Es indiscutible la necesidad y conveniencia de crear el hábito de consumo de anchoveta en la población nacional con el objeto de reducir el índice de desnutrición de la población con un alimento abundante en nuestro dominio marítimo.
Sin embargo el obstáculo principal que se encuentra y que al parecer es la razón principal por la cual el mercado no responde a los programas de promoción de consumo diseñados desde el Estado es el precio.
El precio final para el consumidor tiene que ser atractivo y estar al alcance de los consumidores de menores ingresos. Lo que hasta hoy ha ocurrido es que la anchoveta ha alcanzado cierto grado de posicionamiento en los estratos de mayor capacidad adquisitiva pero no en los estratos populares. La conserva de anchoveta ha tenido gran éxito, pero es una latita de 100 gramos a 2 soles que finalmente significa que el kilo cuesta 20 soles. Se puede consumir eventualmente pero no puede ser parte de una dieta habitual. Igual ocurre con la saladita.
El boom de la gastronomía también contribuye a la creación del hábito de consumo pero tampoco significa el consumo masivo.
Para efectos de masificar el consumo, la anchoveta tendría que llegar al consumidor de menores ingresos en estado fresco, fresco refrigerado o congelado (la venta final se hace una vez descongelado el producto).
El origen del problema está en el precio en playa y en la limitación de infraestructura de frío para armar una cadena de distribución.
Uno de los efectos del DL 1084 ha sido el aumento del precio de la anchoveta para su reducción en harina. El precio que tradicionalmente fluctuó entre los 60 y los 100 dólares, hoy día bordea los 200 dólares y más.
Es natural que el armador busque el mejor precio, por lo cual el precio que pagan las plantas de harina será siempre más atractivo porque además les permite mayor volumen de captura, menos esfuerzo de conservación y una venta rápida.
Para el consumo humano directo se requiere hielo, frío, mejor manipulación y más cuidado en la extracción. Esto implica menor volumen de captura y mayores costos. Por tanto el precio, para que el negocio sea atractivo y rentable, supone que sea mayor que los 200 dólares que paga la industria harinera. Pero usando la cifra de 200 dólares, hoy significa 560 soles la tonelada.
Supongamos una embarcación de 30 toneladas de capacidad de bodega: si llena bodega recibirá 16,800 soles al venderla a una planta de harina. Si decide vender al consumo humano directo tendrá que usar cajas con hielo, lo que reducirá su capacidad de bodega a un 30% en el mejor caso, lo que significa que su captura se reduce a 9 toneladas. De un producto de excelente calidad, es verdad, pero para recibir el mismo precio que si lo destinase a la harina debería recibir en pago S/.1,867 por tonelada de anchoveta. Lo ideal es que reciba un mejor precio que el que paga para su reducción en harina, pero eso haría imposible su venta a un consumidor final que no podría pagar ese precio.
Si hubiese una planta o empresario dispuesto a pagar esta cifra, cosa poco probable, el precio final de esta anchoveta sería inaccesible al consumidor de pocos ingresos.
Esto sin mencionar que el DS 010-2010-Produce impide la venta de anchoveta a los mercados para consumo en estado fresco refrigerado.
El problema básico está identificado. ¿Qué estrategia sectorial debiera implementarse para complementar la ya existente que está focalizada en crear el hábito de consumo?
Probablemente lo más acertado sería fomentar la creación de microempresas que se encarguen de la comercialización de los desembarques en estado fresco, lo cual adicionalmente crearía empleo. Pero ¿Cómo resolver el problema del precio? El armador tendrá siempre la tendencia de vender su captura a la planta de harina, y/o compartir sus desembarques entre el CHD y el CHI a fin de reducir o equilibrar costos. Pareciera ser que el futuro de la anchoveta para consumo popular está inexorablemente unido a la suerte de la harina de pescado.
La venta de congelado de anchoveta que algunas empresas están produciendo podría ofrecer un producto de bajo costo que haría atractiva la comercialización masiva por micro empresas, pero tropieza con la ausencia de suficiente capacidad de almacenamiento refrigerado. Se hace necesario entonces fomentar la inversión en almacenes refrigerados que permitan almacenar anchoveta congelada para que pueda ser llevada al consumidor final para su expendio en estado fresco, es decir descongelada.
Lo que sí es claro es que el DS 010-2010 Produce no constituye una norma que ordene la pesquería de anchoveta para consumo humano directo en forma integral. La norma es imperfecta, tiene vacíos y entra en contradicción con el espíritu promotor del consumo de la anchoveta.
La promoción del consumo de anchoveta tiene que realizarse en varios frentes:
- La creación del hábito de consumo, que tiene como efecto la creación del mercado.
- El fomento de creación de microempresarios que vean en la comercialización de anchoveta para un nuevo mercado un nicho de negocios.
- El fomento de la inversión de infraestructura de frío.
El Estado viene actuando solamente sobre el primer frente y en forma desarticulada. Muchas instancias del gobierno tienen programas de promoción y dispersan esfuerzos y medios. Un sola plan nacional de promoción del consumo de anchoveta podría darle más eficiencia a estos programas bajo un solo ente rector y supervisor. Esto requiere no solamentede voluntad y decisión política sino capacidad de gestión y de concertación.
El sector privado invertirá en un nuevo negocio solamente cuando ya exista un mercado y una demanda. Difícilmente se arriesgará a invertir en la creación del mercado que implica creación de hábito de consumo. Esa función tiene que asumirla el Estado, como ya lo viene haciendo, pero con mayor articulación y coordinación.
El tema de fondo es que las normas de ordenamiento pesqueros deben derivar de una política pesquera (que no existe) y ser fundamentadas en sus aspectos biológicos (que normalmente hace Imarpe y consta en los considerandos de la norma) sociales (que no se hace) y económicos (que tampoco se hace).
Los 3 aspectos deben ser previamente consensuados entre la autoridad administrativa, los administrados y la sociedad civil. Se entiende que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Por tanto el pueblo debe participar en la elaboración de normas que lo afectan. No se puede normar en base a criterios individuales ni basarse tan solo en las opiniones de personas que no tienen el conocimiento ni la experiencia suficiente. La autoridad se tiene que ejercer en beneficio de la población y no de intereses personales o políticos de parte. Cuando no se hace de esta forma sino autoritariamente, se producen reacciones y problemas como los que actualmente se han generado en torno al DS 010-2010-Produce y la RM 163-2010-PRODUCE, en forma innecesaria si se hubiesen hecho mejor las cosas.
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