La gestión pesquera
Se espera que, antes de entrar en propuestas promocionales de la pesquería se realice un estudio que permita determinar cuáles serían las especies objetivo, cuál el volumen de su biomasa, cuáles serían los períodos de vedas reproductivas, cuál sería el efecto ecosistémico de su explotación, para llegar a determinar una tasa anual de captura por especie. De esta información se deriva la capacidad de bodega que debería tener una flota con intención de incursionar en la actividad extractiva, la cuota anual de extracción, las cuotas individuales a asignar y los períodos de pesca. Solo entonces podríamos pretender introducir mayor esfuerzo pesquero sobre el ecosistema marino de Humboldt.
25 de junio de 2014
Calidad de vida ambiental y crecimiento económico
¿La
competitividad de un país debe basarse en el debilitamiento de su
institucionalidad ambiental en aras de un crecimiento económico de corto plazo?
¿El desempeño ambiental del Perú es tan bueno como para darnos el lujo de
relajar las exigencias relacionadas con la sostenibilidad ambiental?.
Pues
eso parece ser el pensamiento guía del actual gobierno, que ha presentado
iniciativas legales pro-inversión que reducirían lo que consideran
"permisología" y sobreregulación ambientales, en base a reducir
multas a las empresas infractoras por un periodo de tres años, quitando al
Ministerio del Ambiente (MINAM) la atribución de decidir en temas que son
claramente de su competencia, como el establecimiento de áreas naturales
protegidas o la aprobación de estándares de calidad ambiental, y acortando a 30
días el plazo para que los funcionarios públicos emitan opinión sobre los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Además, se traslada la competencia de
aprobar la política de Ordenamiento Territorial al Consejo de Ministros, entre
otras medidas. Los empresarios agrupados en la SNI, ADEX y CCL aplauden estas
iniciativas, que supuestamente contribuirán a recuperar la confianza
empresarial.
Sin
embargo, este afán por seguir una carrera hacia el fondo en materia ambiental
va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Foro Económico
Mundial (FEM), que elabora todos los años un ranking de competitividad global
que es muy respetado por los empresarios peruanos. El FEM reconoce que el
crecimiento económico y la productividad ya no bastan para asegurar una mejora
en las condiciones de vida, y han creado un nuevo "Indice Ajustado de
Competitividad Global Sostenible" que busca evaluar la institucionalidad,
políticas y otros factores que hacen que un país siga siendo productivo en el
largo plazo, mientras simultáneamente asegura la sostenibilidad social y
ambiental.
En
el ranking mundial de competitividad sostenible 2013-14 del FEM, el Perú no
sale bien parado. Si en el ranking tradicional de competitividad Perú alcanza
un puntaje de 4.25, en la versión que incorpora criterios de sostenibilidad el
puntaje se reduce a 4.00. Según el Foro Económico Mundial, esta caída en la
competitividad del Perú se debe en parte a que "el acatamiento de las
normas ambientales es muy laxa, en detrimento de los esfuerzos para proteger el
medio ambiente". En otras palabras, no es cierto que la institucionalidad
ambiental en el Perú sea excesivamente severa. En América Latina nos superan
Chile, Panamá, Costa Rica, México y Brasil.
Lo
más contradictorio en relación a la iniciativa actual por reducir la supuesta
"permisología" y sobreregulación ambiental, es que en el ranking del
FEM referido a la severidad de la regulación ambiental, el Perú se ubica en el
puesto 68 entre 121 países y en el
ranking de cumplimiento de las regulaciones ambientales se ubica en el puesto
83 entre 125 países. ¿y con estos
resultados se quiere relajar aún más la normatividad y su exigencia?
Otros
rankings internacionales que miden el desempeño ambiental coinciden en que el
Perú necesita reforzar su institucionalidad ambiental, no relajarla. Según el
Índice de Desempeño Ambiental del año 2014, desarrollado por la Universidad de
Yale, el Perú está en el puesto 110 entre 178 países, con un puntaje de 45.05
de un total posible de 100.
En
América Latina estamos yendo en la dirección contraria a países como Chile, que
en otros aspectos es un modelo para los empresarios. En Chile ha entrado en
vigencia una nueva institucionalidad ambiental con poderes aumentados, multas
más altas que llegan hasta US$10 millones, y con posibilidad de clausura
definitiva de un proyecto (3), y se espera que esto sea un incentivo para el
acatamiento de la normatividad. En Chile se ha hecho un esfuerzo las decisiones
políticas no se impongan sobre los criterios técnicos. Según especialistas
chilenos, esto habría mejorado los plazos de evaluación y la eficiencia de los
trámites. A la luz de la experiencia chilena, es paradójico que en el Perú se
esté optando por dar preponderancia a factores políticos antes que técnicos.
Estos
cambios se plantean justamente en el "Año de la Promoción de la Industria
Responsable y del Compromiso Climático" en que el Perú debe mostrar
liderazgo mundial en materia ambiental y climática por ser país anfitrión de la
Cumbre Mundial sobre Cambio Climático. Sacrificar la sostenibilidad
socioambiental -y la competitividad del país en el largo plazo - por mantener
un crecimiento económico basado en la sobreexplotación de recursos naturales,
no es el mejor camino para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible
Fuente
Lea
la carta abierta y el informe legal presentado por la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental en el siguiente link:
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