IV
EL DERECHO A LA EXTRACCION
EL DERECHO A LA EXTRACCION
Para el año 2006 se fijó en 0.116% de la UIT el derecho de pesca, o sea 3.94 soles que a un cambio de 3.2 da la cifra de 1.23 dólares por tonelada.
El DS 024-2006-PRODUCE, publicado el 26 de noviembre 2006 introduce una fórmula adecuada que vincula el precio que el armador debe pagar por TM. extraída de anchoveta, al valor FOB de exportación de la harina de pescado.
El nuevo decreto introduce como factor de pago el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado computable sobre el precio promedio mensual según información oficial que emita ADUANET.
En otro artículo del mencionado decreto se dispone que: Los armadores pesqueros, sean personas naturales o jurídicas, podrán destinar hasta un 25% del monto total de los derechos que deban pagar por concepto de permisos de pesca a fin de realizar las actividades extractivas a que se refiere el artículo precedente, para solventar el costo de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, capacitación técnica y otros vinculados a la pesquería y/o acuicultura, conforme a las disposiciones reglamentarias específicas que al efecto dicte el Ministerio de la Producción.
¿Qué significa la investigación? Que el armador puede retener el 25% autorizado y hacer sus propias prospecciones cuantas veces lo desee, embarcando seguramente personal técnico. O hacer convenios con universidades o cualquier organismo destinado a hacer cualquier tipo de investigación que convenga a los intereses de dicho armador. No necesariamente a los intereses de una política nacional de desarrollo de la pesquería.
Esta alternativa dispersa recursos financieros que podrían concentrarse en Imarpe y las Universidades con el objeto de explotar mejor los medios con los que cuentan y realizar investigación planificada y coherente con una política pesquera de largo plazo.
En relación al año 2007, las cifras son las siguientes:
El desembarque de anchoveta destinado al consumo humano indirecto, según el Anuario 2007 de Produce, fue de 6´086,000 toneladas.
El precio promedio de la harina de pescado fue de US$ 957. Por lo tanto la tasa aplicable por derechos de pesca (promedio) de acuerdo a la norma vigente sería de US$ 1.79 x tonelada extraída.
Teóricamente la recaudación debió se de US$ 10´920,055, lo que representa el 0.76% del valor FOB de las exportaciones totales de harina y aceite de pescado, que fueron del orden de los US$ 1,435´300,000.
Sin embargo, el Estado no ha recaudado el 100%.
La RD 211-2008-Produce/DGEPP publicada el 9 de Junio 2008 presenta la relación de 617 embarcaciones cuyos armadores no han presentado declaraciones juradas del pago de derechos de pesca 2007 y 320 embarcaciones cuyos armadores deben reintegrar derechos de pesca correspondiente al pago de derechos de pesca del 2007 por un valor aproximado de 3 millones y medio de soles.
El informe de APOYO que da origen al DL 1084 menciona la existencia de 1,143 embarcaciones operativas entre acero y madera (573 de acero y 570 de madera). Por tanto el 54% de la flota operativa no presentó declaración jurada pero es evidente que realizó actividad extractiva. El 28% de la flota operativa tiene deudas.
El armador no solamente no está siendo gravado con una tarifa justa que retribuya al Estado un justiprecio derivado de la explotación de un recurso natural, patrimonio de la Nación, sino que ni siquiera está cumpliendo con declarar y pagar.
El DL 1084 incorpora en su primera disposición final un párrafo que limita la posibilidad del Estado a subir la tasa por derechos de pesca durante los diez años de vigencia del aporte social obligatorio establecido en la norma, privándolo de la posibilidad de acceder a una recaudación más equitativa por este concepto que podría ser, además, la fuente de financiamiento para apoyar la reconversión laboral de los pescadores que fuesen afectados por la reducción de la flota de pesca dedica a la extracción de anchoveta para el CHI.
