LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE GESTION PESQUERA

LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE GESTION PESQUERA

Este documento propone un nuevo modelo pesquero y contiene comentarios y propuestas por áreas y sub sectores.

Esta exposición no presenta diagnósticos tradicionales ni cifras parciales o sesgadas. Se concentra en lo que estima el problema de fondo. El primero que debe ser abordado

No habrá acuicultura si no hay fondos para investigación y desarrollo.
No habrá descontaminación ambiental si no hay fondos para limpiar las bahías contaminadas
No habrá mayor consumo interno de pescado si no hay infraestructura de frío para la comercialización.
No habrá calidad sanitaria en los productos hidrobiológicos si no hay infraestructura de desembarque y de comercialización adecuada y habilitada para ofrecer inocuidad de los productos.

NO HABRA NINGUN CAMBIO NI MEJORA SI NO SE PARTE POR INCREMENTAR RECURSOS FINANCIEROS. EL SIGUIENTE PASO ES GESTION. PERO SIN DINERO NO HAY GESTION POSIBLE.

El ajuste tributario y por pago de derechos de pesca es un factor de urgencia para poder empezar a aplicar una reforma sobre el modelo de gestión pesquera actual.
Este solo ajuste permitiría al Ejecutivo hacer una acción de gobierno eficaz, largamente reclamada por la población e insatisfecho por las administraciones anteriores:

1. Limpieza de las bahías contaminadas por la industria pesquera y los propios desembarcaderos pesqueros.
2. Incrementar la investigación que hace Imarpe en beneficio del estudio de nuevas especies y de la determinación de una tasa anual de captura de anchoveta que no dañe al resto de especies predadoras y dependientes de esta última.
3. Colocar los desembarcaderos pesqueros y los mercados en condiciones sanitarios óptimas que garanticen la comercialización de pescado sin riesgos para la salud.
4. Disponer de fondos para mejorar los controles sobre la pesca ilegal en forma eficiente.
5. Disponer de fondos para impulsar el desarrollo de la acuicultura.

CONSIDERACIONES GENERALES

El modelo de pesquería peruano adolece de serias imperfecciones en sus aspectos conceptuales y tributarios, y las críticas a las personas y a las políticas no lo cambiarán. Lo que dará inicio a un proceso de cambio es una propuesta simple que sirva de partida, que ofrezca señales de voluntad de cambio, y que integre a los actores del sector. La imperfección del modelo no es imputable a ninguna autoridad o administración, sino a un defecto del sistema que podría ser corregido mediante el diseño de una Política de Estado de largo plazo.

Los enormes volúmenes de desembarque de los recursos pesqueros hacen del Perú un país rico y privilegiado. Sin embargo, esta bonanza nunca se ha traducido en alimentación para los peruanos ni en beneficios económicos para ellos. La mayor parte de la extracción se transforma en harina y aceite que son exportados. Esta exportación aporta como tributo el impuesto a la renta, pero en una proporción inadecuada. Genera bonanza empresarial y empleo (aunque no mucho, por cierto), pero al país no le representa una cifra importante en términos de recaudación tributaria. Por otro lado, los derechos de pesca que se pagan por la extracción de algunos recursos, como la anchoveta, no guardan proporción con el nivel del movimiento económico de la actividad.

La producción de conservas se exporta en su mayor parte, y la que se destina al mercado nacional está dirigida a sectores con capacidad adquisitiva alta. No contribuyen con la alimentación popular, pues la lata es cara y no permite variedad en la cocina (no se puede hacer un ceviche ni un chilcano con una lata de atún, por ejemplo). Por otro lado, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que contiene dicha lata. Se etiqueta como atún, pero no hay forma de que el consumidor esté seguro de eso.

La producción de congelado está reservada básicamente a la exportación. El mercado interno no lo recibe por falta de infraestructura de frío, y lo poco que queda para el consumo nacional está destinado a quienes compran en grandes supermercados.

La producción de curados es la que más impacto tiene sobre la alimentación popular, pero a su vez es la de menores volúmenes.

