Los recursos pesqueros
pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Es en
ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de
recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no
son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.
Este concepto elemental no
debe ser olvidado, ya que aparentemente se
ha creado una conciencia colectiva de que son los pescadores e industriales los
propietarios de los recursos pesqueros.
Por el derecho a extraerlos
y lucrar con ellos, es natural que efectúen un pago justo a la Nación, por ser
propietaria del recurso. El Estado actúa como ente recaudador para destinar ese
pago a gastos en beneficio de las mayorías. Es su privilegio y su deber
organizar el destino y empleo de los recursos financieros que la pesquería
aporta. Pero también debe ser liberada de sobrecostos.
La dificultad está en establecer con precisión el
precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la
explotación ni tan pequeño que no haga
partícipe del negocio al país.
El Estado debe participar en forma justa y equitativa
no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe
ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el
medio ambiente, los cuales son independientes de las utilidades económicas del
negocio.
Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto.
El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las
utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes,
medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a
cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una
extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce
sobre el ecosistema y el ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una
compensación adecuada.
Más allá de que, tal como ha
anunciado el Ministro de la Producción, en agosto se presentaría la propuesta
sobre la nueva tasa de derechos de pesca para la anchoveta, se requiere de
varias acciones paralelas: La
publicación del uso que se da a los derechos de pesca; normar que el empleo de dichos recursos sea
controlado en forma detallada; revisar los índices de distribución del canon
pesquero; evaluar la incorporación de especies a la afectación de derechos de
pesca, como la pota.
Cabe mencionar que según publicación
del diario El Comercio del 19 de julio, “en los primeros cinco
meses del 2018, Perú se consolidó como el principal exportador de pota en América Latina, superando a Chile
y Ecuador, informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo. En este período, las exportaciones peruanas de pota
al mundo ascendieron a US$296 millones, lo que significó un
crecimiento de 57% respecto al citado período del 2017 (US$ 189 millones)”.
Sería justo entonces que, al igual que la anchoveta, la pota pagase
algún tipo de derecho de pesca también.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas
publicadas.
Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada
del análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato
digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector
pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
Para
mantenerse informado los invito a formar parte del grupo “Pesca y Mar”, en
Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el
sector pesquero.
Los invito
cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a AGOSTO
2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario