo tanto, las plantas, grandes o pequeñas, pueden botar lo que sea al mar, sin que se les controle.

Los efluentes pueden afectar no solo a los pesqueros...Claro. La industria se lleva la mayor parte de la biomasa de anchoveta. Las otras especies, que dependen de ella, están deprimidas, al 15% de lo que estaban antes del desarrollo de la industria pesquera.

¿De qué especies se trata? ¿Jurel, caballa, sardina, bonito, cojinova, lisa, atún, pota...?Esas son las principales, pero hay más. Imagínate que tuviéramos la cantidad de lobos que teníamos antes. Eso para el turismo sería espectacular. Solo las Islas Ballestas mueven entre US$7 millones y US$9 millones al año por turismo, y si tuviéramos cinco de esos sitios, sería interesantísimo. Antes teníamos 400.000 TM anuales de guano. Ahora no llegamos ni a 20.000 TM. Y ese guano es recurso para la agricultura orgánica, que es un 'boom' en el mundo. Ahora, no solo es que los peces no tienen qué comer, sino que, además, los sitios donde se reproducen y se crían están contaminados.

Entiendo que este es un enfoque sistémico de la pesca, que la ve como una actividad en que interactúan varios agentes. Lo que uno no se explica es por qué las autoridades no usan este enfoque y se aplica en la regulación... El Perú tiene un compromiso internacional por haber firmado la Convención de la Biodiversidad, y hay una serie de convenios que nos comprometen a un manejo ecosistémico. Pero no se da, básicamente porque el enfoque siempre ha sido: anchoveta, anchoveta, anchoveta. Esta comisión que se ha formado para ver el exceso de capacidad de la flota de anchoveta está compuesta por la sociedad de pesquería, la sociedad de armadores, pero... ¿dónde está la sociedad civil? No hay un solo representante de instituciones técnicas, de las universidades, de las ONG.

Aún no se sabe la formación. Esa comisión va a ser explosiva. Para que el manejo pesquero sea realmente transparente, tienes que abrir este tipo de espacios.
Que los empresarios financian...Pero debería ser un mecanismo transparente y abierto. Es importante para calcular el esfuerzo de pesca. Se trata de un esfuerzo que está aumentando constantemente porque la flota siempre está creciendo. Lo que debe verse es si la biomasa que tenemos es producto de este esfuerzo de pesca o si es que está disminuyendo.

La situación puede mejorar antes de empeorar.Exacto. Cuando en los puertos hay más de 10% de juveniles, se debe cerrar la pesca. Pero en un cuadro donde se aprecian los días en que ha habido presencia de juveniles entre abril y junio del 2005, tienes que en Chimbote ha habido veces en que las capturas llegaban al 40% y por varios días. Allí no se cerró nada. Eso también sucede con la merluza. Ahora se pesca de una talla de 17 a 20 cm, cuando antes era de 35. La talla mínima reproductiva ha bajado de 35 a 22 cm, lo que quiere decir que los bebes se están reproduciendo. Y eso solo se da cuando una población está sobreexplotada.
Madura más rápido...Lo mismo ocurre con la anchoveta. También está disminuyendo su talla reproductiva. Ese es un patrón que se está dando en todo el mundo. Estamos reduciendo la productividad de los ecosistemas marinos al dejar solo a los pequeños vivos. Estamos haciendo un proceso de selección no natural.

El debate en el Perú se ha planteado en términos de cuotas individuales o de cuota global. ¿No hay otras alternativas, porque parece no haber consenso dentro del sector?

El problema con las cuotas en nuestro país es que tenemos demasiados jugadores en la pesca. Cuando tienes 100 compañías, puedes partir la torta en 100. Pero hay 600 o más embarcaciones de acero y tienes 700 vikingas (de madera), pero en las afueras de Ilo están haciendo 150 más y hay 250 más que se están construyendo en el norte. Sigue creciendo el número de individuos metidos en el sector.

