Los peruanos estamos obligados a reconocer como
autoridad a las personas que son designadas, aunque por su formación y
orientación carezcan del apropiado conocimiento y experiencia de lo que es la
pesca peruana, de sus problemas y de lo que necesita.
La inexistencia de programas de gobierno para la
pesca en los últimos gobiernos, inexistencia de políticas y carencia de una
agenda, hace el asunto más complicado. Si algo de esto existiese, el nuevo
funcionario podría seguir esas pautas; pero dado que no hay rumbo, la pesca se
dirige hacia la nada. Los nuevos funcionarios y los pocos antiguos
experimentados que quedan, lo único que pueden hacer, es seguir la corriente
que dictan los intereses que dominan el escenario de turno.
La excesiva rotación de funcionarios termina de
agravar la situación: Doce Ministros de la Producción y cinco viceministros de
pesca y acuicultura en los cuatro últimos gobiernos, de 2016 a 2022.
En el actual gobierno, ninguna reforma, ninguna
norma importante se ha promulgado a la fecha. Lo único destacable ha sido la
condonación de deudas a los infractores, que ha mellado el principio de
autoridad favoreciendo a los infractores; el Instituto del Mar continúa en
situación ilegítima y la temporada de anchoveta sigue causando extrema
mortalidad de ejemplares juveniles.
El sector pesca tiene responsabilidad sobre
recursos vivos que podrían sufrir consecuencias negativas derivadas de la
ausencia de rumbo. La administración y regulación de la pesquería descansa en
la existencia de recursos hidrobiológicos. Si estas especies se extinguiesen,
no habría nada que regular ni administrar.
Asegurar la sostenibilidad de las especies es lo
primordial y no la satisfacción de intereses. "La ciencia tiene que colocar la verdad a disposición de la sociedad y
esto debe servir de "base" para las decisiones políticas”.
El sistema nos obliga a cumplir la ley y lo que
mandan las autoridades; pero entonces, ¿por qué no se cumple hasta ahora la
reestructuración del IMARPE? Los que quieren obedecen la ley y quienes la hacen
cumplir, deben ser obedecidos, aun cuando ellos mismos no la cumplan. La
obediencia se impone por la fuerza; pero el respeto…es algo que debe ser
ganado. La consecución de intereses personales no compensa el desprecio
silencioso que los administrados y la población sienten cada vez con más fuerza.
Más allá de la profesión de cada funcionario, lo
importante es la experiencia, el conocimiento y que entienda que la función
pública supone la oportunidad para servir con eficiencia, con dedicación, con
mística y no la oportunidad para satisfacer egos o intereses personales.
Experiencia y conciencia moral son imprescindibles.
Los recursos naturales del océano, lagos y ríos
son de todos los peruanos. El Estado facilita su explotación por privados, sean
industriales o artesanales, a través de permisos; pero es su deber regularlos y
hacer que sus beneficios alcancen a todos los propietarios, es decir a todos
los peruanos. Esa es la naturaleza de las leyes y normas que regulan la pesca y
no los intereses y deseos de un grupo de personas. Guste a algunos o no, el
principal mandato del funcionario público es ser moral. Aceptar un cargo para
el cual no se está preparado, sino para servir a algunos, es absolutamente
inmoral y debería ser condenado por una sociedad que se precie de ser justa.
El funcionario público tiene el deber de estar en
el justo medio y regular para que el inversionista y el pescador ganen; pero
para que el propietario del recurso, que somos todos, también reciban una parte
justa. La vocación de servicio por el país y la pesca deben ser sus
motivaciones. Ser moral no es un requerimiento, sino una obligación. La
sociedad que calla ante la inmoralidad se vuelve también inmoral por
complicidad.
Un
feliz día del pescador a los miles hombres y mujeres que hacen posible la
existencia de la industria pesquera y que también proveen de pescado a los que
pueden pagarlo.
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