APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE PESQUERIA

APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE PESQUERIA

LA SITUACION ACTUAL

El sector industrial pesquero es el segundo productor de divisas después de la minería en el Perú, generando entre 1,000 y 1,700 Millones de dólares anualmente (11-16% del total). Sin embargo, su nivel de tributación es pobre. Ninguna justificación puede ser aceptada como válida.

Se cuenta con un sistema satelital de control de embarcaciones de ultima generación y un sistema de control de descargas, que no están correctamente complementados con un sistema de sanciones drásticas y verdaderamente disuasivas para los infractores, y es obvio que la supervision de descargas a cargo de SGS enfrenta un conflicto de intereses.

El sobre dimensionamiento de flota para la pesquería de anchoveta y escasez de flota para la pesca de jurel, caballa, pota, y otros recursos de consumo humano directo es un problema que no se enfrenta con decisión.

La existencia de una flota de madera o “Vikinga” que ha perforado la Ley General de Pesca orientándose a la pesquería de anchoveta para harina de pescado y que se encuentra en crecimiento con mas embarcaciones en construcción sigue siendo un tema sin solución.

La legislación laboral del sector es complicada y obsoleta, tanto en la extracción como en la fase de procesamiento.

El 90% de la flota peruana es monopropósito, es decir solo usa un tipo de aparejo de pesca, orientado a la captura de un solo recurso. En caso de enfrentarse a cambios oceanográficos drásticos (El Niño), no esta en capacidad de capturar otros recursos.

Los programas de adecuación al medio ambiente insuficientes, seguimos botando contaminantes al mar, afectando la ecología costera y poniendo en riesgo el desarrollo de actividades futuras como la acuicultura marina. El Estado se muestra complaciente con los que contaminan el medio ambiente marino, no existen sanciones de ninguna clase.

Es bajo el consumo per capita nacional de pescado y recursos marinos.

La información estadística pesquera es inactual y reservada.

El Sector pesquero artesanal cuenta con poca capacitación en la preservación del recurso pesquero, con uso de embarcaciones sin bodegas insuladas y técnicas de pesca anticuadas, en la mayoría de los casos los desembarcaderos están con los equipos malogrados, el pescador artesanal no cuenta con un sistema de pensiones y de seguridad social, es cómplice silencioso de practicas de pesca altamente depredatorias, algunas de ellas no legisladas y otras que no se sancionan drásticamente, un sistema de comercialización de la pesca artesanal gobernado por intermediarios. Una mala categorización de la pesca artesanal le dio cabida a existencia de la flota “Vikinga”, y finalmente la pesca artesanal no tributa.

No existe política nacional que enfrente a las flotas extranjeras que pescan recursos altamente migratorios fuera de las 200 millas, poniendo en riesgo cualquier política de ordenamiento pesquero dentro de la zona

La complejidad del tema pesquero, la importancia de la pesca desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, el futuro de la pesquería peruana como reserva mundial de alimentos, la existencia de cambios climáticos que afectan a los ecosistemas marinos, la importante contribución de la pesquería al PBI, su alto grado de manejo especializado y lo sensible del manejo industrial desde el punto de vista del empleo y la conservación del medio ambiente, hacen necesario que el sector disponga de una autoridad que le de representación en el gabinete.


EL NUEVO MODELO

Diseñar una política de Estado para la pesquería nacional, que planifique el corto, mediano y largo plazo.
Esta política debe armonizar los lineamientos de explotación meramente económica y discriminatoria (artesanal/industrial) – que actualmente afectan la mortalidad del recurso, porque favorece su explotación hasta el límite permisible por especie – con los criterios ecosistémicos, de manera que favorezca el mejor empleo de los recursos afectados y proporcione a pescadores e industriales el marco que garantice el aprovechamiento racional y permanente de los recursos marinos.

Esta política debe incluir la participación formal de los representantes de los diferentes sectores de la actividad pesquera, política cuyo objetivo prioritario sea promover la sustentabilidad del uso de los recursos pesqueros y un reordenamiento de las normas vigentes que las haga coherentes, complementarias y más sencillas en su aplicación.

Las actuales medidas de conservación - como vedas biológicas, establecimiento de cuotas, fijación de tallas mínimas, y dimensión y característica de los artes de pesca - deben convertirse en prácticas de manejo. Una buena Ley de Pesca debe velar por la conservación, sustentabilidad y equilibrio ecosistémico de las pesquerías peruanas, por el incremento del valor agregado y de las plazas laborales con ocupación estable en tierra firme y en el mar, y porque las operaciones pesqueras sean eficientes y con buena calidad de capturas.

