Un nuevo gobierno asumirá el 28 de Julio sin planes ni ideas para la pesquería, salvo algunas declaraciones vagas y generales sobre algunos aspectos de la misma por parte de algunos partidos. Otros ni la mencionan.
Se heredarán 10 años de relativa eficiencia en la ejecución de un magro presupuesto, como se puede observar en las cifras que se exponen a continuación de esta nota.
Como parte del paquete viene un pobre índice en inversiones, especialmente en infraestructura pesquera artesanal, lo cual pondrá en riesgo a las exportaciones de hidrobiológicos al mercado europeo; poca atención y reducida aplicación de recursos a la investigación científica; instituciones maltratadas como el ex Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, indebida e injustamente fusionado con el FONDEPES; carencia de políticas de estado para el sector y corrupción. El Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 011-2010-PRODUCE menciona inversiones para los años 2010 y 2011 que no se han cumplido, y no se podrán cumplir tampoco las del 2011. Para el mediano plazo (2012) tampoco se cumplirán en la medida que al no existir aún los expedientes técnicos con viabilidad aprobada, no podrían ser consideradas en el presupuesto 2012 que debe hacerse a Junio de este año.
Las infraestructuras pesqueras artesanales, al no poder ser certificadas sanitariamente por el SANIPES ya que no están adecuadas a la norma sanitaria, generarán problemas a las exportaciones de hidrobiológicos, especialmente a la Unión Europea, en el corto plazo. El nuevo gobierno recibe un problema real e inadecuadamente enfrentado hasta la fecha.
De todos los desembarcaderos pesqueros artesanales solamente el de San Andrés, aún no inaugurado, pose Protocolo Técnico Sanitario. Ningún otro lo tiene. Es censurable que la adecuación a normas sanitarias venga impuesta por la posibilidad de cierre del mercado europeo a las exportaciones peruanas. Es criticable que la autoridad sanitaria no haya considerado el derecho del pueblo peruano a una alimentación de calidad y sanitariamente aceptable. Es censurable como se privilegia las exportaciones pesqueras y se trata al consumidor peruano como un ciudadano de segunda o tercera categoría manteniendo un doble estándar de calidad. Es cuestionable la promoción de productos gourmet para un pequeño sector de la población mientras existe una gran mayoría hambrienta y desnutrida, situación que los programas asistenciales solo subsanan sin proponer soluciones permanentes.
En 2011 se formula el presupuesto que el nuevo gobierno deberá ejecutar durante su primer año de gobierno, lo que le dejará escaso margen de acción, especialmente en proyectos de inversión en infraestructura pesquera. Es poco probable que para el 2012 se presenten proyectos priorizados de inversión por cuanto la OPE responsable de la inversión heredó en 2011 una pésima proyección presupuestal con proyectos priorizados sin mayor criterio pesquero. En los pocos meses que le quedan, en el escenario en el cual se desenvuelve, es altamente improbable que corrijan lo que debió corregirse hace varios meses. No se podrá estructurar un presupuesto razonablemente aceptable para el nuevo gobierno, lo que lo colocará en una situación difícil. Casi podría afirmarse que 2012 se presentará con pocas probabilidades de contar con un presupuesto eficientemente ejecutable en beneficio de mejorar la Infraestructura Pesquera Artesanal. El Congreso estará tan fraccionado, que el diseño de una política de Estado para el sector y/o una nueva Ley General de Pesca se presenta como improbable.
Lo que deja el futuro del sector en las manos de los nuevos funcionarios que el presidente elegido designe. Si el equipo que asuma la dirección de la administración de la pesquería no pertenece al sector, carece de experiencia, de mística y de voluntad para hacer bien las cosas, la pesquería peruana está condenada. La gravedad de la situación de la infraestructura pesquera artesanal y de la propia pesca artesanal no admite que nuevamente se coloque a personas inexpertas y desconocedoras del sector en los puestos de confianza del Ministerio y sus organismo públicos. El nuevo gobierno está obligado a designar personas eficientes, honestas y con experiencias dándoles la confianza y estabilidad necesarias para que desarrollen un programa y lo ejecuten. La medición de su índice de eficiencia deberá ser el cumplimiento de metas dentro del más amplio marco de tecnicismo sin que medien intereses ni actitudes personalistas.
Se requiere de un equipo con menor índice de rotación. No como el que caracterizó al gobierno saliente. Se requiere funcionarios con mayor interés en resolver problemas de fondo y menor dedicación a acciones de impacto mediático pero intrascendentes. La relación entre la contribución impositiva del sector y el presupuesto del mismo, es desproporcionadamente injusta y limita el gasto en investigación e inversión en infraestructura; pero tampoco resolvería las cosas un mayor presupuesto en la medida que las cifras evidencian una limitada capacidad en la ejecución del gasto público. Probablemente influenciada por una excesiva rotación de funcionarios, muchos de los cuales, además, consumen importante parte de su tiempo en aprender ya que no pertenecen al sector.
Si bien es cierto el futuro se presenta incierto, existe una oportunidad para mejorar e introducir las reformas necesarias en la medida que se elija un equipo realmente conocedor y comprometido con el sector pesquero.
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