LA CULTURA DEL CACIQUE

El sistema en el cual se desarrolla nuestra sociedad se fundamenta en la Constitución Política del Estado.

En ese orden de cosas, la designación de ministros y funcionarios públicos que se hace tiene un sustento y una base legal. El presidente de la República tiene el derecho legítimo de designar a quien desee como Ministro de Estado y removerlo cuando lo desee.

A su vez los Ministros y demás autoridades hacen lo propio con los funcionarios subordinados a ellos. Es totalmente legal.

Lo que no significa que sea lo debido ni lo más conveniente para el país y para los intereses sectoriales del país.

Ocurre que la experiencia, idoneidad para el cargo o la especialización en los temas sectoriales no son requisitos para tener en cuenta. Pueden ser considerados o no. Es totalmente discrecional.

De esta manera, cuando el sector es asumido por un nuevo ministro, salvo que sea conocedor del mismo y reconocido por los agentes sectoriales, lo que ocurrirá a partir de ese momento es una suerte de lotería. Nadie puede precisar con exactitud lo que ocurrirá, los cambios que efectuará, ni las políticas que seguirá, especialmente si no se tienen políticas de Estado de largo plazo ya establecidas, como es el caso del sector pesquero.

Es, inevitablemente, una de las debilidades del sistema. Somos todavía un país de curacas y de caciques. El sistema favorece y alienta la existencia de caciques que imponen su voluntad a una población con antiguos genes de pasión por la sumisión y escasa voluntad de rebeldía ante la sinrazón, la injustica y la corrupción o la incompetencia.

En la línea de trabajo descrita se promulgan infinidad de decretos y resoluciones sin más criterio ni control que el que la base legal le da al titular del pliego de turno. Nadie más que el Presidente de la República y las leyes vigentes le imponen límites a su poder, el cual deviene casi en absoluto.

La base legal del ejercicio de este poder se fundamenta en el derecho. Claro, es perfectamente legal, pero nada ni nadie obliga a que el accionar de la autoridad sea técnicamente correcto, viable, lógico, que beneficie al conjunto y que provenga de un consenso. No existe una fiscalización técnica sobre la idoneidad de la norma, salvo la que el propio ente administrativo se hace a sí mismo. Claro, el sistema se protege solo.

Crear consenso es discrecional, voluntario. Generalmente no se tiene en cuenta al administrado ni al beneficiario ni a la sociedad civil. Es la sola idea, la sola voluntad política del Titular del Pliego la que impone una norma.

En el sector pesquero, aquellas normas que tienen que ver con los recursos hidrobiológicos siempre hacen referencia a un informe técnico expedido por el ente científico, es decir el Instituto del Mar del Perú. Esta base, sumada a la ya referida base legal, le otorga poder absoluto a la norma y obliga a su cumplimiento. El sistema se protege a sí mismo. El pliego norma porque el ente científico le dice que está bien.

Sin embargo es imposible saber donde nació la necesidad de la norma. ¿La generó el ente científico, o es la respuesta de éste ante una orden del Pliego? Y si es la autoridad de Pesquería la que requiere el informe técnico para justificar una decisión política, y siendo el ente científico subordinado de dicha autoridad, ¿cómo puede la sociedad civil tener la certeza de que el informe será efectivamente “técnico”? Más aún…correcto y beneficioso para el país?

Una consecuencia de no tener investigación privada. Claro, siendo solamente un ente científico el que hace investigación en pesquería, no existiendo un ente de la misma magnitud que pueda emitir otra opinión o avalarla, se convierte en una suerte de palabra de Dios que avala la norma.

El sistema no requiere que haya consenso para publicar la norma. Con la base legal a la cual cada documento hace referencia, llenando a veces más de una página de antecedentes en una suerte de necesidad de expresar que lo que va a resolver está amparado por la ley, casi gritando un ruego expresando que “es legal”, el hecho está consumado. Todo basado en el "derecho"; pero el derecho no lo es todo a la hora de regular la pesquería.

Para nada interesa que los administrados y la sociedad civil no estén conformes ni de acuerdo con la norma. En tierra de caciques no es importante, necesaria ni bien vista la opinión de los integrantes de la tribu. Sencillamente deben obedecer.

Y claro…cuando la autoridad no tiene el talento ni el carisma para concertar, dialogar, escuchar y normar en forma sana de forma tal que sea sencillo cumplir la norma, la imposición de la autoridad basada en el sistema legal que se lo permite es lo que manda.

Los medios de comunicación, poco expertos en la materia de la norma difícilmente emitirán critica o harán una campaña mediática en contra de una norma antitécnica, impopular o inconveniente para los intereses sectoriales.

La mejor forma de reducir el riesgo de la tentación del ejercicio despótico del poder y de dotarlo de tecnicismo, sería la existencia de un Consejo de Pesca en el cual estén representados los gremios sectoriales artesanales, privados, poblaciones costeras, fluviales y lacustres, empleados del sector, trabajadores y la sociedad civil. Un ente consultivo con presencia permanente que pueda emitir opinión, velar por los intereses regionales, nacionales y empresariales que faciliten el dictado de normas y regulaciones, que contribuya a que sean técnicamente correctas y consensuadas. Si todos están de acuerdo, las cosas se cumplirán y se reducirá la necesidad de fiscalización y control. No se trataría tan solo de un observatorio pesquero, sino de un ente que en términos reales limite el poder absoluto que el sistema otorga a los titulares de pliego y minimice el riesgo y la tentación de ejercer ese poder con despotismo.

Probablemente no sea una solución perfecta; pero siempre será mejor que correr el riesgo de dejar las decisiones pesqueras en manos de un sistema perverso que no ofrece garantías de eficiencia y calidad de gestión. Un permanente recordar al funcionario público que detenta el cargo solo temporalmente para servir a sus empleadores, quienes son los verdaderos amos de la casa.

La pesquería es demasiado importante para el país como para dejarla en manos exclusivas de los políticos y de los tecnócratas expertos en cualquier disciplina pero inexpertos en materia pesquera. Es demasiado importante para permitir que cualquiera ejerza un cargo sin tener la habilidad, el talento ni la experiencia adecuadas. El sector no puede permitirse el lujo de aceptar que haya un tiempo de aprendizaje. Y mucho menos para permitir que el sistema juegue a la lotería con los recursos naturales de todos los peruanos.