Hay quienes sostienen que las naves vikingas ya existían antes de la ley de pesca de los años 90...Pero eran menos. El almirante (r) Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República y ex presidente del Imarpe, dice que si se instalan equipos de frío en las bodegas de los barcos, se va a reducir la capacidad de flota. Pero esos son mecanismos para proteger la calidad del pescado y usarlo en el consumo directo. Ahora sí hay mercado para esa pesca: África está interesadísima. Se vende la anchoveta en bloques congelados o en seco-salado y se enlata en España. ¿Por qué no se hace eso acá? Venden a US$700 la TM de anchoveta sin cola y sin cabeza, mientras que para hacer una tonelada de harina de US$1.400 se necesitan entre cuatro y cinco TM de anchoveta. Si realmente creáramos los mercados, generaríamos más dinero y sería más saludable para el ecosistema.
La ley de pesquería tendría que considerar todo esto...Por supuesto. El año pasado hubo un simposio para ver el tema de la certificación de la pesquería de anchoveta peruana bajo el Marine Stewardship Council, que certifica si hay manejo ecosistémico. La respuesta del sector fue que no la necesitaba, porque el Gobierno decía que la pesca en el Perú era sostenible. El problema no se discutió en toda su extensión. El Banco Mundial nos ha permitido poner esta frase en un estudio que hemos concluido recientemente (nos muestra el resumen)...
"Con capacidades de flota y procesamiento sobredimensionadas, la pesquería peruana muestra eficiencias muy pobres, ocasionando considerables pérdidas de renta y elevados costos ambientales y sociales al Estado, generando grandes ingresos de divisas que benefician a una fracción mínima de la industria", dice el documento.

Normalmente el Banco Mundial es muy cauto, pero esto lo avala y lo acepta.

Este es el diagnóstico del sector: estamos en el ecosistema más rico del mundo y explotamos una fracción que es la base de esa riqueza. Estoy convencida de que si bajamos las cuotas de pesca a un máximo de cinco millones de toneladas, en pocos años podríamos recuperar la riqueza que tenía nuestro ecosistema. Pero hay que controlar la cuota, los efluentes pesqueros y el tamaño de la flota.

¿Eso se podría manejar con una cuota global o con cuotas individuales?La cuota global sí, pero además debes tener un sistema de ordenamiento, porque no puedes tener esta cantidad de embarcaciones yendo a pescar lo que se pueda cuando se pueda.

¿Bajo el escenario actual, se ha aventurado a pronosticar hasta cuánto puede dar el recurso? Porque parece que hasta ahora hemos tenido mucha suerte...

En biología hay un fenómeno llamado "resiliencia", que es la capacidad de un ecosistema para recuperarse. El ecosistema del Perú es tan fuerte, tan rico, que le hemos dado golpes y sigue levantándose. El problema es que estamos afectando ya su resiliencia. El sistema de Humboldt tiene la suerte de tener un mecanismo de renovación regular, que es el fenómeno de El Niño. Pero siempre estaba la anchoveta, que era el alimento, la energía que permitía que todas las especies se recuperaran.

Hoy, las demás especies no tienen esa comida para recuperarse. Hemos empobrecido nuestro sistema y quitado esa resistencia. En los años 50, antes de la pesca industrial, el 85% de la biomasa de anchoveta era consumido por otros depredadores y 14% por las aves marinas. Hoy, la pesquería se lleva ese 85% y para el resto de depredadores queda 12% y 2% para las aves. La población de aves está ahora al 10% de lo que era antes de la pesca de anchoveta. Cada vez se demora más en recuperarse y lo hace en niveles cada vez más bajos. Con la evidencia que tenemos, no podemos decir fehacientemente que estamos sobreexplotando la anchoveta, pero sí que estamos sobreexplotando el ecosistema.

Eso no significa que no hagas industria...No. Lo que tienes que hacer es industria, pero manejándola desde una perspectiva más amplia. Siempre hemos sabido que la sobrepesca de anchoveta explicaba la caída de otras especies. Pero le preguntabas al Imarpe sobre eso y te respondía que tenía gente que estudiaba cada especie... por separado. Nunca nadie hace la conexión ecosistémica.

La ficha

Nombre: Patricia Majluf Chiok.Profesión: Bióloga.Cargo: Jefa de la Unidad de Biología de la Conservación de la Universidad Cayetano Heredia.

Reconocimientos: Ganó el premio concedido por la Whitley Fund for Nature por un proyecto para la creación de una red de áreas marinas protegidas en la costa peruana.

