30 de abril 2012
PESCA DE MERLUZA: ¿PRIMA LO POLITICO SOBRE LO TECNICO?
MAL PRECEDENTE.
El viernes pasado el Ministerio de la Producción aumentó el límite de captura de merluza para este año, de 8,600 a 14,723 toneladas, optándose por tomar el escenario más extremo y arriesgado recomendado en diciembre pasado por el Imarpe, que validará sus estudios cuando dentro de 35 días, contados a partir de este 2 de mayo, culmine el nuevo crucero de investigación. En consecuencia, no compartimos la forma poco técnica, poco transparente y apresurada con la que se ha aprobado esta resolución, en un contexto de conflicto social en Paita, en el que fallecieron dos personas y se perdieron millones de dólares en exportaciones.
No llegamos a entender para qué se eligen técnicos en cargos claves, como el Viceministerio de Pesquería, si después no se respetan sus recomendaciones y se politizan los temas, y ante pedidos y amenazas de paros, en este caso de los merluceros, las altas autoridades deciden elevar la cuota. El problema de fondo con esta ampliación es que aumenta el riesgo de que se deprede el recurso, puesto que no hay elementos que comprueben que en este momento existe una biomasa suficiente para soportar el extremo nivel de pesca.
También sorprende que empresarios industriales, que se caracterizaron por defender la conservación de los recursos marinos y su sotenibilidad, ahora exijan el incremento apresurado de la cuota, argumentando que reducirla de 40,000 del año pasado a 8,600 toneladas ha generado malestar entre los pescadores, armadores e industriales vinculados a dicho recurso, cuando en Paita la industria de merluza no es la actividad pesquera predominante. Para lograr sus propósitos presentaron un estudio que no ha sido certificado por la Universidad Agraria, según lo dicho por un funcionario de Imarpe.
Si bien la resolución de aumento de la cuota es firmada por el Ministro del sector, es de lamentar que en todo el proceso haya estado ausente cuando se tomaban decisiones sobre un asunto tan delicado. Esta decisión del Gobierno deja un mal precedente, pues mañana cualquier otro gremio empresarial se sentirá con el mismo derecho, aún sin contar con el aval técnico respectivo.
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