Esta política debe estimular la inversión en proyectos destinados al CHD y reformar la estructura tributaria del sector.
Revisar las tasas establecidas por concepto de derechos de pesca.

Establecer medidas precautorias en relación al cambio climático y el calentamiento global, proponiendo un plan estratégico para enfrentar esta contingencia.

La sustentabilidad como base del ordenamiento pesquero

El concepto de sustentabilidad comprende los desafíos ambientales del desarrollo, anteriormente solo relacionado a dimensiones económicas y sociales. Conceptualmente, la sustentabilidad se considera como “la relación entre la explotación o aprovechamiento y la capacidad de renovación biológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambiente natural y social con una visión de largo plazo”. El desarrollo sustentable es definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Aspira a incorporar en la agenda política tanto la concepción de interdependencia entre la especie humana y la naturaleza, como la dimensión de equidad entre generaciones.

El término “desarrollo sustentable” surgió como una alternativa con nuevas estrategias para el manejo de estos sistemas, que contemplen una perspectiva múltiple que incluya aspectos productivos, sociales, culturales y ecológicos. El reto es aplicar estos conceptos a acciones prácticas.

La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los países y los pueblos a determinar sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.

La tendencia de la industria pesquera, al igual que otras basadas en la extracción de materia prima, se guía por la máxima del mercado de máximo beneficio en menor tiempo posible. Esto ha llevado a un círculo de destrucción basado en técnicas más eficientes, más destructivas y con menor necesidad de puestos de trabajo.

En el actual modelo de gestión pesquera prevalecen en general, criterios económicos o políticos a la hora de tomar decisiones. Los peces y, en general, los recursos ícticos constituyen una parte integrante del ecosistema en donde son interdependientes y experimentan intercambios continuos, ya sea entre ellos mismos, o con la materia inerte. Pese a esta evidencia, la gestión de la explotación de los recursos pesqueros y de otro tipo de recursos ícticos se ha venido enfocando desde premisas del tipo «grupo por grupo» y «especie por especie».

El sector de la pesca artesanal no tiene el reconocimiento social y productivo que merece, siendo marginado o excluido por los organismos del Estado responsables de planificar políticas de desarrollo. Además, la actividad artesanal se enfrenta a la progresiva disminución de los recursos pesqueros, producto de la actividad industrial pesquera que compite por los mismos espacios, recursos y mercados, en una evidente desigualdad de condiciones, y en un escenario económico que no admite más participantes.

En este contexto, la sustentabilidad en el mediano y largo plazo deberá contemplar necesariamente cuatro dimensiones básicas:

La ecológica: Que tenga en cuenta y respete los ciclos naturales, la productividad propia de los ecosistemas, la disponibilidad y finitud de los recursos naturales y la diversidad biológica. La distribución y la abundancia de los stocks de peces se supeditan en primer lugar a la dinámica del medio ambiente marino y, en concreto, a las condiciones atmosféricas y a la oceanografía física y química; y en segundo lugar, a las interacciones entre especies de depredadores y especies presa. En un contexto multiespecífico resulta casi imposible apartar de la explotación a un grupo específico de especies. Diversos factores medioambientales y oceanográficos hacen que los organismos marinos no se distribuyan de forma uniforme: la abundancia de los caladeros varía considerablemente según los lugares. Esta variación está directamente relacionada con la capacidad de carga del ecosistema. (el volumen de biomasa que un ecosistema puede soportar). Un ecosistema más diverso implica una mayor estabilidad y un menor riesgo de colapso de los stocks.

La social: Deberá atender a la justicia social (actual y con las generaciones futuras), y la distribución equitativa de los recursos. El beneficio social deberá ser la premisa básica. En tanto que es un recurso de la nación, la pesca debería beneficiar al máximo posible de ciudadanos, tanto desde el punto de vista alimentario, como de los beneficios económicos y empleos que genera esta actividad. Esto implica una justa participación del sector en la generación de impuestos. Por lo anterior, el objetivo básico del ordenamiento, debería contemplar el máximo beneficio social como premisa básica, buscando mecanismos para que dichos beneficios se mantengan en el largo plazo. El ordenamiento pesquero debería equilibrar las tendencias e intereses contradictorios, mejorando las condiciones de trabajo del sector más amplio y haciendo que los beneficios de los sistemas de pesca masiva puedan beneficiar a un sector más amplio de la población.