Christian Navarro Rojas

9 de septiembre de 2006

Distribucion del canon pesquero

Para los interesados en conocer como se distribuyen los recursos del canon pesquero, el dia viernes 8 de setiembre del presente año se publico en el diario oficial El Peruano, la RM 488-2006-EF/15 que aprueba los índices de distribución del canon pesquero.

Vale recordar que el cobro de derechos pesca genera una suma de dinero, cuyo 50% alimenta al canon pesquero. De igual manera la recaudacion de impuesto a la renta de las empresas pesqueras aporta 50% al canon. En el analisis de la distribucion de estos recursos del canon se puede apreciar con facilidad que son muchisimas las municipalidades que reciben una pequeña porcion del canon pesquero. Es muy poco lo que podrian hacer con esos dineros.

Quiza una mejor opcion seria, en lugar de repartirlo, concentrar todo el canon en uno o varios proyectos estrategicos de inversion en infraestructura. Estos podrian focalizarse en las areas o regiones mas urgidas de inversion, y mas adelante, en la medida que las necesidades de infrestructura se van resolviendo, volver a la distribucion tal como actualmente esta concebida.

Por ejemplo, ahora que se pretende incentivar la alimentacion popular y se requiere reactivar la cadena de frio, con estos recursos podrian hacerse camaras de almacenamiento refrigerado en determinados lugares. Podria mejorarse los desembarcaderos artesanales a fin de facilitar la comercializacion mas higienica de sus productos, etc.

Y si finalmente los derechos de pesca que paga la anchoveta se elevasen a una cifra mas razonable y justa que la actual, el propio canon pesquero tendria mas recursos.

Las metas del gobierno en cuanto a consumo de pescado, tienen en esta recaudacion una buena fuente de financiamiento.

6 de septiembre de 2006

PAIS PESQUERO

UN PAIS PESQUERO

Un país con un litoral tan largo como el que tiene el Perú, frente a un océano que alberga una de las zonas más privilegiadas del mundo en cuanto a reservas de peces, debiera ser por definición, un país pesquero.
Un país que posee espejos de agua y ríos favorables para la pesca continental debiera ser un país pesquero.
Un país con potencial para acuicultura y maricultura debiera ser un país pesquero.

El Perú es un país pesquero por definición, pero ¿que se entiende por dicho término?
El solo hecho de tener una importante biomasa de anchoveta y otras especies marinas, así como el potencial que brindan ríos y lagos no es suficiente para definirnos como país pesquero.

Grandes cifras en toneladas o en dólares de productos marinos exportados no definen por sí mismos la condición de un país pesquero.

Lo que los hombres hacen o dejan de hacer con sus recursos, es lo que realmente define la condición de pesquero.
Si nos atenemos estrictamente al potencial y lo que se encuentra en estado natural, la definición de país pesquero no grafica nada más que posibilidades y oportunidades.

La definición válida de país pesquero debería darse en el contexto de aquello que somos capaces de hacer con ese potencial pesquero. O de lo que no somos capaces de hacer.

Educar al sector para una pesca responsable, entrenar a los pescadores para la diversificación y para que den un paso hacia la transformación y comercialización de sus productos, educar al consumidor a comer pescado; ofertar un pescado limpio, inocuo, con controles sanitarios que aseguren su calidad. Eso es parte de la definición de un país pesquero. Exportar calidad en productos hidrobiológicos, pero consumir la misma calidad en el mercado interno. Priorizar la pesquería hacia el consumo humano directo, protegiendo el rico ecosistema marino de Humboldt, que es precisamente el que nos da la posibilidad de ser país pesquero.

Adoptar un enfoque ecosistémico en nuestra ordenación pesquera, asumir el criterio precautorio en la asignación de cuotas de captura anuales, proteger nuestra condición de país pesquero.

Formular una política pesquera de largo plazo, integral, racional, que brinde las posibilidades de ser un país pesquero de largo aliento, viable, con privilegio de la alimentación nacional.

Hay muchas cosas que definen la calidad de ser un país pesquero. Esa definición depende de la voluntad política.
Podemos hacer de la pesquería peruana lo necesario para que nos lleve a exhibir ante el mundo el orgullo de sabernos realmente un país pesquero.