El Acuerdo de las Naciones
Unidas para la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativo a la
conservación y gestión de las poblaciones de peces transzonales y las
poblaciones de peces altamente migratorios (en vigor a partir del 11 de
diciembre de 2001)
El Acuerdo de las Naciones Unidas para la
Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativo a la conservación y
gestión de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios establece principios para la conservación y gestión de
esas las poblaciones de peces y establece que dicho manejo debe basarse en el
enfoque de precaución y la mejor información científica disponible. El Acuerdo
desarrolla el principio fundamental, establecido en la Convención, de que los
Estados deben cooperar para garantizar la conservación y promover el objetivo
de la utilización óptima de los recursos pesqueros tanto dentro como fuera de
la zona económica exclusiva.
El Acuerdo
intenta alcanzar este objetivo proporcionando un marco para la cooperación en
la conservación y gestión de esos recursos. Promueve el buen orden en los
océanos mediante el manejo y la conservación efectivos de los recursos de alta
mar mediante el establecimiento, entre otras cosas, de normas internacionales
mínimas detalladas para la conservación y el manejo de las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios; asegurar
que las medidas tomadas para la conservación y gestión de esas poblaciones en
áreas bajo jurisdicción nacional y en alta mar adyacente sean compatibles y
coherentes; asegurar que existan mecanismos efectivos para el cumplimiento
y la aplicación de esas medidas en alta mar;
El Acuerdo fue
adoptado el 4 de agosto de 1995 por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces transzonales y las
poblaciones de peces altamente migratorios y se abrió a la firma
el 4 de diciembre de 1995. Permaneció abierto a la firma hasta el 4 de
diciembre de 1996 y fue firmado por 59 Estados y entidades.
Los requisitos para la entrada en
vigor del Acuerdo se cumplieron el 11 de noviembre de 2001, cuando el Ministro
de Relaciones Exteriores de Malta depositó un instrumento de adhesión al
Acuerdo con el Secretario General. El instrumento fue el trigésimo
instrumento de ratificación o adhesión depositado. El Acuerdo entró en vigor
el 11 de diciembre de 2001, es decir, 30 días después de la fecha de depósito
del trigésimo instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el
artículo 40 (1) del Acuerdo.
El Acuerdo se encuentra
disponible en este link:
Miembros adherentes: Ver en el siguiente link:
No obstante haber entrado en
vigencia el Acuerdo de Nueva York, muchos son los Estados que no la han
ratificado, señalándose como argumento que el Acuerdo ha suscitado algunas
inquietudes en los Estados ribereños, puesto que se ha planteado la duda acerca
de si el Acuerdo afecta o podría afectar los derechos del estado ribereño para
el manejo de la pesca dentro de la ZEE, o acerca de cómo se cautelan sus
derechos e intereses en la alta mar en relación a aquellos de las naciones
pesqueras de aguas distantes.
En efecto, el intento de regular
y proteger los recursos vivos de la alta mar puso en evidencia los intereses
opuestos entre los Estados ribereños que defienden la exclusividad en el
aprovechamiento de las especies marinas que se encuentran en las aguas
sometidas a su jurisdicción, y los Estados de pesca a distancia, que mantienen
una presión sobre los recursos vivos en la alta mar, en especial las
poblaciones de peces compartidas, en particular las especies transzonales y las
especies altamente migratorias, que son aquellas que se localizan dentro y
fuera de las 200 millas, y que recorren tanto las aguas de alta mar como las
aguas nacionales de los Estados ribereños que se encuentran en su itinerario
vital, lo cual pondría en peligro el derecho de estos Estados de explotar tales
reservas en las zonas sometidas a su soberanía y menoscabaría la eficacia de
las medidas de conservación y ordenación que hayan adoptado con ese fin.
La movilidad y los hábitos
migratorios que caracterizan a las poblaciones de peces de la alta mar permiten
que su explotación descontrolada más allá de las 200 millas repercuta
negativamente en las aguas sometidas a la jurisdicción costera, por ende
perjudique a los intereses de los Estados ribereños. Sin embargo, y tomando en
cuenta la unidad del medio marino, se sostiene que la gestión incorrecta de las
zonas económicas exclusivas también incide negativamente sobre los recursos
ubicados fuera de esas zonas, lesionando los intereses de otros Estados, por lo
que, progresivamente se han intentado soluciones colectivas a los problemas de
conservación y ordenación de las especies marinas compartidas, optándose por la
creación de arreglos u organismos regionales de ordenación pesquera (OROP), tal
como lo establece, en principio la Convemar y desarrolla el Acuerdo.
Fuente
Agenda Internacional Año XX, N° 31, 2013, pp. 71-97
ISSN 1027-6750
El régimen jurídico internacional de la pesca en
alta mar y la OROP del Pacífico Sur
Eduardo Ramos Ferretti
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