La necesidad de una politica de estado en el sector pesca

LA NECESIDAD DE UNA POLITICA DE ESTADO EN EL SECTOR PESCA


La actividad pesquera viene siendo manejada en una forma muy poco eficiente y no sostenible, originando al Estado grandes pérdidas de renta y costos sociales y ambientales muy altos, ya ha afectado la composición y estructura ecosistémica, ha reducido la productividad del sistema, afecta la salud de las poblaciones costeras y mantiene a la mayoría de participantes del sector en niveles de pobreza. En general, los grandes beneficios económicos del sector pesquero alcanzan a una fracción mínima del empresariado pesquero y genera rentas mínimas al Estado que no permiten el financiamiento adecuado de programas sociales o la investigación y programas de monitoreo, control y supervisión necesarios para el manejo sostenible de los recursos. No genera beneficios para la gran mayoría de la población ni provee alimentación a los sectores de menores recursos, especialmente los alejados de la costa.

El cuadro que se aprecia en el blog anterior expresa matematicamente la contribucion del sector pesquero tradicional al Estado peruano, lo que confirma lo anteriormente expuesto.

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, la política debe afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera en los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios.

Para realizar una gestión política de ordenamiento pesquero se necesita conocer, tener cierta especialización y cierto orden en los procedimientos. Pero solo ello no basta. Es necesario contar con capacidad de comunicación, habilidad de trabajo en equipo, herramientas como la negociación y el manejo de conflictos, interpretación de comportamientos sociales y capacidad de análisis y síntesis de problemas y soluciones.

Igualmente, integridad moral, principios y ética compatibles con la protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

En el sector es probable que se presente más de un uso del mismo espacio, por lo que más de un ministerio o sector interviene en él, de manera desarticulada unos con otros, e inclusive entre instituciones del mismo sector.

Si bien los ministerios son los responsables en el rol del Estado para promover el desarrollo en su ámbito, no son los únicos. La forma de gestión fragmentada y sectorializada tiene como expresiones concretas una alta desestructuración entre las instancias estatales que realizan tareas similares, propiciar la duplicidad de esfuerzos, componer bases de datos no compatibles, velar por los intereses institucionales específicos antes que los del conjunto del territorio, reducir la capacidad de prevenir conflictos, mantener un escaso conocimiento del valor de los daños y perjuicios, sub valorar la participación ciudadana, haciéndola más vulnerable a los grupos de presión, entre otras.

La definición de una política de Estado para el desarrollo de la pesquería en el corto mediano y largo plazo requiere de una base legal sólida cuidadosamente diseñada con participación de todos los sectores del Estado y de todos los agentes de la pesquería.

Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible.

Una política exitosa debe basarse en un proceso de planificación completo e integrado, para armonizar los valores culturales, económicos, ambientales y para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico. Sin un proceso integrado de planificación, ni de participación ciudadana, tiende a ser incompleta, desintegrada y sectorial.

PARA DELINEAR UNA POLÍTICA DE ESTADO SE DEBE ASUMIR QUE:

1. La reestructuración de Imarpe es fundamental porque es el organismo que debe decir CUANTO, DONDE Y COMO se debe pescar. Su responsabilidad es el control del equilibrio ecosistémico
El Ministerio administra el manejo ecosistémico. Su función es administrar las cuotas máximas de captura establecidas por un ente científico profesional y moralmente solvente.

2. Debe existir un organismo científico especializado en temas de acuicultura marítima y continental que establezca los criterios científicos para que la autoridad de Pesquería igualmente administre esa actividad. O quizá dotar al mismo Imarpe de los medios para asumir esta responsabilidad.

3. Existe una crisis en el ecosistema pesquero peruano. La opinión pública debe ser informada de esta situación para entender que no es posible pescar más de lo que el ecosistema permite. Por ello es vital la opinión seria, científica y solvente del Imarpe. La opinión pública debe respaldar las medidas de ordenamiento que deben tomarse en beneficio de la sostenibilidad de la pesquería y de las grandes mayorías nacionales.

4. En función de esta situación de crisis tiene que entenderse que todas las medidas de reordenamiento necesarias no admiten componentes políticos sino estrictamente técnicos, lo cual requiere de una campaña de información a la opinión pública.

5. El modelo actual cuenta con muchas herramientas. Sin embargo, hay que mejorarlas y ponerlas en manos de personas solventes moral y técnicamente. Hoy no funcionan eficientemente.

6. Las dos grandes áreas son la extracción y la acuicultura. Ordenada científicamente en forma ecosistémica la extracción, el procesamiento se ajusta solo. Definida científicamente la acuicultura, el Ministerio será tan solo un promotor y administrador de la actividad.

7. La reducción de la tasa anual de captura de anchoveta, reduce automáticamente todos los problemas, mejora la eficiencia, debe mejorar las utilidades y por consiguiente mejorar la recaudación por renta. Al mismo tiempo impondrá la orientación a las capturas de jurel caballa y anchoveta para el CHD en forma natural. Reducida la cuota, las fuerzas del mercado se encargarán de ajustar la actividad. Los costos del ajuste deberán ser asumidos por los propios operadores que incursionaron en la actividad hasta el extremo de la sobrecapitalización, bajo su propio riesgo. El Estado no tendría porque asumir el pasivo de la ineficiencia del sector.