El
potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del
recurso anchoveta, lo coloca en una
posición privilegiada dentro del contexto mundial. Sin embargo, más allá del
análisis económico se hace necesario una reflexión más profunda que vaya más
allá de la aritmética de la economía global.
El Estado no interviene nada
más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control
biológico y de protección. Las medidas
comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo,
control de artes y sistemas de pesca, etc.
El objetivo de este ordenamiento es la preservación de las especies más
explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas.
Todo el movimiento
exportador genera ganancias, y se realiza dentro de las normas legales
vigentes; pero se hace con un recurso natural que es patrimonio de la Nación y
que debe ser regulado por el Estado para que alcance a todos sus propietarios,
o sea todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que existen los impuestos y los
derechos de pesca.
El problema es que
analizando las cifras de los últimos diez años, se aprecia que muy poco
beneficio práctico y real ha sido trasladado a los habitantes del país, por lo
menos en términos de alimentación.
Se subraya lo
siguiente:
Cada armador y pescador
posee como criterio básico y principal el hecho de que no tendrá en cuenta el
resultado de sus decisiones sobre el bienestar de la sociedad;
No tiene en
consideración el rendimiento del resto de los pescadores o armadores, ni el
crecimiento o situación del stock;
El armador o pescador
bajo libre acceso no tiene incentivos para considerar dichas cuestiones, ya que
lo no capturado por él, será capturado por otro.
En consecuencia, cada
armador, cada empresa pesquera, cada pescador, actuarán guiados por la
maximización de su renta individual que le garantiza obtener un ingreso neto
superior al que le correspondería en otras actividades alternativas.
En la medida que la
industria pesquera peruana posee una capacidad de capturas muy superior a la
tasa a la que los ecosistemas pueden reproducirse, significa que los recursos
hidrobiológicos así como el capital no se
están utilizando eficazmente.
De
la misma forma, la globalización ha formalizado la desviación de la mayor parte
de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales hacia los
mercados de exportación, lo que crea una triple preocupación:
Cómo
se distribuyen los beneficios;
Como
repercute y qué efectos genera sobre los recursos hidrobiológicos, debido a la
intensa presión sobre los mismos.
Cómo
afecta a la alimentación nacional el desvío de sus recursos alimentarios hacia
el extranjero.
La rápida innovación
tecnológica que permite e incentiva el incremento de las capturas debe obligar
al Estado a limitar y a imponer controles y límites a la pesquería. La
sobreinversión y la sobrecapitalización del sector pesquero no son una
responsabilidad del Estado, sino del empresariado.
Por tanto el éxito económico
de esas inversiones no pueden constituir argumento alguno para ejercer mayor
presión sobre las capturas.
De ahí la necesidad de
regular y controlar el esfuerzo pesquero, dentro del marco de una Política de
Estado que privilegie los intereses de la Nación antes que los extranjeros.
Es necesario llevar a
cabo políticas de gestión adaptadas a los principios de precaución y de interés
nacional.
En este escenario cabe
preguntar si la capacidad de producción de hidrobiológicos del Perú permite
incrementar su oferta exportable, que se verá presionada y favorecida por la
firma de tratados de libre comercio.
Es evidente que en el
caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad,
(no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo
cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.
En el caso de recursos
destinados al Consumo Humano Directo, a menos que se orienten capturas a nuevos
recursos o recursos subexplotados, tampoco habría forma de producir un
incremento de la oferta.
La única forma de
incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano,
sería con productos provenientes de la acuicultura. Esto nos lleva a la
hipótesis de que el sector pesquero peruano solamente puede ofrecer
posibilidades de grandes inversiones en acuicultura, más no en mayor oferta de
productos terminados para exportación procedentes de la pesca de captura.
Queda vigente la
cuestión de si es éticamente aceptable exportar proteína a terceros países en
circunstancias en las cuales hay una demanda nacional insatisfecha.
El sector pesquero se
inscribe y se inserta en el proceso de la globalización, reflejado por la
liberalización de los intercambios, de las inversiones y las dinámicas de
especialización productiva.
El escondido detrás de esto es la direccionalidad
hacia la alimentación de otras poblaciones, utilizando al máximo recursos
renovables hasta ponerlos en riesgo, mientras nuestra población tiene
insuficiencias y carencias alimentarias.
Toda actividad
comercial que afecte a la seguridad alimentaria cercena el derecho al alimento,
uno de los derechos humanos más básicos.