La económica: Buscará satisfacer adecuadamente con los recursos existentes, las necesidades humanas de diversas formas de acuerdo a la propia cultura. Se deberá considerar a los recursos ícticos no como generadores de divisas en el comercio internacional sino prioritariamente como una fuente de alimentación y bienestar humano, y no se deberá promover el destino de la producción pesquera para alimento de animales sino a la alimentación humana.
El sector deberá ser gravado con pago de derechos de pesca adecuados y concordantes con los volúmenes de extracción y producción, de tal forma que el país sea compensado por el impacto causado sobre sus recursos naturales

La política: Que supone formas de gestión participativas, incluyendo el control y el protagonismo real de las comunidades e instituciones en la gestión de los recursos, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Es al gobierno al que le compete el proceso de gestión pesquera. Ésta incluye la fijación de políticas o lineamientos de base, la determinación de planes y programas, la expedición y vigilancia del cumplimiento de ciertas normas, el estudio o la investigación necesarios para sustentar las acciones, la determinación de las acciones prioritarias y su puesta en marcha, la incorporación de las comunidades involucradas y el establecimiento de una capacidad de ejecución y administración, incluyendo la consecución y manejo de recursos económicos requeridos. El marco legal que regula la actividad pesquera nacional debe tener como objetivo establecer las reglas y condiciones bajo las cuales deben realizarse las actividades de la vida social o individual que tengan un impacto directo o indirecto en la sociedad. En función de los objetivos de la ordenación o administración de la pesca, las regulaciones pesqueras (leyes, reglamentos y normas) necesitan establecer, con base en criterios de pesca responsable y uso de los recursos en el largo plazo, las condiciones de su aprovechamiento.


Alcances del nuevo modelo

El nuevo modelo deberá procurar instrumentar en el mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para la conservación de los recursos y su ambiente basados en el conocimiento científico y tecnológico, evitando en lo posible ser un instrumento de alcances inmediatos, propiciados únicamente por intereses económicos o agendas políticas.

Las medidas de ordenación pesquera deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Éstos no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonio de la nación.

La exportación de productos pesqueros no debería suceder a expensas de la degradación de los ecosistemas, de las necesidades locales de consumo ni debería provocar impactos sociales ni económicos adversos. Así mismo la contribución del sector vía derechos de pesca e impuesto a la renta debe ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, y no solamente basarse en un impuesto a la renta aplicado sobre utilidades.

En este marco, se deberán proponer diversos indicadores de sustentabilidad, los que deberán ser claros, coherentes con los objetivos mensurables, y deberán permitir evaluar efectivamente los factores insustentables con el fin de corregirlos. Si se quiere lograr un desarrollo sustentable en nuestras pesquerías la sociedad civil debe ejerce el derecho a participar en la gestión de la administración de los recursos ícticos del país.

La política pesquera debe favorecer el pluralismo productivo en la pesca, de manera de permitir la coexistencia en un esquema económico dual de sectores intensivos en capital, como el sector pesquero industrial, y sectores intensivos en trabajo, como el sector pesquero artesanal en sus distintas manifestaciones

La excesiva explotación pesquera destinada a la producción de harina ha provocado ya cambios significativos en la estructura del ecosistema marino.

El bajo nivel de consumo de pescado en la población nacional es una respuesta a la poca oferta de productos del mar, la escasa promoción de los mismos, el costo de darles un tratamiento congelado, curado o envasado para su distribución, la insuficiente infraestructura de redes comerciales de distribución y la insuficiente e inadecuada cadena de frío existente. Motivos por los cuales la creación de estímulos para reorientar el esfuerzo de extracción, procesamiento y comercialización hacia el CHD son impostergables.

El desafío no es gestionar poblaciones de peces sino gerenciar el conjunto del ecosistema marino, debido a que el mismo depende de forma directa de su estructura para mantener su productividad. En este sentido, la política de gestión pesquera se debe hacer eco de este hecho: dependiendo de su adecuada conservación, se podrá o no mantener en el futuro la actividad pesquera. Es en esta dirección en donde se debe introducir el concepto de ecosistema en la gestión.

Esto implica la necesidad de considerar los efectos aditivos de las pesquerías multiespecíficas, obligando a minimizar el impacto de la pesca sobre las especies asociadas y dependientes (entre otras cosas, priorizando el uso de artes selectivos), y a reducir el impacto de determinados artes sobre los fondos, protegiendo los ecosistemas asociados.

La existencia de recursos altamente migratorios y transzonales como el jurel, la caballa y el atún, que ocupan espacios dentro y fuera de las 200 millas, los hacen presa atractiva y fácil de flotas extranjeras que contribuirán a su colapso. En ese sentido es necesario hacer los esfuerzos necesarios para hacer un frente común con nuestros vecinos en defensa de la sustentabilidad de esas pesquerías