El vertimiento de los
efluentes resultantes de la producción industrial del sector pesquero es la
principal fuente de impacto sobre bahías donde se ubican las plantas. Por ley,
estos efluentes deben ser tratados antes de ser vertidos al mar, pero la
eficiencia de los procesos de tratamiento de las aguas de bombeo es todavía muy
baja y los efluentes aun presentan niveles muy altos de cargas orgánicas,
pudiendo ocasionar varazones catastróficas y perdidas valoradas en millones de
dólares. En el Perú no existen LMPs para la industria pesquera de consumo
humano directo (Límites Máximos Permisibles) a diferencia de la industria
reductora que sí los tiene. Sin estos valores de referencia, la legislación
ambiental del sector no tiene capacidad de sanción. La definición de estos
límites sería un primer paso positivo que permitiría la implementación de
sanciones y que podrían incentivar la aplicación de tecnologías de recuperación
más efectivas.
Los Desembarcaderos
pesqueros artesanales y las embarcaciones son fuente de contaminación, no solo
para el producto hidrobiológico, sino para la bahía circundante. Es urgente
realizar inversiones en su infraestructura para evitar que se siga usando agua
contaminada para el proceso de lavado del pescado y para purificar las aguas
que se vierten a la bahía como resultante de dicho proceso.
La necesidad y urgencia de
iniciar una acción de descontaminación es indiscutible. ¿Quién debe afrontar el
gasto? ¿El Estado o la empresa responsable y que continua lucrando con el
negocio sin asumir la responsabilidad de la contaminación?
La aplicación de una tasa a
la producción y la extracción destinada a corregir este impacto ambiental no
hace sino establecer un acción de lógica y justa reparación. Podrá parecer alta
e inconveniente para las empresas afectadas; pero es el único curso de acción
posible ante tantos años de explotación de recursos pesqueros sin consideración
por el medio ambiente y el océano.
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