La pesca fresca se circunscribe a alimentar a las ciudades costeras y a algunas pocas de la sierra, pero a un bajo precio para el pescador artesanal, en volúmenes insuficientes, a precios relativamente altos para la población de menores ingresos, y en condiciones sanitarias dudosas.

Se elogia a las exportaciones pesqueras como grandes contribuyentes del PBI, pero en términos de impuestos y contribución a la alimentación nacional la realidad no es nada elogiable. En términos generales, se impacta el ecosistema marino sin que el país sea adecuadamente retribuido por ello. Un modelo que prioriza la alimentación de otros países a costa de la nuestra resulta perverso.

No es lo mismo exportar textiles que alimentos, pero tampoco es igual exportar espárragos que pescado. Las grandes mayorías necesitadas de proteína barata no consumen espárragos o alcachofas, por lo cual su exportación no las priva de nada, pues además son recursos renovables. Sin embargo, el pescado solo es “renovable” en la medida en que haya un enfoque ecosistémico con controles eficientes.
A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, esto resulta un concepto abstracto. El pescador artesanal extrae los recursos sin regulación y sin pagar ningún derecho por hacerlo. La captura va al CHD, mayormente peruano, y recibe un pago insuficiente.

La política pesquera debería lograr gradualmente una pesca sostenible que alcance objetivos de desarrollo tales como el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos en el contexto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Una política que regule la tributación a niveles más convenientes para el país y lo compense por el impacto ecosistémico que produce.

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible se deben afrontar las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera, los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios. Y si bien los ministerios son los responsables en el rol del Estado para promover este desarrollo, no son los únicos.

La forma de gestión fragmentada y sectorializada tiene como expresiones concretas una alta desestructuración entre las instancias estatales que propician una serie de males: duplicidad de esfuerzos, bases de datos no compatibles, preocupación por intereses institucionales específicos, poca capacidad de prevenir conflictos, escaso conocimiento del valor de los daños y perjuicios, y sub valoración de la participación ciudadana (haciéndola más vulnerable a los grupos de presión).

La definición de una política de Estado en el corto, mediano y largo plazo requiere una base legal sólida diseñada por todos sus sectores y todos los agentes de la pesquería. Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible, y su éxito debe basarse en un proceso de planificación integrado para armonizar valores (culturales, económicos, ambientales) y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.

Debe recalcarse que es sobre la pesca artesanal donde se impone la necesidad de este cambio de modelo. Y es que hoy, irónicamente, ésta es la menos beneficiada. El nuevo modelo debe estar orientado a que el sector pesquero artesanal tenga una infraestructura de desembarque adecuada, una flota que asegure la calidad y una capacitación que le asegure mayores márgenes al permitirles estructurar cadenas productivas y de comercialización. Todo esto no solo dentro de un marco sanitario de estándares elevados, sino de una política que priorice el consumo nacional.

La industria pesquera que destina la anchoveta a su reducción en harina, si bien es cierto significa un importante aporte al PBI, también es cierto que:

a. Contribuye con el impuesto a la renta de tercera categoría y una tasa de derechos de pesca en una proporción muy baja en relación a la producción que exporta.
b. Causa un impacto serio al medio ambiente, que es visible y evidente en todas las ciudades donde se encuentran plantas procesadoras de harina de pescado, imponiendo a los pobladores de dichas ciudades una calidad de vida negativa y perjudicial para su salud.
c. Causa un impacto sobre la biomasa de anchoveta reduciendo las posibilidades de alimentación de la cadena trófica superior, provocando una reducción de las poblaciones de aves guaneras y de peces, cuyos efectos más directos los sufre la pesca artesanal.
d. No ha hecho nada efectivo para limpiar y descontaminar las bahías donde se realiza esta producción, y se continúa causando impactos negativos sobre el océano y sobre el aire.

El sector industrial pesquero es el segundo productor de divisas después de la minería en el Perú, generando entre 1,000 y 1,700 Millones de dólares anualmente (11-16% del total). Sin embargo, su nivel de tributación es menos del 1% del total de contribuciones al estado. La justificación que se da a esta reducida tributación es la deuda que el sector mantiene con la banca nacional.
Existe sobredimensionamiento de flota para la pesquería de anchoveta y escasez de flota para la pesca de jurel, caballa, pota, y otros recursos de consumo humano directo.

Existencia una flota de madera o “Vikinga” que ha perforado la Ley General de Pesca orientándose a la pesquería de anchoveta para harina de pescado y que se encuentra en crecimiento.

Legislación laboral del sector complicada y obsoleta, tanto en la extracción como en la fase de procesamiento.

La mayor parte de la flota peruana es monopropósito, es decir solo usa un tipo de aparejo de pesca, orientado a la captura de un solo recurso, en caso de enfrentarse a cambios oceanográficos drásticos (El Niño), no esta en capacidad de capturar otros recursos.

Programas de adecuación al medio ambiente insuficientes, se sigue botando contaminantes al mar, afectando la ecología costera y poniendo en riesgo el desarrollo de actividades futuras como la acuicultura marina. El estado se muestra complaciente con los que contaminan el medio ambiente marino, no existen sanciones de ninguna clase.

Consumo per capita nacional de pescado y recursos marinos insuficiente para una población con altos índices de desnutrición.

Información estadística inadecuada.

Sector pesquero artesanal con poca capacitación en la preservación del recurso pesquero, con uso de embarcaciones sin bodegas insuladas y técnicas de pesca anticuadas, en la mayoría de los casos los desembarcaderos están con los equipos malogrados, el pescador artesanal no cuenta con un sistema de pensiones y de seguridad social, es cómplice silencioso de practicas de pesca altamente depredatorias, algunas de ellas no legisladas y otras que no se sancionan drásticamente, un sistema de comercialización de la pesca artesanal gobernado por intermediarios, una mala categorización de la pesca artesanal le dio cabida a existencia de la flota “Vikinga”, y finalmente la pesca artesanal no tributa.

No existe política nacional que enfrente a las flotas extranjeras que pescan recursos altamente migratorios fuera de las 200 millas, poniendo en riesgo cualquier política de ordenamiento pesquero dentro de la zona

La complejidad del tema pesquero, la importancia de la pesca desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, el futuro de la pesquería peruana como reserva mundial de alimentos, la existencia de cambios climáticos que afectan a los ecosistemas marinos, la importante contribución de la pesquería al PBI, su alto grado de manejo especializado y lo sensible del manejo industrial desde el punto de vista del empleo y la conservación del medio ambiente, hacen necesario que el sector disponga de una política de Estado de largo plazo.

La actividad pesquera viene siendo manejada en una forma poco eficiente y no sostenible, originando al Estado grandes pérdidas de renta y costos sociales y ambientales muy altos, ya ha afectado la composición y estructura ecosistémica, ha reducido la productividad del sistema, afecta la salud de las poblaciones costeras y mantiene a la mayoría de participantes del sector en niveles de pobreza. En general, los grandes beneficios económicos del sector pesquero alcanzan a una fracción mínima del empresariado pesquero y genera rentas mínimas al Estado que no permiten el financiamiento adecuado de programas sociales o la investigación y programas de monitoreo, control y supervisión necesarios para el manejo sostenible de los recursos. No genera beneficios para la gran mayoría de la población ni provee alimentación a los sectores de menores recursos, especialmente los alejados de la costa.

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, la política debe afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera en los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios.

Para realizar una gestión política de ordenamiento pesquero se necesita conocer, tener cierta especialización y cierto orden en los procedimientos. Pero solo ello no basta. Es necesario contar con capacidad de comunicación, habilidad de trabajo en equipo, herramientas como la negociación y el manejo de conflictos, interpretación de comportamientos sociales y capacidad de análisis y síntesis de problemas y soluciones. Igualmente, integridad moral, principios y ética compatibles con la protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
En el sector es probable que se presente más de un uso del mismo espacio, por lo que más de un ministerio o sector interviene en él, de manera desarticulada unos con otros, e inclusive entre instituciones del mismo sector.
Si bien los ministerios son los responsables en el rol del Estado para promover el desarrollo en su ámbito, no son los únicos. La forma de gestión fragmentada y sectorializada tiene como expresiones concretas una alta desestructuración entre las instancias estatales que realizan tareas similares, propiciar la duplicidad de esfuerzos, componer bases de datos no compatibles, velar por los intereses institucionales específicos antes que los del conjunto del territorio, reducir la capacidad de prevenir conflictos, mantener un escaso conocimiento del valor de los daños y perjuicios, sub valorar la participación ciudadana, haciéndola más vulnerable a los grupos de presión, entre otras.

La definición de una política de Estado para el desarrollo de la pesquería en el corto mediano y largo plazo requiere de una base legal sólida cuidadosamente diseñada con participación de todos los sectores del Estado y de todos los agentes de la pesquería.

Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible.

Una política exitosa debe basarse en un proceso de planificación completo e integrado, para armonizar los valores culturales, económicos, ambientales y para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico. Sin un proceso integrado de planificación, ni de participación ciudadana, tiende a ser incompleta, desintegrada y sectorial.

La presente propuesta es el marco conceptual básico sobre el cual debe diseñarse un proyecto que encuadre en un plan de gobierno integrado. Esta acción requiere de la participación de personal de personal especializado en cada disciplina que actúe integrada y coherentemente con los agentes del sector.

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA POLITICA PESQUERA

Diseñar una política de Estado para la pesquería nacional, que planifique el corto, mediano y largo plazo.
Esta política debe armonizar los lineamientos de explotación meramente económica y discriminatoria (artesanal/industrial) – que actualmente afectan la mortalidad del recurso, porque favorece su explotación hasta el límite permisible por especie – con los criterios ecosistémicos, de manera que favorezca el mejor empleo de los recursos afectados y proporcione a pescadores e industriales el marco que garantice el aprovechamiento racional y permanente de los recursos marinos.

Esta política debe incluir la participación formal de los representantes de los diferentes sectores de la actividad pesquera, política cuyo objetivo prioritario sea promover la sustentabilidad del uso de los recursos pesqueros y un reordenamiento de las normas vigentes que las haga coherentes, complementarias y más sencillas en su aplicación.

Las actuales medidas de conservación - como vedas biológicas, establecimiento de cuotas, fijación de tallas mínimas, y dimensión y característica de los artes de pesca - deben convertirse en prácticas de manejo. Una buena política de Estado debe velar por la conservación, sustentabilidad y equilibrio ecosistémico de las pesquerías peruanas, por el incremento del valor agregado y de las plazas laborales con ocupación estable en tierra firme y en el mar, y porque las operaciones pesqueras sean eficientes y con buena calidad de capturas.

Esta política debe estimular la inversión en proyectos destinados al CHD y reformar la estructura tributaria del sector.

Revisar las tasas establecidas por concepto de derechos de pesca.

Establecer medidas precautorias en relación al cambio climático y el calentamiento global, proponiendo un plan estratégico para enfrentar esta contingencia.

La sustentabilidad como base del ordenamiento pesquero

El concepto de sustentabilidad comprende los desafíos ambientales del desarrollo, anteriormente solo relacionado a dimensiones económicas y sociales. Conceptualmente, la sustentabilidad se considera como “la relación entre la explotación o aprovechamiento y la capacidad de renovación biológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambiente natural y social con una visión de largo plazo”. El desarrollo sustentable es definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Aspira a incorporar en la agenda política tanto la concepción de interdependencia entre la especie humana y la naturaleza, como la dimensión de equidad entre generaciones.

La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los países y los pueblos a determinar sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.

La tendencia de la industria pesquera, al igual que otras basadas en la extracción de materia prima, se guía por la máxima del mercado de máximo beneficio en menor tiempo posible. Esto ha llevado a un círculo de destrucción basado en técnicas más eficientes, más destructivas y con menor necesidad de puestos de trabajo.
En el actual modelo de gestión pesquera prevalecen en general, criterios económicos o políticos a la hora de tomar decisiones. Los peces y, en general, los recursos ícticos constituyen una parte integrante del ecosistema en donde son interdependientes y experimentan intercambios continuos, ya sea entre ellos mismos, o con la materia inerte. Pese a esta evidencia, la gestión de la explotación de los recursos pesqueros y de otro tipo de recursos ícticos se ha venido enfocando desde premisas del tipo «grupo por grupo» y «especie por especie».

El sector de la pesca artesanal no tiene el reconocimiento social y productivo que merece. Además, la actividad artesanal se enfrenta a la progresiva disminución de los recursos pesqueros, producto de la actividad industrial pesquera que compite por los mismos espacios, recursos y mercados, en una evidente desigualdad de condiciones, y en un escenario económico que no admite más participantes.

En este contexto, la sustentabilidad en el mediano y largo plazo deberá contemplar necesariamente cuatro dimensiones básicas:

· La ecológica: Que tenga en cuenta y respete los ciclos naturales, la productividad propia de los ecosistemas, la disponibilidad y finitud de los recursos naturales y la diversidad biológica. La distribución y la abundancia de los stocks de peces se supeditan en primer lugar a la dinámica del medio ambiente marino y, en concreto, a las condiciones atmosféricas y a la oceanografía física y química; y en segundo lugar, a las interacciones entre especies de depredadores y especies presa. En un contexto multiespecífico resulta casi imposible apartar de la explotación a un grupo específico de especies. Diversos factores medioambientales y oceanográficos hacen que los organismos marinos no se distribuyan de forma uniforme: la abundancia de los caladeros varía considerablemente según los lugares. Esta variación está directamente relacionada con la capacidad de carga del ecosistema. (el volumen de biomasa que un ecosistema puede soportar). Un ecosistema más diverso implica una mayor estabilidad y un menor riesgo de colapso de los stocks.

· La social: Deberá atender a la justicia social (actual y con las generaciones futuras), y la distribución equitativa de los recursos. El beneficio social deberá ser la premisa básica. En tanto que es un recurso de la nación, la pesca debería beneficiar al máximo posible de ciudadanos, tanto desde el punto de vista alimentario, como de los beneficios económicos y empleos que genera esta actividad. Esto implica una justa participación del sector en la generación de impuestos. Por lo anterior, el objetivo básico del ordenamiento, debería contemplar el máximo beneficio social como premisa básica, buscando mecanismos para que dichos beneficios se mantengan en el largo plazo. El ordenamiento pesquero debería equilibrar las tendencias e intereses contradictorios, mejorando las condiciones de trabajo del sector más amplio y haciendo que los beneficios de los sistemas de pesca masiva puedan beneficiar a un sector más amplio de la población.

· La económica: Buscará satisfacer adecuadamente con los recursos existentes, las necesidades humanas de diversas formas de acuerdo a la propia cultura. Se deberá considerar a los recursos ícticos no como generadores de divisas en el comercio internacional sino prioritariamente como una fuente de alimentación y bienestar humano, y no se deberá promover el destino de la producción pesquera para alimento de animales sino a la alimentación humana.
El sector deberá ser gravado con pago de derechos de pesca adecuados y concordantes con los volúmenes de extracción y producción, de tal forma que el país sea compensado por el impacto causado sobre sus recursos naturales

· La política: Que supone formas de gestión participativas, incluyendo el control y el protagonismo real de las comunidades e instituciones en la gestión de los recursos, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Es al gobierno al que le compete el proceso de gestión pesquera. Ésta incluye la fijación de políticas o lineamientos de base, la determinación de planes y programas, la expedición y vigilancia del cumplimiento de ciertas normas, el estudio o la investigación necesarios para sustentar las acciones, la determinación de las acciones prioritarias y su puesta en marcha, la incorporación de las comunidades involucradas y el establecimiento de una capacidad de ejecución y administración, incluyendo la consecución y manejo de recursos económicos requeridos. El marco legal que regula la actividad pesquera nacional debe tener como objetivo establecer las reglas y condiciones bajo las cuales deben realizarse las actividades de la vida social o individual que tengan un impacto directo o indirecto en la sociedad. En función de los objetivos de la ordenación o administración de la pesca, las regulaciones pesqueras (leyes, reglamentos y normas) necesitan establecer, con base en criterios de pesca responsable y uso de los recursos en el largo plazo, las condiciones de su aprovechamiento.