Es probable que la razón para incluir esta limitación se derive del hecho de que el sector anchovetero será gravado por otras tasas destinadas a financiar programas de reconversión y jubilación. Esto puede parecer correcto desde la lógica sectorial, mas no desde la lógica nacional puesto que el resto de la Nación, el resto del Estado, siguen sin recibir el justiprecio por la extracción de sus recursos naturales.
Se impone la obligación de establecer un cobro más justo a la actividad extractiva de anchoveta vía otro dispositivo legal. De esta forma se corregiría esta distorsión incorporando un criterio de equidad en el negocio de la anchoveta para CHI, dándole al Estado una participación adecuada que compense a la Nación de los impactos negativos que genera la actividad sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.
LA INTRODUCCION DE REGALIAS
Además de justa, la aplicación de regalías a la extracción de recursos pesqueros se impone como una de las formas de reducir el esfuerzo pesquero en beneficio de una pesquería sostenible. La regalía obliga a ser eficiente en la captura para maximizar la relación beneficio costo. Si no hay eficiencia ni rentabilidad, la actividad extractiva debiera detenerse por sí misma.
En este orden de ideas, todos aquellos que causan mortalidad comercial deben pagar regalías. Solo se exceptúan aquellos quienes causan mortalidad de subsistencia, es decir quienes capturan para sostenimiento personal y familiar directo, es decir, autoconsumo.
La lógica del Estado tiene que ser cumplir con el criterio de sustentabilidad, que significa dejar dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones, cuidando que nunca se agoten. Aplicando simultáneamente el cobro de regalías justas para compartir los beneficios entre los dueños de los recursos y los concesionarios de los mismos.
Establecer regalías es solamente el ejercicio del derecho que tiene el propietario de los recursos pesqueros de establecer un cargo por acceder a ellos.
No se trata tan solo de un tema de justicia social para que la industria compense a poblaciones locales influenciadas por los impactos sociales y ambientales. Tampoco es la creación de un impuesto ciego que reduce la competitividad de la industria a través de un sobrecosto. Este derecho, además, se debe aplicar al conjunto de los recursos naturales, renovables o no, que son patrimonio de la Nación.
El Tribunal Constitucional, en su momento, dio su fallo sobre las regalías mineras. Como se esperaba, confirmó plenamente –sin ninguna reserva ni ambigüedad– que la Ley de Regalías es ciento por ciento legítima y legal, pues expresa el derecho inalienable de la Nación a beneficiarse de la explotación de sus recursos naturales.
Pero, además, el reconocimiento de que la regalía minera NO es un impuesto sino una compensación por explotar recursos de la Nación, implica que su aplicación deba ser universal, sin ser coartada o distorsionada por convenios de estabilidad tributaria. Exigir su aplicación pronta y oportuna en el sector pesquero es un imperativo, pero también que estos recursos se usen de forma transparente y eficiente en inversión en el mismo sector. Las regalías no deben terminar diluyéndose en pagos burocráticos ni proyectos estériles.
Nuestro ordenamiento jurídico ya precisó la forma en que el Estado actualmente obtiene una retribución económica por los recursos naturales que se explotan. La Constitución Política del Estado establece en el párrafo segundo del artículo 77º que la participación de los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades en la explotación de los recursos naturales se da mediante el canon, sobre la base de una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado.
La Ley de Canon pesquero vigente, establece que su constitución es:
50% del impuesto a la renta de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales
50% de los derechos de pesca de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos hidrobiológicos
50% del impuesto a la renta de las empresas que además de extraer los recursos naturales hidrobiológicos se encarguen de su procesamiento industrial.
El término “participación adecuada” del artículo 77 de la Constitución es la clave para determinar si la actual composición del canon es la adecuada, toda vez que el impuesto a la renta del período 1998 – 2007 representa tan solo el 1.37% del valor FOB de las exportaciones del período.
Sobre un total exportado de 12,556`500,962 dólares, la recaudación por renta fue de 179`101,885 dólares. Y los derechos de pesca representan una pobre contribución como se ha expuesto anteriormente.
