La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

9 de diciembre de 2020

NO TODO EL PESCADO ES IGUAL

Esta nota nos muestra la gran diferencia respecto al consumo de pescado que existe entre paises de la Unión Europea y el Perú.  Siendo algo tan necesario, por respeto y consideración al consumidor nacional, es cuestionable que ni el Estado ni la industria hayan hecho algo efectivo y real para poder aplicar la trazabilidad que conduzca a un etiquetado.

Esto sin mencionar la calidad de los productos congelados que se expenden en los supermercados nacionales. Solo como referencia, hay que examinar o comprar una bolsa de mixtura de mariscos y veremos que su contenido tiene especies de tamaños minúsculos y gran cantidad de retazos o saldos de pota en anillos o botones. ¿Acaso no son excedentes o rechazos de aquellos productos destinados a la exportación que no han aprobado el control de calidad que exige el importador? 

Su sola exhibición para el mercado nacional ya constituye una ofensa para el público peruano.


NO TODO EL PESCADO ES IGUAL: ¿QUÉ NOS DICE EL ETIQUETADO SOBRE SU ORIGEN, TIPO Y MÉTODO DE PESCA?

MERCEDES BORJA

En el etiquetado, que es común en toda la Unión Europea, deben constar datos como el lugar de prodecencia, el modo de producción o si el pescado ha sido previamente congelado. 

La información obligatoria tiene que constar también en el pescado vendido a granel, Emily Miller / Pixabay

Desde el año 2014, gracias al Reglamento (UE) 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, existe un etiquetado común que se aplica a todos los productos de la pesca y acuicultura. Este etiquetado, que es obligatorio en todos los países de la Unión Europea sea cual sea la procedencia del producto, debe estar presente en todo el pescado: vivo, fresco, congelado, seco, salado, ahumado, crustáceos, moluscos, algas, incluso la harina de pescado.

¿Qué nos dice el etiquetado?

En el etiquetado de todos los productos de pescado que se comercialicen dentro de la Unión Europea tienen que aparecer los siguientes datos:

Denominación comercial y científica: En este apartado encontramos el nombre con el que comúnmente se conozca a este pescado en cada país. Estos nombres deben estar recogidas en la legislación vigente de cada país miembro y presentarse en la lengua o lenguas oficiales de cada zona. También debe constar el nombre científico.

Método de producción: Se deberá indicar si los productos provienen del mar (pesca extractiva), si proviene de aguas dulces (capturado en agua dulce) o si es de piscifactoría (de cría).

Zona de captura o producción: La zona geográfica de dónde procede el pescado. En caso de productos extraídos del mar, se deberá especificar la zona o subzona en la que ha sido capturado según las divisiones de la FAO (Organización de las Naciones Unidad para la Pesca y la Alimentación). Por ejemplo, un pescado extraído de la zona del Mar Mediterráneo y el Mar Negro aparecerá como tal o como zona 37. En el caso de pescado de capturado en aguas dulces, el país de origen, y en caso de pescado de piscifactoría, deberá constar el país en el que el producto haya alcanzado más de la mitad de su peso final, haya permanecido más de la mitad del periodo de cría o, en el caso de marisco, haya estado seis meses como mínimo en fase de cría o de cultivo finales.

Si el pescado ha sido descongelado, deberá constar, pues el consumidor no podrá congelarlo de nuevo.

Fecha de duración mínima (consumo preferente) y fecha de caducidad: Como en el resto de productos de alimentación, deber contar la fecha de envasado, de caducidad o de consumo preferente. En caso de moluscos bivalvos vivos se puede sustituir por la frase “estos animales deben estar vivos en el momento de su venta”.

Modo de presentación: En caso de los pescados envasados se debe especificar la presentación o tratamiento al que ha sido sometido el producto, si esta eviscerado, con (C/C) o sin cabeza (S/C), fileteado, con o sin piel u otros.

Precio por kilo, y en caso de pescado congelado, el PVP del peso neto escurrido.

En caso de pescado congelado, si el glaseado (aplicación de una capa de hielo sobre la superficie de un producto congelado) es superior al 5%, se deberá indicar el porcentaje.

Los productos envasados no frescos requieren más información, como lista y cantidad de los ingredientes.

Si lo productos frescos que no están envasados, sino que se venden al peso, esta información deberá constar en los tablones o carteles del pescado en cuestión y deben ser visibles al público.

Información adicional

Además de la información obligatoria, el productor puede facilitar datos adicionales, como la fecha de captura o recogida, de desembarque, sobre el tipo de pesca (cómo se ha extraído) del puerto e incluso la relativa a la sostenibilidad del producto, la ética, etc. Esta información adicional deberá estar verificada y no podrá, en ningún caso mermar el espacio disponible para la información de obligatoria.

En este díptico creado por la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de Madrid se especifica de una manera muy gráfica qué tenemos que buscar en el etiquetado de los productos de pescado que consumimos. 

 

Fuente

https://www.20minutos.es/noticia/4503681/0/no-todo-el-pescado-es-igual-que-nos-dice-el-etiquetado-del-sobre-su-origen-tipo-y-metodo-de-pesca/


5 de diciembre de 2020

La falta de una política nacional de pesca debilita el control de irregularidades en la explotación del mar peruano

 Por Carla DíazGianella Tapullima

POLÍTICA PENDIENTE. Durante el 2020, el Ministerio de Producción debió aprobar la Política Nacional de Pesca y Acuiltura, según un plan conjunto aprobado en 2017.

El sector pesquero aún afronta grandes retos a nivel normativo, como lograr la aprobación de la primera política nacional pesquera, y encaminarse hacia un sistema de pesca responsable y sostenible con la incorporación de técnicas y dispostivos tecnológicos que contribuyan a la disminución de la pesca de juveniles.

Este y otros pendientes fueron abordados durante la "La hora azul", un ciclo de mesas virtuales - organizado por OjoPúblico y Oceana- que reunió a representantes del sector público y privado, organismos de control y de la academia, con el objeto de discutir sobre la actual situación del sector pesquero con miras al Bicentenario.

La unidad de verificación OjoBiónico analizó las afirmaciones de los expertos y dirigentes del sector, y detectó versiones verdaderas y falsas durante el debate. A continuación los resultados:

 Wilmer López Llauri, dirigente del sector pesquero artesanal 

“No hay una política de Estado [para el sector pesquero]”

Calificación: Verdadero


 
El presidente de la Asociación de la Cadena Productiva de Pesca para el Consumo Humano Directo, Wilmer López Llauri, comentó que uno de los principales problemas en el sector es el desorden normativo y, como sustento de ello, afirmó lo siguiente: “No hay una política de Estado [para el sector pesquero]”. Luego de revisar la normativa peruana y consultar con especialistas, concluimos que esto es verdadero.

La afirmación de López Llauri figura en la siguiente transcripción:

“No hay una política de Estado [para el sector pesquero] para controlar todas estas irregularidades]. [...] Nosotros creemos y ratificamos que aun teniendo una vasta legislación pesquera y muchas organizaciones comprometidas en la administración y  fiscalización del sector pesquero, no se ha puesto en orden porque cada uno trabaja por su parte, a su manera. Tenemos el Ministerio de la Producción con la Dirección General de Fiscalización y Sanciones, tenemos las capitanías de puerto, tenemos las fiscalías especializadas, tenemos la Policía Ecológica, tenemos la Sociedad Nacional de Pesquería -que tiene su código de ética [...]”.  