Es necesario dictar incentivos claros, coherentes e integrales que estimulen la inversión en pesquerías de consumo humano directo que estén orientadas a explotar los recursos aún inexplotados, así como incentivar la creación de una flota pesquera de altura de bandera nacional, y promover la reconversión de la flota actual hacia una flota multipropósito.

Alcances del nuevo modelo

El nuevo modelo deberá procurar instrumentar en el mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para la conservación de los recursos y su ambiente basados en el conocimiento científico y tecnológico, evitando en lo posible ser un instrumento de alcances inmediatos, propiciados únicamente por intereses económicos o agendas políticas.

Las medidas de ordenación pesquera deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Éstos no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonio de la nación.

La exportación de productos pesqueros no debería suceder a expensas de la degradación de los ecosistemas, de las necesidades locales de consumo ni debería provocar impactos sociales ni económicos adversos. Así mismo la contribución del sector vía derechos de pesca e impuesto a la renta debe ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, y no solamente basarse en un impuesto a la renta aplicado sobre utilidades.

En este marco, se deberán proponer diversos indicadores de sustentabilidad, los que deberán ser claros, coherentes con los objetivos mensurables, y deberán permitir evaluar efectivamente los factores insustentables con el fin de corregirlos. Si se quiere lograr un desarrollo sustentable en nuestras pesquerías la sociedad civil debe ejerce el derecho a participar en la gestión de la administración de los recursos ícticos del país.

La política pesquera debe favorecer el pluralismo productivo en la pesca, de manera de permitir la coexistencia en un esquema económico dual de sectores intensivos en capital, como el sector pesquero industrial, y sectores intensivos en trabajo, como el sector pesquero artesanal en sus distintas manifestaciones

La excesiva explotación pesquera destinada a la producción de harina ha provocado ya cambios significativos en la estructura del ecosistema marino.

El bajo nivel de consumo de pescado en la población nacional es una respuesta a la poca oferta de productos del mar, la escasa promoción de los mismos, el costo de darles un tratamiento congelado, curado o envasado para su distribución, la insuficiente infraestructura de redes comerciales de distribución y la insuficiente e inadecuada cadena de frío existente. Motivos por los cuales la creación de estímulos para reorientar el esfuerzo de extracción, procesamiento y comercialización hacia el CHD son impostergables.

El desafío no es gestionar poblaciones de peces sino gerenciar el conjunto del ecosistema marino, debido a que el mismo depende de forma directa de su estructura para mantener su productividad. En este sentido, las políticas de gestión pesquera se deben hacer eco de este hecho: dependiendo de su adecuada conservación, se podrá o no mantener en el futuro la actividad pesquera. Es en esta dirección en donde se debe introducir el concepto de ecosistema en la gestión.
Esto implica la necesidad de considerar los efectos aditivos de las pesquerías multiespecíficas, obligando a minimizar el impacto de la pesca sobre las especies asociadas y dependientes (entre otras cosas, priorizando el uso de artes selectivos), y a reducir el impacto de determinados artes sobre los fondos, protegiendo los ecosistemas asociados.

La existencia de recursos altamente migratorios y transzonales como el jurel, la caballa y el atún, que ocupan espacios dentro y fuera de las 200 millas, los hacen presa atractiva y fácil de flotas extranjeras que contribuirán a su colapso. En ese sentido es necesario hacer los esfuerzos necesarios para hacer un frente común con nuestros vecinos en defensa de la sustentabilidad de esas pesquerías

Las cuotas individuales de pesca

Las CIT son una herramienta económica usada para asegurar eficiencia económica en una pesquería, pero no es una herramienta para asegurar sustentabilidad biológica, ni para asegurar equidad social. En este contexto, es dudoso que las CIT vayan a hacer otra cosa que regular el acceso a las pesquerías en forma de una distribución del volumen de captura. No habría una reducción del sobredimensionamiento de la flota industrial, aun cuando este sistema se aplique a todos los recursos, por tanto su implementación asegurará una mayor eficiencia siempre y cuando vaya acompañada de medidas de reconversión de la flota anchovetera hacia otras pesquerías, y de la determinación correcta de la tasa de captura anual.