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Valor FOB de las exportaciones pesqueras (tradicional y no tradicional) de 1998 a 2007: (Fuente: Sunat)
US$ 12,556´500,962
Recaudación por impuesto a la renta del sector pesquero (tradicional y no tradicional) de 1998 a 2007: (Fuente: Sunat)
US$ 179´101,885
Porcentaje de recaudación tributaria por impuesto a la renta en relación al valor de las exportaciones del período 1998 – 2007:
1.375%
Los gobiernos locales y regionales recibieron durante el año 2007 la suma de US$ 15´698,060
(Fuente: MEF) por concepto de transferencias provenientes del canon pesquero por derechos de pesca e impuesto a la renta. Una cifra pequeña en relación al volumen de las exportaciones. Adicionalmente mal distribuída porque al repartir este monto entre todas las municipalidades y gobiernos regionales que tienen derecho a canon, se atomiza al punto de no representar una cifra significativamente importante en cada economía local. Esto significa que los gobiernos locales y regionales recibieron el 0.80% del valor FOB de la exportaciones pesqueras por concepto de canon pesquero.
El país no recibe una participación adecuada en el negocio pesquero en términos de recaudación, que se traslade realmente a la población y se traduzca en bienestar, beneficio y alimentación para el poblador peruano.
Es necesario entender que el impuesto a la renta se aplica sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio. Sin embargo el nivel de eficiencia de una y otra empresa puede ser tan diferente como para producir estados financieros completamente distintos. Así puede ocurrir que en el supuesto de que dos empresas extraigan, por ejemplo, 500 mil toneladas de anchoveta cada una, la primera tenga pérdidas financieras y la segunda arroje utilidades pobres. Por tanto su contribución con el impuesto a la renta puede ser nula o pobre. Pero ocurre que la extracción de 500 mil TM de anchoveta produjo un impacto sobre el ecosistema, independientemente de que haya generado utilidades o no. Ocurre que procesar 500 mil TM de anchoveta para convertirlas en harina ha generado un vertido de contaminantes al mar procedentes de las embarcaciones y de las plantas, independientemente de que haya generado utilidades o no. Y la contaminación atmosférica se produce con o sin utilidades.
Por lo tanto la industria tiene que pagar por el derecho a extraer un recurso natural y para compensar el deterioro ambiental que produce.
Si asumimos que esa participación no es adecuada, que los derechos de pesca son reducidos y por tanto “inadecuados” como se ha expuesto en este trabajo, y que la posibilidad de incrementarlos deviene en inaplicable en virtud del DL 1084, queda como el camino la aplicación de regalías pesqueras o de cualquier otro mecanismo que grave a la industria con un justiprecio por la extracción y procesamiento de anchoveta.
En el tiempo debe gravarse la extracción de todos los recursos pesqueros.
DEFENDER LOS INTERESES DEL PAÍS ES FUNCIÓN Y DEBER DEL ESTADO
No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituído.
Regalías o derechos de pesca, la extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros debe pagar un justiprecio.
No es lo mismo que el impuesto a la renta. Lo que falta es que paguen un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.
Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos. Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.
Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.
Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales ganara.
Detrás de las utilidades alcanzadas por las grandes empresas se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sobreexplotada. De una industria que va dejando tras de sí un país con hermosas bahías contaminadas y devastadas. De un país que una vez agotados sus recursos pesqueros no tendrá nada que ofrecer a los inversionistas nacionales ni extranjeros. Entonces, esos capitales se irán y dejarán al Perú convertido en un país que antiguamente tuvo una riqueza pesquera.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por exportación de harina y aceite de pescado.
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones. El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.
Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.
El modelo exportador de harina de pescado se ha ejercido a través de ceder, casi en forma gratuita, la renta de los recursos pesqueros a los grupos económicos en los últimos años.
