MAS ALLA DEL CANON

MÁS ALLA DEL CANON

La importancia de los recursos naturales renovables y no renovables adquiere, en un escenario de crisis y de la globalización, una perspectiva que le permite plantear al Estado un aumento del margen de su participación proveniente de su explotación. El control y el acceso a estos recursos y a sus utilidades financieras, que son vitales para el país, merece verse en una nueva perspectiva.

En un contexto mundial en el que la globalización impone altos costos, intolerables a veces, la posesión de reservas energéticas, la potencialidad de producción de alimentos a gran escala y una importante reserva de materias primas, constituyen un factor estratégico de poder que debe considerarse a la hora de planificar opciones estratégicas de desarrollo para el país. Más aún para un país emergente, con carencias y tratando de salir del subdesarrollo, pero con potencialidades en términos de recursos naturales.

El control y la explotación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, merecen replantearse con el objeto de que el Estado participe de los beneficios económicos de su explotación en mejores términos.
Existe una necesidad estratégica de asumir nuevas responsabilidades, en base a una nueva visión, en relación a lo que está pasando a escala mundial cuando se habla del control de recursos naturales que son críticos para la supervivencia del país. El incremento del intercambio comercial, el más acelerado crecimiento de las economías de los países, la liberalización y apertura de los mercados, han provocado la profundización de una dinámica que liga la seguridad con el avance económico, expresado no sólo en términos de intensificación de la optimización productiva, sino también, en función del control de recursos naturales renovables y no renovables que son conceptualizados como verdaderos ‘intereses nacionales vitales’ para la supervivencia de las comunidades humanas. En todo ello, el factor económico de poder asume un rol de primer orden.
La cuestión nos remite al peligro de la escasez de los recursos, lo cual está vinculado, indudablemente, al tipo de explotación predatoria que puede estar afectando a la pesquería nacional. Algunos recursos clave como la anchoveta, podrían estar siendo extraídos con una rapidez y en cantidades que pueden poner el riesgo todo el ecosistema marino de Humboldt. Aquí hay cuestiones relacionadas con la futura disponibilidad de los recursos, los daños provocados al medio ambiente y las responsabilidades políticas en todo ello.

Las zonas marítimas costeras son áreas estratégicas por los recursos pesqueros y la posible existencia de yacimientos de hidrocarburos.

Desde hace tiempo la comunidad pesquera está más preocupada e interesada en los problemas asociados a la sostenibilidad y el incremento de las capturas en relación a las capacidades de renovación y sostenimiento de los recursos, al impacto sobre el ecosistema y a los costos medioambientales vinculados con su explotación cada vez más intensiva. Se ha aceptado como definición de desarrollo sostenible aquel progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El uso de recursos que, sean o no renovables, siempre plantean problemas ligados a su preservación, al cuidado del medio ambiente, al crecimiento económico, o al uso más intensivo de tecnología de forma de tornar más eficiente su explotación.

Los recursos ícticos ingresan como insumos a la producción. El mar y los espejos de agua también tienen funciones de receptáculos de los productos inutilizables de la producción y el consumo y reciben desperdicios generados por la actividad pesquera. De cómo estos bienes interactúen con el resto, es decir, con los bienes humanos, sociales, productivos y de conocimiento, dependerá que se alcance o no un relativo grado de desarrollo integral y sostenible.

Tiene que haber límites al crecimiento debido a la profundización de las externalidades negativas vinculadas al agotamiento cada vez más crítico de las fuentes de recursos ícticos del país, en especial los capturados por la pesca artesanal que cada vez tiene mayores dificultades en encontrar cardúmenes que antes se hallaban más fácilmente a su alcance.
El marco normativo debe imponer reglas y normas regulatorias que hagan posible el usufructo racional de los recursos en coincidencia con prácticas de sostenibilidad que impidan la apropiación depredadora de los bienes naturales y no sólo en términos de agotamiento de fuentes y contaminación, sino de transferencia de renta de los recursos en toda la cadena de producción de los mismos.

Aprovechar las rentas provenientes de los recursos para beneficio del país estimula la cohesión social y el desarrollo.
Si este proceso es bien gestionado, con políticas adecuadas que privilegien el bien común, puede desempeñar un rol crucial en el fortalecimiento de las capacidades del país.
La participación del país en las utilidades que genera el sector pesquero es tan pobre que representa nada menos que el agotamiento de un modelo de manejo que se ha revelado ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto .

La disminución de las poblaciones de peces se ha acelerado al compás del aumento de las inversiones y del incremento de pescadores artesanales contraviniendo elementales principios de conservación, precaución, uso racional y sostenible del recurso y calidad en el tratamiento del medio ambiente. Tan crítica puede ser la situación que no se dispone de una encuesta actualizada que muestre con precisión la cantidad de pescadores y embarcaciones artesanales existentes para evaluar en su justa dimensión de que tamaño es el esfuerzo pesquero que se viene aplicando sobre el ecosistema marino peruano.

Es necesario encarar un uso sostenible de los recursos pesqueros, así como también, la posibilidad de evitar las externalidades negativas vinculadas con la explotación económica de los mismos.
El escenario plantea desafíos en materia de seguridad ambiental y alimentaria, entre otras amenazas posibles. Necesitamos conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras generaciones.

En este entorno tiene un rol esencial la educación.
Es importante tener en cuenta que la ecuación de poder político real de todo Estado, es la resultante de la aplicación de políticas de Estado que deben ser ejecutadas por la administración. Las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho que concede el pueblo con su voto a las autoridades políticas para administrar en beneficio del país.
Para viabilizar esta concepción se necesita fomentar mediante la educación, una auténtica conciencia de cultura pesquera y de sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado prestar preferente atención al desarrollo de un modelo educativo que tenga como principal público objetivo no solamente a las comunidades de pescadores, sino a las poblaciones costeras, lacustres y fluviales. Es preciso crear conciencia social sobre el cuidado que debe darse a los recursos ícticos y al ambiente. Este estado de conciencia social es crucial ya que, solo a partir de la existencia de una planificación integrada sobre la base de un diagnóstico realista, se podrá proteger efectivamente el potencial pesquero que posee el país.

Es necesario prestar atención a lo que significa plantear la explotación de los recursos pesqueros y la tributación justa para garantizar una adecuada participación de la sociedad en la renta proveniente de esos recursos naturales.

Es necesaria por parte del Estado la regulación y, más aun, su participación concreta como actor económico en un área en la que se trabaja con activos cuya explotación está sujeta a una decisión intertemporal de uso. Esto significa que si el gobierno limita su explotación en determinado año, por ejemplo, ello no impide que al año siguiente se lo haga. La decisión de hacerlo hoy o mañana en realidad depende de como se ponderen las funciones de utilidad de la presente y futura generación, pues el recurso es agotable y, por lo tanto, que se lo aproveche hoy significará necesariamente poder aprovecharlo mañana y viceversa.

Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca, en primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, en segundo lugar, para las oportunidades del mercado externo.
La concentración de la propiedad y el deterioro de los ecosistemas, asociado a un patrón productivo depredador, involucran cuestiones vinculadas a la cohesión económico-social del país, a la existencia de un ecosistema equilibrado, y a un ordenamiento que pueda diseñar un uso racional, eficiente y sostenible de los recursos.

El interés nacional, entendido como la defensa del bien común, impone políticas que puedan cuidar los recursos pesqueros para las generaciones futuras y que le den a la sociedad una adecuada participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una concesión de explotación de un bien común patrimonio de toda la nación.

Es necesario analizar la problemáticas del manejo sostenible de los recursos pesqueros en el marco de una visión de la globalización, un escenario cualitativamente diferente al de épocas pasadas, debido, básicamente, a la presencia de fenómenos de deterioro del medio ambiente, degradación de los recursos naturales renovables y no renovables y crecimiento de la población, a lo que se suma el interés de las grandes potencias y los conglomerados multinacionales por hacerse con el control geoestratégico de regiones abundantes en recursos.

La protección de nuestros recursos solo pueden materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca planes de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal. Al mismo tiempo que reestructure la participación del país en la rentabilidad del negocio en una proporción justa, que compense el impacto que la explotación de los recursos pesqueros causa sobre el ecosistema y sobre el ambiente.