La promulgación del DS 021-2017
PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30%
del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales,
ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales
conserveros peruanos.
Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto
en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles
de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política
pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya
medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la
materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema
sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a
algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria
pesquera domiciliada en el país. ¿O no?
Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que
desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia
de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una
Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin
experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros
funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las
mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses
de parte.
Enfrascados en el día a día, consumidos por el
inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la
pesquería peruana no tiene un rumbo.
La inexistencia de una agenda y/o política pesquera
técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere
que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados
indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser
investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier
posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.
Los industriales planean sus actividades y suscriben contratos basados en
la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente
bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún
funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de
sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos
desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que
puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre
publicar el dispositivo.
Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y
hasta ser legales; pero más allá de la justificación legal y económica, ¿Es lo
debido? La industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que
han llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué
se favorece a flotas extranjeras en
perjuicio de la industria nacional.
La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este
dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado
porque finalmente, viéndolo en un
contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al
hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la
anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?
Mientras tanto, todo el país espera autoridades con
experiencia en el sector, moralmente íntegras y con vocación de servicio por el
país, que actúen en beneficio del
público consumidor peruano, el ciudadano común y corriente que no tiene acceso
a los productos pesqueros.
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