Dado que los peces no son de propiedad de nadie, surge de su uso una especie de derechos, llamados históricos, a favor de quienes demuestren haber explotado los recursos pesqueros durante un cierto lapso. La calificación jurídica de los peces y el modo de adquirir el dominio de ellos, son regulados por el derecho privado, pero ello no implica que la apropiación de las capturas conduzca a la apropiación individual del derecho de pesca por el mero uso, cuestiones que son de derecho público. Esto mismo tiene como contrapartida la libertad de acceso al recurso pesquero, cuestión que no puede ser derogada por la administración sino sólo limitada temporalmente y por motivos de conservación del mismo recurso.

El sistema de cuotas individuales tiene, además de las aristas técnicas, muchas aristas de orden jurídico que tienen que ser evaluadas debidamente para finalmente llegar a un consenso antes de su implementación.
El estatus colectivo de los recursos pesqueros implica la imposibilidad jurídica de que la propiedad del derecho a pescar se adquiera por su uso inveterado; asimismo, conlleva el deber del Estado de garantizar el acceso a dichos recursos en condiciones equitativas, no discriminatorias y que aseguren la conservación a largo plazo de los mismos.

RECOMENDACIONES GENERALES

La actuación del Imarpe es fundamental porque es el organismo que debe decir CUANTO, DONDE Y COMO se debe pescar. Su responsabilidad es el control del equilibrio ecosistémico

El Ministerio administra el manejo ecosistémico. Su función es administrar las cuotas máximas de captura establecidas por un ente científico profesional y moralmente solvente.

Debe existir un organismo científico especializado en temas de acuicultura marítima y continental que establezca los criterios científicos para que la autoridad de Pesquería igualmente administre esa actividad. Le corresponde a Fondepes asumir este rol rector.

Existe una crisis en el ecosistema pesquero peruano. La opinión pública debe ser informada de esta situación para entender que no es posible pescar más de lo que el ecosistema permite. Por ello es vital la opinión seria, científica y solvente del Imarpe. La opinión pública debe respaldar las medidas de ordenamiento que deben tomarse en beneficio de la sostenibilidad de la pesquería y de las grandes mayorías nacionales.

En función de esta situación de crisis tiene que entenderse que todas las medidas de reordenamiento necesarias no admiten componentes políticos sino estrictamente técnicos, lo cual requiere de una campaña de información a la opinión pública.

El modelo actual cuenta con muchas herramientas. Sin embargo, hay que mejorarlas y ponerlas en manos de personas solventes moral y técnicamente.

Las dos grandes áreas son la extracción y la acuicultura. Ordenada científicamente en forma ecosistémica la extracción, el procesamiento se ajusta solo. Definida científicamente la acuicultura, el Ministerio será tan solo un promotor y administrador de la actividad.

La reducción de la tasa anual de captura de anchoveta, reduce automáticamente todos los problemas, mejora la eficiencia, debe mejorar las utilidades y por consiguiente mejorar la recaudación por renta. Al mismo tiempo impondrá la orientación a las capturas de jurel caballa y anchoveta para el CHD en forma natural. Reducida la cuota, las fuerzas del mercado se encargarán de ajustar la actividad. Los costos del ajuste deberán ser asumidos por los propios operadores que incursionaron en la actividad hasta el extremo de la sobrecapitalización, bajo su propio riesgo. El Estado no tendría porque asumir el pasivo de la ineficiencia del sector.


OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA NUEVA POLITICA PESQUERA:

1) Reducción del esfuerzo pesquero sobre la anchoveta mediante el establecimiento de una cuota anual RECOMENDADA por Imarpe con arreglo a un informe científico sincerado, para garantizar la renovación de las poblaciones y la sostenibilidad del ecosistema.
2) Reenfoque de los reglamentos de ordenamiento pesquero hacia una estructura de ordenamiento basada en el ecosistema, e incorporando el concepto de subsistema ecológico por variedad de especies interdependientes.
3) Perfeccionamiento del sistema legal que permita sanciones drásticas a los infractores de la ley que se dedican a la pesca ilegal. Desarrollo de un plan contra la pesca ilegal y una estrategia para controlar la pesca de embarcaciones sin licencia. Tipificar y penalizar el delito ecológico, de tal forma que las infracciones sean delitos penalmente sancionables. La multa sola y por sí misma no es lo suficientemente disuasiva. Activar la Superintendencia de vigilancia y control de la pesca, con autonomía técnica y administrativa.
5) Limpieza de las bahías contaminadas y establecimiento de controles más estrictos sobre las normas de control de la contaminación, estableciéndose sanciones drásticas a los infractores.
6) Mejoramiento de la infraestructura de desembarque de la pesca artesanal.
7) Capacitación a la pesca artesanal para mejoras en su infraestructura y capacidad de comercialización directa.
8) Redefinir el criterio de pescador artesanal.
9) Estímulos a los proyectos de extracción de jurel, caballa, pota y atún destinados al consumo humano directo, orientados a la alimentación popular para reducir los índices de desnutrición; de generación de valor agregado; de mejoramiento de las condiciones sanitarias de manipulación del pescado; y de migración a embarcaciones multipropósito.
10) Simplificación y modernización de la legislación laboral para el sector, tanto en la fase de extracción como de procesamiento.
11) Aplicación estricta de las disposiciones contenidas en el Marpol sobre normas para evitar la contaminación, las cuales requieren de la existencia de plantas en tierra que recepcionen y traten los residuos oleosos y basuras provenientes de las embarcaciones.
12) Desarrollar y promover la idea de una pesquería sostenible mediante la aplicación de planes de gestión a largo plazo para las poblaciones de peces, basados en información científica sólida, lo que pondría fin al problema político y social sobre la pesca, sustituyéndolo por objetivos de capturas fijados dentro de limites biológicos y un esfuerzo pesquero adaptado a estos objetivos. Imarpe deberá elaborar un cálculo de capturas en relación con el volumen máximo de peces que pueden pescarse para garantizar que una cantidad determinada de peces adultos suficientemente por encima de los límites mínimos biológicos aceptables permanece en la población de que se trate.
13) Controlar y promover el uso de artes de pesca más selectivos. Controlar que se usen las redes ya reglamentadas.
14) Reestructuración de las bases de datos de pesquería, ordenándolas bajo control de un solo organismo con obligatoriedad de su oportuna publicación en un portal de Internet, y que sea de fácil acceso a su información.
15) Promover la eficiencia del sector que asegure utilidades razonables que generen impuesto a la renta implementando un sistema de auditorías.
16) Replantear la tasa y metodología de aplicación de los derechos de pesca, así como el empleo de los recursos recaudados por ese concepto, los cuales debieran invertirse en el mismo sector, sin ser atomizados vía canon pesquero.
17) Analizar las implicaciones y consecuencias del calentamiento global y el cambio climáticos, determinando las posibles consecuencias sobre las poblaciones de peces y las zonas costeras. Presentar conclusiones y recomendaciones para el diseño de un plan estratégico que permita enfrentar esta contingencia climática en las mejores condiciones posibles.
18) Incorporación de los pescadores artesanales a los sistemas de previsión y seguridad social.
19) Reglamentación de la ley 27979 que establece régimen laboral para los obreros del sector consumo humano directo.
20) Hacer cumplir las disposiciones legales vigentes que conducen a detener la construcción de embarcaciones destinadas a capturas de recursos plenamente explotados, sobreexplotados o en proceso de recuperación.
21) Aprobar los LMPs y exigir el cumplimento de los PAMAs, aplicando drásticas sanciones a su infracción.
22) Implementar las recomendaciones presentadas en la Evaluación Ambiental del Sector Pesquero en el Perú y avaladas por el Banco Mundial.
23) Diseñar una política de Estado que enfrente a las flotas extranjeras que pescan recursos altamente migratorios fuera de las 200 millas, reviviendo el Acuerdo de Galápagos o adhiriéndose a los esfuerzos que hace Chile con el mismo fin a través de la propuesta de creación de la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur.