El paquete de medidas
propuesto por el MEF a través de los decretos supremos 3626 y 3627/2013-PE, es
complementario a la flexibilización de normas ambientales y mineras, que ya se
produjo el año 2013, con los D.S 054 y 060, tiene como objetivo principal beneficiar
solamente al empresariado, por ello busca facilitar la realización de la
actividad económica "desregulándola", bajo el argumento de una
"supuesta simplificación administrativa". La regulación en el sector
minero no puede ser una "traba" para la inversión como los
empresarios han expresado, sino que es fundamental, pues tiene como fin
proteger el ambiente y los derechos de las poblaciones y comunidades. No tener
mecanismos de protección ante el crecimiento desmedido de las actividades
extractivas constituye un riesgo para las comunidades, poblaciones y el
ambiente.
Es por ello inaceptable que la
gran mayoría de las medidas establecidas en el paquetazo, afecten la ya débil
institucionalidad ambiental, encabezada por el Ministerio del Ambiente (MINAM),
que ha visto aún más limitada su función fiscalizadora y sancionadora a cargo
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual por tres
años no podrá ejercer sanciones económicas cuyo carácter es disuasivo, salvo de
manera excepcional y en esos casos sólo por el 35% del monto fijado por Ley.
Con ello, sólo se promueven inversiones irresponsables, que trasladan sus
costos ambientales y sociales al Estado y a las personas, exponiéndolos con
ellos a situaciones de riesgo.
Las medidas planteadas en los
proyectos del MEF, han relativizado también los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA). Ya se había reducido el plazo para su aprobación el 2013 y ahora se
reduce también para las opiniones de entidades del Estado a 30 días y bajo
responsabilidad del funcionario. Si no se da dicha opinión, se prescinde de ella.
Es decir, o se tiene un pronunciamiento sin argumentos sólidos o no se tiene,
lo que acrecienta los riesgos de contar con un EIA sin medidas suficientes para
evitar o mitigar los impactos ambientales de la actividad minera. En ese
sentido, la finalidad del EIA en la práctica hoy, sería sólo la de brindar
información de los proyectos, siendo sólo un requisito más para la actividad,
más no sería la de prevenir impactos en la vida y salud de las personas y su
ambiente.
Sobre Ordenamiento Territorial
(OT), tema priorizado por Ollanta Humala en su discurso de toma de mando, las
medidas plantean que este proceso que está a cargo de los Gobiernos Regionales
y Locales, según los marcos normativos vigentes, no asigne usos ni exclusiones.
Con esa propuesta, el MEF
plantea que en la práctica sea el sector Energía y Minas a través del INGEMMET,
quien al otorgar una concesión, siga definiendo el uso del suelo, pasando por
encima de la autonomía de las instancias de gobierno descentralizadas, y
poniendo en riesgo su planificación de desarrollo concertado, y perspectivas de
futuro.
Las medidas propuestas
debilitan aún más al MINAM, al restarle como facultad la protección del
patrimonio natural, impidiendo la creación de Zonas Reservadas. Éstas últimas
son mecanismos transitorios que buscan brindar protección a una zona mientras
se le categoriza como Área Natural Protegida (ANP). Estas Zonas ahora pasan a
depender de la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene a
la mayoría de sus carteras vinculadas a los sectores productivos, y va a primar
un criterio político y económico por encima del técnico al decidir su creación.
En la práctica, con ello, se busca proteger los derechos pre-existentes de los
titulares de concesiones en éstas zonas, para facilitar sus inversiones.
Respecto de la determinación
de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles
(LMP), consideramos que no se puede plantear para ello un análisis de impacto
regulatorio y económico, pues los niveles de contaminación que puedan existir
con una actividad económica, están vinculados a la salud y el ambiente, y no
pueden depender de una variable económica. Es evidente que se pretende con esto
que los ECAs y LMPs no sean exigentes, y que eventualmente puedan evitar la realización
de un proyecto cuando genera niveles de contaminación que los sobrepasen.
Las medidas que el MEF
promueve, también buscan mantener los contratos de estabilidad tributaria para
las empresas mineras que inicien proyectos o realicen ampliaciones, hasta por
un máximo de 15 años, según los niveles de inversión y la capacidad de
producción. Sin embargo, la norma plantea que el incremento de la producción se
realice en función de las concesiones, y no de las Unidades Económicas
Administrativas (como figura en la vigente Ley de Minería), que son la
agrupación de concesiones a un radio de 5 km. Ello implica una mayor actividad
de remoción de tierra en la concesión, y con ello mayores impactos ambientales,
que no tendrán mecanismos adecuados de prevención y mitigación (EIA), y una
institucionalidad débil para su fiscalización.
El paquete normativo impulsado
por el MEF, nos hace ver la facilidad con que los marcos normativos respecto a
los derechos de las personas, fin supremo del Estado en la Constitución, se
modifican en detrimento de sus derechos (Criminalización de la protesta social,
derechos de los pueblos indígenas, tributación), mientras las normas vinculadas
con las empresas y la economía no se cambian. También vemos como se simplifican
los plazos para facilitar las inversiones, pero cuando se trata de agilizar los
plazos para la justicia sobre la afectación de los derechos de las personas,
ahí si hay retraso y demora, que no es justicia.
Constatamos con ello que son
los tratados comerciales y el poder económico, los que pesan más y pasan por
encima de los convenios internacionales de derechos humanos y ambientales, y
con ello de la propia Constitución.
Por ello reiteramos la
necesidad de generar un diálogo nacional para revisar éstas medidas y considerar
los diferentes puntos de vista que se vienen dando sobre los serios impactos
que podrían generarse para un verdadero desarrollo a fin de establecer medidas
reales y efectivas, que busquen la paz social en el pais, y no la división,
mayores brechas sociales y mayor conflictividad.
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