Un nuevo modelo

La nueva administración de pesquería deberá elaborar una política pesquera que pueda mejorar gradualmente su capacidad de lograr una pesca sostenible a la vez que contribuye a sus objetivos de desarrollo, incluidos el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos pesqueros en el contexto de la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible de la pesca exigirá una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo.

Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, la política debe afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera, los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios.

En el ámbito general del desarrollo sostenible de la pesca hay que considerar varios objetivos:

Mantener actividades de extracción y procesamiento pesqueros basadas en ecosistemas marinos especificados e identificables;
Garantizar la viabilidad a largo plazo del recurso que sustenta estas actividades;
Proveer al bienestar de una fuerza de trabajo pesquera dentro de una comunidad y un contexto económico más amplios; y
Mantener la salud e integridad de los ecosistemas marinos en beneficio de otros usos y usuarios, tales como la biodiversidad, el interés científico, el valor intrínseco, la estructura trófica y otros usos económicos, como el turismo y el esparcimiento.

Para realizar una gestión política de ordenamiento pesquero se necesita conocer, tener cierta especialización y cierto orden en los procedimientos. Pero solo ello no basta. Es necesario contar con capacidad de comunicación, habilidad de trabajo en equipo, herramientas como la negociación y el manejo de conflictos, interpretación de comportamientos sociales y capacidad de análisis y síntesis de problemas y soluciones. Igualmente, integridad moral, principios y ética compatibles con la protección y desarrollo de los recursos pesqueros. Las autoridades políticas y los órganos de dirección no deben tener intereses económicos ni comerciales con el sector a fin de evitar conflictos.

En el sector es probable que se presente más de un uso del mismo espacio, por lo que más de un ministerio o sector interviene en él, de manera desarticulada unos con otros, e inclusive entre instituciones del mismo sector. Por tanto el diseño debe ser integral y coherente.

La definición de una política de Estado para el desarrollo de la pesquería en el corto mediano y largo plazo requiere de una base legal sólida cuidadosamente diseñada con participación de todos los sectores del Estado y de todos los agentes de la pesquería.

Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible.

Una política exitosa debe basarse en un proceso de planificación completo e integrado, para armonizar los valores culturales, económicos, ambientales y para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico. Sin un proceso integrado de planificación, ni de participación ciudadana, tiende a ser incompleta, desintegrada y sectorial.


Implementar una política que armonice los lineamientos de explotación meramente económica y discriminatoria (artesanal/industrial) – que actualmente afectan la mortalidad del recurso, porque favorece su explotación hasta el límite permisible por especie – con los criterios ecosistémicos, de manera que favorezca el mejor empleo de los recursos afectados y proporcione a pescadores e industriales el marco que garantice el aprovechamiento racional y permanente de los recursos marinos.

Definir una política que incluya la participación formal de los representantes de los diferentes sectores de la actividad pesquera, política cuyo objetivo prioritario sea promover la sustentabilidad del uso de los recursos pesqueros y un reordenamiento de las normas vigentes que las haga coherentes, complementarias y más sencillas en su aplicación.

Las actuales medidas de conservación - como vedas biológicas, establecimiento de cuotas, fijación de tallas mínimas, y dimensión y característica de los artes de pesca - deben convertirse en prácticas de manejo. Una buena Ley de Pesca debe velar por la conservación, sustentabilidad y equilibrio ecosistémico de las pesquerías peruanas, por el incremento del valor agregado y de las plazas laborales con ocupación estable en tierra firme y en el mar, y porque las operaciones pesqueras sean eficientes y con buena calidad de capturas.

Estimular la inversión. Hacia el consumo humano directo.

Reformar la estructura tributaria del sector.

Revisar las tasas establecidas por concepto de derechos de pesca.

Establecer una política pesquera nacional y planificar el desarrollo pesquero para el corto, mediano y largo plazo.

Establecer medidas precautorias en relación al cambio climático y el calentamiento global, proponiendo un plan estratégico para enfrentar esta contingencia.

Alcances del nuevo modelo

El nuevo modelo deberá procurar instrumentar en el mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para la conservación de los recursos y su ambiente basados en el conocimiento científico y tecnológico, evitando en lo posible ser un instrumento de alcances inmediatos, propiciados únicamente por intereses económicos o agendas políticas.

Las medidas de ordenación pesquera deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Éstos no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonial de la nación.

La exportación de productos pesqueros no debería suceder a expensas de la degradación de los ecosistemas, de las necesidades locales de consumo, ni debería provocar impactos sociales ni económicos adversos. Así mismo la contribución del sector vía derechos de pesca e impuesto a la renta debe ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, y no solamente basarse en un impuesto a la renta aplicado sobre utilidades.

En este marco, se deberán proponer diversos indicadores de sustentabilidad, los que deberán ser claros, coherentes con los objetivos mensurables, y deberán permitir evaluar efectivamente los factores insustentables con el fin de corregirlos. Si se quiere lograr un desarrollo sustentable en nuestras pesquerías, la sociedad civil debe ejerce el derecho a participar en la gestión de la administración de los recursos ícticos del país.

La política pesquera debe favorecer el pluralismo productivo en la pesca, de manera de permitir la coexistencia en un esquema económico dual de sectores intensivos en capital, como el sector pesquero industrial, y sectores intensivos en trabajo, como el sector pesquero artesanal en sus distintas manifestaciones

La excesiva explotación pesquera destinada a la producción de harina ha provocado ya cambios significativos en la estructura del ecosistema marino.

El bajo nivel de consumo de pescado en la población nacional es una respuesta a la poca oferta de productos del mar, la escasa promoción de los mismos, el costo de darles un tratamiento congelado, curado o envasado para su distribución, la insuficiente infraestructura de redes comerciales de distribución y la insuficiente e inadecuada cadena de frío existente. Motivos por los cuales la creación de estímulos para reorientar el esfuerzo de extracción, procesamiento y comercialización hacia el CHD son impostergables.

El desafío no es gestionar poblaciones de peces sino gerenciar el conjunto del ecosistema marino, debido a que el mismo depende de forma directa de su estructura para mantener su productividad. En este sentido, las políticas de gestión pesquera se deben hacer eco de este hecho: dependiendo de su adecuada conservación, se podrá o no mantener en el futuro la actividad pesquera. Es en esta dirección en donde se debe introducir el concepto de ecosistema en la gestión.

Esto implica la necesidad de considerar los efectos aditivos de las pesquerías multiespecíficas, obligando a minimizar el impacto de la pesca sobre las especies asociadas y dependientes (entre otras cosas, priorizando el uso de artes selectivos), y a reducir el impacto de determinados artes sobre los fondos, protegiendo los ecosistemas asociados.

El reto histórico de la nueva administración y del nuevo modelo consiste en el diseño de una política de largo plazo basada en datos científicos y planificación. Desde el inicio, el nuevo gobierno deberá presentar acciones y medidas concretas conducentes al establecimiento de una nueva era en la pesquería peruana. Una etapa en la cual las decisiones provengan de un equipo capaz, serio, probo, honesto y libre de conflictos de interés y de presiones provenientes de grupos de poder político y económico.