Tratándose de recursos naturales como los pesqueros, es
complicado encontrar el debido equilibrio entre los intereses económicos de los
industriales, las necesidades de empleo de la población que depende de este
sector y los intereses del país. La búsqueda de rentabilidad y empleo
inmediatos sin atender a las razones de la sostenibilidad a largo plazo para
beneficio de las futuras generaciones es un tema de difícil manejo, convirtiéndose una situación científica en una
situación política. Lo que está ocurriendo es que se prioriza la segunda por
los componentes socio económicos que implica, como el crecimiento del PBI.
Hasta ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el Perú
será decidido en los próximos años por la presión política y la necesidad
económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la
población nacional.
La ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los temas
del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de
los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera y de una
inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros.
Un nuevo enfoque debe contemplar una participación del Estado
en la renta pesquera más justa, en la medida que representa a los ciudadanos
propietarios del recurso natural.
Los desembarques provenientes de la pesca artesanal no están
obligados al pago de derechos de pesca. Casi la totalidad de desembarques para
CHD provienen de la pesca artesanal. Si además el vendedor del producto
pesquero es informal, o sea que no paga renta ni IGV (porque la venta de
pescado fresco está exonerada), estamos ante una situación discriminatoria e
injusta.
La pesca industrial paga derechos de pesca diferenciados por
especie y muy bajos, dentro del ordenamiento legal vigente. Que sea legal, no
significa necesariamente que sea lo debido.
Cuando se ve, desde esta perspectiva y bajo un enfoque de
renta y del ciudadano, que todos los desembarques para consumo humano directo,
o sea casi 13 millones de toneladas en los últimos 12 años, no han pagado
derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge la necesidad de replantear el enfoque de la
pesca desde una perspectiva ciudadana no pesquera. Porque el recurso natural no
es propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos.
El hecho es que un grupo de ciudadanos extrae nuestros peces
del mar a precio muy barato y otro grupo lo hace gratis.
Existiendo un alto grado de probabilidad de que algunos
recursos se reduzcan a límites que impidan su extracción en el futuro, debido a
que se prioriza el componente político antes que el científico, la situación de
la pesca en el Perú es difícil y requiere de una atención que hasta el momento
los candidatos presidenciales no le están otorgando.
El estatus actual excluye a la mayor parte de ciudadanos del
país del beneficio de la pesca, porque tampoco disponemos de pescado abundante
y barato para nuestra alimentación. Temas que siguen fuera de la agenda.
El sector pesquero es complicado y requiere de atención y
dedicación exclusiva por parte de funcionarios con conocimiento del sector.
Más allá de los temas de coyuntura, de la confrontación y de
la demagogia, lo que existen son múltiples temas y detalles que deben ser
atendidos con mayor dedicación y eficiencia, como los descritos en esta nota.
Los
invito a leer el artículo “INGRESOS DEL ESTADO PERUANO PROVENIENTES DE LA
ACTVIDAD PESQUERA” en la edición de Marzo de la Revista Pesca
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