Ahora bien, consultado para esta verificación, López precisó a OjoPúblico que su afirmación hacía referencia a la ausencia de una política nacional de pesca que establezca objetivos conjuntos y de largo plazo para las entidades que regulan el sector. “Cada vez hay un desorden más grande. Cuando no hay política de Estado, son coyunturales las normas”, agregó López. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el primer lugar de la normativa pública están las políticas de Estado, que definen los lineamientos del accionar del aparato estatal en el largo plazo, con el fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

Actualmente, el Perú cuenta con 35 políticas de Estado que fueron aprobadas en 2002, durante el Foro del Acuerdo Nacional, integrado por autoridades, partidos políticos y la sociedad civil. 

Estas políticas de Estado se articulan en cuatro grandes ejes: 1) democracia y Estado de derecho, 2) equidad y justicia social, 3) competitividad del país y 4) Estado eficiente, transparente y descentralizado. 

Ninguna se refiere de manera particular a algún sector como el pesquero, pero las políticas del Estado se materializan y desagregan a través de las políticas nacionales, que les siguen en jerarquía a nivel legal, y establecen los objetivos y lineamientos que guiarán a las instituciones del Estado para resolver un problema público, como lo precisa el Reglamento que Regula las Políticas Nacionales. 

Por ello, son de obligatorio cumplimiento para todo el aparato estatal y los diferentes niveles de gobierno, y su continuidad va más allá del periodo de una administración.

 




Captura: 
CEPLAN

Ahora bien, según pudo verificar OjoPúblico en el inventario de políticas nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) —organismo técnico responsable de la formulación y seguimiento de las políticas públicas— no existe alguna política nacional de pesca. 

Lo que existe son normas sectoriales, que tienen un efecto más limitado, como el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para el Consumo Humano y los Lineamientos de Política Pesquera para el Desarrollo Sostenido de la Pesquería y la Acuicultura.

 



Captura: Inventario de Políticas del CEPLAN.


 

En agosto del 2019, la entonces ministra de Producción, Rocío Barrios, dio cuenta de que una comisión del Poder Ejecutivo trabaja en una propuesta de política nacional pesquera. “Hemos establecido un grupo de trabajo para la primera política nacional pesquera. Esperamos culminarla antes de fin de año”, dijo durante una entrevista para un medio local

La ausencia de una política nacional de pesca en el Perú ya había sido observada, en 2016, en el informe de Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas. 

El documento en cuestión analizó el marco normativo peruano en cuanto a pesca, acuicultura, minería y otros sectores productivos, indicando en su recomendación 56 que el país debía “avanzar hacia una política integrada sobre los recursos hidrobiológicos con una planificación completa y coherente de los usos del mar y de las cuencas de aguas continentales”. 

Producto de estas sugerencias se aprobó en junio del 2017 el Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, que tuvo como una de sus metas principales la aprobación de una Política Nacional de Pesca y Acuicultura, que debió concretarse en el plazo de tres años desde la aprobación del documento técnico. Es decir, durante este 2020. 

Si bien existe una Ley General de Pesca, la misma que cuenta con su reglamento, estas datan de 1992 y 2001, respectivamente, y fueron consideradas desfasadas en el informe de Evaluaciones del Desempeño Ambiental de la CEPAL. 

En 2015, la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) alertó que era prioritaria la formulación de la Política Nacional Pesquera y Acuícola del Perú. La observación se realizó en el marco de un taller internacional realizado para generar recomendaciones al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura que estaba elaborando en ese momento el Ministerio de Producción. 

En entrevista con OjoPúblico, la exministra de Producción, Rocío Barrios, explicó que, si bien existe una Ley General de Pesca, esta no es una política nacional, pues lo que hace es proporcionar un marco normativo de procedimientos y procesos de la actividad pesquera, pero estos distan de una política nacional que establezca objetivos, identifique los problemas y proponga cómo solucionarlos, así como el establecimiento de indicadores anuales. “Esa política nacional no existe y no ha existido”, precisó. 

