El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el medio ambiente; más aún luego de su procesamiento. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada.
En lugar de causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas, costosos programas de ajuste, financiación a un sector en declive, perdida de recursos, etc.) debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago que permite la estabilidad de la explotación.
Incentivar el crecimiento de la pesquería es fácil, pero aplicar el mecanismo inverso, aunque sea necesario, es mucho más complejo.
En parte el problema ahora es político, pero también técnico, jurídico y económico.
Una idea inexacta es que los armadores, tanto artesanales como industriales, actúan responsablemente porque su negocio depende de la existencia permanente del recurso natural, en consecuencia, actuarán responsablemente y no ejercerán presiones excesivas sobre los recursos.
Pero esta lógica sólo se puede adjudicar a los pescadores artesanales, cuya existencia, así como la subsistencia de su negocio como tal, dependen efectivamente de la productividad del ecosistema marino. Entonces, es posible esperar comportamientos racionales en este tipo de armadores, aunque no de todos obviamente ya que siempre habrá excepciones. El concepto es válido y aplicable a todas las pesquerías marítimas y continentales.
El sector empresarial no tiene que responder por el interés del país. No es su rol. Él actúa de acuerdo a sus intereses comerciales, no de acuerdo a los intereses del país. Lo cual es legítimo además.
Los armadores industriales operan con otra lógica completamente distinta. El armador industrial, fundamentalmente asociado a un grupo económico-financiero, no está necesariamente interesado en la sustentabilidad a largo plazo del negocio, puesto que al grupo lo que le interesa es una conversión acelerada de los recursos naturales en capital financiero. La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera en capital fresco. La lógica de estos grupos es la acumulación y no la producción a largo plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran a otro sector.
Cumplir con criterios de sustentabilidad implicaría renunciar a la conversión de naturaleza en dinero, es decir, sería como dejar dinero en los fondos marinos para que en otras generaciones, otras personas lo vengan a recoger. Esto no es coherente desde la perspectiva del grupo económico-financiero que opera con la lógica de la acumulación. Desde esta perspectiva, convertir todo en dinero y acumularlo a nombre del grupo financiero, es lo más consistente y coherente. La lógica de la sustentabilidad va en sentido contrario.
En conclusión: la lógica del industrial es correcta y lícita. Sin embargo no es la lógica conveniente al país.
Por tanto, el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales materia de la controversia. Se legisla en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales, pues esa es la función primordial del Estado.
La Autoridad de Pesquería actúa como representante del conjunto de los ciudadanos del país y es el propietario de los recursos de dominio público. Por tanto, es la responsable del empleo adecuado de esos recursos
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