Los resultados actuales expresan esa captura de la renta, como una seria injusticia en los ingresos fiscales. Instaura la injusticia de que se beneficien los explotadores del recurso, y no sus dueños.
Se ha creado un negocio para capturar esa renta porque ahí están los grandes ingresos en una forma relativamente sencilla.
Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿porque no irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a estas empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio, porque no generan mayor empleo. La industria harinera ya no admite mayores posibilidades de crecimiento en su empleo. Mas bien la automatización de las plantas debe conducir a una reducción del empleo. Por último, con 60, 70 o hasta 90 días de trabajo anuales por efecto del exceso de flota e infraestructura, tampoco se genera empleo estable ni de calidad.
El sector pesquero exportador se puede renovar científica y tecnológicamente, capturar la renta y el beneficio estructural. Sin embargo, la degradación ambiental, la degradación del ecosistema y la reducción de la biomasa son significativas y amenazan el futuro.
Cuando se agoten los recursos ícticos, bien por efectos del cambio climático o por la sobre explotación ¿cuáles serán las fuentes de ingreso por exportación? Tenemos el ejemplo de la sardina que ya desapareció.
La capacidad de generar ingresos está sustentada en la captura de renta basada en la explotación de recursos naturales. Pero ahí hay límites físicos y biológicos que debemos establecer.
Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare problemas como la sobreexplotación y la sobrecapitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los recursos pesqueros para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilegal. Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado. Este último no puede asumir los costos de la irresponsabilidad o de la ineficiencia de la industria, como no ocurre en ningún otro sector de la economía. El inversionista es responsable de su éxito o de su fracaso y no debe apoyarse en el Estado para conseguir beneficios ni para cubrir sus pérdidas.
El futuro se avecina, además, con variaciones en la temperatura debido al cambio climático y tendrá un fuerte impacto en la pesca y la acuicultura. Las especies acuáticas son vulnerables al cambio climático, a diferencia de los animales terrestres, ya que son poiquilotérmicas (su temperatura corporal varía en función de la temperatura ambiente). "Cualquier cambio en la temperatura de su hábitat influye notablemente en su metabolismo, tasa de crecimiento, productividad, reproducción estacional y sensibilidad a enfermedades y toxinas" advierte la FAO.
Entre los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura se destacan el aumento de frecuencia e intensidad de eventos metereológicos extremos, el más conocido de los cuales es el fenómeno de El Niño.
La FAO indica que se observan cambios en la distribución de los peces en respuesta a las variaciones climáticas, generalmente involucrando expansiones hacia los polos de las especies de aguas más cálidas y contracciones alrededor de los polos de especies de aguas más frías.
Se están produciendo cambios en la salinidad de los océanos, con un aumento de la salinidad en las aguas cercanas a la superficie de las zonas más evaporadas de la mayoría de los océanos mundiales.
Por otro lado, está disminuyendo la salinidad en las zonas marinas de las latitudes altas debido al aumento de las precipitaciones, mayor escorrentía, deshielo y otros fenómenos atmosféricos.
Además, los océanos se están volviendo más ácidos, con probables consecuencias negativas para muchos arrecifes de coral y organismos relacionados con el calcio.
La FAO afirma que, aunque existen grandes diferencias regionales, es probable que el mundo asista a cambios significativos en la producción pesquera en mares y océanos.
"Para las comunidades que dependen en gran medida de la pesca, cualquier disminución de la disponibilidad local o de la calidad del pescado para alimentación o cualquier aumento de la inestabilidad de sus medios de vida puede plantearles problemas muy graves".
LA DESINFORMACION
El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica.
La superficialidad con la cual se analizan los temas pesqueros es grave. La desinformación es evidente. Si los medios de comunicación y los analistas exhibiesen en un cuadro comparativo los valores de exportación FOB del sector, junto con los pagos que han hecho por renta de tercera categoría y derechos de pesca, y los ingresos extraordinarios que reciben por drawback y restitución de IGV por exportaciones, veremos un panorama distinto al que vemos cuando se elogia exclusivamente a las exportaciones. La labor de los medios debe ser educativa y analítica antes que destructiva y sensacionalista en determinadas circunstancias de coyuntura.