La exfuncionaria contó que desde el año 2018 se han conformado dos comisiones para desarrollar una política nacional de pesca. Ese año, la iniciativa fue promovida por la FAO, pero debido a la rotación de funcionarios en el Ministerio de Producción, el proceso no culminó. “Cuando yo asumí el cargo [de Ministra], lo que se procuró fue actualizar esta política con una proyección para los siguientes años. Esto se desarrolló a partir del diagnóstico del problema, la identificación de los objetivos, la determinación de las proyecciones del sector y las propuestas de solución”. 

Esta propuesta tampoco está terminada, pues tiene pendiente la validación de sectores transversales que son parte de la administración y regulación pesquera, como el Ministerio del Ambiente, el Instituto del Mar del Perú, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, entre otros.  

Este medio se contactó con la oficina de la FAO en Perú para solicitar precisiones sobre el acompañamiento que la entidad ha dado al Estado en la formulación de la política nacional pesquera. Sin embargo, declinaron pronunciarse y comentaron que se reunirán con las nuevas autoridades para establecer una nueva ruta. 

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de Wilmer López Llauri, presidente de la Asociación de la Cadena Productiva de Pesca para el Consumo Humano Directo, acerca de que no existe una política nacional de pesca, es verdadera. 


 Fuente 

https://ojo-publico.com/2298/falta-de-politica-nacional-de-pesca-debilita-control-del-mar-peruano

28 de junio de 2020

Revista Pesca julio 2020: suplemento especial

Con demasiada frecuencia las administraciones de Pesca son retiradas de la función y nuevas autoridades asumen los cargos que dejan.  Veinte ministros, quince vice ministros en 18 años y un sector pesquero con prácticamente los mismos problemas, que quedan sin ser resueltos.

Muy pocos titulares del pliego de Producción pasarán a la historia como responsables de algún hecho o norma realmente trascendente como para que sean dignos de ser recordados, para bien o para mal. La mayor parte, en corto tiempo, habrán sido olvidados como cualquier personaje que atraviesa por un período de la historia sin haber dejado huella significativa, o lo que es peor, ninguna huella, ningún recuerdo. Se van sin pena ni gloria, dejando a la pesca igual como la encontraron, condenados al olvido de la gente a la que pudieron servir y no lo hicieron.

Este es el resultado de la existencia del Ministerio de la Producción. No podría asegurarse, sin embargo,  que si hubiese existido un Ministerio de Pesquería en manos de los mismos personajes el resultado hubiese sido distinto.

No es el tipo de Ministerio el que decide el rumbo que llevará, sino el titular del pliego.

Para mal de la pesquería peruana, son pocos aquellos que se comprometieron con el sector y aportaron algo a su desarrollo y progreso. La pesquería necesita de funcionarios con alma y con compromiso.

Nos hemos democratizado, lo que implica que en nombre de esa democracia debemos soportar, muchas veces,  funcionarios  sin competencias ni experiencia para administrar un sector tan particular como el pesquero.

¿Qué le espera al sector con el nuevo gobierno en 2021, en un escenario tan especial como el que se vive en esta época de pandemia?

A un año de que un nuevo gobierno asuma la conducción del país, este suplemento condensa las tres ediciones de la Revista Pesca referidas a gobernanza, formalización y política pesquera en tiempos electorales. Presenta también una imagen del bicentenario de la independencia.

Los invito cordialmente a leer este suplemento de la Revista Pesca.

https://es.calameo.com/read/000453377415eadc27f19

29 de mayo de 2020

La oferta electoral en la pesca del Perú


El diseño del plan de gobierno es un reto: debe ser corto, sencillo de entender, fácil de ejecutar y responder a necesidades propias del sector. Pero por sobre todo debe estar concebido para servir a la gente, al país y a las mayorías.

Hay muchas ideas, muchas necesidades y muchos problemas en el sector. ¿Se pueden abarcar todos en un solo período de gobierno? Lo más probables es que no.

