La sobrepesca no constituye el único problema.  
La degradación del entorno marino, y la  interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización  de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del  hábitat originadas por malas prácticas de  extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la  producción marina.
La industria pesquera atribuye a los recursos  marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de  inagotable. Han elegido aceptar el mito, en  obstinada ignorancia de los hechos.
El problema podría ser más profundo. Los modernos  sistemas de administración pesquera, no han dado la suficiente  importancia a las pautas de comportamiento que  caracterizan al pescador según su contexto económico, social y  cultural.
Las generalizaciones del problema, que pretenden  simplificar una situación extremadamente compleja, tienden a opacarlo. Un  ejemplo es el concepto de que la reducción de la  flota, o de su capacidad de bodega es una solución. Si bien esto es cierto  en parte, el problema presentado de esta manera se  ve reducido a una cuestión de números y,  por ende, susceptible de  solucionar mediante formas sencillas de regulación.  El término evade el hecho de la capacidad de captura que la tecnología  moderna le confiere o puede conferir a las  embarcaciones de hoy: El número de embarcaciones e incluso las formulas que  combinan eslora, envergadura y potencia del motor  para medir la reducción o incremento del esfuerzo pesquero son bastante  relativas.
Este punto también simplifica, relega y/o evade las  complejidades ecosistémicas y las asociadas con la dinámica de  poblaciones, factores determinantes del tamaño y  comportamiento de los stocks.
Al no tener en cuenta los impactos medioambientales  y ecosistémicos así como los aspectos institucionales, los sistemas de  gestión han buscado soluciones que tratan los  síntomas del problema y no sus causas.
Existen debilidades en el modelo bio-económico que  sirve de base a la administración de pesquerías. Primero, la teoría no  toma en cuenta la tendencia hacia la inestabilidad  que caracteriza al entorno marino; también simplifica en extremo el  comportamiento de las diferentes poblaciones de  peces e ignora las complejas interacciones entre las distintas especies, a  través de su obstinada insistencia en utilizar  referencias tomadas basándose en una sola especie. Por último, desconoce el  impacto provocado por la compleja dinámica que  conjuga la escasez del recurso, el desarrollo tecnológico y el  comportamiento humano.
La industria  pesquera enfrenta una crisis de administración.
La intervención de  capitales industriales ha irrumpido en territorios tradicionales, transgredido  regulaciones básicas y sustituido el concepto de sustentabilidad colectiva  por el de explotación competitiva.
La supervivencia de los recursos pesqueros fue  afectada por los procesos de penetración de capitales, las inversiones en  tecnología y la creación de mercados  globales.
La coexistencia armónica entre la pequeña empresa  artesanal y la gran operación industrial perduraría solo mientras  los recursos marinos mantuvieran cierto nivel de  abundancia y los mercados para las respectivas capturas  presentaran  diferencias marcadas. 
Una pesquería sostenible  solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez  cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el  interés nacional por encima de los intereses de parte.
El interés nacional requiere que se desechen los  intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la  población nacional por encima de todo. Ello impone  tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos  pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de  tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población  del país en forma prioritaria.
La crisis mundial de alimentos y el índice de  desnutrición de nuestro país, nos obligan a ser totalmente objetivos a fin de  proteger los recursos hidrobiológicos que  proporcionan alimentación. Estos recursos, además de representar una oportunidad  importante para la alimentación, constituyen una  reserva estratégica que en el mediano plazo pueden colocar al Perú en una  posición ventajosa en términos de abastecedor  mundial de alimentos.
La autoridad de pesqueria tiene la obligación de  regular el esfuerzo pesquero en base a reportes científicos preparados por  el ente científico oficial, el IMARPE. Las leyes y  normas vigentes así lo imponen.
Hace algunos meses cuando la autoridad de Pesquería  reclamó una auditoría internacional para el IMARPE a fin de validar sus métodos  y procedimientos científicos, muchos miembros de la colectividad pesquera  pusieron el grito en el cielo porque se estaba cuestionando la imagen de un ente  científico con renombre internacional. No se quería la auditoría. Sin embargo  cuando un informe del mimso ente afecta algunos bolsillos, se procede de  inmediato a cuestionar la veracidad y calidad de sus informes, en este caso de  la merluza.
Este solo hecho amerita insistir con dicha  auditoría para poner en evidencia la veracidad y calidad de la información  científica de la Institución Oficial del Perú en materia de investigación  pesquera.
No se regula la pesquería bajo presión de grupos  económicos, ni bajo insultos o amenazas de empresarios afectados en su  bolsillo, ni bajo la amenaza de paros y bloqueos de  carreteras.
Los empresarios pesqueros, nacionales y  extranjeros, se someten a las leyes peruanas y están obligados a guardar respeto  por la normatividad vigente y también a guardar la  compostura en cualquier escenario, sobre todo en el Congreso de la  República, donde hace poco un grupo de empresarios  pertenecientes a la Sociedad Nacional de Industria faltaron el respeto a  la viceministra de Pesquería y a la majestad de la  comisión de Producción y Pymes del Congreso del Perú. Resulta  intolerable aceptar que extranjeros, por más  inversión que hayan realizado en el país, ofendan a la autoridad nacional y a  la majestad del Parlamento.
¿Se permitiría una conducta de esta naturaleza en  otro país, como Chile por ejemplo?
 
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