La vocación exportadora
del sector, coherente con el modelo económico vigente, condena a la población
peruana a disponer de una oferta de recursos hidrobiológicos insuficiente y de
calidad discutible si la comparamos con la calidad del denominado “producto de
exportación”.
Tan selectivo es el
asunto que en las etiquetas se pone el término “calidad de exportación” como
para reafirmar ante el país y el mundo entero, que en el Perú hay una clara
selectividad: lo que se exporta es mejor que lo que se deja para el consumo
interno. Se mantiene un doble estándar
de calidad, cuando la tendencia debiera ser a acuñar la frase Calidad Peruana,
eliminando esa discriminación injusta y ofensiva.
Tan poca atención se
presta al país, que existe un Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe
un Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le preocupa más satisfacer las
necesidades alimentarias de los países desarrollados que las necesidades de la
propia población. Aparentemente la tesis es que la seguridad alimentaria
peruana no necesita (y
por tanto no existe) una política pesquera, pues el mercado se hace o debería
hacerse cargo de ella.
En ese orden de cosas, la
exportación es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de
ella para los exportadores. El mercado
interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de subsidios
a la exportación pesquera.
Si bien es cierto que la
selección de mercados es una decisión empresarial, también es cierto que el
Estado no debería ser ajeno al tema, ya que la alimentación popular es una
obligación de la cual no puede evadirse. Por consiguiente, cuando se examinan
las exportaciones pesqueras debe analizarse principalmente el modo en el que
reducen la disponibilidad de pescado para el consumo nacional.
Tanto en forma
indirecta (a través de la reducción de la biomasa de las especies forraje como
la anchoveta para producir harina), como en forma directa.
Es importante tomar en cuenta
que aunque el Perú tiene una participación importante en la explotación de
recursos pesqueros a nivel mundial, esta no aporta los beneficios que merece la
población peruana.
Los objetivos a largo plazo
debieran ser llegar a un total dominio de la tecnología que permita, de manera
costeable, el cultivo de especies acuícolas para el aprovechamiento de las
lagunas, y también las marinas para dejar de ser únicamente cazadores y llegar
a manejar cultivos en escala oceánica.
Es posible entonces que
dispongamos de una oferta exportadora razonable.
Los países desarrollados
consumen la mayor parte de la producción mundial de alimentos, en especial los
hidrobiológicos. Las personas que tienen más dinero para comprar más alimentos
lo utilizan para el pago de productos cada más sofisticados en elaboración,
envasado, y otras exquisiteces. Más allá de la necesidad básica de alimentación
se satisfacen exigencias gastronómicas.
El hecho es que mientras esto
ocurre en los países desarrollados, en el resto del mundo, en nuestro país, al
mismo tiempo, una parte considerable de la población continúa con bajos niveles
de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia de
niveles de desnutrición.
Es éticamente imposible negar
esta realidad, menos aún ante una de las características más espeluznantes de
la estructura pesquera nacional: la coexistencia del hambre con la exportación
de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.
La captación de conocimiento y
el desarrollo de habilidades empieza por una buena educación y entrenamiento.
Ello implica una sociedad que prioriza la educación, el desarrollo del
conocimiento.
Ambos elementos requieren como elemento básico una niñez bien
alimentada que pueda asimilar una buena educación. Sin alimentación apropiada, es poco probable
que se pueda asimilar una buena educación. Por tanto, las nuevas generaciones
estarán enfrentando futuros inciertos en desventaja frente a otras sociedades.
La desnutrición crónica es un
indicador que tiene frenado al país y que mientras no se resuelva no permitirá
el crecimiento nacional con equidad y sin exclusión.
En ese contexto, el producto
alimenticio es más rentable cuando se exporta. La necesidad de otros países es
una fórmula mágica que lo transforma todo en oro, una fórmula a recitar como
El modelo vigente se da el
lujo de exportar sus recursos naturales alimentarios mientras posee un índice
de desnutrición del 24% como promedio nacional.
Niños menores de dos años
padecen de desnutrición crónica en el Perú y sufren de anemia por deficiencias
de hierro en su alimentación. Pero nos jactamos del éxito económico que significan
los volúmenes de proteína exportados tanto en forma de harina de pescado como
de productos hidrobiológicos congelados y en conservas.
El 19,5% de los niños menores de cinco años sufren de
desnutrición crónica, consecuencia en gran medida de la escasa disponibilidad
de alimentos nutritivos (Midis, 2012). La meta de la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 es la reducción de la
desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años de edad de 18,1% a
5% entre los años 2012 y 2021 (Comisión Multisectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, 2013). Para lograr esta meta, se ha definido que
la seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones de análisis: i) producción de
alimentos, ii) acceso y disponibilidad de alimentos, iii) consumo de alimentos,
iv) oportunidades para el incremento de ingresos.
Los principales problemas de
inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan por el lado de la
disponibilidad y estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más
bien por el lado del acceso, de manera específica por el lado de los niveles de
ingreso, así como por la distribución y oferta adecuada de alimentos
hidrobiológicos por parte de la población.
En este sentido, la
seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución
de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que
sostiene y defiende la exportación de dichos recursos.
No es lo mismo exportar
minerales o textiles que recursos naturales alimentarios (renovables solamente
en la medida que se protegen debidamente), poniendo en riesgo la sostenibilidad
de los mismos. Exportar recursos naturales no renovables como los mineros y
recursos renovables como los agrícolas tienen una connotación diferente a la exportación
de recursos pesqueros.
La exportación de
espárragos, alcachofas o mangos, por ejemplo, no es igual que la exportación de
pescado.
La exportación de los
primeros es útil para la economía del país en la medida que su consumo interno
no es trascendente para la aliviar la desnutrición ni para asegurar la ingesta
proteínica de nuestra población.
La exportación de los
recursos hidrobiológicos sí tiene un efecto directo sobre los niveles de
nutrición y alimentación básica de nuestra población en la medida en que, si
bien es cierto son recursos renovables, su renovación está sujeta a serios
riesgos. Uno de ellos es que la extracción de algunas especies perjudique la
capacidad de renovación de las poblaciones que dependen de aquellas para su
propia alimentación.
No parece ser la mejor
opción arriesgar o comprometer nuestros recursos de alimentación en beneficio
de otras poblaciones. Sin dejar de ser solidarios con poblaciones que requieren
de mayor aporte de proteína, la obligación primaria del Estado es asegurar la
alimentación de nuestra población y recién entonces exportar los excedentes.
Vivimos una época
diferente provocada por el cambio climático y la crisis alimentaria. Nuestro
mundo no es el de hace 20 años. Es necesario afrontar estos nuevos escenarios
con criterios diferentes, con nuevas concepciones que vayan más allá del libre
mercado y de la globalización que, en materia alimentaria pareciera favorecer
más a los demás países que al nuestro.
Un mundo nuevo ha
empezado a comer y no hay para todos”, afirmó José María Sumpsi, subdirector
General de la FAO. Y explica que el tema se basa en una “asimetría” entre oferta y demanda: “No se
esperaba que los países emergentes -China, India, Indonesia, Brasil- creciesen
tanto, y se han expandido a un ritmo anual del 10%-12%. Eso ha producido una
explosión de la demanda. No estábamos listos”.
El mercado no puede
resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por
parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales. La solución
no puede ser más libre comercio porque más libre comercio implica más hambre y
menor acceso a los alimentos. El empresario privado optará siempre por vender
sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En
esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado
dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos
gourmet que satisfagan no necesariamente el
hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína
barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.
Los alimentos serán, en el
corto o mediano plazo, un recurso escaso que podría convertirlos en recursos
estratégicos para negociar no solo mejores precios sino condiciones más
favorables para el desarrollo del país.
La visión debiera ser la de
utilizar nuestra producción de recursos hidrobiológicos prioritariamente para
nosotros mismos, proteger su renovación y crecimiento aplicando enfoques
ecosistémicos, y exportando solamente aquellos que excedan a nuestras
necesidades.
Exportamos harina de pescado
para alimentar peces cultivados en otros países, exportamos congelados a otros
países para alimentar a otras poblaciones, y exportamos conservas a otros
países para alimentar también a otras poblaciones.
Lo que no se puede exportar se
destina al mercado nacional. Además, lo que no satisface los estándares de
calidad de los mercados internacionales, se traslada al mercado nacional. Se
mantiene un doble estándar de calidad menospreciando al consumidor peruano.
La pesca de consumo en estado
fresco, por sus volúmenes y por cuestiones de mercado, se destina a la
población nacional. Si tuviese demanda internacional con toda seguridad se
exportaría.
Marcos Kisner Bueno