Se necesita entonces elegir algunos problemas para poder elegir cuáles de ellos deben ser materia de atención de acuerdo a la ideología del partido que los diseña.

¿Pero quiénes son los responsables de elaborarlo y quiénes ejecutar el plan si es que ganan?

Deben ser expertos en el tema, que comulguen con las ideas del partido y del candidato para que luego asuman los cargos que les permitan ejecutarlo. Es la mejor receta para hacer algo serio realmente. Deben conformar un equipo técnico con ideas comunes y capacidad de trabajo en equipo.

Pero generalmente no ocurre así. Puede ocurrir que personas honestas y con convicción diseñan el plan; pero que termine en manos de otras personas que no creyendo en el mismo, ni entendiéndolo, asumen los cargos por decisiones políticas de conveniencia, no necesariamente para el sector.

También puede ocurrir que asumiendo el poder quienes diseñaron el plan, se encuentren con un aparato burocrático y legal que les dificulta hacer lo que deba hacerse.

En todo caso, es Palacio de Gobierno quien tiene que crear las condiciones para que se facilite la ejecución de lo ofrecido en la campaña electoral.

También pueden ocurrir miles de cosas más. La aleatoriedad en el escenario político es enorme, por lo cual se requiere de un liderazgo fuerte y efectivo desde Palacio.

Los invito cordialmente a leer el suplemento de la Revista Pesca que presenta el tema de las elecciones presidenciales y la pesca en el Perú.


14 de mayo de 2020

La formalización de la pesca en el Perú ¿será posible?


Resulta cuestionable que el MEF y la SUNAT no actúen sobre la formalización de las embarcaciones ni sobre los pescadores no embarcados  y dejen solo al PRODUCE para que formalice, a medias, a las embarcaciones.

La informalidad va a causar problemas a la flota en el contexto de las capturas de pota en el ámbito de la OROP del Pacífico Sur.

PRODUCE necesita una agenda que:

Oriente hacia la real formalización administrativa, tributaria y laboral de la flota en beneficio del tripulante pescador que sufre la ausencia de seguridad social.

Defina y/o aclare las competencias y procedimientos para la formalización de los pescadores no embarcados, que es una cosa totalmente distinta de la formalización de embarcaciones.

Perfeccione y/o actualice las competencias de los Gobiernos Regionales y las suyas en el marco de la flota artesanal y de menor escala, así como las definiciones de embarcación artesanal y de menor escala.

El tripulante, o pescador embarcado, es finalmente un empleado cuya situación se resuelve cuando se formaliza debidamente el armador; pero el pescador no embarcado es otra realidad.

Las embarcaciones artesanales y las de menor escala están en una zona gris, que debe ser claramente definida en cuanto a las competencias de la autoridad para ejercer el control sobre ellas.

En términos prácticos ¿dónde terminan las funciones de PRODUCE y dónde empiezan las de los Gobierno Regionales en el marco de la formalización real del día de hoy? Jurídicamente hablando las competencias están definidas y transferidas, pero en forma difusa y vaga ¿quién es en la realidad el obligado a formalizar?

Debe mencionarse que, según resultados del censo de 2012, 31,836 pescadores artesanales estaban interesados en constituirse como MYPE, lo que representa el 72,1% del total. ¿Por qué PRODUCE a través del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria no ha invertido mayor esfuerzo en este paso de la formalización?

El MEF no ha hecho absolutamente nada en cuanto a la formalización. Cuando el asunto es simple: la seguridad social y pensiones dependen de que los beneficiarios estén en una planilla. ¿y cómo se genera una planilla? cuando se les contrata debidamente.

El Ministerio de Trabajo no dice ni hace nada tampoco. Salvo por la cuestionada Ley 30003 que legisla en cuanto a seguridad social y pensiones de los tripulantes pesqueros de mayor escala, o industriales, no ha hecho nada por los tripulantes o pescadores artesanales y de menor escala.