Gracias a unos medios limitados en su información y análisis, seguimos creyendo que somos buenos porque exportamos mucha harina de pescado. No asumimos conciencia, aún, de que como dueños de esos recursos pesqueros no se nos está pagando un precio justo por su explotación, ni del impacto que estamos causando en nuestro ecosistema marino a cambio de nada, o de muy poco.
No tenemos medición del impacto causado al ecosistema derivado de la actividad de extracción. No tenemos medición del impacto causado al medio ambiente derivado de la operación de la flota y del vertimiento de residuos tóxicos al mar. No sabemos cuanto se requiere de dinero para limpiar y reparar los daños producidos al medio ambiente y al ecosistema en todo el litoral.
No se dispone de recursos suficientes para investigación y desarrollo y para controlar la pesca ilegal.
Las cifras, los cálculos, y la metodología tienen que ser revisados dentro del marco conceptual de una política pesquera que pretenda tener una pesquería sostenible. La industria pesquera debe dejar de ser un problema ecológico y además debe contribuir adecuadamente con el país, tal como lo hace la minería y la industria en general.
En el futuro el Estado deberá prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades del país como país pesquero, propiciando que sean accesibles y entendibles para todos los conceptos de ecosistema, soberanía alimentaria, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad.
Deberá prestar atención a la difusión de los impactos de la industria pesquera sobre el medio ambiente y su verdadera contribución con los intereses nacionales, con el objeto de crear corrientes de opinión y entendimiento correctos sobre el papel que juega la industria pesquera en la vida económica de la Nación. De esta manera los medios de comunicación encontrarán a un público entendido en la materia que no sea fácilmente manipulado como viene ocurriendo a la fecha, donde los comentarios sobre el sector son sesgados, equivocados, inexactos y llenos de críticas destructivas algunas veces y elogiosos comentarios sin sustento otras veces. Generalmente con muy poco aporte constructivo.
Un país con educación y bien informado siempre constituirá la mejor garantía para una pesquería sustentable que se enfrente al futuro.
Una población conciente de la necesidad de preservar el ecosistema y el medio ambiente en beneficio de alimentos asequibles a la población nacional, constituirá la primera línea de defensa contra la sobre explotación de la industria y la desinformación de los medios.
PARA QUE LA PESQUERÍA PERUANA TENGA UN FUTURO SOSTENIBLE SE DEBERÁ:
1. Poner límites a la extracción de todos los recursos a través de una cuota global anual y cuotas individuales.
2. Imponer un pago justo y adecuado por derecho de extracción a todas las pesquerías que realicen extracción con fines comerciales.
3. Reducir el esfuerzo pesquero impidiendo el acceso de más embarcaciones a las pesquerías plenamente explotadas y sobre explotadas, y limitando el acceso a otras especies en base a estudios ecosistémicos que impongan una cuota global que no debe ser sobrepasada.
4. Eliminar los privilegios e incentivos a la exportación de productos hidrobiológicos vía drawback y restitución de IGV, o en su defecto asignar los mismos a la comercialización en el mercado interno. La industria será quien decida si exporta o vende al mercado interno, pero con las mismas ventajas para ambos mercados.
5. Imponer las más drásticas medidas para detener la contaminación producida por los vertidos de efluentes contaminantes procedentes de las embarcaciones y de las plantas de procesamiento de harina, congelado y enlatado.
6. Utilizar el pago por derechos de extracción para llevar la investigación a niveles adecuados, para mejorar las condiciones sanitarias de los desembarcaderos pesqueros artesanales y para crear un fondo de limpieza de las bahías contaminadas por la industria.
Hasta el momento la industria se está llevando la parte rentable del negocio y el país se está quedando con los pasivos ambientales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario