Conflicto de intereses
En 2004, empezó este programa financiado por las compañías debido a la pesca negra que entonces representaba 20% más de la cuota global de anchoveta y generaba pérdidas anuales de más de 300 millones de dólares al Estado, según informó Digsecovi en una reunión con los representantes de SGS que comenzaron esta tarea de vigilancia.
La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, se enfrenta a un problema: a la vez que tiene un área que inspecciona las descargas de anchoveta, que al comienzo supervisaba en todo el litoral y desde 2008 sólo en la zona sur, es la empresa más poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.
Cerper también es una certificadora de harina, pero su gerente general, José Antonio Chavarri, dijo a IDL-R que sólo tiene el 5% del mercado. Evitó dar más explicaciones.
Que las empresas inspectoras fiscalicen a las plantas y que a la vez brinden servicios de certificación, no está impedido legalmente, pero el conflicto de interés es evidente. Por cada tonelada de harina certificada se cobra 10 dólares y con un promedio de 1 millón 500 mil toneladas de harina que se exporta, hay por lo menos 15 millones de dólares en juego. Eso resulta mucho más atractivo que los 4 millones de dólares anuales que aproximadamente cobra la inspectora por su labor.
“Aquí depende cómo el Estado plantea las reglas de juego. Podría impedir que se presenten como inspectoras aquellas empresas que a la vez brindan servicios de certificación de harina. El Estado está en su derecho de hacerlo y las compañías en evaluar si les conviene”, señaló Eduardo Scerpella, gerente general de la empresa certificadora y de inspecciones Baltic Control y ex gerente de Cerper.
La viceministra de Pesquería, Rocío Barrios, dijo a IDL-R que el Estado va a recuperar su rol fiscalizador y que se evalúa ya no tercerizar el programa de vigilancia.
Debido a que las empresas pesqueras financian el programa, hay tres representantes de la Sociedad Nacional de Pesquería que integran el comité especial para seleccionar a las inspectoras junto a representantes del Ministerio de la Producción. “En esas reuniones del comité, el Estado nunca ha logrado imponer su criterio, siempre son las empresas las que terminan marcando la agenda”, aseguró a IDL-R, la abogada Ursula Letona, ex integrante de esta comisión y ex asesora legal del Ministerio.
El contrato de Cerper y SGS concluyó a fines del año pasado y este año debió elegirse a nuevas supervisoras pero sorpresivamente la convocatoria del concurso fue cancelada a inicios de 2011 por lo que las empresas inspectoras continuaron operando con ampliación del contrato.
Según la viceministra de Pesquería, las anteriores gestiones del Ministerio no realizaron una auditoría de control de calidad del trabajo de estas inspectoras, aunque Cerper asegura que existían consultores externos y funcionarios de Digsecovi que controlaban su trabajo.
En lo que sí coinciden las nuevas autoridades y fuentes relacionadas a las supervisoras es en que la anterior responsable de Digsecovi, Ingrid Sano, cortó toda comunicación y no avanzó en mejorar los controles.
Cerper ni SGS han querido dar detalles de su labor ni responder ante las críticas porque aseguran que el convenio suscrito con el ministerio y una norma de Indecopi les exige confidencialidad.
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