La DICAPI ¿cuál es su papel en el control de la formalización?

Debería agilizar los procesos para el otorgamiento de certificados de matrícula, incrementar el control sobre las embarcaciones que zarpan impidiendo que lo hagan las informales y detener los zarpes de embarcaciones construidas ilegalmente.

¿A dónde va PRODUCE?

Debería replantear todos sus esfuerzos por otorgar permisos de pesca, agregando acciones que faciliten la creación de pequeñas y micro empresas de armadores artesanales y de pequeña escala y articular debidamente con el MEF, el Ministerio de Trabajo, los Gobiernos Regionales y la DICAPI el resto de acciones que puedan, coordinada y coherentemente, alcanzar el objetivo de una formalización integral y no solamente parcial.

¿A dónde van los Gobiernos Regionales?

Y lo más importante ¿a dónde va Palacio de Gobierno en materia pesquera? Es de allí de donde deberían salir las directivas para un trabajo integrado entre los sectores responsables que conduzcan a la verdadera formalización de la pesca.

La formalización no será posible, en tanto no haya una voluntad política clara por ordenar la actividad pesquera dentro de un marco establecido por una política con visión de largo plazo. Si no se despoja de politiquería a la administración de la pesca peruana, seguiremos hablando de los mismos problemas gobierno tras gobierno.

Se requiere un enfoque multisectorial, liderado por Palacio de Gobierno o por la PCM y que fije objetivos claros y un cronograma que se cumpla y respete pese a los cambios políticos que lamentablemente se dan en forma constante y a veces no para mejor.

Los invito cordialmente a leer el suplemento de la Revista Pesca que presenta el tema de la formalización de la pesca artesanal en el Perú.


30 de marzo de 2020

EL INCIERTO FUTURO DE LA PESQUERIA PERUANA


Ministros de la Producción desde la creación del Ministerio:

MINISTROS DE LA PRODUCCION 2002 - 2020

1.       EDUARDO IRIARTE                                                 
2.       JAVIER REATEGUI
3.       ALFONSO VELASQUEZ
4.       DAVID LEMOR
5.       RAFAEL REY
6.       ELENA CONTERNO
7.       MERCEDES ARAOZ
8.       NICANOR GONZALES
9.       JORGE VILLASANTE
10.     LUIS NAVA
11.     KURT BURNEO
12.     JOSE URQUIZO
13.     GLADYS TRIVEÑO
14.     PIERO GUEZZI
15.     BRUNO GIUFFRA
16.     PEDRO OLAECHEA
17.     LIENEKE SCHOL
18.     DANIEL CORDOVA
19.     RAUL PEREZ
20.     ROCIO BARRIOS ALVARADO

La cifra de 20 ministros en 18 años, que da un promedio de 1.11 ministro por año podría ser una de las causas de que la gestión del sector pesca durante el período sea inadecuada e improductiva para las necesidades de la pesquería. Si se suma al corto tiempo que cada Ministro permanece en el cargo, la inexperiencia de cada uno, la rotación constante de funcionarios de todo nivel, derivada del cambio del titular del pliego, podemos entender por qué el sector está en crisis. No basta la buena voluntad o la capacidad personal sin que esté acompañada de conocimiento de la pesca.

Como excepción, destaca Rafael Rey por la dación del DL 1084 que ordenó la pesquería de la anchoveta para CHI. Sigue siendo una norma polémica, pero ha sido, quizá, la más importante desde la promulgación de la propia Ley de Pesca. Rey no era un experto en el sector, pero se comprometió con la pesca y permitió la generación de un documento trascendente. Su gestión fue una de las más largas, desde el 28 de julio de 2006 hasta el 13 de octubre de 2008, lo que propició un período de avances, sobre todo en relación a la promoción del consumo de anchoveta, gestado por su viceministro Alfonso Miranda.

VICEMINISTROS DE PESQUERIA 2002 – 2020

1.       JULIO GONZÁLES FERNANDEZ
2.       LEONCIO ALVAREZ VASQUEZ
3.       ALEJANDRO JIMENEZ MORALES
4.       ALFONSO MIRANDA
5.       ELSA GALARZA
6.       MARIA TALLEDO
7.       ROCIO BARRIOS
8.       PATRICIA MAJLUF
9.       JAIME REYES
10.     EDUARDO PASTOR
11.     PAUL PUMPHIU
12.     JUAN CARLOS REQUEJO
13.     HECTOR SOLDI
14.     JAVIER ATKINS
15.     MARIA DEL CARMEN ABREGU

Si bien es cierto el promedio de viceministros es menor que el de los ministros, no se aprecia que su nivel de experiencia o de capacidad de manejo haya sido el adecuado para servir a un Ministro con o sin agenda política. Poco se puede decir de la mayoría de los ministros y viceministros que asumieron el cargo sin agenda, sin visión de futuro para la pesca, sin conocimiento y sin compromiso por hacer algo de fondo para el sector.

Exceptuando la gestión de Alfonso Miranda, el viceministro de mayor duración en el tiempo que se ha tenido, con experiencia en el sector y que realizó importantes aportes para la promoción del consumo de anchoveta, los demás, o tuvieron poco tiempo para diseñar algo importante, o carecieron de la fuerza y/o capacidad necesarias para hacer algo trascendente, o simplemente carecieron de una propuesta. Otros, que pudieron haber realizado reformas importantes en base a su experiencia y cualidades personales, fueron sometidos por una gestión autocrática, o por la imposibilidad de realizar una labor eficaz por falta de condiciones apropiadas.

En la inadecuada administración del sector, ha primado la ausencia de hechos efectivos para la pesca peruana.  Promesas que son difíciles de cumplir y otros instrumentos de manejo político y administrativo, se convirtieron en árboles que impidieron ver al bosque de necesidades y problemas que atender.

La designación de funcionarios de confianza de la administración para cargos de dirección, se deslegitima cuando el mismo no es un experto en pesca ni conoce lo mínimo imprescindible para asegurar un buen desempeño. Esto ha devenido en una constante que daña a la pesquería.

La verdad es que cada gestión diseña, con mayor o menor conocimiento y con intereses políticos y/o personales básicamente, su propia agenda, la cual dura apenas lo que dura su gestión. Ni siquiera dura el gobierno completo.

La consecuencia es que desde 2002 al 2020, los problemas de fondo de la pesca siguen siendo los mismos, en especial los de la pesca artesanal. No se ha diseñado una política de largo plazo ni se han enfrentado los temas con eficacia.

El futuro se proyecta en forma similar, con más de lo mismo. Nada permite asegurar que las próximas gestiones serán conducidas por personas adecuadas, que se elaborará una Política de Estado con visión de largo plazo, que será respetada por los sucesivos gobiernos y que los siguientes Titulares del Pliego actuarán con desprendimiento personal, con tecnicismo, escuchando a quienes algo tienen que aportar, sin soberbia ni arrogancia.

No mejorará la gestión pesquera mientras los funcionarios sigan trabajando sin compromiso, intelectualmente castrados por el temor a perder el empleo, o subordinados a la autocracia de la autoridad de turno y tampoco mientras no se defina una Política de Estado para el largo plazo. Tampoco con directores de “confianza” pero sin experiencia ni conocimiento.

Lo ocurrido en relación al Imarpe y la segunda temporada de anchoveta 2019 puso en vitrina la problemática pesquera, que generalmente a poca gente le importa y reavivó un latente conflicto entre la industria y la administración actual. Se le ha llamado “crisis en la pesca”; pero la verdad es que el sector vive una crisis hace mucho tiempo por la falta de voluntad, de capacidad y de decisión políticas para enfrentarla.

Los antecedentes permiten presumir que la pesca está condenada a ser una actividad sin importancia para los gobiernos; pero apetecida por políticos con agendas personales, o lo que es peor: sin agenda.

Crear el Ministerio de Pesquería no solucionaría nada si el sistema sigue funcionando bajo el mismo esquema.

28 de marzo de 2020

PRODUCE ELEVA LA CUOTA DE PESCA DEL JUREL PARA EL 2020 A 140,000 TONELADAS


El Ministerio de la Producción (Produce) informó que hoy se amplió el límite de captura del recurso jurel (Trachurus murphyi) para el período 2020 de 100,000 toneladas a 140,000 toneladas.

A través de la Resolución Ministerial N° 123-2020-PRODUCE, sostuvo que las capturas sólo serán realizadas por embarcaciones artesanales, manteniéndose vigente la suspensión de las actividades extractivas de embarcaciones de mayor escala, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 094-2020-PRODUCE.

Asimismo, detalló que las Direcciones Generales de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción realizarán las acciones de difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.

Además lo harán las dependencias con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Razones del incremento

Se debe señalar que mediante Memorando N° 00000139-2020-PRODUCE/OGEIEE, la  Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos remitió el “Reporte de Avance de la Cuota de pesca de Jurel para CHD Temporada de pesca 2020 20/03/2020”, el cual señala, entre otros, que con relación a la cuota global establecida de 100 toneladas en enero pasado, se tiene un avance de 97.7%.

De igual manera, la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura señala que las condiciones ambientales favorables permiten la disponibilidad del recurso jurel.

Asimismo, en vista de la necesidad de garantizar de manera inmediata y oportuna el abastecimiento a los mercados nacionales, se recomendó que la ampliación del límite de captura del recurso jurel solo sea aplicable a la flota artesanal.

Fuente


¿Medida técnica o política?

La flota industrial y la industria pesquera no podrán disponer de jurel capturado en el dominio marítimo peruano con los impactos que se deriven de la medida. Esto no les beneficia y la norma podría incrementar el nivel de tensión y conflicto, ya existente desde los problemas derivados de la segunda temporada de anchoveta 2019 incubándose el germen de un nuevo motivo de enfrentamiento entre la administración y la industria.

La flota artesanal y de menor escala será la única que pueda capturar jurel, lo que les beneficia obviamente y seguramente debe generar un ambiente de apoyo a la norma y a la administración.

Chile, que es el promotor y el real poder de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP PS), seguramente intensificará sus pedidos de sanción para el Perú por este incremento de cuota, que ocurre a escasas semanas de la última reunión de la Organización en Vanuatu, que fue muy tensa en la medida de que se trató de sancionar a Perú por el incremento de la cuota de 2019. Es necesario fijar una posición en relación a la conveniencia práctica de permanecer en una organización hecha a medida de las necesidades de Chile y controlada por este país, que no beneficia en nada al Perú.

Una medida con tres impactos cuya magnitud se verá en los próximos días cuando  termine la cuarentena, se instale la Comisión de Producción del Congreso y se reinicie la campaña “crisis en la pesca”.

Sin embargo, la medida es, como todas las que usualmente se adoptan, inmediatista y de corto plazo. Lo que se requiere, como la verdadera solución final, es fijar la posición del Estado en cuanto al jurel en el largo plazo:

¿Será de exclusividad para la flota artesanal y de mediana escala, o será compartida con la flota industrial? Si fuese compartida, ¿en qué proporción?

¿Debe normarse el destino final del jurel, regulando si será para consumo nacional o exportación? ¿O en alguna fórmula proporcional?

¿Seguiremos el juego de Chile en la OROP PS gastando dinero en nuestra permanencia y asistencia a dicho organismo inútilmente, cuando ya se expuso públicamente que la soberanía nacional se ejerce dentro de nuestro dominio marítimo, aún cuando la OROP se moleste y nos lance amenazas?