La gestión pesquera

Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.

25 de enero de 2018

¿Cual es el rumbo de la pesquería peruana?

La promulgación del DS 021-2017 PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30% del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales, ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales conserveros peruanos.

Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria pesquera domiciliada en el país. ¿O no?

Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses de parte.

Enfrascados en el día a día, consumidos por el inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la pesquería peruana no tiene un rumbo.

La inexistencia de una agenda y/o política pesquera técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.

Los industriales planean sus  actividades y suscriben contratos basados en la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre publicar el dispositivo.

Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y hasta ser legales; pero más allá de la justificación legal y económica, ¿Es lo debido? La industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué se  favorece a flotas extranjeras en perjuicio de la industria nacional.

La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado porque finalmente,  viéndolo en un contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?

Mientras tanto, todo el país espera autoridades con experiencia en el sector, moralmente íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio  del público consumidor peruano, el ciudadano común y corriente que no tiene acceso a los productos pesqueros.


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